¿La Unión Europea es parte del problema o de la solución?
Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate
Investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (Paz con Dignidad-OMAL)
El pasado viernes 19 de junio se inició en el Consejo Europeo la negociación en torno a Next generation EU, el plan de reconstrucción de 750.00 millones de euros presentado por la Comisión como herramienta de lucha contra los efectos de la pandemia. Este plan, basado tanto en préstamos como en subvenciones a fondo perdido, pretende facilitar la implementación de las inversiones y las reformas estructurales que cada país considere estratégicas en este momento crítico –especialmente los más castigados por el covid-19–, siempre dentro de la dinámica del “semestre europeo”, esto es, del sistema comunitario de ajuste de políticas presupuestarias y económicas. Para financiarlo se pretende recurrir a la emisión de bonos de deuda, a la vez que se abre la posibilidad a obtener ingresos vía impuestos al carbón, el plástico, la economía digital e, incluso, las grandes corporaciones.
El reconocimiento de este marco como punto de partida de la negociación ha sido, tal y como se esperaba, el único resultado de esta primera cumbre. Comienza, ahora sí –aunque sin próxima fecha concretada– un complejo y tenso debate que, sin duda alguna, va a poner a prueba las costuras del proyecto europeo vigente. De este modo, se hace cada vez más evidente la necesidad de dar una respuesta conjunta a la altura de una crisis tan profunda como la actual. Al mismo tiempo, la histórica desconfianza entre norte, sur y este del continente se ha acrecentado tras la primera respuesta a corto plazo liderada por el Banco Central Europeo y el Eurogrupo, reflejo de un modelo que no solo no ha reducido sino que se ha sostenido sobre crecientes asimetrías de todo tipo. Por último, la ausencia de mecanismos reales y efectivos de cohesión para revertir dichas desigualdades responde a una arquitectura y a una política explícitamente neoliberal, blindadas de facto vía tratados, que dotan de identidad a una Unión Europea (UE) volcada en favorecer a los grandes capitales por encima de cualquier otra consideración.
Este es por tanto el complejo y contradictorio terreno de juego en el que se debatirá el contenido definitivo de Next generation EU: un proyecto que desde hace más de tres décadas aplica cual rodillo una inercia en favor de la austeridad y las empresas transnacionales; que, precisamente por ello, ha sido incapaz de desarrollar miradas colectivas e integradoras sobre el conjunto del continente; pero que a su vez, y en sentido contrario, debe responder con urgencia, contundencia y solidaridad a la emergencia social, económica y ecológica actual, si no quiere asistir a su voladura descontrolada.
Conseguir la cuadratura de este círculo depende de la respuesta que finalmente se otorgue a cuatro temas estratégicos del Plan, aún sin definir. El primero es el volumen del presupuesto europeo, históricamente situado en torno a un pírrico 1% del PIB, poniendo de manifiesto la escasa relevancia que la UE ha concedido a la acción mancomunada de la Unión. El plan propone incrementarlo a un intervalo entre el 1,4 y el 2%, a partir de un escenario de gasto suplementario de 1,1 billones durante el período 2021-2017 –más allá, por tanto, de la vigencia del plan de reconstrucción–. Aunque este aumento pudiera asumirse como una medida natural ante un contexto extraordinario, los autodenominados “frugales” (Holanda, Dinamarca, Austria y Suecia, también denominados “halcones” por sus adversarios) pretenden rebajar esas expectativas a lo largo del proceso de debate, no permitiendo que el presupuesto efectivo para el próximo sexenio se aleje demasiado de dicho 1% histórico.
Se defiende, de este modo, el rigor fiscal y presupuestario como piedra de bóveda del proyecto europeo, del cual no puede por tanto desviarse. No está de más recordar que Alemania y Francia –países cuyo peso específico en la UE es evidente– ya presentaron en 2019 una propuesta conjunta de incremento del presupuesto de la Unión, que fue finalmente rechazada. Veremos ahora, en medio de la pandemia, si el dogmatismo neoliberal se sigue imponiendo o cede terreno.
El segundo aspecto clave de la negociación será el carácter reembolsable o no de las ayudas. Esto es, qué porcentaje de los 750.000 millones de vehiculizará a través de préstamos o de subvenciones a fondo perdido. La propuesta inicial sitúa estas últimas en 2/3 del total. Pareciera, de nuevo, una medida mínimamente coherente y solidaria con la ciudadanía de los países más castigados que, además, mitigaría el ya de por si pandémico problema de la deuda, fuente de ataques especulativos y estallidos financieros.
No obstante, avales y préstamos son el ADN de una UE que, implícitamente, aboga por las respuestas individuales y no mancomunadas a cualquier tipo de shock, sea este fruto de un desempeño económico “poco frugal” o de fenómenos como el que atravesamos, e independientemente de la gravedad de la situación o de la posición de partida de cada país. Partiendo de ahí, asistiremos en consecuencia a una ofensiva de los halcones por alterar la proporción inicialmente prevista en favor de los préstamos, limitando al máximo las subvenciones y, en consecuencia, el presupuesto de la UE.
Siguiendo con nuestra secuencia, el tercer ámbito estratégico es la condicionalidad que se aplicará a las ayudas previstas. Así, frente a la imagen de los “hombres de negro de la Troika” imponiendo memorándums de ajuste estructural a los países en problemas, Next generation EU plantea una metodología diferente: los países elaboran sus propios planes de inversiones y reformas que, posteriormente, son debatidas en el marco del semestre europeo.
Pese a ello, esta nueva fórmula no garantiza ni mucho menos la horizontalidad ni la autonomía de los Estados en la negociación, ya que la suspensión del Pacto de estabilidad y crecimiento es solo temporal, siendo más que probable que los límites de déficit y deuda pública vuelvan a convertirse de nuevo, una vez superada la “crisis sanitaria”, en los mandamientos irrenunciables de la UE. Los halcones, con toda seguridad, incidirán en este sentido, añadiendo además su clásica aversión a las políticas clásicas y de cohesión, en favor de nuevas políticas como la transición ecológica y digital, pero desde la apuesta firme por el mercado y las corporaciones como base de las mismas –capitalismo verde y cognitivo, en definitiva–.
Por último, el cuarto y último tema clave es el tiempo. Italia, el Estado español y otros países especialmente afectados necesitan con urgencia fondos para responder a los impactos del covid-19, por lo que incidirán en adelantar su ejecución a este mismo año, sin esperar a 2021. Los “halcones” por su parte, no tienen demasiada prisa, y prefieren una negociación más larga, que permita llegar a acuerdos a lo largo del último cuatrimestre del año, cuando la situación sanitaria pudiera estar más asentada en el continente, y, por tanto, el debate se centraría en los términos macroeconómicos habituales.
Presupuesto, subvenciones, condicionalidad y tiempos marcarán de este modo la naturaleza de Next generation EU. ¿Cuál será el resultado final del proceso? ¿Se asumirá la gravedad del momento, actuando en consecuencia y de manera urgente, por encima de inercias históricas y blindajes políticos? ¿Se impondrán definitivamente los parámetros clásicos de la UE y su evidente falta de unidad política, dentro de una gobernanza que entroniza el derecho de veto vía consenso? ¿Será un posible término medio suficiente –y jurídicamente viable– para enfrentar este momento crítico?
Estas preguntas han generado un intenso debate en las izquierdas. Hay quien afirma que, aun reconociendo la incertidumbre que sobrevuela los cuatro temas clave de la negociación recién empezada, el plan de reconstrucción es en sí una gran noticia, incluso “un hito sin precedentes que marca un cambio importante en la construcción de la zona euro”. Se equipara este momento con el de la creación de los fondos de cohesión en los años 80, y se afirma que se ha alterado la correlación de fuerzas al debilitarse la posición de los halcones, tanto al interior de sus propios países como por el tránsito de Alemania a una postura más intermedia y ambigua, que favorecerá un común denominador en la negociación no demasiado alejado del punto partida del debate. Este sería, de este modo, un antes y un después en el proyecto europeo, al incrementar el presupuesto comunitario, al generar instrumentos de respuesta a crisis que pudieran seguir utilizándose en el futuro –y a fondo perdido–, al abrir el debate sobre una nueva fiscalidad europea, así como al apostar por evidentes carencias europeas: economía digital en respuesta en su rezago tecnológico frente a China y EEUU, transición ecológica para superar su alta dependencia energética y de materiales.
Desde otro punto de vista se apunta, en sentido contrario, a que estos avances pudieran ser únicamente retoques insuficientes, de obligado cumplimiento ante la mayor crisis que ha vivido el capitalismo en los últimos 100 años, tratando así de frenar la sangría de legitimidad de un proyecto europeo que no alteraría sus parámetros fundamentales. Nos enfrentaríamos de este modo a un plan que precisa de unanimidad –por lo que el derecho de veto sobrevuela la negociación–, bajo la lupa además de una justicia –especialmente la alemana– que bien pudiera cuestionar y/o paralizar toda medida que contraviniera los sacrosantos tratados pro-mercado de la UE. Y en el marco de un modelo económico que, pese a todo y más allá del plan, sigue avanzando en sus señas de identidad (tratados comerciales, prioridad por la liquidez para las grandes empresas) y evitando transformaciones de mayor calado (tasa covid, paraísos fiscales, reversión de desbalances y asimetrías, financiación directa del BCE a los estados, sistema de cuidados, descarbonización, soberanía energética, abandono de la quiera del crecimiento, etc.), que realmente ofrezcan soluciones a una pandemia que no es sino un shock dentro de una crisis sin precedentes de reproducción social y de la vida.
Este es, en realidad, el marco de debate que Europa necesita en estos momentos, y no tenemos claro si Next generation EU nos acerca o nos aleja de este horizonte. En todo caso, el momento que atravesamos nos obliga a confrontar urgentemente con el conjunto de tratados que conforman la constitución europea de facto, así como con las propuestas de reforma de dichos tratados en clave neoliberal (Libro blanco e Informe de los cinco presidentes). De este modo, solo una UE que no se reconstruye sino que cambia radicalmente de rumbo sería parte de la solución, y no del problema. Si no fuera posible, ensayemos nuevas políticas y nuevas alianzas que sí pudieran estar a la altura del momento. Porque hay Europa más allá de la Unión Europea.