¿Qué oportunidades para el cambio en España, y qué límites?
Dolors Comas
Catedrática de antropología social de la Universidad Rovira i Virgili y presidenta de la Fundación Nous Horitzons
Si Rajoy no deja de ser presidente del gobierno en España después de las elecciones del 20-D, no hay cambios por mucho que se fragmente el mapa político y entren en escena nuevos partidos como Ciudadanos o como Podemos. Si el PP gobierna en coalición con Ciudadanos, tampoco hay cambios y si lo hace el PSOE (con Ciudadanos o sin ellos) me temo que tampoco. Claro que hay un aspecto elemental que se plantea en este debate y es la naturaleza de los cambios, porque algunos contribuyen a reproducir el mismo sistema político, mientras que hay cambios que inciden en la modificación del sistema político.
El sistema electoral conduce a una reproducción del bipartidismo, aunque sea con las muletas de otros partidos. Pero esto no es una novedad. Tanto el PSOE como el PP se han apoyado para gobernar en los partidos nacionalistas cuando no han contado con la mayoría absoluta. Después del 20-D puede que se apoyen en otros partidos, dadas las transformaciones de la geografía electoral.
Vivimos una situación en que los ciudadanos experimentan desesperanza, ansiedad, inconformismo e indignación con el estado actual de las cosas. La crisis económica ha sido aprovechada por los gobiernos de derechas (del Estado y de las Comunidades Autónomas) para efectuar cambios importantes en las políticas, y estos sí que están afectando al sistema directamente aunque no modifiquen los mecanismos de poder.
El Partido Popular ha llevado a cabo, en nombre de la Constitución, un verdadero proceso deconstituyente: recortes de derechos y libertades con la ley mordaza, cambios en la reforma laboral, impulso de las privatizaciones, ataques a los derechos de las mujeres, recentralización, aniquilación de la ley de la dependencia, privilegios para los sectores financieros, rescate de la banca privada con dinero público y abandono del necesario rescate ciudadano...
Lamentablemente el PSOE inició este camino con sus políticas económicas liberales, su sumisión a los dictados del austericismo liderado por Angela Merckel y un cambio-exprés de la ‘sagrada’ Constitución para prohibir el endeudamiento público. Todo ello aliñado con los casos de corrupción que han ido saliendo a la luz pública y con la exhibición de la falta de independencia de las instituciones reguladoras y los organismos judiciales, subordinados a la lógica del gobierno.
Las fisuras y agujeros del sistema político español han dejado al descubierto sus insuficiencias y podredumbre. No es extraño que mucha gente aspire a que las cosas cambien, pero este deseo de cambio se proyecta hacia actores múltiples dispersándose en el camino. Parece que Podemos ha perdido fuelle y que Ciudadanos lo ha ido ganando. El primero aspira a cambios sistémicos, el segundo no pero ofrece una imagen amable y moderna respecto a quienes han detentado el poder hasta hoy. El crecimiento del independentismo en Cataluña no es ajeno tampoco a este deseo de cambio, expresado en forma de ruptura con la España negra que el PP representa. Síntomas todos ellos de que la sociedad aspira a cambios, aunque la diáspora con que se traducen políticamente bien puede conducir a que nada cambie, o que cambie tan poco que se limite a un puro maquillaje.
Solo tres breves apuntes en relación a los cambios y a los sujetos políticos que los pueden liderar, apuntando sus posibilidades y limitaciones.
Los procesos de confluencia han permitido generar cambios de gobierno en ciudades españolas, algunas de ellas tan relevantes como Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia, Cádiz, A Coruña, Pamplona, Santiago o Badalona. Ofrecen un ejemplo interesante de sumar movimientos sociales y partidos políticos que no siempre se ha podido traducir en candidaturas equivalentes en elecciones autonómicas o en las propias elecciones generales en que el pacto entre Izquierda Unida y Podemos no ha sido posible. Mala noticia frente a la elevada valoración que hace mucha gente de la unidad.
Constatamos además que en muchas ocasiones las confluencias no son una suma, sino que algunos de los actores intentan arrebatar los lugares que ocupaban los partidos de izquierdas, se asocien con ellos o no. Se pierde así la oportunidad de construir nuevos sujetos políticos que agreguen la experiencia y la innovación.
El descrédito de los partidos políticos ha hecho posible este “quítate tú que me pongo yo” y ha logrado, injustamente a mi entender, desbancar de los primeros lugares de las candidaturas a personas con trayectoria política interesante para situar a personas desconocidas que, a pesar de su valía, no siempre tienen la capacidad de atraer la confianza ciudadana. Que el hecho de haber participado en la política sea un pecado es el pecado actual de las nuevas confluencias, pues contribuye a degradar la política al no hacer distinciones entre sus participantes.
Y como todo es relativo, dentro de unos pocos años los protagonistas de estas confluencias y que han llegado o llegarán a instituciones (ayuntamientos, parlamentos autonómicos, Congreso, Senado) ya serán políticos en ejercicio y legítimamente muchos de ellos aspirarán a continuar la labor iniciada. Estas nuevas confluencias han de aprender además a ser mucho más transparentes en su toma de decisiones: en un partido se conoce al menos quiénes las toman y como se toman.
Otro aspecto a tener en cuenta es el papel de las mujeres en los cambios. ¿O es que se pretende cambiar tantas y tantas cosas pero no el rol secundario que se atribuye a las mujeres? Parece que la presencia de las mujeres está más normalizada en las nuevas candidaturas de confluencia, con figuras relevantes en las alcaldías como Manuela Carmena o Ada Colau. Pero se observa en Podemos la dificultad de incorporar mujeres a sus estructuras organizativas y de encajar las demandas del feminismo.
El relato que confronta el ‘nosotros’ con la ‘casta’ convierte en potentes las propuestas contra la corrupción, contra las inercias constitucionales, contra la especulación y el poder arbitrario, pero no tanto las luchas contra las desigualdades de género, o las basadas en la orientación sexual o el origen.
Cuando el eje del discurso es la lucha entre los de arriba y los de abajo, determinados temas devienen secundarios necesariamente. Como señala Kerman Calvo en un artículo publicado en Agenda Pública, Podemos no ha conseguido articular el feminismo de forma transversal en su discurso social, a pesar de la pedagogía y trabajo interno que se está haciendo. Y esto se traduce en la percepción de sus votantes potenciales.
Según los datos de intención directa de voto de julio de 2015 (barómetro del CIS), el 15,3% de hombres está decidido a votar Podemos, frente a un 10% de mujeres, y en el barómetro de octubre de 2014 se reproducía la misma tendencia con una intención de voto más elevada: un 20% y un 15% respectivamente. Ningún otro partido presenta una diferencia tan remarcable. La conclusión es que las desigualdades entre hombres y mujeres continúan persistiendo, también en la nueva política.
Avanzar hacia una sociedad más justa y democrática solo se puede hacer con la participación plena de las mujeres, no sin ellas. No hay cambios significativos posibles si no se asume esta dimensión, que supone transformar la sociedad desde el reconocimiento y aportaciones de las mujeres.
El tercer aspecto al que me quería referir es a la situación de Cataluña. Distintos partidos están planteando cambios en la Constitución, y es inevitable tener en cuenta el conflicto que representa la elevada presencia del independentismo en Cataluña y la aún mayor presencia de catalanes que sin ser independentistas no se conforman con que continúe un estado de cosas que amputa las aspiraciones de autogobierno y relega la lengua y cultura catalanas a un estado secundario en reconocimiento y protección.
No es pertinente en este debate entrar en la coyuntura política que hoy se vive en Cataluña después del órdago lanzado con el anuncio de iniciar el proceso de desconexión con España. Sí quiero señalar que no hay solución de este conflicto si desde el gobierno español y las estructuras del estado se impide hacer un referéndum en que los catalanes expresen lisa y llanamente sus aspiraciones de futuro. Es la única salida existente hoy para desbloquear las graves consecuencias de la sentencia del Tribunal Constitucional del 2010, que arrebató la soberanía de todo un pueblo y deslegitimó al Parlamento de Cataluña, al Congreso de Diputados y al referéndum posterior.
Las soluciones que plantean el PSOE o Ciudadanos, basadas en pactos por arriba y reformando la Constitución sin antes haber hecho un referéndum en Cataluña, no son solución porque vuelven a tratar al pueblo catalán como un menor que no puede decidir por sí mismo. Un referéndum obliga al gobierno del Estado a poner sobre la mesa propuestas creíbles para conseguir un mejor encaje para Cataluña.
Y puestos a hacer predicciones, es muy posible que con un gobierno diferente el resultado no sería el triunfo de la independencia sino un encaje diferente de Cataluña como nación. El solo hecho de que el gobierno español impulsase un referéndum mostraría ya una comprensión de la situación en Cataluña inédita hasta el día de hoy y una voluntad de negociar que mucha gente valoraría, porque sería un síntoma de un verdadero cambio.