La Necropolítica contra el Estado de Alarma

¿El ocio o el negocio? No hace falta estar bajo la influencia de Paul Lafargue para hacerse esa pregunta. En tiempos de peste se habla siempre mucho sobre el dilema de si debe preservarse la salud a base de otium o si debe preservarse la economía gracias al nec-otium. En ocasiones como las actuales, el otium preserva la vida y el nec-otium supone su negación, y en una sociedad que cuenta treinta mil muertos a causa de la pandemia, tendría que estar ya claro que las vidas de las personas deben interesar más que la preservación de unos cuantos negocios, empleos, o márgenes de explotación de un puñado de empresarios grandes o pequeños.

Con solidaridad, la acción política puede reconstruir los negocios y los empleos destruidos; las vidas que se pierden, en cambio, no pueden ser restituidas por ninguna clase de acción humana, política, médica, o lo que sea. Con todo, parece ser que algunos no quieren darse cuenta. Nos habíamos propuesto un plan de desescalada gradual, asimétrico y sin fechas, con un calendario que reflejase la evolución de cada territorio, pero las presiones del lobby empresarial sobre el gobierno no se han hecho esperar: se acabó la asimetría, y ya hay fechas para el regreso de casi todo. Como decía hace unos días un ex-ministro socialista: “a finales de junio, todos a la playa, y en julio los turistas extranjeros”. Spain is different.

Dos Modelos de Administración de la Crisis.

Tan creativa en los años treinta a la hora de buscar soluciones a la Gran Depresión, Suecia da hoy muestras de estar en manos de un puñado de chicos que se creen más listos que nadie pero hace tiempo que han perdido el rumbo. Aunque no hay comunidad desprovista de alguna clase de aparato inmunitario, no entienden que nada hay menos inmune que una comunidad de seres vivos. No hay enfoque más individualista y necio que el de la inmunidad de rebaño. La vida es sólo posible, pero no necesaria, de modo que todo cuanto vive debe siempre algo a alguien, pues sólo la muerte de los vivos o la muerte social (el aislamiento y la supresión del prójimo) garantizan la plena inmunidad.

De sobra conocido por todas las viejas naciones de Europa, el dilema entre salud y comercio lo ha planteado en estos días con extrema claridad el periodista italiano Roberto Buffagni. Me hago eco de su argumento con el fin de emplearlo después para sustentar el mío. Buffagni alude a dos modelos de gestión. El primer modelo no requiere medidas de restricción de las libertades, y no combate el contagio, sino que lo confía todo a la curación de cada uno de los infectados. Es el camino tomado por Brasil, Estados Unidos, Suecia y, al menos hasta el cambio de rumbo, el Reino Unido. El otro modelo implica el empleo de severas medidas de restricción de las libertades, y busca combatir el contagio con dispositivos de emergencia y aislamiento que normalmente requieren la suspensión de algunos derechos de la población. Es el camino emprendido por China, Corea del Sur, Italia o España. A mí juicio Francia y Alemania han vivido esta pandemia con un pie puesto en cada modelo.

Optar por el primer modelo significa dar prioridad a la ventana de oportunidad inmediata, eligiendo de forma consciente el sacrificio de una parte de la propia población, cuya cuota dependerá de la velocidad de propagación del virus, de la capacidad de respuesta de sistema sanitario del país, o de la composición demográfica de la población. Se trata de una estrategia basada en el cálculo de costes y beneficios que busca evitar los costes económicos devastadores de la estrategia alternativa. El peaje del modelo es una cuota de población de antemano condenada por ser enfermos o ancianos pero que, al estar fuera de la estructura productiva de la sociedad, no sólo no comprometen el funcionamiento de la economía, sino que lo favorecen (por ejemplo, aliviando costes sociales en asistencia sanitaria y pensiones, o alimentando el proceso de transmisión inter-generacional de la propiedad al poner los activos en manos de jóvenes más propensos al consumo y a la inversión).

El triage bélico de masas busca mejorar la relación de fuerzas de los países que lo adoptan frente a sus competidores que, si han optado por el otro modelo, tendrán que descontar altísimos costes económicos. Sólo mediante una fuerte dirección política, una concepción despiadada del interés nacional, y una fuerte disciplina social, puede abrirse paso el modelo de guerra encubierta basado en la promesa de sangre, sudor y lágrimas que considera que los competidores son en realidad enemigos.

Por otro lado, es posible que no haya un enfoque más comunitario que el que busca proteger a cada individuo de la amenaza de la enfermedad. Aunque para ello haya que suprimir —precisamente— las relaciones de comunidad, el segundo modelo adopta un enfoque comunitario, basado en el respeto por las generaciones precedentes, y de largo plazo, privilegiando la cohesión social sobre los costes de corto y medio plazo derivados de la renuncia a aprovecharse de las dificultades de los adversarios. Desde luego, habrá campeones de la libertad que sigan creyendo que quienes proponían cilicios y flagelos contra la peste en nuestro pasado preindustrial eran los mismos que promovían los confinamientos y los encierros, pero la experiencia del mundo pre-moderno muestra que, en cuanto llegaba la peste, los de los cilicios y los flagelos se oponían a las medidas de distanciamiento social que eran, ayer igual que hoy, las únicas que funcionaban. Por eso el segundo modelo sólo funciona sobre la base de un sentido profundamente comunitario del civismo, claramente contrapuesto tanto a la noción cristiana de persona como a la noción liberal de individuo.

Pues bien, conforme la pandemia ha ido progresando, ambos modelos han mostrado también sus contornos con cada vez mayor claridad. Con cien mil muertos encima de la mesa, la administración Trump, que rehusó poner en vigor la Defense Production Act para proteger a la población de la pandemia, no ha dudado en invocar una ley contrainsurgente de 1807 para declarar la ley marcial y poder emplear al ejército para sofocar las protestas anti-racistas en las calles de decenas de ciudades. En España, se han visto en el conflicto aflorado entre una administración central que, presionada por la derecha económica, vaciló al principio sobre si la adopción del segundo modelo era lo más prudente, pero que, una vez adoptado, se ha encontrado frente a la oposición de ciertos gobiernos regionales que se hacían eco de los intereses de corto plazo de la derecha económica. Ni la decisión —correcta— del inepto gobierno de la región de Madrid de suspender la docencia presencial en el mes de marzo acalló a la caverna empresarial que vociferaba por volver cuanto antes al trabajo, ni los planes de “desescalada” del gobierno central que ha decretado el estado de alarma han silenciado a los que pensamos que es mejor ir despacio que deprisa, aunque algunos empresarios tengan que dejar de ganar. La amenaza del conflicto proviene ahora de los sectores que quieren seguir siendo prósperos aunque la patria esté en peligro de muerte, antes que ser algo más pobres en una patria superviviente y, tal vez, próspera de nuevo en el futuro.

La Tentación del Gobierno Fuerte.

“No puedes ir a enterrar a los tuyos, pero tu empresario puede obligarte a ir a trabajar”— leíamos hace poco quejarse a un activista en las redes sociales. Incluso si ir a trabajar no es seguro. Bien, pues para eso ha venido el estado de alarma: para que los empresarios, siempre partidarios de que todos menos ellos trabajen, no puedan hacerlo. El estado debe garantizar la vida, porque cuando la vida no está garantizada es la legitimación del estado y la obediencia/consenso de los ciudadanos lo que está en peligro.

Con un parlamento que funciona a medio gas y un gobierno con poderes ampliados bajo el artículo 116, que adopta medidas de auto-abastecimiento, bienestar e investigación que los gobiernos anteriores deberían haber adoptado hace tiempo, no puede dejar de impresionar el sinsentido de que en España sea un gobierno de izquierda el que ha impuesto el estado de alarma, y el lobby empresarial apoyado por partidos de ultraderecha —el PP y su periferia— sea el que conspira para acabar con el estado de alarma y hacer caer al gobierno. Siempre habíamos creído que los defensores de los milicos con gafas oscuras secuestrando ciudadanos inocentes y dando culatazos a los izquierdistas en medio del estado de sitio eran precisamente los de las banderas monárquicas. Pero el mundo ha cambiado: los de las banderas monárquicas de hoy siguen siendo muy de derechas, pero ahora se han hecho partidarios del libre mercado. Son liberales, pero sólo en lo económico, y la retórica de la libertad quiere decir libertad para hacer negocios.

No nos engañemos. Aunque el mundo ha cambiado, y los golpes de estado ya no los perpetran militares ultraderechistas con gafas oscuras, sino brokers y especuladores a golpe de teclado, es la historia de siempre. Para los que en estos días salen a la calle demandando al gobierno la devolución de sus libertades constitucionales, el virus no es el problema. El problema son los pobres. ¡Es peligroso ser pobre, amigo! cuando te dejan suelto, propagas la enfermedad, y cuando se te protege para que dejes de contagiar, entonces le sales muy caro al erario público. Y claro, la derecha económica no está aquí para pagar impuestos, sino para ganar dinero. De ahí la obsesiva fijación de los empresarios por poner a trabajar a todos cuantos no puedan sostenerse con sus propias rentas. Por eso Duterte ordena que se dispare a matar sobre los pobres en Filipinas, Viktor Orbán cierra el parlamento de Budapest para que nadie le pueda preguntar por lo que está haciendo con ellos y, en España, una legión de periodistas a sueldo de las mafias empresariales se esfuerzan por hacer caer al gobierno más social de Europa, por el medio que sea.

Aunque tampoco es que los jefes de los de las cornetas hayan dado más muestras de probidad. Nuestros antiguos lo sabían mejor que nadie: la mayor parte de las veces, la ciudad no se defiende porque esté unida; lo normal es que si está unida es porque tiene que defenderse. Todo político, es verdad, sueña con ponerse al frente de una nación bajo asedio. Es el estado óptimo para asegurarse una posición de liderazgo, pero esa ley elemental que todo meneur des foules conoce no nos debería conducir, desde luego, a empezar a "matar virus a cañonazos". Una crisis sanitaria ni es ni debe ser la continuación de la guerra por otros medios. Aquí, en España, de un ejército que en 400 años no ha ganado ni una sola guerra —excepto las que ha librado contra su propio pueblo— sólo nos sirven los soldados que limpian con una escoba, no los que están subidos en un Eurofighter. A muchos ciudadanos incluso nos molesta esa retórica cuartelera y chulesca que quiere que todos los días sean lunes, que todos los ciudadanos seamos soldados, o que ha obligado a los pacientes en el complejo de IFEMA a escuchar el himno monárquico dos veces al día. Nos molesta porque sabemos que la vida civil no es sólo lo contrario de la vida militar, sino que lo civil es también lo contrario de lo incivil. Nosotros, los apestados, no necesitamos de más policías o generales, sino de más enfermeras.

De modo que ni los de “libertad para mí, contagio para todos los demás” ni los de las cornetas que sueñan con convertir a todos los ciudadanos en soldados son un ejemplo de civismo democrático. Con todo, habrá que reconocer que no son los de las cornetas la principal amenaza que se cierne ahora sobre nosotros. Ahora que el mundo que teníamos se nos ha roto y la maquinaria global del capitalismo se agrieta es previsible que los capitalistas tengan miedo y quieran gobiernos “fuertes”. Ahí nos damos cuenta de que los opositores al régimen de depredación capitalista sólo ganamos —cuando lo ganamos— el gobierno, pero nunca ganamos el poder. En España, digámoslo de una vez, el poder continúa invariablemente en manos del mismo estado terrorista, negacionista y corrupto, manejado por esa mafia inmobiliaria y mediático-financiera al servicio de una oligarquía nacionalista, analfabeta y violenta, que no dudará en sacrificar la paz social por sus márgenes de explotación o incluso en alimentar la guerra de exterminio contra su propio pueblo desde el mismo momento en que vean sus privilegios amenazados. Ahora, bajo el estado de alarma, es igual: preferirán la economía a la salud, preferirán la muerte de miles a la supervivencia de los sectores menos productivos de la sociedad si con ello pueden salvar sus negocios. Preferirán la necropolítica a la protección de la vida.

Dos Modelos de Excepcionalidad, o Provea el Cónsul a que la República no Sufra Daño.

Reconocida la necesidad de las medidas de aislamiento social, el sentido de la ecuanimidad exige reconocer también los riesgos que corremos. No es posible negar la existencia de una tendencia creciente a utilizar el estado de excepción como paradigma normal de gobierno. Viene de muy atrás. En sus comentarios a Tito Livio (I: 34), Maquiavelo aseguraba que nunca será perfecta la república que con sus leyes no ha previsto todo y que a cada accidente no ha puesto de antemano el remedio y dado el modo de gobernarlo. Por consiguiente —sentencia el filósofo— “Videat consul, ne respublica quid detrimenti capiat”, pues “mientras el dictador fue nombrado de acuerdo con el ordenamiento público, y no por autoridad propia, hizo siempre bien a la ciudad” [“il dittatore, mentre fu dato secondo gli ordini publici e non per autorità propria, fece sempre bene alla cittá”]. No debemos escandalizarnos. Más tarde, la defensa mitigada de la prerrogativa gubernamental (praerogativa regis) propuesta por el liberal John Locke en el capítulo XIV de su Segundo Tratado, se anticipaba en menos de un siglo al reconocimiento, por parte del propio Kant, del estado de necesidad como fuente primaria del derecho.

Ese mismo estado de necesidad es recogido por la cultura jurídica de todas las naciones de Europa que han regulado constitucionalmente los distintos estados de emergencia: inter alia, la constitución francesa (art. 16), la constitución de Bonn (art. 115), y la constitución española (art. 116). Sólo la constitución italiana de 1948 no prevé normas que regulen el estado de excepción. Habrá que hacer distinciones. Decir que Macron, que heredó sin pestañear el estado de excepción declarado tras los atentados de París en noviembre de 2015, muestra inclinaciones totalitarias no parece descabellado. Aunque las demás democracias europeas tampoco pueden sacar pecho, sí es descabellado, en cambio, imputar tales inclinaciones a la Canciller alemana, que ha manejado la emergencia sanitaria con leyes ordinarias y sin recurrir al artículo 115 de la constitución federal de 1949.

Describir a Pedro Sánchez o a Giuseppe Conte como dictadores comisarios sería igual de ridículo, aunque el primero se haya servido del estado de alarma y el otro no. Me explico. Aunque, el miedo al rebrote del virus fascista está bien presente en la cultura constitucional de Alemania y de Italia, la constitución alemana está provista de un artículo (al que el gobierno no ha recurrido) para regular el estado de excepción y, como alternativa al estado de excepción, Italia dispone —en el artículo 77 de su constitución republicana y antifascista— del mecanismo del decreto legislativo de urgencia (“provvedimenti provisori con forza di legge”), que presenta, paradójicamente, no pocas continuidades con el pasado fascista de la península.

¿Y España? En España están presentes ambos mecanismos. Por un lado, el 116 de la Constitución de 1978 contempla los estados de alarma, de asedio y de excepción, y la Ley Orgánica 4/1981 que los desarrolla —redactada en plena resaca de la tentativa involucionista fallida de febrero de 1981— prevé severas limitaciones de los derechos ciudadanos pero también fuertes controles del ejecutivo en sede parlamentaria. Por otro lado, los ciudadanos que conviven bajo la administración española también han heredado del franquismo (y de otras experiencias con caudillos precedentes) una preferencia poco disimulada por parte del poder ejecutivo del estado por el decreto-ley, pródigamente empleado desde el final de la dictadura por gobiernos progresistas y conservadores por igual.

Exactamente igual que en el célebre artículo 48 de la Constitución de Weimar que, sin hacer referencia explícita al estado de excepción, facultaba al presidente del Reich para suspender total o parcialmente las libertades de expresión, de reunión o de asociación, fue también notoria esta misma discrecionalidad en los artículos 42 y 80 de la Constitución de la II República Española.

El problema no está, por consiguiente, en decretar el estado de alarma. El problema surge, en efecto, cuando el decreto legislativo de urgencia, antes sólo un instrumento de derogación o de producción normativa excepcional, se convierte en una fuente ordinaria de producción del derecho. Cuando el decreto de urgencia se convierte en un procedimiento de gobernanza habitual, nos aproximamos al estado de excepción y —como escribió el filósofo Giorgio Agamben, 2003: 27— entonces la democracia parlamentaria corre el riesgo de convertirse en una democracia gubernamental.

Incluso en Italia, donde el Estatuto Albertino de 1848 no hacía referencia al estado de excepción, los gobiernos del período de construcción del estado nacional italiano recurrieron muchas veces a la declaración del estado de asedio: Palermo, Nápoles, y toda Sicilia entre 1862 y 1898, o durante el terremoto de Reggio-Calabria y Messina de 1908. Las razones de la preferencia gubernativa por el estado de asedio eran, naturalmente, de orden público: se trataba de evitar las escenas de saqueos o asaltos a los hornos milaneses que Alessandro Manzoni había descrito en Los Novios. Los fascistas de varias latitudes resolvieron la cuestión confiriendo el estatuto de fuerza de ley a las deliberaciones del consejo de ministros en casos de urgente o absoluta necesidad. Aunque hubo —como en la Italia fascista— cláusulas que obligaban al gobierno a presentar sus decretos al parlamento, la pérdida de autonomía de las cámaras convirtió en superfluas todas esas cautelas.

La Derecha preferiría una Dictadura Soberana.

Esta es justamente la cuestión. ¿Qué quieren decir los partidos de la extrema derecha española cuando hablan de volver a “la legislación ordinaria”? ¿Se refieren a la Ley General de Salud Pública de 2011, a la Ley de Seguridad Nacional de 2015, o a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana de 2015, que permiten poner en cuarentena a grupos específicos de población, pero no permiten confinar poblaciones enteras? Más que a las leyes de salud pública, se refieren, en efecto, a toda la panoplia de leyes represivas de Rajoy y sus ministros ultraderechistas de interior y justicia. Esas leyes son las que se quieren emplear, para que los empresarios puedan continuar con sus business as usual, los trabajadores puedan ser devueltos a sus puestos de trabajo, y los enfermos puedan ser confinados en sus casas, o donde sea, para que, en su caso, vayan muriendo a su ritmo. Buscan que los propietarios tengan garantizado su derecho a contagiar, mientras que los integrantes de les clases dangereuses, si están enfermos, sean obligados a confinarse y si no lo están, entonces estén obligados a trabajar y a dejarse contagiar. Quieren decir poner a la gente a trabajar mientras los vivos entierran a los muertos.

Con todo, puede que la derecha española que ahora se subleva contra el estado de alarma tenga razón en una sola cosa: el recurso a los poderes excepcionales en momentos de crisis política tiende a eludir el principio constitucional según el cual los derechos de los ciudadanos deben poder ser limitados sólo mediante las leyes. Olvidan, sin embargo, que la práctica de los gobiernos (como los de Italia y España) que han afrontado la represión del terrorismo con leyes de seguridad ciudadana como la Ley Moro en Italia, o la infame Ley Corcuera en España, tiende a diseños legales reforzados de urgencia constitucionalmente garantizada, en un marco notablemente autoritario, y refractario a la mínima transparencia, mientras que el recurso al estado de alarma, de asedio o de excepción se encuentra —al menos por el momento— muy calibrado en los ordenamientos constitucionales que exigen al ejecutivo someter las medidas de excepción a un riguroso control parlamentario. Bajo el 116, los derechos no se limitan; simplemente se suspenden.

En otras palabras: el camino hacia la dictadura soberana puede ser incluso más fácil con el decreto-ley que el que conduce a la dictadura comisaria por medio de los emergency powers. Sólo desde ahí es posible entender por qué la derecha prefiere la legislación ordinaria, el Código Penal y la Ley Mordaza al estado de alarma. Es un asunto que va claramente más allá de la protección de los negocios a costa de la negación de la vida. Es ideológico.

Soberano es quien decide sobre el estado de excepción; eso está claro. Ahora bien, es más fácil llegar a la dictadura soberana por medio del decreto gubernamental de urgencia que por medio del estado de excepción sujeto a vigilancia por parte del legislativo. Conforme el poder ejecutivo y el poder judicial del estado fagocitan de hecho al poder legislativo —que debía ser, a juicio del liberal John Locke, el poder supremo del estado— tanto en la cultura del estado de excepción, como en la cultura del decreto gubernamental, el principio de la división de poderes tiende a debilitarse. No es que Pedro Sánchez o Giuseppe Conte se hayan convertido en ejemplos de dictadores rei publicae constituendae, sino que los parlamentos de la Carrera de San Jerónimo y de Montecitorio ya no son los órganos soberanos a los que concierne en exclusividad el poder de obligar a los ciudadanos por medio de las leyes, y con frecuencia se limitan a ratificar los decretos emanados del poder ejecutivo.

Pese a todo, las medidas de emergencia de la administración española se encuentran sometidas a un control parlamentario al que es difícil encontrar sometido a ningún otro gobierno de Europa. A los demócratas no nos gustan los ejecutivos fuertes, y eso debería ser una buena noticia. Con todo, la tendencia general es inequívoca: no una democracia parlamentaria sino una democracia gubernativa en sintonía con esa democracia liberal europea que —como escribe Giorgio Agamben, 2003: 28— hace tiempo que ha extraviado su propio canon. Se trata de una transformación que, aunque bien conocida por los juristas y politólogos de occidente, ha quedado por completo fuera del campo de visión de la mayoría de los ciudadanos.

En efecto, aunque el cronista de La Peste de Albert Camus dijera que “con el miedo, también empezó la reflexión”, nuestra impresión aquí es justamente la contraria. La epidemia vuelve a ofrecer el pretexto ideal para que el estado de miedo que se ha propagado en los últimos años en las conciencias de los individuos se traduzca en una preferencia real por gobiernos fuertes. Así, en un círculo vicioso perverso, la limitación de la libertad impuesta por los gobiernos es aceptada en nombre de un deseo de seguridad que ha sido con frecuencia inoculado en las conciencias de los ciudadanos por los mismos gobiernos que ahora intervienen para satisfacerla.

Habiendo agotado el terrorismo como causa de las medidas excepcionales, la aparición de una epidemia ofrece el pretexto ideal para extenderlas más allá de todos los limites, y las mascarillas, en otras latitudes llamadas “cubre-bocas”, proliferan como la metáfora perfecta de la voluntad que el poder —no sólo el poder político— siempre tiene de hacer callar a todos los ciudadanos.

Viejos y Nuevos Estados de Vigilancia.

La cuestión de las libertades ha surgido sobre todo a partir de los retos planteados por la difícil trazabilidad de la transmisión. Las soluciones tecnológicas implican sacrificios de la privacidad individual en medio de un estado de alarma que —recordémoslo— nunca ha puesto en suspensión el estado de derecho. En Asia, donde la orden de cuarentena quiere decir cuarentena estricta, no hay conciencia crítica contra la vigilancia digital. Allí hemos visto involucionar durante la pandemia a esa democracia vigilada que es Singapur, y cuya ley de enfermedades infecciosas obliga a los ciudadanos a cooperar con la policía, mientras sabemos que grandes transnacionales como Google, Apple o Facebook acumulan montañas de datos que podrían ser empleados —como en los escenarios distópicos y futuristas de la serie televisiva Black Mirror— para organizar una vigilancia intrusiva de masas.

Todos vemos la inquietante continuidad entre las tecnologías de vigilancia digital que se han empleado “para luchar contra el terrorismo” y las que ahora se quieren emplear para el control de los portadores del virus o de los enfermos. La CoViD-19 ha sido la primera enfermedad global contra la que se busca luchar “digitalmente”. Ello abre la puerta al escenario distópico de la vigilancia digital masiva que, si se generaliza, es posible que, tras la pandemia, algunos quieran convertir en parte de la “nueva normalidad”. ¿Podrán los gobiernos, las administraciones, los banqueros o los dueños de las empresas acceder a los expedientes médicos de los ciudadanos?

Corea del Sur, Singapur, Taiwán y la República Popular China ya son paraísos de la ciber-vigilancia que han llevado la intrusión en la vida privada y en las conciencias precisamente al nivel de los escenarios inhumanos descritos en la saga Black Mirror, lo que probablemente dará lugar a distintos refuerzos permanentes del control social, como sucedió con las medidas antiterroristas excepcionales que muchos países adoptaron tras los atentados del 11-s de 2001 en Nueva York incluso antes de ser ellos mismos objetivos de los operativos yihadistas.

Ese es el peligro: el estado de excepción ha venido para quedarse y, lo que es peor, es posible que lo haga con el consentimiento de la inmensa mayoría de una ciudadanía atemorizada, que en medio del pánico aceptará cualquier nueva restricción a sus derechos y libertades. Las legislaciones antiterroristas europeas, que los ciudadanos aceptaron sin pestañear, se adelantaron a los operativos yihadistas en el Reino Unido, en Francia y en Alemania.

Sólo en España —que no había modificado su legislación antiterrorista después de los peores atentados sufridos por la población en el operativo salafista de marzo de 2004— se vio el verdadero rostro de la nueva legislación sobre seguridad nacional y ciudadana: la Ley de Seguridad Ciudadana del gobierno de Rajoy no vino para proteger a la población de los atentados terroristas, sino para reprimirla cuando protestaba contra la estafa bancaria y contra los sinvergüenzas que desahuciaban a la gente de sus casas.

En efecto, el estado de excepción declarado tras los atentados de París en 2015 no sirvió para prevenir ni evitar el operativo de Niza en 2016. Con todo, de igual modo que la legislación antiterrorista no resultó eficaz contra el terrorismo en el Reino Unido, en Alemania o en una Francia que, técnicamente, lleva cinco años en estado de excepción, las nuevas medidas de control ciber-sanitario no serán eficaces contra la pandemia. Da igual: no están ahí para eso.

Al contrario, la tecnología de control digitalizado de la población no sólo no ha bastado para combatir la expansión del virus, sino que las tecnologías más eficaces en la lucha contra la pandemia han resultado ser las que ya teníamos desde la época en la que los flagelantes extendían con igual eficacia la heterodoxia y la peste por Europa, y el relativo éxito de Asia (incluidos los retrocesos de Corea del Sur y Singapur) se explica —como recientemente ha argumentado Ignacio Ramonet en el diario mexicano La Jornada— porque la experiencia allí adquirida con el SARS y el MERS durante el período 2003-2018 no ha dejado margen alguno a las administraciones para sucumbir al pánico ante un retroceso de los indicadores económicos, y las autoridades han optado por dar prioridad a la protección de la vida. La alta movilidad, los intercambios comerciales o los flujos de turistas explican bien los buenos datos de Hungría y los malos datos de Italia, pero no explican los buenos datos de China y los malos datos de los Estados Unidos.

Igual que en los Estados Unidos, en Europa falta la experiencia que en cambio Asia sí había acumulado. Más que la velocidad de las comunicaciones, la alta movilidad espacial o los intercambios, más que los turistas recibidos o el envejecimiento de las poblaciones de Madrid, o el Valle del Po, el factor determinante de los malos datos de occidente parece haber sido la experiencia que faltó por igual en Madrid, en Milán, en Londres o en Nueva York.

Es la experiencia que condujo en Asia al empleo de termómetros infrarrojos, a la fabricación y empleo masivo de mascarillas, a los chequeos de temperatura antes de subir a un transporte, al lavado de manos con cloro, o a la separación entre áreas “limpias” y “sucias” en cualquier dependencia pública. No fue la ciber-vigilancia digital sino los stocks de equipos de protección los que explican la capacidad de rápida reacción de sociedades como las de China o Vietnam para imponer medidas de aislamiento o el confinamiento completo de las poblaciones.

No ha sido, por tanto, el estado de excepción digital, que prefigura las sociedades post-democráticas del futuro, sino el estado de excepción convencional —el que suspende los derechos de libertad de movimiento y de reunión de las personas— el que ha funcionado contra el virus. Desde luego, como ha confesado el jefe del gobierno en España, el estado de alarma que suspende la libertad de movimientos y de reunión de las personas no puede ser el proyecto político de un gobierno progresista.

Pero es sorprendente la paradoja de que sea la extrema derecha —que habría querido ver suspendida en España la libertad de manifestación de las mujeres en el 8 de marzo— la que ahora sale ufana a las calles en contra el estado de alarma, al tiempo que las medidas de emergencia hayan sido defendidas en Portugal, Italia y España por los tres gobiernos más progresistas de la UE. No son las libertades de las ciudadanas lo que les preocupa a los de las caceroladas con el chófer: les preocupa haber tenido que mantener el cierre echado en las empresas de los sectores a los que representan, ya que consideran, igual que sus referentes Trump o Bolsonaro allende el océano, que ninguna cifra de muertos será demasiado alta si de lo que se trata es de salvar los negocios y preservar los beneficios económicos.

Por más que la deseemos, muchos no vemos en el horizonte ninguna “nueva normalidad” mejor que la que teníamos. Los que tienen el poder están decididos a hacernos volver a la normalidad de antes. La derecha económica y política de la Unión Europea —cuyas autoridades se han convertido en los últimos tiempos en auténticos promotores del relanzamiento de la industria del turismo— no desea una “nueva normalidad”: desea regresar a la normalidad que tenían antes de que se les averiase la máquina de explotar a sus trabajadores y de robar a sus clientes. Si les dejamos continuar con la competencia a degüello entre ellos, seguirán explotando a sus trabajadores dependientes y robándonos a todos los demás.

Tras la pandemia vendrán tiempos peores para la libertad: está claro que la de China no es la dictadura comisaria del proletariado, sino la dictadura soberana del partido que dice representarlo. Pero habrá quienes venderán sus estados policiales digitales como modelos de éxito, al tiempo que el capitalismo continuará depredando al planeta, y los turistas seguirán pisoteando todos los rincones del mundo incluso a costa de que las poblaciones de los lugares de destino tengan cada vez más dificultades para acceder a una vivienda o para poder alimentarse.

Esa es la tragedia de una España a la que sólo parece interesar que vuelvan a abrir los hoteles y los bares y que se reanude el fútbol. Los españoles habremos perdido una oportunidad única para darnos cuenta de que nuestra economía no puede depender de unos cuantos señores de Alemania que no vienen a España a hablar de ciencia y tecnología con nuestros científicos sino a aprovecharse de los bajos salarios de nuestras camareras de hotel.

Como ha escrito el coreano Byun-Chul Han, el virus no podrá hacer por nosotros lo que la razón del hombre no haya hecho ya por la humanidad. En lugar de tiempos mejores, es posible que Occidente sea colonizado por alguna forma de democracia vigilada por un estado policial digital. Hace unos años Naomi Klein explicó que la conmoción es un momento propicio que permite establecer un nuevo sistema de administración. También la instauración del neoliberalismo vino a menudo precedida de crisis que causaron conmociones. Si tras la conmoción que ha causado esta enfermedad llegase a Europa un régimen policial digital, el estado de excepción pasaría —como teme el filósofo Giorgio Agamben— a ser la situación normal, y el virus habría logrado lo que ni siquiera el terrorismo islámico había conseguido hasta el momento.