Un debate cargado de presente y de futuro

Diálogo y negociación para una salida progresista a la crisis

La crisis global y multidimensional de la que el coronavirus ha sido el detonante plantea un nuevo escenario vital que afecta a todos los componentes de las relaciones humanas, sean de índole económica, social, cultural, institucional o geopolítica, incluyendo las que mantiene nuestra especie con la naturaleza de la que somos parte, por mucho que mostremos tanto empeño en deteriorarla, explotarla y recortar la biodiversidad que le sirve de sostén y equilibrio. Nada ni nadie escapa a los impactos de esta gran crisis de inciertos desarrollo y resultados.

Lo que comenzó siendo una crisis sanitaria acabó, a los pocos meses, paralizando la actividad económica, por la obligada decisión de confinamiento de la población, e impactando sobre estructuras sociales, económicas y ecológicas profundamente desequilibradas y vulnerables. Tanto el modelo de capitalismo y globalización neoliberales como la cohesión económica, social y territorial o el medio natural del que depende la vida y la civilización se encontraban ya, antes de la pandemia, deteriorados. Volver atrás, al modelo de crecimiento y a las relaciones y estructuras productivas previas, no resolvería ninguno de los problemas que esta crisis ha desvelado. La tarea a llevar a cabo, por tanto, es doble: defender a la ciudadanía de los impactos destructivos de la pandemia y sus dañinas consecuencias económicas y sociales y superar las causas que han multiplicado el potencial destructivo de esta crisis global.

El análisis del nuevo tiempo que vive nuestro país y el conjunto de la humanidad requiere, sin duda, una mayor perspectiva temporal y un abordaje global de las múltiples causas, tendencias en acción, interrelaciones y potenciales efectos de las crisis desatadas por la pandemia. Sin embargo, la acción política no puede esperar, la sociedad, sus representantes políticos y las instituciones están obligados a actuar en el presente, en defensa de la vida y la salud de la ciudadanía, sus condiciones de trabajo, derechos, libertades y convivencia. Y seguirán tomando decisiones, como en los últimos dos meses, en unas condiciones de incertidumbre radical, mientras sigamos situados en el ojo del huracán de la pandemia y cuando ésta haya pasado y podamos hacer recuento de los destrozos causados y aplicar los planes para reconstruir lo dañado y recuperar la actividad económica. La acción política, el debate y la lucha social o la tarea de gobernar no pueden esperar.

Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía y tengan su ámbito de resolución al alcance de los votos, críticas y movilizaciones de la mayoría social: las administraciones públicas españolas y las instituciones europeas que dependen de las decisiones y el control de la sociedad civil y de sus representantes políticos.

Para iniciar y contextualizar este debate adelantamos algunos puntos de caracterización del momento político que intentamos desentrañar y en el que se inscribe la principal iniciativa política del Gobierno de coalición PSOE-UP, su propuesta de amplios acuerdos al conjunto de fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones, sin excepciones ni restricciones, para afrontar en común la búsqueda de soluciones a una parte de los grandes retos y problemas que plantea la actual crisis a nuestra sociedad y a nuestro país:

1. Hemos entrado en una nueva fase política en la que perviven lastres e inercias de un largo periodo de crisis e inestabilidad y evidentes problemas de gobernabilidad que se arrastran, al menos, desde 2016. Contamos con la reciente constitución de un gobierno de coalición progresista (una experiencia inédita en la última y larga etapa democrática de nuestra historia colectiva) que se sostiene en un limitado apoyo parlamentario y depende, en las grandes decisiones que exigen mayorías absolutas, de la negociación con un heterogéneo conglomerado de fuerzas políticas y, especialmente, de partidos nacionalistas e independentistas vascos y catalanes. Un gobierno progresista aparentemente débil y una oposición de derechas aún más débil y fragmentada que no tiene ninguna posibilidad de armar una moción de censura viable ni una propuesta alternativa de gobierno.

Casado y Abascal han optado, en una situación tan excepcional como la de la pandemia, por promover la crispación social y la confrontación política para intentar maniatar y romper al gobierno progresista y encubrir esa labor tras la idea de una gran coalición dispuesta a imponer de una vez su versión uniforme, hosca, cerrada e intolerante del nacionalismo español. A pesar de esa oposición de derechas y extremas derechas que no han prestado ningún apoyo a la gobernabilidad o la gestión de la pandemia, acompañando a su desmayado apoyo al Estado de Alarma con brutales e inmorales campañas de acoso, este gobierno de coalición progresista ha construido y sigue reforzando un escudo social que protege a la mayoría social y los empleos, rentas y bienes públicos que sustentan el bienestar de la ciudadanía y el futuro del país.

2. Para abordar en profundidad esta crisis, restañar las tremendas heridas producidas en nuestra sociedad y superar el desastre económico ha aflorado una amplísima demanda social (que todos los estudios de opinión sitúan por encima del 80%) favorable a exigir a las fuerzas políticas que subordinen sus diferencias al bien común en tiempos tan excepcionales y colaboren en la búsqueda y aplicación de las soluciones que cuenten con mayor apoyo porque la sociedad las considera más eficaces y justas. En el mismo sentido somos conscientes que también la capacidad de demanda y de movilización de la sociedad va a ser importante en marcar las agendas de dialogo y las características de las salidas que se den a los diversos problemas.

3. Ese sentimiento de la ciudadanía favorable a la colaboración ha sido acogido y transformado por el presidente del Gobierno en una propuesta de reconstrucción económica y social a todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales, instituciones y administraciones públicas (central, autonómica y local). Más allá de las fórmulas que adoptará finalmente esa propuesta, que tendrá que ir acomodándose a las posibilidades reales que determinen el diálogo y las negociaciones en marcha, lo importante es que se abre un nuevo periodo en el que, al tiempo que gana eficacia la lucha contra la pandemia y se refuerzan y amplían las medidas de rescate social y protección del tejido empresarial, se inicia una dinámica de diálogo, negociación, disensos y posibles acuerdos que determinarán el alcance y la naturaleza de los futuros pactos y los apoyos que conseguirán en la ciudadanía. El pasado 11 de mayo, los sindicatos CCOO y UG, las patronales CEOE y CEPYME y el gobierno de coalición progresista abrieron el camino de esa dinámica de diálogo y acuerdo con la firma solemne en el Palacio de la Moncloa de la prórroga hasta el 30 de junio de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor y la seguridad que ofrecen a millones de trabajadores (que mantendrán sus contratos y una parte sustancial de sus ingresos) y patronal (que se beneficiará de distintas exoneraciones de las cuotas a la seguridad social a cargo de las empresas).

Se demuestra así que las posibilidades de acuerdo existen y que los pactos pueden ser beneficiosos para todas las partes implicadas cuando responden a problemas reales y descansan sobre un justo y equilibrado reparto de los costes que conllevan. Nada tan pedagógico como este acuerdo para deshacer de un plumazo los falsos debates sobre la imposibilidad de alcanzar amplios acuerdos o sobre la inconveniencia de alcanzarlos porque supondrían siempre, al margen de una lectura concreta sobre lo acordado, la preponderancia completa de unos intereses sobre otros. El acuerdo demuestra la responsabilidad y la capacidad de dialogar, ceder y acordar que atesoran los agentes sociales y el gobierno de coalición progresista, incluso en unas condiciones críticas tan excepcionales y con una oposición de derechas que alienta la crispación y promueve la ingobernabilidad.

4. La propuesta y puesta en marcha de esa búsqueda de amplios acuerdos, lejos de suponer una restricción, tiene la pretensión de reforzar la continuidad de la experiencia de cooperación política entre PSOE y UP en las tareas de gobierno y aportar viabilidad a las medidas progresistas. Nadie, en un régimen democrático, tampoco las derechas, puede pretender cambiar la composición de un gobierno legítimamente constituido o maniatar su acción política mediante otro método que no sea el de las urnas. Las negociaciones iniciadas no están encaminadas a formar una nueva coalición gubernamental ni pueden pretender que este gobierno desista en la aplicación de su programa progresista; tampoco, que la oposición renuncie a sus ideas y propuestas o reduzca sus críticas o su labor de control a la acción gubernamental. Los objetivos son otros: explorar las posibilidades de llegar a acuerdos que permitan mejorar la eficacia de la lucha contra el coronavirus y la crisis sanitaria, reforzar el rescate y la protección social, recuperar la actividad económica con la mayor rapidez posible e instalar un nuevo clima político y social que facilite la gobernabilidad del país y una gestión de la crisis que no deje atrás a nadie, asegure un reparto equitativo y justo de sus costes y ofrezca la seguridad y las respuestas urgentes y tangibles que necesita la sociedad.

5. Todos los informes y estimaciones de la evolución económica en lo que queda del año 2020 y datos del desempeño de la economía española y mundial en este corto periodo de tiempo en los que el confinamiento ha impedido gran parte de la actividad económica dan cuenta de la intensa recesión en la que nos adentramos y de la enorme capacidad de destruir empleos, actividad económica y factores productivos de esta crisis. Las últimas previsiones para la economía española realizadas por la Comisión Europea, y publicadas el pasado 6 de mayo, muy parecidas a las que contiene el Programa de Estabilidad 2020-2023 remitido el pasado 30 de abril por el Gobierno de España, señalan un retroceso del PIB en 2020 del 9,4% (solo superado en unas décimas por Italia y Grecia), una tasa de desempleo del alrededor del 19% (solo superada por Grecia), un déficit público cercano al 10% (debido al fuerte aumento del gasto público y a la caída de los ingresos tributarios) y un aumento de algo más de 20 puntos porcentuales de la deuda pública, hasta el 115,5% del PIB.

En resumen, un auténtico desastre económico y social sin parangón histórico en tiempos de paz. Las grandes diferencias con los datos reales acumulados durante las dos recesiones sufridas por la economía española entre 2008 y 2014 son una menor afectación del empleo, gracias a las medidas tomadas por el Gobierno de coalición progresista en defensa del mantenimiento de los empleos, a través de los ERTE, un mayor esfuerzo en las prestaciones a las personas en situación de desempleo y la próxima aprobación de una nueva renta mínima que entrará en vigor y se hará efectiva el próximo mes de junio. Las medidas que se están tomando para afrontar y superar esta nueva crisis global nada tienen que ver con la nefasta estrategia de austeridad y devaluación salarial seguida ante la crisis financiera global que estalló en 2008.

La incertidumbre reinante y la falta de conocimiento sobre la evolución y las posibilidades de encontrar una vacuna o remedio terapéutico que permita controlar y superar la pandemia hacen que los ejercicios de previsión económica más allá de este año 2020 tengan mucho de invención, pero permiten hacerse una idea de la capacidad inmediata de destrucción de factores productivos y crecimiento potencial de la crisis y de la importancia de reducir sus impactos e impedir que se consoliden, para lo que sería necesario contar con la financiación necesaria para impulsar lo más rápidamente posible la actividad económica. No se trataría de limitarse a reconstruir o recuperar el tejido productivo y empresarial y el modelo de crecimiento destruidos o dañados, sino que esa reactivación económica también debe aspirar a dirigir las tendencias y los nuevos factores que surgen de esta situación crítica y que terminarán alumbrando las nuevas estructuras y especializaciones productivas, las actividades, relaciones económicas y empleos del futuro.

6. En el marco de esta crisis sanitaria, social y económica sin precedentes se pondrán sobre el tapete de los debates y posibles acuerdos un gran número de cuestiones que, sin ánimo de agotar los temas a tratar, abarcarían un amplio listado de asuntos:

• La consolidación y mejora de la Sanidad Pública y el Sistema Nacional de Salud.

• La puesta en pie y la financiación del cuarto pilar del Estado del Bienestar: el sistema de servicios sociales y políticas públicas de cuidados, con atención especial al sistema de protección a mayores, victimas lacerantes del coronavirus y la desprotección de las autoridades.

• La protección de los trabajadores y hogares especialmente afectados por la crisis económica y los mayores riesgos de exclusión social. La pandemia ha puesto de manifiesto la importancia de los cuidados, actividad desarrollada mayoritariamente por mujeres. Precisamente, uno de los colectivos más desprotegidos y que está en su inmensa mayoría integrado por mujeres es el de las Empleadas de hogar.

• El impulso de todas las medidas contempladas por la Ley contra la violencia de género con objeto de aumentar la protección de todas las mujeres víctimas de la violencia machista, con la dotación y los medios que sean necesarios. El confinamiento ha vuelto a poner en evidencia de forma dramática la insuficiencia de las medidas actuales.

• El establecimiento de una renta básica para todas las personas afectadas por el desempleo, la precariedad y la falta de ingresos suficientes.

• La mejora de la calidad del empleo con las modificaciones de la estructura y la regulación del mercado de trabajo y el fortalecimiento del diálogo social y la negociación colectiva que permitan superar la inestabilidad, precariedad y temporalidad de los empleos. Los ERTE han sido un ejemplo.

• La protección de las actividades empresariales, especialmente de Pymes y autónomos que conforman el grueso de nuestro tejido empresarial, impidiendo que los problemas de liquidez o financiación acaben en cierres definitivos y desaparición de empleos.

• La atención a los sectores económicos y productivos especialmente perjudicados por la crisis para favorecer su modernización o reconversión hacia actividades de mayor valor añadido.

• La reforma en profundidad de la política de vivienda, que se ha convertido en una fuente inagotable de problemas: concentración de la propiedad, dificultades de acceso, inflación de precios, inexistencia de oferta de vivienda social, generalización de los desahucios en el alquiler, transformación de las viviendas de uso residencial en uso turístico...

• El incremento sustancial de las actividades de Investigación, Desarrollo e Innovación que son la base de los nuevos sectores tecnológicos del futuro.

• El aumento de la inversión destinada a mejorar la calidad de la enseñanza pública y la cualificación y formación continua de los trabajadores.

• Para terminar este listado de temas, que solo tiene la pretensión de ilustrar algunas de las muchas cuestiones a debate, es necesario mencionar la necesidad de contar con una estructura y políticas fiscales sólidas y de carácter redistributivo que permitan sostener las medidas económicas y sociales a adoptar para recuperar el bienestar y los derechos de la ciudadanía.

En todos estos temas hay que tomar como referencia dos aspectos trasversales, la transición ecológica y las políticas de género, que nuestra sociedad ha ido incorporando mayoritariamente como preocupaciones importantes y que la crisis del COVID-19 ha puesto de nuevo de manifiesto en un sentido contradictorio (ya que se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero y las denuncias de maltrato machista), pero que sirve para que las alertas y preocupaciones relacionadas con esos dos aspectos se pongan sobre la mesa al abordar cualquiera de los temas, cuestiones o reformas que se quieran abordar.

7. En el ámbito europeo, la cuestión central seguirá siendo en los próximos meses una mayor corresponsabilidad de los Estados miembros y las instituciones comunitarias en la lucha contra la pandemia y sus efectos económicos y sociales directos e inmediatos. Y en un futuro próximo, cuando la pandemia esté más controlada, la existencia de un fondo de reconstrucción económica y la aplicación de un plan europeo de inversiones modernizadoras que no se traduzcan en un aumento sustancial de la deuda pública de los Estados miembros, porque muchos ya están altamente endeudados y no pueden fragilizar aún más sus cuentas públicas, ni en una mayor disparidad en los niveles de endeudamiento, porque impedirían la existencia de igualdad de condiciones en la competencia en el mercado único. La austeridad y los recortes no conforman ningún tipo de solución ni pueden volver a ser parte de las recetas impuestas por las instituciones comunitarias para salir de esta nueva crisis. En su lugar, la cooperación entre los Estados miembros y con las instituciones comunitarias en torno a un programa común de lucha contra el cambio climático y un nuevo acuerdo verde de desarrollo económico deben ser los puntos de partida en el impulso de las actividades económicas y los empleos del futuro. Y del reforzamiento de un proyecto de unidad europea en el que sigan vivos los principios de solidaridad y cohesión, económica, social y territorial.

8. Ya veremos qué ritmo y formas toman los primeros pasos y ejemplos del diálogo entre fuerzas políticas, agentes económicos y sociales e instituciones; y qué alcance y en torno a qué temas será posible alcanzar unos acuerdos que permitan superar esta crisis y sus impactos. En todo caso, no se trata tanto de imaginar un mundo nuevo, como de alcanzar acuerdos posibles que permitan mejorar la situación y atemperar o solucionar los graves y urgentes problemas que amenazan las condiciones de vida y trabajo de la población, el futuro del país y nuestra convivencia. El diálogo y los acuerdos que se ponen en marcha no son, ni previsiblemente llegarán a ser, discusiones constituyentes o semiconstituyentes que aborden asuntos relacionados con el régimen político o la estructura territorial del Estado, porque escapan a los afanes de la iniciativa y a las restricciones que impone el mapa político y electoral actual y, cuestión fundamental, a los requerimientos y exigencias que plantea la mayoría social en estos momentos de crisis. Tampoco serán el marco en el que se puedan abordar la crisis territorial o, de forma más explícita, los acuerdos o desacuerdos con el Govern de la Generalitat y las fuerzas independentistas, que ya tienen establecidos sus propios marcos e itinerarios de diálogo y debate, por mucho que hasta ahora hayan resultado poco operativos y tendrán que ser revisados si se pretenden revitalizar. La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos. En todo caso, lo que está por dilucidar es la capacidad de esta iniciativa para aportar soluciones a los problemas que, finalmente, terminen abordándose.

Cada uno de los temas que hemos mencionado u otros que acaben ganando relevancia en el debate público y acaben acordándose obligará a un desarrollo específico de las medidas y de la financiación necesaria para que se lleven a cabo. Es el momento de fortalecer nuestro limitado Estado de Bienestar y revertir el deterioro causado a los bienes públicos, y no sólo por los gobiernos del PP, a partir de los años 90 del siglo pasado. Aumentar el peso y la calidad de los bienes públicos es una demanda ampliamente sentida por la ciudadanía y cuenta a su favor con un amplio consenso social. Hemos conocido una década (la de los 80) de construcción y desarrollo del Estado de Bienestar y cerca de tres décadas en las que prevalecieron las transferencias de rentas y bienes públicos hacia manos privadas e intereses corporativos, descapitalizando de recursos humanos, materiales y financieros los servicios públicos.

Detrás del “tenemos una sanidad de las mejores del mundo”, se ocultaba un sistema frágil que se iba deteriorando: la Salud Pública (que aborda la prevención, vigilancia y promoción) es sólo el 1% del gasto sanitario público y el presupuesto ministerial estaba en 2017 en el mismo nivel que en 2008. Y si hablamos de servicios sociales los parámetros son todavía peores, se han convertido (como se ha visto en la dramática experiencia de las residencias de mayores), casi exclusivamente, en una fuente de negocio privado que ha experimentado un crecimiento anual del 4%, a costa de un deterioro continuo del servicio público. Hoy, las residencias privadas de mayores tienen 271.696 plazas, mientras las públicas apenas alcanzan las 100.000, arrastrando un modelo inaceptable de gestión que ha sido definido como una mezcla “de cuartel, hospital y hotel”. Toda la experiencia de deterioro de los bienes públicos de las últimas décadas nos sitúa ante un problema que no se puede abordar con medidas menores de maquillaje, sino con una inversión decidida en presupuestos y personal que nos acerquen a los porcentajes europeos en gastos e inversiones que fortalezcan los bienes públicos y la protección social.

El debate que ahora iniciamos intenta impulsar el seguimiento y desarrollo de las propuestas y negociaciones sobre el modelo de reconstrucción social y modernización productiva que nuestro país y Europa necesitan. Las intervenciones, obviamente, podrán versar sobre los aspectos más generales o sobre los aspectos sectoriales, transversales o específicos que hemos mencionado o sobre otros que os parezcan de tanta o mayor importancia, pero en todos los casos os pedimos un esfuerzo de síntesis e interacción con las intervenciones que se vayan publicando, para remarcar el carácter de debate y contraste entre diferentes puntos de vista y argumentos.

Probablemente, algunos de los temas que cobren mayor interés social o se conviertan en foco de atención de la opinión pública en los próximos meses no aparezcan en esta intervención inicial. Irán apareciendo a medida que se desarrollen las negociaciones entre fuerzas políticas en la comisión parlamentaria, en las mesas de diálogo social, en los debates entre las administraciones públicas centrales, autonómicas y locales o, incluso, en la preparación y tramitación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2021 (porque, al final, esos PGE serán expresión de los avances o estancamiento de las negociaciones). Por ello, también resultaría muy interesante recibir textos de análisis sobre algunos de los nuevos temas o aspectos de las discusiones y negociaciones que marquen la actualidad.

Nada nos gustaría más que este nuevo debate en Espacio Público permitiera aclarar las diferentes posiciones y cuestiones en juego en este proceso negociador y que las intervenciones y debates contribuyan a articular una salida progresista a la crisis.

Conclusión del debate

Interludio en un debate que no puede acabar

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

• a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).

• b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.

• c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical.

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

Interludio en un debate que no puede acabar

Enrique del Olmo

En medio de la primera ola de la pandemia y con todo el país en el shock de una crisis desconocida e inesperada, saltó a la opinión pública una idea: reconstrucción. Después de unos primeros tanteos, sobre si nuevos Pactos de la Moncloa, sí, que si Pactos de la Moncloa no, todo se encaminó hacia la apertura en sede parlamentaria de cuatro comisiones sobre la reconstrucción del país. Estos mismos conceptos de reconstrucción y unidad, abrieron en Espacio Público la necesidad de abordar un debate sobre el futuro del país, y también sobre la Unión Europea, durante la pandemia y la postpandemia.

Un magnífico artículo de Leo Moscoso La necropolítica sobre el estado de alarma, nos hizo una descripción muy viva de la pandemia y la crisis sanitaria y de vida, que podía servir como telón de fondo de todo el debate.

Nos encargamos Gabriel Flores y yo mismo de redactar un primer texto de referencia, que se planteaba el siguiente objetivo: “Nuestra pretensión al abrir este nuevo debate en Espacio Público es ofrecer un espacio amigable para el libre intercambio de ideas y argumentos, en el que la polémica y el disenso sean tan normales y aceptables como lo son el diálogo y el acuerdo en nuestra vida diaria. Un espacio público abierto al debate y la argumentación que contribuya al seguimiento y análisis reflexivo de las iniciativas y propuestas políticas de mayor entidad que se vayan poniendo sobre las mesas de negociación por parte de los partidos, instituciones, agentes económicos y sociales o tejido organizativo de la sociedad civil y los diferentes movimientos sociales. Queremos primar un análisis concreto de aquellas propuestas e iniciativas que supongan un mayor impacto sobre las vidas, trabajos, derechos, libertades y futuro de la ciudadanía civil.

La cuestión de la amplitud del temario a debate no está prefijada (tampoco, sus límites) y tendrá que ser resuelto sobre la marcha, a medida que se produzca un avance que, previsiblemente, será muy desigual en los diferentes asuntos”, dijimos.

Sabíamos desde el principio que entrábamos en este debate con perspectivas diferentes:

• a) La de Gabriel y mía era abordar los temas candentes y posibles en la negociación planteada y hacer propuestas orientadas hacia una salida progresista de la crisis (con todo lo que tenía de cajón de sastre dicha definición).

• b) Una visión más global que conducía a un cuestionamiento del marco económico e institucional en el que nos movíamos: UE, Constitución, Capitalismo y avanzaba más en la línea de la lucha por otro mundo diferente y a la vez posible, a un cambio de paradigma como lo definía Jaime Pastor.

• c) Había otra orientación que sin situarse totalmente en el cuestionamiento de las soluciones que se podrían dar en el marco de una negociación, apuntaban con intensidad y justeza por poner sobre la mesa los problemas políticos-institucionales que desde la Transición veníamos arrastrando desde el régimen de la transición (Jose Errejón, José Luis Mateos, Ana Barba, Aníbal Garzón).

El alcance del debate

El cuestionamiento más global al carácter excesivamente pragmático y limitativo de la introducción al debate, vino sobre todo de Marià de Delàs, Jaime Pastor y Marga Ferré.

Marià, en su texto que luego iba a ser discutido por Gabriel, nos interrogaba coherentemente:

“¿Es posible empezar a plantear el propósito de recuperar para el patrimonio colectivo aquellos bienes que nunca deberían haber pasado a formar parte del sector privado? ¿Qué ha de pasar para que empecemos a pensar en concreto en una nueva economía, que no esté al servicio del crecimiento sin límites? La reivindicación de “nueva normalidad”, ¿no debe poner en cuestión el beneficio que unos pocos obtienen de los créditos, los seguros, los suministros de energía, la vivienda, la explotación de las telecomunicaciones, los medios de transporte, la construcción de infraestructuras, la fabricación y distribución de medicamentos, la industria militar…?

Se dirá que los que deseen tal cosa no cuentan con la correlación de fuerzas necesaria para llevarla a la práctica. Es probable. Nunca contarán con peso suficiente si nunca lo proponen y lo argumentan para el conjunto de la población”.

Jaime Pastor por su lado señalaba la necesidad de no autolimitarse en el debate.

Si a todo esto sumamos la coincidencia de esa crisis global con la que afecta desde hace tiempo al modelo capitalista español basado en la construcción y el turismo, así como a su régimen, cuya gravedad es reconocida por firmes defensores del establishment (ya sea de forma apocalíptica por la extrema derecha, o en términos menos dramáticos por personajes como el presidente de honor de PRISA, Juan Luis Cebrián) parece evidente que, como ha defendido José Errejón en este debate (“¿Reconstrucción o refundación?”), no tiene justificación autolimitarse en la agenda a promover.

En relación al carácter sistémico de la crisis y reflejando diversas opiniones, José Luis Mateos señalaba: Y sin embargo la crisis existe y más allá de los efectos de la crisis económica sobre la estructura política del país, el descrédito –del régimen- tiene componentes institucionales (Corona, Justicia, FCSE…), jurídico-normativos (sistema electoral no proporcional, involución de las libertades, negación del derecho a decidir, impunidad de las élites, Constitución no garantista de derechos, voto rogado…), económicos y sociales (ruptura del contrato social del 78, enajenación del patrimonio público, identidad institucional con los poderes oligárquicos., corrupción estructural, expansión de la pobreza y la exclusión social…) y hasta un componente de origen histórico (mantenimiento de la impunidad del franquismo). La anterior crisis alumbró la idea de que ya no se trataba de cambiar la Constitución sino de cambiar de Constitución. Idea caída en cierto desuso.

Ha sido también significativa la valoración del consenso en el momento actual desde la necesidad del mismo, a pesar de la dificultad que tanto la tendencia histórica de ella como su momento ultramontano actual, al rechazo explicito de cualquier acuerdo con la derecha por la imposibilidad de ninguna senda común con ella (Marga Ferré, Marià de Delàs, Pastor).

Elementos ambientales

Más allá de los enfoques globales diferentes de la discusión en curso y sin perder el carácter de aportación relevante al mismo, muchas han sido las contribuciones que nos han aportado nuevos elementos y enfoques.

Muy atrayente la descripción del ambiente y el entorno en el que se produce, la virulencia de la crisis, la desarticulación de lo conocido y la incógnita del futuro (José Martí Gómez, Carlos Javier Bugallo). Importante ha sido la aportación de Federico Severino sobre la hegemonía cultural a lograr: “Por eso resultaría razonable dejar de poner nuestros esfuerzos comunicativos en mostrar la bancarrota moral y miseria de la derecha y apostar por una vía positiva, sosegada, que robustezca a una mayoría social en torno a la coalición”.

También el concejal gaditano Paco Cano nos hizo llegar las “ondas largas del 15 M” en la gestación de una salida colectiva a una crisis que nos había tocado a todos y todas desde muchos ángulos: social, sanitario, emocional, económico, laboral, de convivencia…

En el desarrollo del debate, y sobre todo en el correr de las semanas y con el conjunto de hechos de todo tipo con el que hemos convivido desde marzo, las aportaciones han ido creciendo incorporando muchos elementos para el cambio.

Economía y cambio de modelo

Desde el cambio en la economía y en el papel de los trabajadores (Francisco Vázquez García, Ramón Górriz, José Babiano, Roberto Tornamira):

Hablar de reconstrucción sin subsanar los errores del reciente pasado sería una temeridad. Dicho de otro modo: antes de iniciar la reconstrucción hay que sentar las bases de la negociación sobre suelo sólido, derogando, como mínimo, la reforma laboral de 2012 y la de Seguridad Social de 2013, entre otras derogaciones legislativas pendientes desde la moción de censura de 2018 (Tornamira).

Por último, pero no menos importante, este nuevo rumbo destinado a resituar las prioridades poniendo en el centro a la vida humana plantea dos exigencias: una democratización de las relaciones laborales y la reformulación de las libertades democráticas que han quedado dañadas en la medida en que la imposición de las políticas de austeridad necesitaban correlativamente una política autoritaria y represiva frente a la resistencia social, como bien se puso de manifiesto con la Ley Mordaza y su uso para reprimir el derecho de huelga y las protestas obreras.

Nada de esto puede obviar la necesidad de eliminar la violencia contra las mujeres y las discriminaciones de todo tipo que sufren en el puesto de trabajo, en el mercado laboral y en la sociedad (Górriz y Babiano).

Como dice Antonio Palacián, es la OPORTUNIDAD para avanzar en la participación y la democracia económica como un factor importante de cambio en la cultura empresarial y sindical.

Gabriel Flores en la discusión con Marià de Delàs sobre el alcance de los cambios de modelo económico señalaba:

Impulsar esos cambios, requiere de unos recursos, estrategia y herramientas específicos; entre ellos, cabe señalar por su importancia la tarea de ensanchar nuestra base fiscal mediante una reforma progresista que solo puede tener resultados a medio plazo y construir una amplia concertación política y social que haga viable esa reforma clave. A corto plazo, es imprescindible contar con los recursos financieros y el arrope institucional que nos ofrece la UE.

No hay contradicción entre la agenda de protección social y la de reactivación y modernización económica, aunque la primera se puede llevar a cabo de forma inmediata y la segunda requiera plazos más prolongados; ambas son compatibles y complementarias, pero la protección social no puede mantenerse indefinidamente sobre el aumento del déficit público, requiere de un cambio de modelo de crecimiento que genere empleos decentes y salarios dignos y ensanche las bases de la recaudación fiscal.

Héctor Maravall, nos situaba el difícil marco de actuación del gobierno y la necesidad de una política decidida y realista para abordar el momento: “Las tareas del gobierno para desarrollar lo que ha denominado “el escudo social”, así como los compromisos anunciados de ayuda a las pymes y autónomos, o los previsibles apoyos a sectores como el turismo o la industria del automóvil, sea cual sea su duración e intensidad, son de una entidad, complejidad y dificultad evidentes. El gobierno tendrá que lograr financiación a corto, medio y largo plazo, en un contexto de frágil mayoría parlamentaria, con una derecha radicalizada al máximo, unos medios de comunicación desfavorables (el último en sumarse ha sido el grupo PRISA y el periódico El País) y una patronal que oscila entre las exigencias de ayudas económicas y el rechazo a cualquier modificación de la reforma laboral”.

El papel central de la UE en este proceso y los cambios que en la misma serían deseables ha sido referencia inexcusable en muchos de los artículos más generales. Severino lo reflejó sintéticamente como: “El Gobierno no debe perder de vista que el despliegue de un portentoso paquete de políticas públicas con el viento de cola de la UE es su ‘unique selling proposition’”.

Otras contribuciones estuvieron íntegramente dedicadas al papel y lugar de la UE, por ejemplo Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate que reflejó la tensión entre necesidad de apoyos comunitarios en la crisis y a la vez la necesidad de romper el inmovilismo institucional y presupuestario en el que se mueve en estos momentos, en otro enfoque Javier Doz, hizo una análisis minucioso de los presupuestos y programas comunitarios, tanto en lo estructural como ante la crisis del COVID 19 y como nos va a afectar a la “reconstrucción” hispana: “Las subvenciones y los créditos están condicionados a su aplicación a programas y proyectos que tengan que ver con los objetivos señalados y con otros como las infraestructuras y equipamientos sanitarios, los planes de I+D+i, la mejora de la educación y la lucha contra la pobreza. Es decir, con los fondos de NGUE cabe la financiación de una buena parte de las inversiones de los Presupuestos del Estado Español de los próximos tres años. Desde el proceso de transición hacia un sistema energético limpio y renovable o un programa para que todas las familias tengan acceso a Internet y a equipos informáticos hasta un plan de eficiencia energética de las viviendas, pasando por la financiación de cuantos proyectos biomédicos sean necesarios u otros rubros de investigación, programas ampliados de financiación de la innovación en las pymes o de lucha contra la pobreza infantil”.

De lo general a lo particular: Sanidad, Servicios Sociales, Formación, Municipios

Si hay un ámbito en el que el debate ha hecho una aportación de contenidos y propuestas particularmente significativo ha sido en el terreno sectorial, además de las aportaciones escritas sobre el Sistema Nacional de Salud ( Manifiesto por la reconstrucción del SNS), el papel de lo local (Marta Higueras), el papel de la Formación Profesional y el cambio de modelo económico (José Luis Carretero) y los Servicios Sociales (Luis Nogués), donde la discusión tuvo un alcance a retener fue en los debates que se realizaron en TV Publico; el primero sobre el Sistema Sanitario con la participación de referentes tan significativos e influyentes como Carmen Montón, Carmen San José, Mónica García y Fernando Lamata moderado por Joseba Achotegui y el de Servicios Sociales con Patricia Bezunartea, Luis Nogués, Emiliana Vicente y Kena Yuguero moderado por Enrique del Olmo. En dichos debates además de señalar las necesidades que la sociedad española tenía para superar las debilidades preexistentes, se abordaron de forma bastante precisa las políticas a implementar y las barreras a superar. En estas dos enriquecedoras sesiones se hizo una alerta de gran potencia: no sirve sólo diseñar políticas y enunciados adecuados, sino que es imprescindible que sus resultados llegasen a la población en un corto tiempo. La alerta roja que se estaba estableciendo sobre elementos importantes del denominado “escudo social”; ERTES, Ingreso Mínimo Vital, colas del hambre, fortalecimiento urgente del Sistema Nacional de Salud, gestión pública y coordinada de la sanidad, cambio en el modelo de atención a los mayores y particularmente en las Residencias de tercera edad…Todos ellos se manifiestan como problemas perentorios para el que el atávico “vuelva usted mañana” puede ser un elemento de desafección y de caldo de cultivo a las opciones que niegan los derechos y la protección social.

Como dice el título del presente artículo, hacemos una pausa, un interludio en este debate que nos va a acompañar durante el próximo periodo, seguro que este tiempo servirá para afilar análisis, argumentos y propuestas.

Vídeo de la ponencia

https://youtu.be/dfugqHlPWlQ