¿Reconstrucción o refundación?

Ante la invitación a participar en la discusión sobre la reconstrucción nacional, la primera pregunta que me asalta es ¿qué bienes se han destruido que merecerían el esfuerzo de tal reconstrucción?. Y no me refiero a si tal esfuerzo debiera concentrase en reconstruir el modelo y los sectores productivos que han sido motores de la actividad económica en los últimos lustros en nuestro país, con ser ello importante pues nos llevaría a cuestionar una vez más ese modelo.

La pregunta apunta a un objetivo más ambicioso. Este periodo de confinamiento forzado nos debería haber permitido reflexionar acerca de la forma social de vida que ha sido sacudida por la pandemia. ¿Es esa forma de vida la que queremos reconstruir?, ¿no nos ha hecho reflexionar el hecho de que ha sido dónde tal forma de vida hegemoniza el espacio social y vital dónde el impacto de la pandemia ha sido mucho más intenso y las muertes más numerosas?. ¿Acaso no seremos capaces de entender el mensaje que la naturaleza, de la que ya forma parte el virus, nos ha mandado sobre la insostenibilidad de esta forma de vida?.

Los introductores del debate señalan algunos temas que podrían hacer objeto del mismo y excluyen cualquier otro de intención o alcance "constituyente" porque -cito literalmente- "el diálogo y los acuerdos que se ponen en marcha no son, ni previsiblemente llegarán a ser, discusiones constituyentes o semiconstituyentes que aborden asuntos relacionados con el régimen político o la estructura territorial del Estado, porque escapan a los afanes de la iniciativa y a las restricciones que impone el mapa político y electoral actual y, cuestión fundamental, a los requerimientos y exigencias que plantea la mayoría social en estos momentos de crisis". Como son argumentos que se pretenden políticos, políticamente deberán poder ser discutidos. Así que acogiéndome a la amistad con ambos de la que me honro, me atrevo a discutir la improcedencia de las intenciones constituyentes.

Antes de nada aclarar, una vez más, que utilizo el adjetivo constituyente en sentido material y no formal. Al defender la oportunidad constituyente no estoy postulando ni siquiera la Reforma constitucional prevista en el Título X de la Constitución. Estoy hablando de aprovechar la excepcional circunstancia por la que atravesamos y las percepciones colectivas que hemos atesorado, como el valor de lo común y los cuidados de los que como comunidad nos hemos dotado, para avanzar en nuestra construcción como tal comunidad.

Cuando a las ocho de la tarde nos reconocemos de balcón a balcón y juntos expresamos nuestra solidaridad para con quienes han cuidado y cuidan de nosotros, estamos reconociendo el valor más preciado del que disponemos, lo común que nos iguala, los vínculos sociales que durante la larga noche neoliberal parecían definitivamente desterrados en el paroxismo del "cada uno para sí mismo". Acaso el peor saldo del balance de este largo período neoliberal haya sido la casi total liquidación de los lazos y vínculos sociales. Y ahora sabemos que los retos que como especie tenemos por delante los afrontaremos mejor fortaleciendo esos lazos, potenciando los rasgos que nos distinguen como especie y que toman su expresión más excelsa en el lenguaje como condición de existencia de la sociabilidad.

Revertir esta tragedia no podrá ser el fruto de la labor de ningún gobierno, por acertada que sea. Deberá ser el resultado del concurso cotidiano y paciente de todas y cada una, de todos y cada uno, recuperando esto que hemos denominado condición de existencia de la vida en sociedad, el habla, el diálogo entre la gente. Con la cobertura y la ayuda de los poderes democráticos, institucionalizando y soportando con los recursos precisos las innovaciones culturales y sociales.

Muchos son, sin embargo, los obstáculos que se oponen a esta acción innovadora. De orden ecológico, económico, social y cultural, por señalar algunos. Pero aquí y por mor de la brevedad, me centraré en los que traen causa del funcionamiento efectivo de las instituciones estatales.

• El propio marco jurídico constitucional, tardíamente configurado con arreglo al paradigma del Estado keynesiano del Bienestar, más formal que materialmente vigente en Europa en el momento de su promulgación, viene dando señales de inadecuación a los cambios en la realidad ecológica, demográfica, socioeconómica y cultural sufridos por la sociedad española en estos 42 años. El relativo esplendor de los años 80 fue rápidamente seguido por decenios en los que los derechos y las prestaciones sociales eran sustituidos por la generalización del endeudamiento social: lo que los trabajadores no conseguían a través de luchas y convenios, les era "concedido" en tanto que consumidores dispuestos a endeudarse para acceder a los bienes y servicios constitucionalmente prometidos.

• En paralelo al proceso anterior y tal vez como su corolario, se ha producido un desapoderamiento paulatino de la ciudadanía y un enrocamiento de los partidos políticos en sus estructuras burocráticas. La reacción social y ciudadana del 15M del 2011, con su pronta incorporación a la vida institucional, no ha conseguido cristalizar instituciones ciudadanas que hubieran servido de contrapeso a la sistemática colonización de la sociedad civil por el Estado y la mercancía y a la tendencia a la oligarquización acentuada por el creciente peso de las grandes corporaciones en las decisiones políticas.

• Ausente de tensión societaria que le obligara, el Estado español, incluso con la fuerte descentralización político administrativa experimentada, no ha experimentado democratización significativa en lo que concierne al proceso de decisiones públicas y al diseño, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas. Es verdad que es pronto para poder juzgar en tal sentido al actual gobierno de coalición pero no parece percibirse propósito significativo alguno en este sentido, fuera de la ritual invocación al "acuerdo social" que opera exclusivamente en el espacio de las cúpulas gubernamentales, empresariales y sindicales.

• Uno de los cometidos históricos más importantes del régimen del 78, al menos con gobiernos progresistas, debería haber sido el alumbramiento de una nueva españolidad. Una visión de lo español como condición portadora de derechos y habilitadora de un empoderamiento que pretendía convertir al ciudadano en el sujeto protagonista del acontecer histórico colectivo. Esta nueva visión de lo español solo podría ser construida desde la concordia social y territorial. España tenía que convertirse en un lugar y un tiempo para la convivencia en paz e igualdad entre las personas y entre los pueblos. No era posible ni paz ni igualdad mientras se conservara, incrustada en el Estado, una estructura de aparatos de conquista, de permanente disposición a la guerra en nombre de valores pretendidamente superiores a los que podían alegar las personas y los pueblos.

• Después de 42 años de transición, España sigue siendo un Estado formalmente democrático que conserva aparatos prácticamente intactos procedentes del franquismo, en permanente disposición de discutir la legitimidad de los poderes emanados de la voluntad de los ciudadanos. De facto lo que ha existido es un acuerdo entre los gobernantes democráticamente elegidos y el poder militar (que incluye, no lo olvidemos, a la Guardia Civil) para no interferir en sus respectivos ámbitos de poder. Tan perverso acuerdo, que niega los fundamentos del Estado democrático de Derecho y que se mantiene sobre el insólito atributo del rey cono Jefe supremo de las Fuerzas Armadas y a estas como garantes de las indivisible unidad de la Nación española, configura una situación de vigilancia permanente del poder militar sobre los representantes del poder civil democráticamente elegidos.

Esta condición de vigilados de los representantes de la soberanía popular los ha dotado de una exagerada timidez en su obligación de impulsar las políticas y los servicios públicos que hicieran efectivos algunos de los derechos proclamados en la Constitución. Cuando alguno de los gobiernos que se han sucedido ha pretendido, siquiera parcialmente, cumplir con esta obligación, el poder vigilante ha dado muestras de querer denunciar el antecitado acuerdo y subordinar el ejercicio de la democracia y el poder civil a lo que para él es superior legitimidad, la que otorga la permanencia de la Nación, esa unidad de destino en lo universal siempre superior a la derivada de la simple voluntad de los ciudadanos.

¿Son estos planteamientos constituyentes?. No lo sé, pero creo que sin plantearnos estos (y otros) problemas es difícil que la reconstrucción que se predica pueda ir más allá de la cuenta de resultados de algunas grandes empresas beneficiarias por partida doble, de la desaparición de buena aporte de sus competidoras y, además, de las ingentes ayudas de las instituciones comunitarias que deberemos pagar las generaciones presentes y las venideras.

Las políticas aplicadas desde 2010, además de sumir en la pobreza a la quinta parte de la población de este país, supusieron un golpe muy duro para el conjunto de los servicios públicos, aumentando la vulnerabilidad de los sectores sociales más desfavorecidos, tal y como se ha puesto de manifiesto con la pandemia.

La acentuación de los niveles de desigualdad e injusticia, muy elevados ya a finales del pasado siglo, amenaza directamente la estabilidad de la democracia española; algunas instituciones del Estado contribuyen con su proceder a esta amenaza.

La tarea que la sociedad española tiene por delante va más allá de la reconstrucción de su tejido productivo, con ser ello importante. Apunta, de alguna manera y tras las negativas experiencias del período de hegemonía neoliberal, a todo un proceso de refundación a través de una dinámica continuada de acuerdos sociales que pueden constituir la forma misma de su existencia como sociedad.

El acontecimiento de 2011 demostró que la verdadera potencia del cambio reside en la voluntad hacedora de los miembros de esta sociedad; pero también, y diría que, sobre todo, que es ese hacer mismo lo que constituye la entraña/esencia de eso que llamamos vivir en sociedad.