Defensa y reivindicación del sindicalismo
Pere Beneyto
Universidad de Valencia. Fundación 1º de Mayo
Agradezco, de entrada, a Público la apertura de este espacio de debate sobre el sindicalismo en tiempos difíciles, planteado en torno a la ponencia presentada por Joan Coscubiela, que constituye toda una invitación abierta a la reflexión crítica y propositiva, a la que pretendo contribuir, modestamente, con las siguientes consideraciones sobre el retorno de la cuestión social, la legitimidad de la intervención del sindicalismo confederal (CC.OO. y UGT, fundamentalmente), su relación con los nuevos movimientos sociales y la necesidad de articular un nuevo ciclo de protestas y propuestas en el combate contra la desigualdad.
La crisis actual ha roto el espejismo de la supuesta sociedad de clases medias, que consideraba anacrónico el conflicto y parecía interesarse sólo por demandas post-materialistas (Inglehart, 2006), más asociadas al consumo que a la producción, confiriendo de nuevo al trabajo (su búsqueda, ejercicio, condiciones, regulación, etc.) una mayor centralidad como factor de identidad y ciudadanía (Castel, 1997), así como su reconocimiento como institución fundamental en la distribución y redistribución del poder social (Bourdieu, 2000), al tiempo que inauguraba un nuevo ciclo de protesta social que, partiendo del área laboral, alcanza de forma creciente al conjunto de la sociedad civil.
1.- Un debate necesario
Cuando la gestión neoliberal de la crisis económica ha convertido a nuestro país en el más desigual de la Unión Europea y la reforma laboral impuesta por el gobierno está devastando el mercado de trabajo, el debate sobre y desde el sindicalismo resulta siempre pertinente, tanto en términos de reflexión teórica (funciones y estrategias, fortalezas y debilidades) como de intervención práctica (reforzar su afiliación, representatividad y capacidad de acción, articular su colaboración con otros movimientos sociales).
Se trata, sin embargo, de un debate tan necesario como difícil puesto que en él confluyen enfoques, intereses y actores muy diferentes: desde la revisión sociológica sobre los cambios en el sistema productivo y la estructura ocupacional que han modificado las bases tradicionales de la acción sindical y las relaciones laborales, hasta el discurso ideológico de inspiración thatcheriana sobre las disfunciones del sindicalismo, pasando por la estrategia gubernamental y patronal para su deslegitimación (social, mediática) y debilitamiento (legal, real), complementaria a las políticas de austeridad y desregulación, cuyo desarrollo requiere de la marginación de los sindicatos de clase, como instrumentos de agregación y promoción de los intereses colectivos del trabajo asalariado, y su progresiva sustitución por la individualización de las relaciones laborales y el nuevo paradigma emprendedor.
2.- El retorno de la cuestión social
Desde sus ya lejanos orígenes (siglo XIX), el sindicalismo se ha planteado como objetivo central la lucha por la justica y contra la desigualdad social, tratando de reducir la profunda asimetría que caracteriza la relación individual empresa/trabajador y desarrollando, a tal efecto todo tipo de dispositivos colectivos, desde el iuslaboralismo a la negociación de convenios y la convocatoria de huelgas y protestas sociales, en defensa y promoción de los derechos e intereses de los asalariados.
Durante la fase expansiva del capitalismo industrial (siglo XX), la intervención sindical resultará decisiva como protagonista del contrato social keynesiano, actuando tanto sobre la primera distribución de la renta (salarios, condiciones de trabajo, regulación del mercado laboral) a través de la negociación colectiva, como sobre los mecanismos propios de la segunda re-distribución (política fiscal, prestaciones sociales, Estado de Bienestar) mediante su participación institucional y presión social.
En términos agregados, el balance de la intervención histórica del sindicalismo es claramente positivo, tanto en su función de prescriptor social como en la de factor de igualdad; habiendo contribuido de forma decisiva, en el primer caso, a convertir en derechos consolidados lo que inicialmente se presentaba como utópicas reivindicaciones obreristas (asociación, negociación, huelga, jornada, vacaciones, seguridad social…) y, en el segundo, a reducir considerablemente la desigualdad social, mediante una distribución más equitativa de los ingresos y una mayor re-distribución por la vía de las políticas fiscales y de bienestar (educación, sanidad, pensiones…), hasta el punto de que los estudios comparados confirman que el poder sindical, medido en términos de tasa de afiliación, es la única variable institucional que se asocia siempre con menos desigualdad (Pontusson, 2003), poniendo de manifiesto la correlación positiva entre intervención sindical y cohesión social, tanto a nivel de empresa (Stiglitz, 2012) como entre países y sistemas de relaciones laborales (Visser, 2008).
Desde finales del siglo pasado y principios del XXI, dicho proceso se ha ralentizado y amenaza, incluso, con revertirse como resultado de una serie de cambios estructurales (globalización y crisis del modelo fordista, segmentación del mercado de trabajo, aumento del paro…), institucionales (agotamiento del modelo anterior de concertación social y negociación colectiva) y culturales (tendencias individualistas emergentes, ofensiva neoliberal de deslegitimación de la acción colectiva) que han afectado tanto al escenario como a los actores y a la propia gestión de las relaciones laborales.
La gestión conservadora de la crisis actual ha agravado dicho proceso mediante sus políticas de austeridad y recortes, complementarias a la reforma laboral (prevalencia del poder empresarial y desarticulación de la negociación colectiva) y la ofensiva contra el sindicalismo (marginación contractual y deslegitimación social), con el resultado de una creciente desigualdad tanto en el ámbito laboral (paro, diferencias salariales, precarización…) como civil (pobreza, desahucios, recortes en educación, sanidad, pensiones, dependencia…).
Estamos, pues, ante el retorno de la cuestión social, cuya magnitud y dramatismo se abren paso contra la hegemonía del pensamiento neoliberal y las propuestas economicistas (Touraine, 2011), poniendo de manifiesto la correlación, ahora negativa, entre el acoso a los sindicatos, el debilitamiento de la negociación colectiva y el incremento de la desigualdad que registran todos los informes y estudios especializados (OCDE, FMI, Oxfam, Caritas…)
3.- Legitimidad de la intervención sindical
Se trata, en definitiva, de una estrategia concertada que con el actual gobierno del PP está alcanzando sus más altas cotas de virulencia: mientras, por una parte, se alienta una amplia campaña de acoso y desprestigio global del sindicalismo (acusado de anacrónico, disfuncional, poco representativo, subvencionado…), por otra se impone una reforma laboral que está reduciendo considerablemente la cobertura de la negociación colectiva, (descuelgues, empresarización, fin de la ultractividad…), al tiempo que se intenta restringir el derecho de huelga y se reprime su ejercicio (81 procedimientos judiciales abiertos contra 260 sindicalistas), retrotrayéndonos a tiempos oscuros que creíamos largamente superados.
El impacto negativo de la reforma laboral puede medirse, entre otros indicadores (aumento y abaratamiento de los despidos, recortes de derechos y garantías…) en la espectacular contracción de la negociación colectiva: mientras que en 2011 se firmaron 4.585 convenios que regulaban las relaciones laborales de 10.662.783 trabajadores, en 2013 los convenios suscritos fueron 2.259 (-50,7%) y los trabajadores afectados 6.811.728
(-36,1%), a lo que habría que añadir la práctica congelación salarial y las dificultades crecientes para el mantenimiento de conquistas sociales anteriores.
Hacer frente a la estrategia de desregulación laboral y a la campaña de marginación del sindicalismo que la acompaña, exige de éste un esfuerzo sostenido en la triple dirección de defender su legitimidad y representación, superar sus limitaciones, e incluso errores, y reivindicar en la práctica el reconocimiento positivo de su función social.
En el primer caso, se trata de poner en valor la legitimidad de origen del sindicalismo como prescriptor de derechos y factor de igualdad social, y su representatividad como el mayor movimiento organizado a nivel europeo (sesenta millones de afiliados, equivalente al 23% de la población asalariada) y español (tres millones de adscritos y una tasa de afiliación del 19%), que se amplía considerablemente a través de las elecciones sindicales que, en nuestro país, suponen la elección cada cuatro años de más de 300.000 delegados por parte de los trabajadores de 100.000 empresas aproximadamente.
Cabe señalar en este punto que según la última Encuesta Europea de Empresas, la tasa de cobertura de la representación sindical en España (57,1% sobre el total de empresas de más de 10 trabajadores) es muy superior a la media comunitaria (32,1%), si bien los recursos (materiales, formativos, de tiempo…) disponibles por los representantes electos para el ejercicio de sus funciones son, en nuestro caso, sensiblemente inferiores.
Por lo demás, reivindicar la legitimidad y representación de nuestros sindicatos no implica ignorar sus propias insuficiencias (débil presencia en las micro y pequeñas empresas, dificultades de agregación de jóvenes, precarios y parados), ni minimizar el reconocimiento de los errores que han erosionado su imagen social, desde algunos excesos en su dimensión institucional que los han hecho aparecer alejados de los colectivos laborales más periféricos, hasta los casos de malas prácticas que no por minoritarios y puntuales dejan de suponer un fuerte coste reputacional para el conjunto del sindicalismo.
A este respecto, el movimiento sindical no puede mirar hacia otro lado ni imputar todos sus problemas a campañas exógenas de desprestigio (aunque haberlas, haylas!), porque lo que las personas perciben como real es real en sus consecuencias, es decir, que las percepciones sociales, por manipuladas que puedan estar (…y respecto del sindicalismo lo están en muchos casos!), acaban condicionando el comportamiento de las gentes.
Así pues, el reto del sindicalismo pasa por actualizar el impulso ético de la mejor tradición obrera y renovar sus prácticas en materia de trabajo de proximidad, transparencia, autofinanciación y ejemplaridad, anticipándose incluso a los requerimientos legales, lo que sin duda contribuirá decisivamente al desarrollo de sus funciones en defensa de los trabajadores y a la regeneración democrática del conjunto de la sociedad española, necesaria también para garantizar una salida social de la crisis.
Junto a la de origen y representación, es la legitimidad de ejercicio la que avala la utilidad de la intervención sindical y merece el reconocimiento social, lo que exige reforzar la visibilidad de la intervención sindical en los centros de trabajo, el espacio fragmentado en el que cotidianamente se defienden los derechos y dirimen los conflictos.
4.- Acción sindical y visibilidad social
En los sistemas modernos de relaciones laborales, los sindicatos asumen las funciones de, por una parte, agregación y representación de los intereses de los trabajadores mediante mecanismos asociativos (afiliación directa) y de representación (elecciones sindicales) y, por otra, de intermediación y defensa de dichos intereses ante sus interlocutores empresariales e institucionales, utilizando los correspondientes procedimientos de negociación, asesoramiento y gestión del conflicto.
Respecto de la negociación colectiva hay que hacer constar que, pese a las restricciones impuestas por la última reforma, sigue siendo el sistema por el que se regulan las relaciones laborales de millones de trabajadores, cuya representación se determina a través de elecciones sindicales en las que, según los últimos datos oficiales correspondientes a 2013, se habrían elegido 297.252 delegados, de los que el 92,2% proceden del sector privado y el 7,8% del público, acumulando entre CC.OO. y UGT el 72,3% del total de los electos.
Cabe señalar que si bien los beneficios de la negociación colectiva (salarios, regulación de jornada, promoción profesional, prestaciones sociales…) son de cobertura universal, los costes materiales y humanos (30.000 negociadores sindicales, más los correspondientes técnicos y asesores) son asumidos exclusivamente por los sindicatos.
Tal es la grandeza y también la debilidad del modelo español de relaciones laborales que si, por una parte, permite alcanzar niveles de cobertura negocial e intervención institucional superiores al de muchos países de nuestro entorno, por otra desincentiva la participación directa y fomenta la de carácter delegado e instrumental.
Además de sus funciones centrales de negociación colectiva y atención individual a los trabajadores en las empresas, los sindicatos realizan otras de ámbito y orientación diferente, desde las ya clásicas de asesoramiento legal a otras de más reciente implementación, como las de prestación de servicios, prevención de riesgos laborales, formación, representación ante tribunales e instituciones…, de difícil cuantificación y escasa visibilidad mediática, pero que constituyen el núcleo central del sindicalismo de proximidad y dan respuesta a las necesidades y demandas de millones de trabajadores, como puede deducirse de algunos datos parciales, tales como:
- 5.000.000 de votantes en las elecciones sindicales
- casi 300.000 representantes electos con presencia permanente en más de 100.000 empresas,
- 90.000 delegados de salud laboral y prevención de riesgos
- más de 1.000 abogados laboralistas que atienden anualmente las consultas de unos de 500.000 trabajadores e intervienen e unos 100.000 juicios ante los tribunales y servicios de intermediación laboral, lo que representa en torno al 40% de la actividad jurisdiccional en el ámbito social
- 400.000 participantes en cursos de formación para el empleo gestionados por los servicios especializados de los sindicatos, para lo que han dispuesto del 7% del presupuesto de la Fundación Tripartita
Actividades todas ellas que los sindicatos realizan, fundamentalmente, con sus propios recursos materiales y humanos, con un alto componente de compromiso y voluntarismo pero que requieren, asimismo, de estructuras organizativas (locales, comités, federaciones…) y de servicios profesionales (técnicos, asesores, administrativos…), así como de contraprestaciones públicas (poco más 10 millones de euros en 2013, equivalente a 0’6 euros por trabajador y año) y disponibilidad de recursos humanos en términos de créditos horarios (0,09% de la jornada anual media) y “liberados” (4.000 aproximadamente, lo que supone apenas una tercera parte de los que correspondería de aplicar la ratio media europea de 3,5% sobre el total de delegados electos), para el ejercicio de sus funciones dentro y fuera de las empresas.
Se trata, en ambos casos, de dotaciones de recursos económicos y humanos legalmente reguladas por la normativa nacional e internacional, que sólo desde la ignorancia o la maledicencia pueden imputarse como causa o efecto de dependencias o corrupciones, si bien obligan a los sindicatos a extremar los controles y la transparencia en su gestión para evitar casos como el de los de los EREs de Andalucía que tanto daño han causado a la buena imagen de los sindicatos, pese a que las irregularidades investigadas por el Juzgado nº 6 de Sevilla afectan sólo a 144 expedientes, lo que equivale apenas al 0,01% sobre el total de 107.273 EREs en los que han intervenido los sindicatos en los últimos diez años.
Según la última Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, realizada en 2010 por el ministerio correspondiente, la valoración de la actividad sindical por parte de los trabajadores oscila entre un 29,1% que le otorga una puntuación baja (entre 0 y 3 en una escala de 10), el 44,3% que le da una nota intermedia (entre 4 y 6) y un 26,6% que la valora positivamente (entre 7 y 10).
Hay que hacer notar a este respecto que dicha valoración está directamente condicionada por la mayor o menor proximidad de la actividad, sindical de manera que la valoración positiva en las empresas que cuentan con representación sindical es prácticamente el doble de la registrada en las que no existe esta (30,6 y 18,0 por cien, respectivamente), invirtiéndose la relación en cuanto a la valoración negativa (23,2% en las empresas con representación sindical y 41,6% en las que no disponen de ella).
En consecuencia, la nueva estrategia sindical pasa por ampliar, hacia dentro, su acción de proximidad con los trabajadores en las empresas y mejorar, hacia fuera, la visibilidad de sus actividades respecto del conjunto de la ciudadanía con objeto de consolidar su legitimidad, reforzar la utilidad de su intervención entre los colectivos periféricos (parados, precarios…) y articular su convergencia con los movimientos sociales.
5.- Sindicatos y movimientos sociales
Se trata de una relación tan necesaria como difícil por cuanto, al menos en origen, ambos actores operan conforme a lógicas distintas y en escenarios diferentes.
El espacio de intervención del sindicalismo tradicional es el de la producción y relaciones laborales en la empresa fordista en torno al conflicto capital/trabajo, mediante la creación de organizaciones formales y sólidas, de carácter tanto defensivo como propositivo y estrategias societarias e instrumentales, que defienden derechos colectivos y articulan la negociación con la protesta.
Por su parte, el escenario de los movimientos sociales de la época post-industrial es el de la reproducción y la sociedad civil, en torno a demandas de tipo identitario y cultural, expresión de las nuevas subjetividades postmodernas, mediante procesos de coordinación flexible y movilización informal (“líquida” en la terminología de Bauman), así como estrategias de carácter simbólico y expresivo.
Tales diferencias contribuyeron a que en su fase inicial, desde finales de los años 60 a mediados de los 80 del pasado siglo, los denominados “nuevos” movimientos sociales (feminismo, pacifismo, ecologismo, contraculturales…) se desarrollaran al margen de, e incluso en ocasiones en conflicto con, los sindicatos a los que se tildaba de representantes de un “viejo” movimiento cuya potencialidad transformadora se consideraba agotada.
Dicha interpretación simplista, que ha contado incluso con cierto aval académico, pronto evidenciaría su debilidad analítica por cuanto el movimiento sindical demostró su capacidad de renovación incorporando a su agenda las principales demandas sobre igualdad de género, sostenibilidad medioambiental, etc., evidenciando en la práctica su compatibilidad con las de carácter laboral.
Mayores dificultades enfrenta el sindicalismo para la integración de los colectivos situados en la periferia del mercado de trabajo, tales como los parados, jóvenes precarios y estudiantes que son lo que, conforme a una lógica complementaria de acción colectiva, constituyen precisamente los principales protagonistas de los “novísimos” movimientos sociales de los últimos años (antiglobalización, 15M, indignados, PAH…), en cuyas redes sociales, tanto virtuales como reales, despliegan su sociabilidad, expresan su indignación crítica y exigen soluciones a sus demandas.
Pese a que asistimos a un proceso de aproximación creciente entre el sindicalismo y los movimientos sociales, que se manifiesta tanto en su coincidencia en movilizaciones ciudadanas (cumbre social, mareas, ILP anti-desahucios…) como en el significativo volumen de afiliaciones cruzadas (1 de cada 4 miembros de los sindicatos pertenece actualmente a otras agrupaciones sociales, según el CIS), la relación sigue siendo en cierta medida desigual, tanto por el plus de visibilidad de que gozan los nuevos y “novísimos” movimientos sociales respecto del sindicalismo, como por el reconocimiento asimétrico que se profesan (“…nosotros les queremos pero ellos no nos quieren”, en palabras de un viejo sindicalista) y que llega a contaminar incluso a cualificados representantes de movimientos alternativos con los viejos tópicos del discurso antisindical.
Si bien es cierto que dichos movimientos han hecho emerger nuevas realidades y demandas sociales e impulsado un nuevo ciclo de protestas, incorporando al mismo a colectivos débilmente vinculados al movimiento sindical, sigue siendo diferente el grado de compromiso e incluso riesgo (despidos, marginación laboral…), que comporta la participación activa en uno u otro movimiento y, sobre todo, su capacidad real de intervención sobre el núcleo duro de la desigualdad social, de manera que entre ambos movimientos existe una relación inversa en cuanto a la eficacia comunicativa e instrumental de sus acciones.
Y es que mientras los sindicatos y los sindicalistas participan diariamente en la gestión de conflictos, demandas, propuestas y negociaciones de los trabajadores de más de 100.000 empresas, actuando como contrapoder, defendiendo sus derechos y contribuyendo de hecho, en muchos casos, a la solución de sus problemas… su intervención apenas alcanza una mínima visibilidad, salvo cuando traspasa las puertas de la fábrica y ocupa el espacio público, escenario privilegiado de las perfomances de los nuevos movimientos sociales.
La crisis actual ha vuelto a poner en el centro del debate la cuestión social, la desigualdad rampante y el clivaje de clase que un discurso ideológico neoliberal trata de presentar como superado en la sociedad de emprendedores y clases medias, generando paradójicamente una paulatina re-materialización del conflicto (Alonso, 2009) que, incorporando los nuevos repertorios de protesta, hace posible, e incluso necesaria, la convergencia y articulación entre todos los movimientos que reclaman la dignidad del trabajo y la ciudadanía, recomponiendo la brecha entre lo expresivo y lo instrumental, al enlazar la lucha en torno a las viejas reivindicaciones obreras (empleo decente y con derechos) con la defensa de las nuevas demandas ciudadanas (educación, sanidad, vivienda, calidad democrática…).
En este sentido, el movimiento obrero cuenta con una larga tradición integradora de las demandas procedentes de otros colectivos, desde la defensa de los derechos civiles por los cartistas ingleses y los antisegregacionistas americanos, a la renovación que supuso el sindicalismo socio-político representado por las Comisiones Obreras en la lucha contra la dictadura o la más reciente formulación del social movement unionism, por lo que su actual estrategia de convergencia y articulación dista mucho de ser coyuntural u oportunista y representa la oportunidad de construir un nuevo bloque social que, recuperando como objetivo central de la izquierda la lucha por la igualdad (Bobbio, 2000), pueda hacer frente a la ofensiva neoliberal y contribuir a una alternativa progresista a la crisis económica, social e institucional que afecta gravemente a nuestro país.
Referencias citadas
Alonso, L.E. (2009) “Los nuevos movimientos sociales en la España del siglo XXI”, en P. Ibarra, Recuperando la radicalidad. Barcelona: Hacer Editorial, págs.. 173-207
Bauman, Z. (1999) Modernidad líquida. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica
Beneyto, P. (2012) Reivindicación del sindicalismo. Editorial Bomarzo
--- (2014) La representación de los trabajadores en la Unión Europea y España. Col. Estudios, nº 78. Fundación 1º de Mayo
Bobbio, N. (2000) Derecha e izquierda. Madrid: Suma de Letras
Bourdieu, P. (2000) Les structures sociales de l’économie. París: Seuil
Castel, R. (1997) La metamorfosis de la cuestión social. Barcelona: Paidós
CIS (2013) Barómetro de noviembre ‘2013. Estudio nº 3005
ETUI (2013) Benchmarkinng Working Europe 2012. Brussels: ETUI
Inglehart, R. (2006) Modernización, cambio cultural y democracia. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas
Pontusson, J. (2013) “Unionization, Inequality and Redistribution”, en British Journal of Industrial Relations, 51-4, pp. 797-825
Stiglitz, J. (2012) El precio de la desigualdad. Madrid: Taurus
Visser, J. (2008) Innequality and the labour market. Amsterdam: AIAS
Touraine, A. (2011) Después de la crisis: por un futuro sin marginación. Barcelona: Paidós