El cambio y el proyecto de futuro de la izquierda para España

El cambio pasa porque la izquierda tenga un proyecto de futuro para España que implique una transformación profunda –económica, política y social- que sea creíble para una mayoría de la ciudadanía para que les vote, y factible de realizar desde el poder alcanzado democráticamente.

El proyecto tiene que tener necesariamente una dimensión europea y tener en cuenta el marco global; sin sometimientos deterministas a los mismos; con capacidad de articulación con otras fuerzas políticas y sociales, europeas y mundiales, que se planteen la transformación democrática y social de dichos marcos; pero sin ingenuidad y con realismo respecto de los ritmos posibles del cambio europeo y mundial.

Me parece una obviedad decir que para avanzar por este camino –desde el poder democrático y desde una sociedad movilizada- es necesario que el proyecto lo sea de toda la izquierda; y que no se olvide que para determinados pasos, por ejemplo para la imprescindible reforma constitucional, se necesitarían consensos más amplios. Misión imposible con tantas condiciones, dirán algunos. No lo es para mí: el proyecto es difícil y complejo, pero posible. En todo caso, es la única vía para el cambio, en sociedades democráticas. Lo imposible es pretender realizarlo de otro modo. Porque, aunque me parece fundamental la movilización social –hay que reconocer la gran contribución del 15M para abrir la oportunidad de un cambio que conlleve una regeneración democrática- y pienso que hay que desarrollar fórmulas de democracia participativa, el único cambio posible tiene que ser pacífico y respetuoso con lo legalidad democrática, aunque haya que cambiar muchas cosas de esta última, pero no su esencia.

Mirando el panorama político de muchos países europeos que sufren también crisis políticas e institucionales de envergadura, que están promoviendo un auge, sin precedentes desde el fin de la 2ª Guerra Mundial, de partidos de extrema derecha, xenófobos, antieuropeístas, populistas o antisistema, tiene que reconfortarnos pensar que los dos partidos nuevos que han surgido de la crisis política española son Podemos y Ciudadanos. Todo un motivo para el optimismo.

Los tres principales factores de la política interna en el 20D

La importancia de las elecciones generales del 20 de diciembre radica en la confluencia de tres grandes factores de política interna en un contexto marcado por la crisis política del proyecto europeo, la crisis de seguridad en la región Mediterráneo - Oriente Próximo, plagada de guerras, conflictos y terrorismo -una de cuyas últimas manifestaciones ha sido la matanza que el pueblo de París acaba de sufrir a manos de terroristas del Estado Islámico-, y la crisis ecológica y de gobernanza global de nuestro planeta.

La crisis financiera y económica y su gestión por las instituciones europeas y los gobiernos de España, desde 2010, han hecho aumentar la pobreza y la desigualdad en nuestro país hasta niveles insoportables, al tiempo que han deteriorado prestaciones sociales y servicios públicos y reducido drásticamente el gasto público en las principales palancas para un cambio hacia un futuro mejor, como son la educación y el sistema de I+D+i. El segundo factor es el agotamiento del modelo político de la transición, condensado en la Constitución de 1978, por el efecto combinado de la crisis, una corrupción política muy extendida y el anquilosamiento de instituciones clave como el Parlamento.

El tercer factor es el desafío lanzado por el bloque de partidos secesionistas catalanes, nacido al calor de las dos crisis que acabo de mencionar, que el pasado 9 de noviembre declaró en el Parlament que creará, en 18 meses, una “República catalana” al margen de la Constitución y las leyes españolas y de la obediencia a los tribunales.

La crisis política de la Unión Europea es una crisis de proyecto de futuro, agudizada por la mala gestión política de la crisis económica, el resquebrajamiento de la cohesión entre países y de la cohesión social interna en muchos de ellos, y el auge ideológico y político de los nacionalismos en sus diversas variantes. La vergonzosa actitud de muchos gobiernos nacionales en la crisis de los refugiados, que ha impedido la adopción de una posición común de la UE sobre la base de valores democráticos y solidarios y del cumplimiento de la legislación internacional, es la última manifestación de esta crisis política. El próximo episodio puede venir con la negociación con el gobierno de Cameron sobre la permanencia del Reino Unido en la UE.

Es inevitable que la cuestión catalana sea un punto nodal de la campaña del 20D, cuando está planteada nada menos que la ruptura territorial del Estado español con todas las consecuencias que un trauma así arrastraría. Por eso, la izquierda, en lugar de lamentarse porque el terreno de juego pueda ser más favorable al PP si la cuestión catalana tiene un importante sitio en el debate electoral, debería formular sin complejos su proyecto de futuro para España, su proyecto para que la convivencia y la vida política vuelvan a ser atractivas y respetadas por una mayoría de la ciudadanía dentro de ella. Así se logrará que cuestiones esenciales como la construcción de un nuevo modelo productivo y los instrumentos para un reparto más igualitario de la riqueza puedan destacar como ejes principales del proyecto. Un proyecto de futuro para todos los españoles y las españolas, también para catalanes y vascos.

Igualdad y reparto de la riqueza base de la izquierda

Para lograr un reparto más igualitario de la riqueza hay que restaurar el valor de la negociación colectiva y el diálogo social, derogando la reforma laboral, y realizar una reforma fiscal integral que aumente con fuerza la progresividad y la suficiencia perdidas por nuestro sistema fiscal, al tiempo que se hace de la lucha contra el fraude y la elusión fiscales una prioridad absoluta en materia fiscal. Esta intervención decidida en los ámbitos primario y secundario del reparto de la riqueza permitirá también –vía aumento de los ingresos fiscales y por cotizaciones sociales- tener los recursos suficientes para fortalecer los servicios públicos y los sistemas de protección social, que también actúan como instrumentos para la igualdad. Este es, a mi juicio, el núcleo de cualquier política de izquierdas en una sociedad democrática, y lo que hoy necesita la sociedad española. Y es perfectamente compatible con otro gran objetivo de la política económica, la creación de empleo de calidad, que se logra favoreciendo la inversión, pública y privada, la demanda interna, y con medidas legales y contractuales que combatan la precariedad laboral. El pilar económico de una alternativa de izquierdas debe incluir también el proyecto de cambio de modelo productivo: política industrial para la construcción de una economía verde y productividad basada en el conocimiento. Para ello, la educación y un sistema robusto de I+D+i, bien conectado con la economía, son las palancas fundamentales.

Este pilar económico y social del cambio no será posible sin unos sindicatos fuertes, sin que se restaure la capacidad de acción de los interlocutores sociales. El fuego batido al que se ha sometido al sindicalismo de clase desde el comienzo de la crisis, y que ha incluido el “fuego amigo” de algunos sectores de la izquierda, solo ha favorecido los intereses de las élites económicas y políticas que la han gestionado. Por supuesto que, por su parte, el sindicalismo confederal tiene que aceptar las críticas justas que ha recibido, corregir sus errores y proceder a una renovación que refuerce su capacidad de organización y acción en un marco de organización del trabajo y relaciones laborales que ha sufrido profundos cambios en las últimas décadas.

Regeneración democrática y reforma federal del Estado

El segundo pilar de una propuesta de izquierdas para España es el de la regeneración de la vida democrática, que debe incluir medidas para combatir la corrupción, asegurar la transparencia de las instituciones –incluidos los partidos y las organizaciones sociales-, revitalizar la vida parlamentaria, promover la participación de la ciudadanía en la vida política, y asegurar una efectiva separación de poderes así como la independencia y neutralidad de las instituciones de gobierno y control de los distintos poderes del Estado y de los medios públicos de comunicación.

No creo que haya mejor fórmula para intentar superar el conflicto promovido por el nacionalismo secesionista catalán, y agudizado por el inmovilismo político del PP, que una reforma federal del Estado, que al tiempo serviría para renovar un modelo de distribución del poder territorial que ya ha cumplido su ciclo vital. Y esto es válido aunque, en un principio, todos los independentistas lo rechazaran de plano. De lo que trata es de buscar el apoyo de una mayoría de la población catalana y de la española. Modelos federales hay en el mundo que pueden servir, algunos cercanos como el alemán.

La reforma federal debe implicar que la ciudadanía de las comunidades-estados compruebe que, a través de sus instituciones propias, puede participar en la vida política y en las decisiones del Estado federal. También, que el sistema de financiación esté basado en criterios claros de equidad y justicia fiscal.

No comparto la opinión de las organizaciones de izquierda que han colocado en primer plano de su programa electoral la realización de un referéndum de autodeterminación; en Cataluña, o, incluso, abriendo la posibilidad a todas las comunidades autónomas. Preconizarlo significa que se sitúa, de entrada, la soberanía en la población de cada comunidad autónoma y no en el conjunto del pueblo español. Esto llevaría a que, en el nuevo modelo territorial que saliera de la reforma constitucional, el vínculo entre España y sus comunidades-estados sería, como mucho, confederal, con capacidad para separarse a voluntad de la parte. A ello se podría llegar, en el mejor de los casos, como consecuencia de un consenso constitucional, pero situarlo como condición de entrada es rendirse al nacionalismo independentista.

Reforma constitucional y consenso político

La amplitud y calado de los cambios políticos que acabo de esquematizar requieren una reforma en profundidad de la Constitución de 1978, para proceder a la reforma del Estado en un sentido federal, para promover la efectividad de los derechos sociales y laborales fundamentales y para anclar en ella los elementos más importantes de regeneración de la vida democrática. Sólo será posible si la izquierda vence el 20D, primero, luego es capaz de formular una propuesta común, y, más tarde, promueve un consenso más amplio para la reforma constitucional, con todo o parte del centro y la derecha. Misión difícil pero no imposible.

La Constitución de 1978 sigue siendo válida en aspectos esenciales y aunque su ciclo político esté agotado ha prestado servicios muy importantes a la sociedad española, también a los trabajadores. Aunque la transición tuvo errores –en relación, por ejemplo, a la memoria histórica del franquismo-, su valor político más universal -la búsqueda y el logro de un amplio consenso político para un cambio pactado y pacifico de la dictadura a la democracia que incluía el consenso constitucional como uno de sus elementos esenciales- sigue conservando su validez desde la perspectiva que ya le da la historia.

La reciente y justa concesión del Premio Nobel de la Paz al Cuarteto de Diálogo Nacional de Túnez, esa plataforma de la sociedad civil tunecina que, cuando el país estaba al borde de la guerra civil, promovió el acuerdo entre islamistas y laicos, que condujo a una Constitución laica y a que su país sea el único que mantiene la democracia tras el reflujo general de la Primavera árabe, me recordó vivamente los tres viajes que realicé a Túnez, invitado por la principal organización del Cuarteto, el sindicato UGTT, en los meses que siguieron a la revolución de enero de 2011 (entonces yo era secretario de internacional de CC OO). En todos ellos, los miembros de las delegaciones españolas hablamos de la transición política española.

El interés principal de los sindicalistas tunecinos, que habían promovido las movilizaciones que derribaron la dictadura de Ben Ali, era conocer experiencias de construcción pacífica de un sistema democrático. Y en Túnez sí hubo ruptura con la dictadura. Por supuesto que los momentos y situaciones son diferentes, y España vive en una democracia consolidada, aunque sumamente imperfecta. Pero cuando se viven crisis profundas, y España y Europa están en esa situación, el cambio duradero tiene que basarse en los máximos niveles de consenso o las más amplias mayorías posibles.

Algo sobre Europa

En los límites, ya extensos, de este artículo no puedo desarrollar la imprescindible dimensión europea e internacional que tiene que incluir cualquier propuesta de una izquierda transformadora y democrática.

Solo apuntaré que la Unión Europea requiere un cambio al menos tan profundo como el que necesita la sociedad española, y en su misma dirección. No sólo para que vuelva a merecer la pena un proyecto de integración, económica y política, necesario como pocos en el mundo a la luz de la historia europea, sino, incluso, para que pueda pervivir, superando todas las contradicciones que la crisis y su mala gestión han puesto de manifiesto.

Hay que ser conscientes que va a costar más que el cambio político que preconizo para España, porque las fuerzas políticas y sociales que pueden ser los actores de ese cambio todavía no acaban de ser conscientes de lo necesario que es actuar en dimensión europea. Tras los estragos económicos, sociales y políticos del austericidio, aplicado por procedimientos escasa o nulamente democráticos, la primera tarea política es construir una izquierda política y social europea que sea capaz de formular un proyecto político ambicioso de refundación política de Europa, en clave federal, social y democrática. Y mientras se alcanza una mayoría suficiente para ponerlo en práctica, hay que avanzar en aquello sobre lo que se podrían concitar ya mayorías europeas claras.

Por ejemplo, hacer que la eurozona vaya reuniendo los requisitos exigibles a cualquier “zona monetaria óptima” o impedir, sin más demora, que existan paraísos fiscales bajo jurisdicciones de la UE o que haya Estados miembros que practiquen descaradamente el dumping fiscal para que las empresas multinacionales paguen el 1% o menos de sus inmensos beneficios.

Lo primero que tiene que hacer la izquierda es recobrar el discurso, luchar por la hegemonía ideológica y cultural del mismo en la sociedad, y ser capaz de volver a formular proyectos globales de cambio coherentes.