El sindicalismo frente a la austeridad

Frente a los recortes sociales y la política de austeridad promovida por el Consejo Europeo y la Troika (FMI-BCE-CE) y aplicada hoy en España por el Gobierno del PP, en el marco de una gestión liberal-conservadora de la crisis, se han generado distintas respuestas sindicales y ciudadanas. Aquí se analizan tres aspectos: 1) la política ambivalente de pacto y conflicto social; 2) las perspectivas abiertas con la erosión de la política de austeridad, y 3) el papel reivindicativo y sociopolítico del movimiento sindical.

1. Una estrategia sindical doble: pacto y conflicto social

Es habitual en los sindicatos definir su estrategia como una combinación entre el acuerdo y la movilización. Con la crisis económica y de empleo y la aplicación generalizada de políticas regresivas de austeridad, con fuertes recortes sociolaborales, las dinámicas precedentes han cambiado. Han producido nuevos desequilibrios en las relaciones laborales y la capacidad contractual de los sindicatos. Por tanto, el problema no viene de la existencia de esos dos componentes –negociación y movilización-, siempre presentes, sino del énfasis en cada uno de ellos y su interrelación, según cada ámbito y contexto.

El sindicalismo y las fuerzas progresistas están en un ciclo ‘defensivo’. A pesar de la masividad e intensidad de la protesta social, todavía no es capaz de impedir la aplicación del grueso de las medidas; las condiciones socioeconómicas e institucionales finales son peores respecto a las de antes de la crisis. El nivel de movilización social es insuficiente para doblegar a los poderosos adversarios y, entre los sectores más comprometidos, deja un sabor de impotencia. Los de arriba imponen el empobrecimiento y la pérdida de derechos de los de abajo (y de en medio).

Al mismo tiempo, la acción sociopolítica de la ciudadanía indignada, incluida la movilización sindical, y la reafirmación democrática de la sociedad, es la mejor forma de influir y restar credibilidad social a estas medidas. Y, sobre todo, asegura las bases alternativas para los avances o las reformas progresistas, la regeneración del sistema político y la renovación y el fortalecimiento del sindicalismo y las izquierdas sociales y políticas. La evaluación de la acción sociopolítica se hace más compleja y está sometida a su propia especificidad y referencias: articular un campo social progresista y democrático, con una orientación reformista fuerte, socioeconómica y de renovación política.

La acción sindical y la función de los sindicatos se legitiman por los logros sustantivos alcanzados en su doble finalidad: avances reivindicativos (o freno a los retrocesos) y capacidad representativa y transformadora.

2. Perspectivas abiertas: La erosión de la política de austeridad

En España y otros países del sur europeo es creciente y muy amplio el proceso de deslegitimación de esas medidas regresivas y de desconfianza hacia las élites gestoras. Ello supone una erosión relevante de esa gestión antisocial de la crisis y pone de manifiesto el déficit democrático de las grandes instituciones y las élites políticas y económicas dominantes. Junto con la evidencia del fracaso de la actual política de austeridad para garantizar el empleo decente y los derechos sociales de la ciudadanía, ese desgaste de su legitimidad y esa presión social por el giro hacia una salida de la crisis más justa y democrática supone un factor significativo para frenar esa dinámica y abrir un horizonte de cambio. Es ya un impacto inmediato positivo y relevante.

El movimiento sindical, como una fuerza relevante en estos años en la movilización social, y el conjunto de sectores progresistas y la izquierda social y política, sigue en una encrucijada estratégica: 1) adaptarse con resignación, aceptando esta grave situación socioeconómica y contemporizando con los duros ajustes, sin una diferenciación clara contra esta deriva antisocial y con déficit democrático, intentando sobrevivir con críticas débiles, pasividad social y un mínimo de legitimidad ciudadana; 2) consolidar una apuesta de confrontación contra la política de austeridad y por el empleo decente y los derechos sociolaborales con un horizonte de unificar y ampliar la activación de sus bases sociales y del conjunto de fuerzas ciudadanas progresistas que pueda culminar en un proceso de conflictividad general hasta asegurar una salida justa de la crisis.

En la realidad reciente ha tenido más peso la segunda, pero con limitaciones y elementos de la primera, que han cobrado peso últimamente. El futuro dirá en qué proporciones se combinan las dos tendencias y cómo se conforma una dinámica intermedia o mixta.

Se ha producido un amplio rechazo social a los recortes y, al mismo tiempo, un limitado prestigio de los sindicatos. Tienen importante representatividad pero déficit de legitimidad ciudadana.

3. El papel reivindicativo y sociopolítico del movimiento sindical

La imposición gubernamental de esas políticas regresivas, con el apoyo del poder económico y financiero, conlleva el fracaso del sistema de diálogo social como vía de freno a esas medidas y marco para establecer una política equilibrada y compartida frente a la crisis.

En los últimos años la estrategia sindical de diálogo social ha materializado tres grandes pactos generales: Acuerdo para la negociación colectiva del año 2010; acuerdo social y económico con el aval a la reforma de las pensiones del año 2011, y nuevo acuerdo para la negociación colectiva del año 2012. Ninguno de ellos ha supuesto avances sustantivos ni mejoras significativas para trabajadores y trabajadoras. Los supuestos compromisos de las contrapartes a los sacrificios salariales y de pensiones acordados, también se han incumplido, y las arduas negociaciones posteriores han fracasado.

Las tres grandes reformas han constituido un fracaso en los dos planos: retroceso de condiciones y derechos sociolaborales, y debilitamiento de la capacidad contractual del sindicalismo (reforma laboral y de la negociación colectiva) o de su legitimidad social (reforma de las pensiones). Los intentos negociadores en torno a ellas no las han modificado y han fracasado. Siguen pendientes los objetivos de revertir esos retrocesos: garantías laborales y salariales, equilibrios en las relaciones laborales y derechos de jubilación (65+35).

Combinado con esos pactos globales se han promovido tres grandes huelgas generales, con importante participación y mayor apoyo popular a sus objetivos. Han sido procesos de reafirmación del sindicalismo y aumento de su legitimidad social, imprescindibles tras las evidencias de las fuertes agresiones gubernamentales, su incumplimiento de las promesas anteriores y el fracaso de la negociación. Han expresado el otro componente fundamental de la acción sindical: la firme voluntad sindical y la masiva contestación popular contra medidas impuestas e impopulares. Es verdad que tampoco han conseguido sus objetivos reivindicativos inmediatos de echar atrás las respectivas reformas laborales. Pero han señalado el camino para ello, han consolidado una opinión ciudadana contra los recortes sociales y laborales y en defensa de un empleo decente, han debilitado la credibilidad gubernamental, y apuntan a una rectificación de esa política regresiva. Suponen también una relegitimación de la actuación representativa y de liderazgo del sindicalismo, aspecto crucial ante los intentos conservadores de su marginación.

La estrategia sindical de diálogo social o acuerdos generales no ha ofrecido soluciones a los grandes problemas y objetivos externos (reivindicativos) e internos (capacidad representativa y contractual). Tampoco ha servido, significativamente, en un sentido defensivo, como veto o freno a dinámicas mucho más agresivas.

La acción sindical fundamental no pasa por la prioridad de un diálogo social subordinado y de colaboración con esa dinámica. La pasividad o simple inercia tampoco es suficiente.

La experiencia de las tres huelgas generales ha expresado los límites de participación y de resultados reivindicativos, aunque ha permitido ampliar el apoyo social a los objetivos y la representatividad de los propios sindicatos. Igualmente, las importantes movilizaciones y mareas ciudadanas en diversos ámbitos sectoriales y territoriales (como la enseñanza en Madrid o los empleados públicos en Cataluña) han demostrado el amplio respaldo a esas iniciativas sindicales, aun cuando sean lejanos o parciales los frutos reivindicativos. En su conjunto, se han puesto de manifiesto las dificultades sindicales para garantizar los derechos sociolaborales y evitar la involución social. La realidad de la crisis socioeconómica y de empleo y las regresivas políticas gubernamentales son un obstáculo para avanzar en una salida equitativa y progresista de la crisis. Pero ha quedado claro que la política sindical de colaboración o pasividad con los recortes de derechos tiene efectos perniciosos para la población trabajadora y el propio movimiento sindical, y que la oposición a los mismos condiciona su aplicación y facilita un mayor prestigio y legitimación del sindicalismo, palanca desde la cual se posibilita el avance posterior.

En definitiva, el sindicalismo, junto con diversos grupos sociales, ha sido capaz de activar un amplio movimiento sociopolítico contra la austeridad. Constituye una fuerza social clave para defender a las clases trabajadoras y promover un cambio de rumbo. Pero ha cometido algunos errores que han debilitado su legitimidad social y su capacidad transformadora. Y sus inercias organizativas dificultan una mejor vinculación con significativos segmentos de la sociedad. A los sindicatos se les puede pedir más: evitar actuaciones erróneas, incrementar su dinamismo y firmeza en la acción sindical y renovar sus dinámicas organizativas y sus discursos. Así se fortalecerá su doble dimensión reivindicativa y social.