Cambios en el modelo del trabajo y modernización de las relaciones laborales
Mari Cruz Vicente Peralta
Secretaria de Acción Sindical CS de CCOO
En un mundo del trabajo que muestra una creciente fragmentación, en el que la precariedad coloniza cada vez más espacios, los retos pasan por promover políticas que apuesten por la recuperación del empleo y su calidad, los salarios y derechos que proyecten unas condiciones de vida que mejoren el ejercicio efectivo de libertades y derechos colectivos, frente a los valores asociados al proyecto neoliberal que se han pretendido extender en el marco de las relaciones sociales y laborales.
Toda la legislación laboral de los últimos años ha estado orientada a un proceso de individualización de las relaciones laborales, al que no sólo debieran de temer las personas trabajadoras, sino también cualquier empleador razonable y que mire más allá del muy corto plazo.
En ese esquema, no es casual el ataque frontal que se produjo en la reforma laboral del año 2012 a funciones esenciales de la negociación colectiva, debilitando todos los instrumentos de distribución de la riqueza en el primer nivel, lo que ha tenido graves consecuencias en la calidad del empleo y ha dado lugar a una importante devaluación salarial, pero además implica un desprecio hacia las organizaciones sociales, preferentemente a las sindicales y la recuperación de políticas autoritarias impropias del marco constitucional.
España tiene que corregir en profundidad todos los aspectos centrales de las últimas reformas laborales. Recuperando la capacidad de autoorganización de la negociación colectiva. Impidiendo la pérdida de la vigencia de los convenios colectivos, devolviendo la estabilización del nivel sectorial de negociación, como el único contexto que puede garantizar la equidad del sistema de negociación y por tanto eliminando la prevalencia del convenio de empresa. Regulando convenientemente los procesos de externalización productiva; procesos que hoy están más pensados en la ingeniería empresarial como una forma de abaratamiento de costes laborales que de mejora en la especialización productiva y una regulación adecuada de los procesos de inaplicación de los convenios colectivos, donde las comisiones ad hoc dejen de tener capacidad sobre estas decisiones que están intrínsecamente ligadas a la negociación colectiva.
Además, es urgente recuperar los equilibrios rotos en el 2011, que han perjudicado directamente tanto a todas las personas trabajadoras como a la propia institución de la negociación colectiva por lo que, frente a esa situación, solo cabe regular de nuevo acerca de estas medidas reformadoras. La negociación colectiva debe de seguir desempeñando ese papel tan relevante y necesario, especialmente en términos de cohesión social.
Pero nuestra legislación necesita, en muchos aspectos adaptarse a las nuevas realidades que se vienen produciendo en el mercado de trabajo. Recientemente hemos llegado a un acuerdo entre el gobierno, las organizaciones sindicales CCOO y UGT y las organizaciones empresariales CEOE Y CEPYME sobre el trabajo a distancia, regulado en el RDLey 28/2020 que, como consecuencia de la pandemia originada por el COVID-19, ha triplicado el porcentaje de población que trabaja desde su domicilio, con un claro impacto de género.
Los mismos agentes sociales estamos inmersos en la negociación de la regulación de las plataformas digitales, un reto importante que no solo dará cobertura legal y protección social a miles de personas trabajadoras, sino que también va a poner freno a la huida del derecho del trabajo que se pretende a través de las nuevas formas de trabajo en las que se emplean las nuevas tecnologías.
Al margen de esto es necesario abordar la incidencia de las tecnologías de la información y de la comunicación en el desarrollo productivo general y en las relaciones laborales en particular. Para ello es fundamental ampliar los derechos de información de la representación legal de las personas trabajadoras y los procesos de participación que permitan anticiparse a los efectos que pueda tener la implantación de los avances tecnológicos.
Una legislación que aborde los retos que suponen estos procesos crecientes y las consecuencias del cambio productivo ligado a los procesos de transformación ecológica, que lleva implícito una mejora del sistema de formación permanente y el reconocimiento de las competencias profesionales, decisivos para abordar esto cambios con la menor repercusión posible en el empleo.
Finalmente, considero que es necesario abrir el debate sobre la conveniencia de progresar hacia empresas más participadas y, en general, más sostenibles, sin negar la contraposición de intereses subyacente al contrato de trabajo, que, garantizando la viabilidad de las empresas y el mantenimiento del empleo, permitan avanzar en esquemas de mayor participación para la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras y un reparto más justo de la riqueza.
La construcción de estos nuevos modelos y los cambios necesarios para modernizar el marco de las relaciones laborales, no puede abordarse sin la participación de las organizaciones sindicales mayoritarias y las organizaciones empresariales de este país, potenciando el diálogo social como instrumento sociopolítico, sin el cual no se puede entender la normalización democrática, el desarrollo socioeconómico y la modernización de las relaciones laborales.