Un horizonte de progreso para las relaciones laborales: la participación laboral en el gobierno corporativo
José Ángel Moreno
Economistas sin Fronteras y Plataforma por la Democracia Económica.
La necesidad de reformas en el sistema español de relaciones laborales que plantea la ponencia y las razones que esgrime me parecen difícilmente cuestionables. Reformas, además, cada día más urgentes y complejas ante los retos que a los que se enfrenta el país y ante los cambios que se están produciendo en el modelo productivo.
No obstante, me gustaría añadir un comentario sobre un aspecto colateral que no menciona la ponencia; probablemente, porque rebasa el ámbito de la negociación colectiva y de la legislación laboral en sentido estricto: la participación -obligada y regulada legalmente- de representantes de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas (sobre todo, de las grandes y cotizadas); aunque fuera sólo al nivel existente en muchos de los principales países europeos.
Una vieja reivindicación sindical y de la izquierda que, tras un largo paréntesis, adquiere nueva relevancia en nuestro tiempo, con la que me consta que coinciden los autores de la ponencia y que creo que sintoniza perfectamente con ella. Muy especialmente en lo que se refiere a la necesidad de consolidar un marco de relaciones laborales no sólo más justo, sino también más incentivador de la productividad, de la innovación y de la eficiencia, posibilitando al tiempo un mejor alineamiento con las mejores prácticas empresariales europeas. Aunque, ciertamente, conseguirlo requeriría un cambio previo de la legislación laboral que facilitara el fortalecimiento previo de la capacidad de negociación sindical.
Es una reivindicación tras la que laten determinantes razones morales y políticas y que, cuando menos, dificultaría las prácticas empresariales más claramente regresivas para los trabajadores. Pero querría insistir en que existen también sólidos argumentos económicos que la sustentan. Una nutrida literatura académica viene insistiendo en ellos con consistencia y evidencia empírica cada vez mayores. Simplemente, quiero recordarlos en este comentario.
Por una parte, y sólo puedo aquí apuntarlo, parece ya claramente insostenible la fundamentación económica de las presuntas legitimidad y optimalidad de la soberanía accionarial en la empresa con que la Economía ortodoxa ha venido justificando el monopolio por los accionistas del gobierno empresarial.
Por otra, y en un terreno mucho más práctico, son cada vez mayores los indicios de que los modelos de empresa basados en una participación laboral significativa en el sistema de gobierno corporativo pueden contribuir decisivamente a fortalecer la eficiencia y la calidad de las empresas -al margen de potenciar sus aportaciones positivas a la sociedad-, ayudando a superar o mitigar muchos de los problemas a los que conduce el modelo de gran empresa dominante. En esencia, esta contribución positiva en términos económicos se basa en cinco razones.
1. Fortalece el compromiso de los trabajadores y sus inversiones específicas en la empresa.
Los trabajadores -y no sólo los accionistas- realizan inversiones específicas básicas en la empresa: en capital humano y en apuestas por la continuidad en la empresa. Se trata de una inversión y, en definitiva, un compromiso que resultan decisivos para el éxito de la empresa a medio y largo plazo y a los que -entre otras medidas- puede contribuir sustancialmente la participación efectiva de los trabajadores en los órganos de gobierno de las empresas, como instrumento crucial para la defensa de sus inversiones y sus intereses.
2. Fortalece el capital relacional
También es generalizado el consenso en torno a la importancia de la confianza entre el colectivo laboral y quienes dirigen la empresa, como elemento esencial para potenciar la innovación, la eficiencia y la competitividad. Es lo que se ha denominado “capital relacional” o “social”, un capital intangible que tiene múltiples virtualidades y que, además, aumenta con el uso. Frente a las dificultades que para fomentarlo supone la carga de jerarquía y autoritarismo del gobierno accionarial, el participativo puede contribuir muy positivamente a incentivarlo.
3. Fortalece la capacidad cognitiva
Nadie discute tampoco la importancia creciente de la capacidad de generación de conocimiento de la empresa, como elemento consustancial con su capacidad de innovación. Algo que intensifica la relevancia del fomento continuo del aprendizaje, de la formación y del capital humano especializado, para los que resulta decisivo también el papel de los trabajadores, que se incentiva cuando pueden participar en el control de los recursos cognitivos y de las políticas de cualificación colectiva y cuando sus intereses se alinean todo lo posible con los intereses de la empresa. De nuevo, frente a la inadecuación para ello de los modelos de empresa convencionales, hace falta reorientar decididamente el sistema de gobierno para posibilitar que quienes tienen que realizar esa inversión en capital humano participen significativamente en su diseño, ejecución y control.
4. Fortalece la productividad
Todo lo anterior incentiva la productividad. Una variable en cuya mala evolución tendencial generalizada parecen estar influyendo determinantemente características esenciales del modelo de empresa dominante: como el acusado cortoplacismo -generador de un permanente desincentivo a la inversión a largo plazo- o la desmotivación creciente que producen en los trabajadores el empeoramiento de sus condiciones y derechos laborales y la abismal distancia de sus retribuciones respecto de la dirección. Avanzar hacia modelos de gobierno participativo puede ser una alternativa eficaz para mitigar esos efectos e impulsar la productividad.
5. Fortalece la calidad de gestión
Se trata de un anatema para la ortodoxia académica, especialmente crítica con los modelos de gobierno participativo por su presunta imposibilidad de permitir una buena gestión. No pocos casos de empresas participativas apuntan, sin embargo, en dirección contraria: en buena medida, por los efectos positivos de un poder compensador en los órganos de gobierno, que posibilita un control más efectivo de la gestión, limita la absoluta discrecionalidad de los grandes accionistas y de la alta dirección, atenúa el cortoplacismo y fortalece el compromiso de los trabajadores y la resiliencia de la empresa frente a situaciones difíciles.
Recuérdese, para finalizar, que no se trata de pura especulación teórica. Lo refrendan abundantes experiencias prácticas: desde cooperativas y empresas que voluntariamente aplican sistemas de participación accionarial del personal hasta grandes empresas con sistemas de cogestión obligatoria en muchos países europeos de economía avanzada; experiencias que en muchos casos muestran niveles punteros de eficiencia y desempeño económico. Y que, sin ser el paraíso, esbozan un horizonte posible hacia el que avanzar en España.
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Profesora Titular en la Universidad de Sevilla en el área de Lingüística Computacional. En la actualidad en CCOO Universidad
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Profesora de Economía Financiera, miembro de Economistas Frente a la Crisis y Secretaria General de la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas
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