Revertir la expropiación de soberanía, nuestra tarea fundamental como pueblo

Los resultados electorales del 27S en Cataluña y el curso posterior de los acontecimientos han puesto de relieve que la crisis del régimen del 78 es más seria y profunda de lo que podía imaginarse. Para decirlo de forma sumaria: para una buena parte de la sociedad catalana se ha quebrado esa relación de confianza en el Estado español que se había establecido con el Estatuto de Autonomía. Confianza en que las relaciones de provecho mutuo -que son inherentes a cualquier fórmula de agregación humana-, eran perfectamente compatibles con el respeto a las singularidades culturales y a las aspiraciones de autogobierno tan intensamente vividas en esta sociedad.

No era la primera vez que ese vínculo de confianza, que había supuesto la Constitución desde su promulgación, se había roto. Con la reforma del artº 135º y su posterior desarrollo normativo, especialmente con la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, el PSOE y el PP abrieron una brecha histórica entre los sectores sociales que históricamente habían sostenido el consenso constitucional, en detrimento de los sectores más desfavorecidos.

La política de consolidación fiscal -con sus secuelas de recortes en el gasto público destinado a dar cobertura los derechos sociales- ha aumentado, hasta extremos desconocidos, la brecha de la desigualdad en nuestro país, erosionando profundamente la legitimidad del Estado y de la política entre amplias capas de la sociedad española. De modo que ni siquiera es verdad que la desafección hacia las instituciones venga exclusivamente por el lado territorial/nacional. Fue el 15M el primero que dio la voz de alarma ante las primeras muestras de las políticas austeritarias, luego constitucionalizadas con el acuerdo del PSOE y del PP.

Esta brecha no ha ido sino ensanchándose, aunque las élites gobernantes crean otra cosa, interpretando erróneamente la aparente pasividad de la sociedad civil para hacer oír sus protestas. No es pasividad sino un crédito de confianza para que los partidos políticos intenten arreglar los destrozos causados por las políticas austeritarias.

Las elecciones del 20D van a someter a una prueba de fuego a este margen de confianza. PP y Cs parecen querer centrar sus respuestas en una revisión de facto de los contenidos constitucionales -que si en lo referente a Cataluña se concretan en la activación del art 155º, en el resto de las CCAA se plantea como una recuperación de competencias en materias sensibles como al educación- y, en materia económica, en la consolidación de la política de estabilidad presupuestaria como la única posible, cerrando así la posibilidad de acometer una política contracíclica a favor de los sectores sociales más desfavorecidos.

Del lado de los partidos que pretenden defender los derechos y aspiraciones de estos sectores, se plantea como una necesidad ineludible abordar la consolidación de los derechos sociales como el objetivo primero de la acción de los poderes públicos.

Salvar los mejores contenidos de la Constitución del 78 en un nuevo marco constitucional que recoja e integre cosas que aquella no hizo: la consolidación de los derechos sociales y ambientales como condición de existencia de la igualdad proclamada entre los españoles; la división territorial del Estado y la naturaleza de las relaciones entre sus partes y con el Estado; la vinculación entre los derechos y la actividad económica puesta al servicio de la satisfacción de las necesidades sociales democráticamente definidas; la definición de los bienes comunes como bienes inajenables, y de los sistemas naturales como condición de existencia de la vida social.

La Constitución del 78 está agotada. Algunas de sus partes (p.ej. el soporte territorial provincial, que niega la igualdad del voto entre los españoles; el papel de vigilante de las fuerzas armadas y de su jefe sobre el poder civil; el modelo territorial del Tit. VIII; las funciones del Senado; etc.) resultan completamente inadecuadas para una sociedad que ha evolucionado mucho y que difícilmente puede hacer la síntesis política de sí misma con estas instituciones.

Esta es la hora de que la ciudadanía tome la palabra en el ejercicio de su condición soberana. Los viejos partidos arreglaron con nocturnidad y alevosía una contrarreforma en agosto del 2011, que niega de raíz los contenidos sociales y democráticos de la Constitución. Esa expropiación de soberanía debe ser corregida a través de un auténtico debate ciudadano, que asiente las reglas fundamentales de nuestra convivencia. Esa es nuestra tarea fundamental como pueblo y a ella tenemos que dedicar lo mejor de nuestros esfuerzos presentes.