¿Existe una oportunidad para un cambio de modelo en la salida de la crisis de la pandemia?

Me refiero a los cambios de los modelos productivo y de relaciones laborales, cambios relacionados entre sí en el sentido que se apunta en el artículo de González y Muro Benayas, referencia para este debate. Estamos viviendo una creciente segunda ola de la pandemia, que hará caer la economía española bastante más allá del 10% al terminar 2020. La opción de una recuperación con reformas que impulsen un cambio de modelo es deseable y posible, pero incierta. Su recorrido requiere claridad de proyecto y una conjunción amplia de apoyos políticos y sociales.

A pesar del aumento galopante del déficit público y de la deuda, motivado por la caída de la recaudación y el aumento del gasto (estabilizadores automáticos y nuevas redes de protección social creadas por el gobierno), y a pesar de que las necesarias iniciativas de inversión van a depender, en buena medida, del sector público, se dan unas condiciones políticas muy distintas de las que sufrieron España y Europa durante la Gran Recesión. Siempre, eso sí, a partir del momento en que se domine la pandemia.

La pesada herencia de la Gran Depresión

La primera razón para el optimismo es que las orientaciones de política económica de la zona euro han variado sustancialmente respecto de las que se aplicaron tras la Gran Recesión. Entonces, la política de austeridad -antikeynessiana y procíclica- además de producir una más profunda y prolongada recesión empujó a los Estados económicamente más débiles a basar su recuperación en mejorar la competitividad mediante la devaluación salarial acompañada de más precarización de los contratos.

Sus instrumentos fueron las “reformas estructurales” regresivas, laborales y de los sistemas de protección social. Sus objetivos: por un lado, debilitar la negociación colectiva y reducir los costes de contratación y despido; por otro, reducir el déficit mediante un recorte drástico del gasto público, empezando por el gasto social, sin importar las consecuencias en la ruptura de la cohesión social y política (nacimiento de la extrema derecha populista) y en la divergencia entre los estados miembros.

Paradigma: la reforma laboral de 2012 del Gobierno de Rajoy, acompañada de recortes de gasto que erosionaron servicios públicos esenciales –educación y sanidad- y la inversión en I+D+i. Resultado: además de aumentar la pobreza y la desigualdad perpetuamos un modelo productivo de reducida industria, centrada en sectores maduros –automóvil- y servicios de valor añadido bajo o medio. Su inesperado y trágico colofón: un sistema sanitario público con buenos profesionales está teniendo muy serios problemas para hacer frente a la pandemia por la escasez de recursos humanos y materiales, consecuencia de los recortes y de las intentonas de privatización. La Gran Recesión profundizó la servidumbre de un modelo de relaciones laborales inválido, basado en la precariedad, los bajos salarios y una negociación colectiva debilitada al servicio de un modelo productivo relativamente obsoleto y de baja productividad.

Una oportunidad política para el cambio: pros y contras

La magnitud de la crisis ha llevado, sin autocrítica explícita, a los responsables políticos de la UE, de la mano del FMI y la OCDE, a acudir al único valor seguro: Keynes. Ahora, se preconiza una política fiscal expansiva, aunque lleve a déficits y deuda excesivos, se activa la cláusula de salvaguardia del PEC, y el BCE escala peldaños en su política monetaria no convencional fuertemente expansiva. Los 140.000 M€, en transferencias y créditos, que podría recibir España del Plan de Recuperación de la UE, por fin financiado mediante deuda europea, deberían ser utilizados para ayudar a salir de la depresión cambiando el modelo productivo.

Las prioridades de inversión que marca el Plan son las del Pacto Verde –energías limpias, eficiencia energética, transporte sostenible, etc.- y las del Mercado Único Digital –redes 5G y servicios avanzados sobre ellas, digitalización de administraciones y servicios públicos, gestión de procesos de grandes datos, etc.- y las relacionadas con los planes de I+D+i y de educación y formación continua, para que trabajadores, pequeños empresarios y la población en general recorran las transiciones verde y digital con las capacidades necesarias para mejorar su productividad y su bienestar. Mi duda es si el gobierno de España, las CCAA y la sociedad estarán en condiciones de lograr una aplicación eficaz de las inversiones, superando los muy malos niveles de ejecución de los fondos estructurales y de cohesión europeos de los últimos dos años.

Vectores de oportunidad para el cambio son también la existencia de un gobierno de izquierdas y el buen funcionamiento, por el momento, del diálogo social. En su contra juegan la debilidad parlamentaria del gobierno y la polarización extrema impulsada por la oposición de derechas, alimentada por la competencia entre PP y VOX, de la que parece haberse apartado temporalmente Cs, y el deficiente funcionamiento de un Estado muy descentralizado, en la tierra de nadie entre el difuso Estado de las Autonomías y un modelo federal al que no se permite llegar y con el conflicto con el independentismo catalán sin resolver. Es una incógnita si el buen momento del dialogo social se podrá mantener cuando en lugar de centrarse en el alcance y duración de unos ERTE que financia el Estado se hable de reforma laboral y de reforma fiscal, es decir de los campos en donde se produce los repartos primario y secundario de la riqueza. En ese momento, si el Gobierno acepta las posiciones de CC OO y UGT y las de su propio programa, no va a ser fácil contar con la aquiescencia de la patronal por muy importante que sea.

No se puede prescindir del tema fiscal: el cambio de modelo necesita financiación pública, lo que se lograría alcanzando la presión fiscal media europea (siete puntos más de PIB), mediante la recuperación de los ingresos por el crecimiento y mediante una imprescindible reforma fiscal basada en la suficiencia y la progresividad y una lucha decidida contra el fraude, la evasión y la elusión fiscales y el blanqueo de capitales. Este último aspecto tiene también una dimensión europea y mundial. En la UE se necesita una armonización fiscal que ponga fin a la intolerable promoción de la elusión fiscal a gran escala por parte de al menos seis Estados miembros. Más recursos fiscales se necesitan también para sostener un modelo de relaciones laborales que combine seguridad y flexibilidad.

Las bases de un nuevo modelo de relaciones laborales

Siendo conscientes de las implicaciones de todo tipo del objetivo de alcanzar una sociedad climáticamente neutra y digitalizada, en 2050, ¿sobre qué tiene que basarse un modelo laboral que, al tiempo que revalorice el trabajo y el Derecho laboral y se enfrente a la precariedad sea capaz de acompañar a un modelo económico de mayor productividad, acorde con las exigencias de la revolución digital y la sostenibilidad medioambiental? ¿Cuáles son las consecuencias de la 4ª revolución tecnológica cuyos principales soportes son la inteligencia artificial, la robótica y la gestión de los Grandes Datos?

Si dejamos de lado las profecías sobre los efectos destructivos de empleo y aún sobre la “supresión del trabajo humano”, sí podemos predecir una polarización entre una parte de los empleos que generan gran productividad/muy alto valor añadido, en la industria, los servicios avanzados y los sistemas de I+D+i, y otra parte, previsiblemente mayoritaria, que nutrirá los servicios de medio y bajo valor añadido pero imprescindibles para el mantenimiento de las sociedades -cuidados personales, limpieza, distribución-, junto a los servicios públicos (sanidad, educación, seguridad, protección civil,…), y las administraciones públicas, y otros sectores como agricultura y alimentación, cultura, hostelería y turismo, construcción etc. Si de algo ha valido la pandemia es para revalorizar socialmente buena parte de estas actividades y a sus trabajadores. Será el sistema fiscal el que permita transferir rentas de los sectores de muy alta productividad para el mantenimiento de servicios públicos y sistemas de protección social universales y de calidad.

El nuevo modelo productivo requiere transiciones justas en las que los trabajadores perciban ingresos suficientes mientras cambian de empleo, reciben la formación adecuada y se sirven de sistemas eficientes de reinserción laboral. Las transiciones verde y digital deben estar gobernadas por el diálogo social y la negociación colectiva.

Un nuevo marco de relaciones laborales debe tener presente los análisis y prescripciones del informe “Trabajar para un futuro más prometedor” y la Declaración de la Conferencia de la OIT de 2019, la del centenario de la más antigua de las organizaciones internacionales y la única tripartita. Uno de sus grandes objetivos es la eliminación de la informalidad. En España hay que hacerlo con la tradicional y con la nueva de las plataformas digitales que hacen de sus trabajadores falsos autónomos. En ambos tipos de informalidad, la regularización laboral va de la mano de la fiscal. Un trabajo digno y con derechos en una economía digitalizada e internacionalizada requiere reforzar la acción sindical internacional, sus organizaciones y los sistemas de diálogo social negociación colectiva transnacionales.

Un nuevo marco de relaciones laborales y un nuevo Estatuto de los Trabajadores debería recoger un equilibrio entre las prescripciones que revaloricen el trabajo y pongan fin a la precariedad y la segmentación y las que canalicen la movilidad y la flexibilidad protegida y favorezcan la inversión, en particular la de las pymes. Sus pilares deberían ser: sistemas de diálogo social y negociación colectiva fuertes; protección social para los cambios, las reestructuraciones y la movilidad; formación a lo largo de toda la vida laboral y mecanismos eficientes de inserción y reinserción. Este sería el esquema de un proyecto transformador que podría cohesionar a nuestra sociedad en la salida del túnel de la pandemia.