¿“Cambio" regeneracionista o destituyente?

Por fin, después de un largo período de alternancia en el gobierno de partidos que han sido fieles cumplidores del triple “consenso” (sobre el pasado, el presente y el futuro) que sentó las bases del régimen del 78, así como de las reglas del juego que se fueron estableciendo luego en el marco de la eurozona y del brusco final del “capitalismo popular” a partir de 2008, las próximas elecciones generales anuncian la entrada en una nueva fase en la que las mayorías absolutas y el bipartidismo parecen tocar a su fin.

En efecto, el dato que parece más evidente es sin duda el relacionado con el acceso al nuevo parlamento de la nueva fuerza emergente, Podemos, y de la ya vieja conocida en Catalunya, Ciudadanos. Con todo, lo más relevante va a ser que ese nuevo escenario tetrapartidista -que seguirá siendo “imperfecto” (no olvidemos que determinadas fuerzas políticas “periféricas” pueden jugar un papel de “bisagra” o de disenso importante)- se va a seguir encontrando con un marco muy estrecho de cambio a mejor dentro del “sistema”, tanto en el plano socio-económico como en el del modelo de organización nacional-territorial del Estado.

Basta referirse a dos temas destacados en las propuestas de Podemos para corroborar este pronóstico: tanto la aspiración al blindaje constitucional de los derechos sociales y de determinados bienes públicos por encima del pago de la deuda como el compromiso de autorizar un referéndum en Catalunya sobre su relación con el Estado español chocarían abiertamente con los dictados del Eurogrupo y con la oposición de PP, Ciudadanos y PSOE, a pesar de los esfuerzos de éste último por desmarcarse de la vieja y la nueva derecha en ambas materias.

Lo primero ha quedado evidenciado tras la desgraciada experiencia de Grecia, pese al No a las exigencias de la troika que se expresó democráticamente en el referéndum. Ya lo dijo Jean Claude Juncker en un arrebato de sinceridad: “No puede haber opción democrática contra los Tratados europeos”. Ahora, en Portugal se abre una incógnita respecto a si se podrán desbordar los límites de la austeridad ordoliberal a partir del nuevo pacto de investidura del gobierno del Partido Socialista.

Será también responsabilidad nuestra no dejar solo al pueblo portugués en esa previsible nueva prueba de fuerzas frente a “las instituciones” europeas y globales, ya que de su desenlace dependerá también nuestro propio futuro.

Por consiguiente, si se quiere defender consecuentemente esos derechos sociales y el rechazo a los recortes y privatizaciones de servicios públicos que les acompañan, habría que diseñar una estrategia que asuma la necesidad de prepararse a la hipótesis de un choque con las reglas de la Constitución económica de la eurozona más pronto o más tarde.

Lo mejor sería no hacerlo solos sino aliados con otros pueblos y gobiernos buscando superar las discordancias espacio-temporales actuales. Empero, no parece que esto vaya a ser tarea fácil en un momento, además, en el que el clivaje libertad-seguridad vuelve al primer plano después de los atentados de Paris y en beneficio de los partidarios del “orden”.

En todo caso, el camino por el que apostar no puede ser el de la resignación y el de la opción por un falso “mal menor” sino el de la desobediencia a esas reglas y la apertura de brechas por las que avanzar hacia otro proyecto europeo. Si no lo hacemos, será la extrema derecha la que se aprovechará del malestar social creciente para ofrecerse como alternativa de gobierno en torno a un repliegue nacionalista xenófobo, como ya está ocurriendo en Francia.

Lo segundo ha sido repetidamente comprobado en los últimos tiempos si recordamos el peso que en la historia del nacionalismo español tiene su reafirmación a partir de 1898 en un sentido reactivo y beligerante frente a los nacionalismos “periféricos” y en particular, al catalán. La versión franquista llevó al extremo esa actitud y, luego, la salida consensuada (salvo en el caso vasco) del Estado autonómico no solo no resolvió el problema sino que hoy éste adquiere creciente gravedad ante el proceso de recentralización política a escala europea y estatal que se está aplicando utilizando como pretexto la “disciplina presupuestaria”.

El riesgo de un “choque de trenes” sigue estando presente y, al margen de quien gobierne en Catalunya, nuestro deber está en exigir el reconocimiento del derecho a decidir su futuro, incluida la independencia.

En esas condiciones, y salvo en el escenario improbable de que Podemos fuera la fuerza mayoritaria en el nuevo parlamento, no tendría sentido dejarse arrastrar por el mantra de la “vieja política” (la “responsabilidad de Estado”) para entrar en el juego de un nuevo “pacto social y político” que no parta de la resolución sin ambigüedades de los dos problemas mencionados y, por tanto, que no vaya más allá de la promesa de una reforma constitucional. Por no referirme a otras materias también controvertidas, cuya lista no parece necesario incluir aquí, que también deberían entrar en la agenda política de la nueva legislatura y que difícilmente generarán “consenso”.

Si la relación de fuerzas parlamentaria no permitiera tener no ya la mayoría sino, sobre todo, la hegemonía para una ruptura constituyente, lo coherente sería quedarse fuera de un hipotético pacto que únicamente podría aspirar a una “regeneración” de una “clase política” que seguiría siendo obediente al Eurogrupo y firme defensora de la “unidad de España”.

¿Significa esto que habría que resignarse ante ese proyecto “regeneracionista”? No, desde luego. Su frágil legitimidad para superar las debilidades de este régimen y recuperar un nuevo “consenso” sin las bases materiales –aunque fuera en el marco de un Estado del bienestar y autonómico menguante- de un “capitalismo popular” que ya no volverá, ofrecerá distintos frentes de conflicto a través de los cuales reconstruir una cultura de la movilización y del empoderamiento popular.

Habrá, por tanto, que poner la presencia en las instituciones al servicio de esas tareas con el fin de ir construyendo un nuevo sujeto colectivo dispuesto a desbordar un “reformismo sin reformas” (aunque con más contrarreformas) que difícilmente ofrecerá un relato ilusionante de futuro.

Así es como quizás podamos recuperar el hilo conductor con lo mejor de un “espíritu del 15M” que, aunque ya invisibilizado por los medios y relegado al olvido en muchas de las prácticas de la autodenominada “nueva política”, sigue presente en cantidad de actividades, luchas y redes sociales y, sobre todo, en la memoria colectiva de muchos y muchas de sus activistas.

En resumen, deberíamos fijarnos como objetivo acortar la vida de cualquier proyecto meramente restauracionista y seguir apostando por un horizonte de ruptura constituyente que necesariamente ha de ser plural tanto en sus sujetos protagonistas como en sus contenidos.