Sobre los efectos de la automatización y la digitalización

Me referiré, en esta contribución al debate de Espacio Público, a los retos que vienen planteando la automatización y la digitalización de los puestos de trabajo, siguiendo el análisis que he realizado en una extensa panorámica publicada recientemente como documento de trabajo del ICEI [1], actualizada con los resultados de algunos trabajos publicados con posterioridad, dado que la actualidad del tema hace que no dejen de aparecer nuevas investigaciones, además de numerosos artículos en la prensa y en portales de Internet. Pues, a mi juicio, del análisis de la información disponible, los dos cambios principales que están ocurriendo desde el último tercio del siglo pasado y que afectan profundamente al mundo del trabajo son la creciente desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza y el impacto del cambio del paradigma tecno-económico ligado a la automatización y la digitalización[2].

Nos encontramos en medio de quinta onda larga del capitalismo, que empezó en los últimos años del siglo pasado con la decadencia del paradigma tecno-económico conocido como fordismo y con la crisis de los años 90 y su sustitución por otro nuevo, basado en las tecnologías de la información y las redes, el desarrollo de la economía basada en el conocimiento, el cambio en la provisión de necesidades colectivas y una reconfiguración de las relaciones sociales. La digitalización corresponde al paso de un capitalismo industrial a un capitalismo cibernético o digital, es un nivel más alto de automatización en el que el uso de los robots se empareja con la Inteligencia Artificial.

Una de las implicaciones de los actuales procesos de digitalización es que se han empezado a borrar las diferencias entre la industria y los servicios, de manera que la distinción relevante en esta quinta onda larga del capitalismo sería entre las tareas no rutinarias (no repetitivas, no fácilmente codificables) y las tareas rutinarias, que están asociadas respectivamente con el trabajo cualificado o con un alto nivel educativo y el trabajo no cualificado (distinción que no es exactamente la misma que puestos de trabajo con salarios altos y con salarios bajos), con independencia de cuál sea el sector productivo.

Se da también un crecimiento de la “servitización”, un concepto que hace referencia a la importancia creciente de los servicios vinculados al producto en el valor agregado de las empresas manufactureras. En consecuencia, el aumento del sector servicios desde finales del siglo pasado vendría en parte asociado a la externalización y consecuente sub-contratación de actividades que antes se realizaban dentro de las empresas, actividades que estadísticamente se considera que pertenecen al sector de servicios y la digitalización favorece ese proceso.

Y no debe dejarse de mencionar otro efecto de la digitalización sobre la estructura y dinámica empresarial, la aparición de nuevas empresas transnacionales, las “multinacionales de la economía digital” que valoran más los activos intangibles (no físicos) que los activos físicos, de manera que necesitan en menor medida llevar a cabo actividades de fabricación y servicios fuera de su país de origen, lo que tiene consecuencias para las llamadas cadenas globales de valor, que aparecieron con la actual globalización, revirtiendo su proceso de expansión.

Los dos principales efectos de la digitalización abordados por la investigación económica son: por un lado, la polarización entre empleos bien pagados y empleos mal pagados, entre empleos que exigen altas cualificaciones y empleos con bajas cualificaciones; y, por otro lado, la posible pérdida de trabajos o los empleos que están en riesgo de perderse debido a la automatización. Pero también hay estudios sobre los efectos sobre las condiciones de trabajo y empleo y sobre los efectos económicos y sociales.

Por lo que respecta a la llamada polarización, la evidencia empírica disponible, que recojo en mi trabajo citado, parece [3] que confirma más que rechaza la existencia de la misma, si bien la imagen que nos encontramos es heterogénea, lo que sería una indicación de que la polarización no se determina tecnológicamente ni de manera exógena y que las diversas especificidades nacionales, y no menos las políticas e instituciones, pueden influir en el resultado del cambio estructural en el mercado laboral.

Para España, la mayoría de estudios apuntan a la existencia de polarización del empleo en el mercado laboral, pero sin que se refleje en una polarización de los salarios. El reciente trabajo de Longmuir, Schröder y Targa (2020) para 30 países (de Europa, América Latina, más Egipto e India) confirma la polarización del empleo en 25 de ellos –incluyendo España con datos de 1990 a 2004- y la rechaza en 5, así como rechaza la polarización en los ingresos en 23 de 25 de ellos, lo que se explica porque la desigualdad ocurre fundamentalmente dentro de las ocupaciones y no entre ocupaciones diferentes.

Similares resultados obtienen Breemersch, Damijan y Konings (2019) para un conjunto de 19 países pertenecientes a la OCDE (incluyendo España) para el periodo 1997-2010, si bien con una destacada heterogeneidad, destacando que la polarización se da más dentro de los sectores productivos que por el traslado del empleo a los sectores con trabajos mejor retribuidos, en la medida en que se atribuye fundamentalmente a la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación y, en mucha menor medida, al impacto de las importaciones procedentes de China.

La segunda cuestión es la cuantificación de la pérdida de trabajos o de empleos que están en riesgo debido a la automatización y la digitalización y si va a haber o no una pérdida neta de empleos. Hay también mucha discusión sobre este tema, como lo hubo con los cambios tecnológicos de la cuarta onda larga en los países del centro capitalista. Hoy como entonces los hay pesimistas y optimistas. Las previsiones que hace CEDEFOB (2018) son que, en conjunto, se espera que el crecimiento del empleo en la UE sea moderado a lo largo del periodo de proyección hasta 2030, centrándose en su mayor parte en el sector servicios.

La revisión de trabajos que he realizado concluye que entre el 45 y el 50 de los empleos tiene un alto riesgo o un riesgo alto de ser automatizados y España está entre el tercio de países con porcentajes más altos. Además, el saldo neto de los empleos que se pueden crear y los que se destruirán es negativo. Según las estimaciones de Eurofound (2019), teniendo en cuenta los costes de la automatización, el empleo neto en manufacturas y servicios públicos en un escenario de alto coste será un 20 por 100 más bajo que el escenario base (que prevé un moderado crecimiento del empleo); y entre un 30 y un 35 por 100 más bajo en dos escenarios de bajo coste. Se ha dedicado una atención especial al papel que tiene la robotización en el empleo y, como suele ocurrir en economía, las estimaciones que he recogido, ya sean macroeconómicas o a nivel de empresas, dan resultados dispares y algunas de ellas ofrecen un muy bajo poder explicativo, por citar la más reciente

Las recetas, más bien simples, que casi todos los “expertos” proponen se centran en la necesidad de más educación, formación a lo largo de la vida y políticas “activas” de empleo (Grigoli, Koczan, Topalova, 2020). Algunos van más allá y descargan el peso de los dramáticos efectos sobre los trabajadores, apelando a su responsabilidad personal para mantener un aprendizaje a lo largo de la vida y para someterse voluntariamente a la actualización periódica de habilidades.

Para España se olvida que tiene el porcentaje más alto de sobre-cualificación o desajuste educativo de la Unión Europea, un 37,6 por 100 de los titulados según el Informe de la Fundación CYD de 2018, alrededor del 20 por 100 de forma permanente, creciendo de manera ininterrumpida el número de titulados por encima de los empleos que para ellos se crean, si bien el desajuste no es igual por titulaciones y está muy influido por el origen social (María Ramos, 2017). Y en ese desajuste es fundamental la estructura productiva: con un país fuertemente orientado hacia los servicios, con predominio del turismo y la hostelería, es difícil que se ofrezcan puestos de trabajo para licenciados, menos aún para las profesiones STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas). En Martín, Rodríguez y Suso (2020, Fundación Alternativas) se hacen algunas recomendaciones, en la línea de un gran pacto social digital. Ahora bien, en la una reflexión sobre los efectos de la digitalización, me parece necesario llamar la atención sobre al menos seis consecuencias, que nos dan pistas de hacia dónde debemos ir.

En primer lugar que, además de los efectos que la digitalización vaya a tener sobre el empleo y las condiciones de trabajo, en lo que sí parece haber acuerdo es que al igual que con lo sucedido en la cuarta onda larga del capitalismo, no parece que se estén dando ganancias sustanciales en la productividad (la llamada paradoja de Solow formulada en 1987), pero sí se comprueba que está aumentando la fluidez de los mercados y la reducción de las barreras de entrada, así como ha aumentado de manera dramática la dependencia de las plataformas digitales globales. “El hecho de que las plataformas digitales dependen fundamentalmente de las externalidades de red en ambos lados del mercado, lo que lleva naturalmente a estructuras monopolísticas con diversas estrategias de ‘bloqueo’”, está dando lugar a una nueva forma de capitalismo monopolista digital, en el que la dinámica llamada "el ganador se lo lleva todo" se vuelve dominante, a medida que la concentración del mercado permite a los ganadores extraer ganancias a nivel mundial y por un período de tiempo mucho más largo” (Soete, 2018; 38).

En segundo lugar y haciendo referencia a la Inteligencia Artificial (IA), como uno de los componentes principales del proceso de digitalización de nuestras economías y sociedades, a día de hoy, la IA plantea numerosos retos por los cambios que introduce en multitud de campos (es recomendable el número monográfico que acaba de publicar el Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, Volumen 13, Issue 1, March 2020, en particular el ensayo introductorio de Clifton, Glasmeier y Gray). Si bien su utilización en el ámbito de la producción y de la gestión pública ha dado lugar a avances sustanciales, no debe olvidarse que el uso de algoritmos por la IA puede discriminar a determinados grupos o personas, también a las mujeres, por ejemplo, en el sistema de justicia criminal y en los procesos de selección. El sesgo proviene tanto de los datos que entrenan a los algoritmos como de la gente que los elabora (Craglia, 2018; 58). Las implicaciones respecto a la invasión de la privacidad son tan grandes, el llamado “capitalismo de vigilancia” del que nos habla Shoshana Zuboff, ya sea como capitalismo “de libre mercado” o como capitalismo “de estado”, que se reclama el derecho individual a no ser medido, analizado ni entrenado por medio de la IA. Hay también efectos macroeconómicos pues, por un lado, puede dar un nuevo impulso a la globalización, pero por otro puede conducir a una repatriación de los empleos que previamente se habían deslocalizado a países de bajos salarios. Si bien no ha sido precisamente la digitalización la que ha puesto de relieve el grave problema de la deslocalización de las industrias en el primer mundo, sino la llegada de un virus, con el que descubrimos que la fabricación de los elementos más imprescindibles (respiradores, equipos de protección, mascarillas, etc.) está prácticamente toda localizada en Asia y no hay producción suficiente (ni de calidad) para satisfacer la demanda urgente y simultánea de los países de ese primer mundo.

Hay quien señala que, en la medida en la que la IA se convierta en parte de las condiciones generales de la producción capitalista, su desarrollo tendría como consecuencia alcanzar un nivel completamente nuevo de automatización, dando al capital una independencia del trabajo sin precedentes (Dyer-Witheford, Mikkola and Steinhoff, 2019; 32). En todo caso, la amenaza a la reproducción económica (y humana) implícita en la revolución que puede traer la IA, surge en un nivel sistémico y por ello hay que afrontarla a ese nivel. Y por eso, hay que decidir en qué tipo de IA se está invirtiendo pues, como señalan Acemoglu y Restrepo (2019; 3), en una era de automatización rápida, si las nuevas tecnologías no aumentan la productividad de manera suficiente, la posición relativa del trabajo se deteriorará y los trabajadores se verán particularmente afectados, por lo que, si no se presta suficiente atención a que la IA cree nueva y mayor demanda de trabajo, en lugar de simplemente reemplazarlo, estaríamos ante un tipo de IA equivocado desde el punto de vista social y económico y habría que pararla antes de que fuera demasiado tarde.

En tercer lugar, una desigualdad creciente, aumentando la parte de la renta nacional atribuida al capital a costa de la del trabajo, en la medida en la que las rentas de la innovación digital están siendo apropiadas por los grupos de mayor renta, el 1 y el 10 por 100: accionistas, inversores, altos ejecutivos y empleados clave de las empresas ganadoras (que por lo general poseen capital y ocupan cargos gerenciales y posiciones directivas en las mismas). Y lo que es peor, como entre otros muchos advierte Soete (2018; 42), estamos viendo que esta concentración de riqueza y poder económico asociado a la digitalización está llevando a una concentración similar del poder político, lo que en última instancia socava la democracia. Hay incluso quien advierte del peligro de desaparición de la “clase media” –cuya importancia cuantitativa y cualitativa no ha dejado de reducirse en los últimos 30 años (OCE, 2019)- y la aparición de un capitalismo “feudal” (Johannessen, 2018).

La introducción de tecnologías digitales “lo que no parece indicarnos es un cambio en la esencia del modelo socio-económico que prevalece. Por el contrario, todo indica, si la política no lo impide, una intensificación de los procesos que generan las desigualdades socio-económicas tanto globalmente como en cada uno de los Estados” (Linares y López, 2016; 232-233). Es lo que señala uno de los principales portavoces de la 4ª revolución industrial: “la desigualdad representa la mayor preocupación social asociada con la Cuarta Revolución Industrial” (Schwab, 2016). Aunque Schwab considera que es la tecnología, no las decisiones políticas y las políticas económicas que les siguen, una de las principales razones de por qué las rentas se han estancado o incluso han descendido para una mayoría de la población en los países de renta alta, debido a la polarización en los empleos de acuerdo a las habilidades educativas. Una apreciación que sólo es parcialmente correcta, al menos en lo que se refiere a la distribución funcional de la renta en los países más desarrollados, pues el descenso continuado de la participación de los salarios en el valor añadido no se debe tanto al progreso tecnológico, sino más bien a los efectos de la globalización (la deslocalización de la industria), la financiarización y a la pérdida de poder negociador de los trabajadores por medio de los sindicatos, esto es, a factores relacionados con la estructura institucional y social. Lo que sí es innegable, como señala Recio (2018; 54), es que “la digitalización constituye un conjunto de tecnologías que permiten reforzar el poder del capital en los tres espacios de conflicto: el de la distribución de la renta (facilita el acceso a fuerza de trabajo más barata), el del control y el de la flexibilidad (puesto que facilita también una organización de la actividad en tiempo real)”.

En cuarto lugar, no olvidar los costes medioambientales que ya se están produciendo como resultado de la digitalización y la automatización. Como señala Mahnkopf (2019; 13), cuando se calculan los ahorros potenciales que traerá la digitalización, no se suele tener en cuenta la energía eléctrica requerida por los múltiples productos “inteligentes” utilizados en la producción, ni la energía que se requiere para la eliminación o reciclaje de los productos viejos o defectuosos. Los centros de datos globales consumen también mucha energía y si se suma la energía utilizada en la transmisión de datos, se estima que representa entre un 3 y un 4 por 100 del total de energía consumida en la Unión Europea en 2016 y, si no se toman medidas, se espera que se doble cada cuatro años. Pero no es sólo la insaciable necesidad de energía, pues la infraestructura digital requiere una inmensa cantidad de metales, muchos de ellos ligados por cierto a conflictos geopolíticos y guerras civiles. Y está la creciente cantidad de desperdicios electrónicos, con metales que tienen una baja tasa de reciclado. Hoy por hoy no parece que el desarrollo tecnológico esté consiguiendo el desacoplamiento entre el proceso de acumulación económica y su impacto sobre la naturaleza, tanto en términos de emisiones (descarbonización) como en términos de uso de recursos naturales (desmaterialización) (Bellver, 2018; 75), probablemente porque no es una prioridad.

En quinto lugar, hay que tener en cuenta el impacto de la digitalización sobre los sistemas fiscales. Un impacto que se suma al ya producido por la globalización, que ha dificultado enormemente el gravamen efectivo de las empresas internacionales y transnacionales, no sólo por el fraccionamiento de su actividad entre muchos países debido a las cadenas globales de valor, también por la planificación fiscal de las empresas favorecida por los paraísos fiscales de todo tipo, algunos de ellos resultado de la competencia fiscal a la baja incluso en áreas cono la Unión Europea (los escandalosos casos de Irlanda, Luxemburgo y Holanda). Tørsløv, Wier y Zucman (2020) han calculado la cuantía de los beneficios que se han derivado a los paraísos fiscales, un 40 por 100 de las compañías multinacionales, y la pérdida que ello supone para los países con alta fiscalidad, que en el caso de los países que no son paraísos fiscales en la Unión Europea supone un 20 por 100 de reducción en los beneficios que tributan. Hay organismos internacionales que se están ocupando del tema, como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión europea, pero por ahora han quedado en nada, en este último caso ante la lógica oposición, entre otros estados miembro, de paraísos fiscales como Irlanda, por lo que han surgido iniciativas nacionales para gravar los servicios digitales, en particular la publicidad. Pero no se trata sólo del impuesto sobre sociedades, sino de que en la medida en que los empleos que se creen por la digitalización, si es que al final se creara empleo neto, sean cada vez más precarios, como en el caso de las plataformas digitales, se recaudarán también menos impuestos sobre el trabajo.

Por último, pero no por ello menos importante, advertir que quizás haya quien piense que se están exagerando los efectos negativos de la automatización y la digitalización, teniendo en cuenta además la diversidad de cifras disponibles sobre la potencial pérdida de empleos y que la adopción de las nuevas tecnologías tarda tiempo y se ve afectada por muchos factores técnicos y políticos. Para algunos (Figueroa, 2019), el problema principal para la mayoría de los trabajadores es que las nuevas tecnologías, en particular la digitalización, van a cambiar muchos aspectos de su puesto de trabajo. Y ello se debe a que la digitalización está creando una cantidad enorme de datos sobre una gran cantidad de fenómenos nuevos. Y esos datos están en poder de las grandes empresas tecnológicas, bien conocidas: Amazon, Apple, Facebook, Google, Microsoft, Alibaba, Tencent, entre las más importantes. Una parte de esos datos son recopilados en las redes sociales, un asunto sobre el que se está escribiendo mucho, por las graves amenazas a la privacidad que ello implica. La otra parte se está recopilando en las empresas. En este último caso los datos describen los procesos de trabajo en su conjunto, pero también a las personas que los realizan. Y esos datos se pueden usar y se usan (junto a datos obtenidos de las redes sociales) para identificar a los trabajadores, creando perfiles de personalidad y de ideas políticas y sindicales. Ya estamos viendo como entidades públicas están invirtiendo en tecnologías digitales que son inútiles o no proporcionales en cuanto al abuso de derechos que suponen y su aplicación en muchos casos a colectivos vulnerables. Por ello, parece necesario controlar los datos que produce la sociedad, los que producen las personas como trabajadores, como consumidores, como ciudadanos. Necesitamos comprender el impacto político y social de la digitalización en lo que respecta al uso de los datos, pues “si no se hace algo para solucionar que el control privado de datos esté en manos de un puñado de individuos (sic), los trabajadores de todo el mundo verán seriamente afectados sus esfuerzos para controlar la intensificación del uso de datos en el trabajo o para lograr la elección de un gobierno que incluya los datos como parte de su agenda” (Figueroa, 2019; 61) [4].

La tecnología es una relación social y conviene recordarlo: las tecnologías se construyen por personas, empresas y organizaciones concretas, por lo que encarnan y replican las normas sociales, los valores y otras fuerzas económicas, ecológicas, políticas y culturales que existen en cada momento. La tecnología puede ser “neutral”, pero no lo es ni su diseño ni su aplicación.

Al igual que ya se reconoce que la globalización ha dado lugar a ganadores y perdedores y que la reasignación de los trabajadores entre los sectores y países no está exenta de “fricciones” y llevará muchos años, con unos costes equivalentes a considerables años de pérdida de ingresos para los trabajadores, “es razonable pensar que las reasignaciones a que dé lugar la IA se enfrentarán a retos semejantes” (Craglia, 2018; 79) y que para cuando lleguen las compensaciones a los perdedores, si es que llegan, muchos se habrán quedado en el camino. En todo caso, la especie humana es la que tiene que decidir hasta dónde quiere que llegue la automatización y la digitalización, qué tipo de tecnologías se van a desarrollar y cuáles se van a aplicar, cuáles son las políticas públicas que se van adoptar al respecto. El futuro del trabajo será el que nosotros queramos que sea, no hay aquí ningún determinismo.

Notas:

[1] Cuarta revolución industrial, automatización y digitalización: una visión desde la periferia de la Unión Europea en tiempos de pandemia. ICEI WP04-2020. https://eprints.ucm.es/61648/ Las referencias bibliográficas de este texto se encuentran en dicho trabajo y no se incluyen aquí por razones de espacio.

[2] La OCDE está haciendo un esfuerzo para medir de manera armonizada qué se entiende por economía digital, elaborando un conjunto de indicadores del empleo, las habilidades y su contribución al crecimiento económico: A roadmap toward a common framework for measuring the Digital Economy. Report for the G20 Digital Economy Task Force. Saudi Arabia, 2020.

[3] Escribo “parece” porque le investigación empírica en economía, como en el resto de ciencias sociales, no permite establecer relaciones de causalidad y los resultados de los estudios empíricos dependen de los bases de datos, los periodos analizados, los modelos econométricos y estadísticos utilizados, etc.

[4] Nos enteramos por la prensa (el diario.es, 7 de octubre de 2020; EFE, 2 de septiembre de 2020) que Amazon publicó dos ofertas de trabajo de analistas de inteligencia, en las que la descripción del puesto incluía vigilar amenazas sindicales, en un perfil destinado a la investigación sobre la financiación y actividades vinculadas a campañas corporativas dentro y fuera de la empresa, así como protestas, crisis geopolíticas y otros asuntos sensibles para los recursos humanos y las relaciones con los empleados. Las ofertas colocaban al mismo nivel el trabajo sindical, los grupos de odio, el terrorismo y los líderes políticos hostiles.