La Unión Europea se resquebraja

La Unión Europea (UE) ha puesto de manifiesto su incapacidad para afrontar las dos grandes crisis que han conmocionado a la economía y a la política: La Gran Recesión y la grave situación de los refugiados. Esto pone de manifiesto la debilidad institucional y los cimientos nada sólidos con los que se ha tratado de construir la unión monetaria. El fracaso tan evidente pone en cuestión el proyecto europeo de integración.

La UE no hace honor a su nombre pues se encuentra desunida ante las respuestas que se han dado con los refugiados, al tiempo que se agranda la brecha económica entre los países del centro y de la periferia. Las respuestas que se han dado, en el caso de los refugiados han sido insolidarias, y las políticas económicas han agravado aún más las desigualdades entre los países y en el interior de estos. El Brexit, el ascenso de la ultraderecha, la desafección de los ciudadanos hacia la UE son el resultado de una fase del capitalismo, hegemonizada por el capital financiero, y las políticas practicadas impregnadas de neoliberalismo.

Desde que se inició el proceso de integración económica en seis países de Europa, con la creación de la Comunidad Económica del Carbón y del Acero (CECA) en 1951, la creciente interrelación entre las diferentes economías se intensifica con la firma del Tratado de Roma en 1957. Desde entonces ha habido cambios, avances, retrocesos y parones. Los cambios institucionales no han resuelto el déficit democrático que padece desde sus orígenes. Hay un pecado original en la creación de las Comunidades Europeas que lejos de resolverse ha tendido a agravarse con el tiempo.

En todo caso, a pesar de las dificultades que ha habido en el camino, han tenido lugar avances en el crecimiento económico y en el progreso social. Esto es lo que sin duda lo que ha motivado que se haya convertido en un polo de atracción de muchos países que han solicitado su entrada y ha dado lugar a sucesivas ampliaciones. De los seis iniciales a los veintisiete que hay en la actualidad. Con motivo de esta gran ampliación la actual UE es mucho más desigual que lo que se constituyó en origen como Mercado Común en 1957 por el Tratado de Roma.

Los seis países fundadores tenían un desarrollo similar, aunque se produjeran diferencias económicas entre ellos, y sobre todo entre las regiones pertenecientes a un Estado-nación. Estas divergencias regionales eran sobre todo muy notables en Italia. Todos ellos, aunque habían sufrido los efectos devastadores de la guerra, eran países capitalistas desarrollados y fueron capaces de reconstruirse rápidamente tras la contienda bélica para lo cual contaron con la ayuda económica del Plan Marshall.

La integración europea tenía motivaciones políticas, como el tratar de evitar conflagraciones entre los países europeos como había sucedido por dos veces en el siglo veinte. Se trataba de buscar una salida pacífica para Alemania y dentro de un marco de cooperación y no de conflicto. Pero a su vez se pretendía buscar la consolidación de un bloque capitalista sólido, siguiendo la línea del ideario del Plan Marshall, para contrarrestar internamente la fortaleza de movimientos obreros que habían desempeñado un papel básico en la resistencia contra el nazismo y fascismo. A su vez se buscaba como objetivo hacer frente al bloque socialista de Europa oriental, capitaneado por la Unión Soviética, y que se había reforzado tras el final de la segunda guerra mundial.

Había también motivaciones económicas, vinculadas a lo anterior, como era la necesidad de ampliar los mercados, tanto para las mercancías como para los capitales, lo que requería eliminar trabas entre las naciones que formaron parte de la integración económica en estos primeros pasos que se estaban dando para traspasar las propias fronteras. Esta ampliación de los mercados supondría aumentar la división del trabajo y la producción con incrementos de la productividad. Se pretendía con ello reforzar el capitalismo europeo frente a los posibles peligros internos y externos que le acechaban. En suma, una economía que se desarrollase, no solamente la haría resurgir de las ruinas que había dejado la guerra, sino que la hacía más fuerte con el paso del tiempo y eso significaría la consolidación del capitalismo frente al socialismo.

Los resultados en crecimiento económico fueron realmente notables en las décadas de los cincuenta y sesenta, y a ello contribuyeron el Plan Marshall, la integración económica, y otros mecanismos, como el papel desempeñado por el intervencionismo del Estado, la expansión del Estado del bienestar, la innovación tecnológica, la implantación del fordismo en las grandes escalas de producción, y la explotación al Tercer Mundo. La demanda efectiva creció como consecuencia del creciente tamaño del Estado, de los créditos al consumo, y la mejora de los salarios reales, debido a la presión sindical.

En todo caso, la libertad de circulación de mercancías y capitales que habría de conseguirse tras un periodo transitorio, lo que estaba favoreciendo era la concentración y centralización de capital y se estaba, ya dese sus inicios, consolidando una Europa del capital, fundamentalmente de los grandes oligopolios capitalistas, y no una Europa de los ciudadanos. Mientras el capital se desenvolvía a escala transnacional los sindicatos lo hacían a escala nacional.

El avance en la consecución de la libertad de circulación de mercancías y capitales lo hacía a una velocidad mayor que la construcción de instituciones políticas europeas democráticas, a la vez que las políticas sociales no existían a escala global de lo que eran las Comunidades europeas. No obstante, hubo políticas compensatorias al mercado como fueron las llevadas a cabo por la creación de los fondos estructurales. De este modo, al tiempo que el mercado alcanzaba una dimensión europea, las políticas sociales quedaban restringidas básicamente dentro de cada país. Si bien es cierto que el Estado del bienestar, aunque con diferencias entre los países, hizo avanzar la igualdad en la distribución de las rentas, así como en derechos y oportunidades.

Durante, los años cincuenta y sesenta, el capitalismo europeo, sobre todo el formado por los seis países que integraban el mercado común, se recuperó y fue capaz de reconstruirse, alcanzando altos niveles de crecimiento económico, con pleno empleo y determinados grados de cohesión social. De forma, que exceptuando el caso, de los países nórdicos y Austria, los países integrantes de la integración eran los que más crecían y se desarrollaban, aunque de una manera desigual.

La idea de conseguir una Unión Económica y Monetaria surgió más tarde y no estaba en principio entre los objetivos a alcanzar en la integración económica. El plan para avanzar en este terreno lo planteó Werner, que en calidad de Primer Ministro de Luxemburgo, en 1970, presentó al Consejo y a la Comisión un informa que recoge las bases del camino que habría que emprender. El documento que fue conocido como Plan Werner establecía una unión en tres fases: a) convertibilidad irreversible de las monedas comunitarias. b) centralización de la política monetaria y crediticia; y c) puesta en circulación de una moneda común.

El proyecto, sin embargo, quedó frustrado como consecuencia de la crisis que se desató a principios de la década de los setenta en el sistema monetario internacional. La devaluación del dólar en dos ocasiones muy cercanas entre sí, 1971 y 1973, la supresión de la convertibilidad del dólar en oro, y el establecimiento de tipos de cambio flexibles, cambiaron varios de los supuestos básicos del sistema surgido en Bretton Woods. La inestabilidad monetaria era una constante en aquellos años y el Plan Werner, fruto de una coyuntura concreta de expansión económica, quedó en un cajón.

Una vez superado los peores momentos de la crisis de los setenta, en los años ochenta y noventa se plantea un relanzamiento del mercado único y de la unión monetaria. A partir de aquí se establecieron plazos para conseguir la moneda única, al tiempo que se propusieron unos criterios muy estrictos que había que cumplir si se quería ser parte de lo que se ha denominado la eurozona. Los criterios de Maastricht respondían a los principios que empezaron a predominar en la economía desde los años ochenta, esto es, el fundamentalismo de mercado, el predominio de las ideas antikeynesianas, y la creencia equivocada que la consecución de la estabilidad macroeconómica es una condición para el crecimiento económico sostenido.

Los criterios de Maastricht responden, por tanto, al paradigma que se ha impuesto en la economía tras la crisis de los setenta, el predominio de esta concepción monetarista. Esta visión es lo que ha estado rigiendo los principios que deben conducir a la consecución de la moneda única, que coincide con la expansión de la globalización neoliberal, y la primacía de las finanzas. Esta obsesión por la lucha contra la inflación, y la estabilidad presupuestaria ha relegado a un segundo plano a las políticas fiscales de los países, y desde luego no se plantea en ningún momento llevar a cabo una política fiscal única en La UE.

Desde un principio, como hemos señalado, la creación del mercado común respondió a los intereses de las grandes empresas y de los grandes grupos económicos y financieros, atenuado sin duda por el predominio de las ideas keynesianas y del Estado del bienestar. La idea generalizada de que el mercado tenía fallos que había que corregir con la intervención estatal hizo que la integración no fuera solamente un proyecto de creación de un área de libre comercio, sino que era más ambicioso.

Todo esto cambió en la década de los ochenta y el predominio del neoliberalismo hizo mella en la construcción europea. El Estado de bienestar, aunque resiste esta embestida, se deteriora y la primacía del mercado va generando una desigualdad creciente dentro de los países que conforman la UE. A su vez este ideario es el que se encuentra detrás de los principios de Maastricht y el posterior acuerdo de estabilidad una vez implantado el euro.

Los estatutos del Banco central Europeo (BCE) responden a ello, por esto es por lo que se establece como prioridad la lucha contra la inflación sobre el pleno empleo o las mejoras en la distribución de la renta. Se combate más bien a un fantasma, como es la inflación, la cual ha descendido notablemente sobre lo que fue en los años setenta.

Varios economistas han venido planteando que el error de implantar una moneda única fue que la UE no era una zona monetaria óptima tal como fue teorizada por Mundell, premio Nobel de economía, en el año 1961. No les falta razón, pero no tanto por lo que Mundell señaló, sino porque al irse ampliando la UE a países con un nivel de desarrollo inferior a los socios fundadores, la desigualdad dentro de este espacio económico ha tendido al aumento. Dentro de estas diferencias es muy difícil, sin mecanismos compensatorios al libre mercado, que se pueda funcionar con una moneda única.

Por tanto, el problema principal reside en la falta de mecanismos políticos capaces de compensar las desigualdades existentes. El error en la implantación del euro ha sido, además de la falta de requisitos para ser un área monetaria óptima, el déficit democrático de la UE, de forma que se ha implantado una moneda sin ningún poder político democrático que la respaldara, sin una política fiscal capaz de corregir los fallos del mercado y sus desigualdades, y con un BCE restringido en sus actuaciones y sometido al dominio de Alemania. El euro se ha construido sobre bases nada sólidas en un terreno inadecuado en el que corren por debajo aguas pantanosas. El estallido de la crisis de las finanzas capitalistas ha dejado al descubierto todas sus miserias, como ha sucedido con este modelo de desarrollo que ha predominado en las últimas décadas.

La crisis actual y las políticas de ajuste tan erróneas que se han puesto en marcha están trayendo consigo un debate en la izquierda, por lo demás necesario y urgente, si lo mejor, que pueden hacer los países de la zona euro que están sufriendo con mayor virulencia las políticas de austeridad, debería ser salirse del euro o mantenerse dentro. La respuesta no es sencilla, en primer lugar porque no existe una experiencia de esta naturaleza de cómo debe ser el camino de salida. Se sabe cuál ha sido el camino de entrada, un tanto tortuoso, y no ajeno a costes económicos y sociales, pero no resulta fácil encontrar la salida en este laberinto en el que están metidos varios países.

La incertidumbre es lo que se encuentra en esta polémica que se ha suscitado a raíz del artículo de Francisco Louça. Estoy de acuerdo con los que proponen una reforma de la UE antes de acabar con este proyecto. Pero también es cierto que tal como están las cosas en la UE no parece factible el llevar a cabo reformas en profundidad, sobre todo con el consenso existente entre conservadores y socialistas acerca de las políticas económicas y los requisitos del Pacto de Estabilidad. La izquierda más crítica es minoritaria y los movimientos sociales que puedan presionar también se encuentran de capa caída. En todo caso, aunque la UE está en cuestión siempre confío más en los cambios que habría que hacer dentro que seguir un camino que no se sabe a ciencia cierta a dónde puede conducir.