Política seria al servicio del nuevo municipalismo
Carlos Javier Bugallo Salomón
Doctor por la Universitat de València
En mi anterior contribución al Debate, referida al tema de los servicios públicos, quise hacer hincapié en que no sólo el liberalismo económico (tanto de derechas como de izquierda) es un enemigo declarado de los servicios públicos, sino también, y quizás en mayor medida, la rutina, la mediocridad y la corrupción en la gestión de esos servicios.
Quiero ahora aportar unas reflexiones adicionales en torno a un servicio público que cada vez tiene más predicamento, y que servirá para ilustrar y ampliar lo dicho. Me refiero a la propuesta de crear una Banca Pública, que ya no es sólo una propuesta nacional, sino que, como nos revela el caso de Andalucía, lo es también autonómica.
En primer lugar se ha constatado que la idea ha sido muy bien acogida por todas las fuerzas progresistas españolas. Primero fue defendida, a través de la Plataforma por la Banca Pública, por compañeros de Attac y de Izquierda Unida; luego, fue planteada por Vicenç Navarro y Juan Torres en el documento económico para Podemos; incluso el líder de Izquierda Socialista, José Antonio Pérez Tapia, la ha apoyado públicamente.
Pero si la idea ha prendido con tanta rapidez no se debe únicamente a lo razonable de la misma, y a su indudable utilidad, sino también por el trabajo infatigable que desde la Plataforma por la Banca Pública hemos realizado para defenderla y justificarla. Aquí no ha habido improvisación ni amateurismo.
Me explico. Cuando hace pocas semanas se puso en contacto conmigo el grupo político de Compromís, y para conocer de primera mano las ideas de la Plataforma sobre este tema, tuve la ocasión de proporcionarle al diputado nacional Joan Baldoví -y luego a su asesor económico Paco Simó-, los siguientes documentos elaborados por miembros de la Plataforma: 1) borrador de los estatutos de una futura Banca Pública elaborado por José Santos Pulido, inspector retirado del Banco de España; 2) catálogo de las ayudas públicas recibidas por la banca privada, elaborado por Carlos Mato; 3) cuestionario de seguimiento de los avatares seguidos por Bankia, elaborado por mi amigo Juan Sotres (antiguo consejero de Caja Madrid); 4) dos documentos elaborados por mí, sobre la historia de las Cajas de Ahorro españolas y de la Banca Pública. Me satisface poder hacer público que, pocos días después, desde el grupo político de Compromís me informaron que habían aprobado apoyar la creación de una Banca Pública en el País Valenciano, aunque el modelo lo decidirían ellos.
En fin, quiero concluir con el que es mi grito de guerra particular:
El tiempo de los discursos se ha acabado: empieza el de los programas y el de la acción.