La planificación urbana, eje central de la nueva política municipalista

Plantea Borja (2015), en la ponencia que da pie a este debate, que “el contenido específico de la “nueva política” es la participación, la iniciativa popular, la movilización social” (parr. 10). No cabe duda de que esto es cierto, nadie puede negarlo, pero siendo este conjunto de actuaciones «necesarias» para caracterizar esa nueva política que empieza a prefigurarse en los estertores del Régimen del 78, por sí solas no son «suficientes».

La pieza clave para transformar el proceso destituyente impulsado por la ciudadanía en una acción de gobierno con voluntad constituyente, es la recuperación de la intervención directa en los ámbitos estratégicos de la economía por parte de aquellas instituciones que representen legítimamente los intereses de la sociedad civil.

Como bien apunta Borja, perder el miedo a los grandes proyectos, al proyecto (político) con mayúsculas, es condición sine qua non de la nueva política. Si algo caracteriza a nuestros viejos gobernantes es, por encima de siglas y etiquetas ideológicas, su entendimiento de la política como mera gestión de lo existente. «There is no alternative», que diría Margaret Thatcher.

Sin embargo, los últimos años de luchas y movilizaciones han servido para ampliar el horizonte de lo posible; imaginando, primero, y construyendo, después, alternativas viables a una realidad que, hasta hace poco tiempo, se nos mostraba como inamovible. Las conquistas de la PAH, la paralización del proceso de privatización de la sanidad madrileña liderada por la Marea Blanca o la victoria de los vecinos de Gamonal constituyen algunos de los episodios fundacionales de esa nueva política que ha empezado a abrirse paso y pretende, ahora, dar el salto a las instituciones.

Cualquier proyecto político verdaderamente nuevo debe estar comprometido, por supuesto, con la defensa de los derechos sociales por los que se han movilizado cientos de miles de ciudadanos. Pero, además, debe recuperar la tan denostada «planificación» como uno de los elementos centrales de la acción política.

En el ámbito de la política municipal, la planificación política está indisociablemente ligada a la planificación urbana. Si los ayuntamientos todavía conservan competencias sobre algún ámbito, ese es, precisamente, la ordenación del territorio. Así pues, la nueva política municipalista no puede renunciar a tener un proyecto de desarrollo urbano propio, un Proyecto de ciudad.

En las últimas tres décadas se han ido consolidando, hasta hacerse hegemónicos, los postulados neoliberales que defienden la superior eficiencia del Mercado frente al Estado en la asignación de recursos y funciones sobre el territorio; un dogma que se ha utilizado para justificar la “necesaria” limitación del papel del gobierno de la ciudad. Sin embargo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis financiera agravada por ésta, han demostrado que limitar, e incluso retirar, el control público sobre cualquier actividad económica conduce ineludiblemente al desastre.

Si no existen controles públicos o estos son muy laxos, los mecanismos de producción del espacio urbano tienden a profundizar las desigualdades entre personas y áreas geográficas. Esto es, cuando no están sometidos al control público, los procesos de conformación del medio urbano se orientan, como sostiene Secchi (2015), hacia la redistribución regresiva de los recursos en favor de los grupos que concentran un mayor poder económico y político.

En este sentido, para construir una ciudad que no sitúe los intereses de las oligarquías por encima del bien común, es imprescindible desarrollar una acción de gobierno decidida a limitar los privilegios de esas minorías. Esto resulta particularmente difícil en las sociedades occidentales contemporáneas, regidas por un complejo entramado burocrático diseñado para favorecer los intereses de las clases dominantes. De ahí que los investigadores interesados en la planificación urbanística y en las políticas sociales puedan entender que, en las actuales circunstancias, queda muy poco espacio para cualquier planteamiento transformador que no pase por prácticas revolucionarias (Soja, 2014).

Sin embargo, como señala Harvey (2003), “la globalización neoliberal sin trabas ha creado tal «torbellino de contradicciones en el escenario mundial, que ha abierto inconscientemente diversos caminos hacia una política progresista y universalizadora»” (p. 94). En este contexto, la recuperación de la política como instrumento al servicio de las mayorías aparece como el único camino posible para la recuperación de la polis.

No cabe duda de que no es tarea fácil, pero no estamos solos. Cuando casi nos habían convencido de que la Historia había llegado a su fin y la Revolución era cosa de otros tiempos, cientos de miles de indignados de todo el mundo salieron a la calles y ocuparon las plazas para recordarnos que el restablecimiento de la democracia pasa por la reapropiación del espacio urbano y la defensa incondicional del derecho a la ciudad.

Pero la movilización es solo el primer paso. Para superar las lógicas neoliberales de ocupación del territorio y recuperar la ciudad como espacio de integración y convivencia colectiva es imprescindible reivindicar, sin complejos, la existencia de planes integrales de desarrollo metropolitano –gestionados por las instituciones democráticas y sometidos a un permanente control ciudadano– que estén al servicio del bienestar colectivo y sean capaces de orientar el proceso de producción del espacio urbano hacia una redistribución justa de los beneficios que éste genera.

La ciudad es un territorio esencialmente conflictivo y, en gran medida, las decisiones de gobierno exigen un posicionamiento entre intereses enfrentados. Es imprescindible poner en práctica una decidida política redistributiva a partir de la reasignación –directa o indirecta– de los recursos y plusvalías generadas por el proceso de urbanización. Pero aplicar esta política supone confrontar con los principales operadores que intervienen en la producción del tejido urbano y con los propietarios de suelo; pero también con buena parte del aparato burocrático del propio Estado así como, y muy especialmente, con aquellos órganos que pretenderán seguir tutelando la acción de los Ayuntamientos.

No hay atajos ni soluciones mágicas. Solo una ciudadanía comprometida con un proyecto democrático de cambio y una firme voluntad política de hacerlo posible. Ese es el camino.

Referencias bibliográficas

Borja, J. (2015, Abril). Municipalismo: Cómo cambiar las ciudades. Público, edición digital. Recuperado el 1 Mayo, 2015 de www.espacio-publico.com/municipalismo-como-cambiar-las-ciudades

Harvey, D. (2003). Espacios de Esperanza. Madrid: Akal (C. Piña, trad.). Edinburgh: Edinburgh University Press (Obra original publicada en 2000).

Secchi, B. (2015). La ciudad de los ricos y la ciudad de los pobres. Madrid: Catarata (T. Arenillas y F. López, trads.). Gius: Laterza & Figli (Obra original publicada en 2013).

Soja, E. (2014). En busca de la justicia espacial. Valencia: Tirant Humanidades.