Trabajo y política: rehaciendo el debate sobre la democracia industrial

Muchos debates en las relaciones laborales se centran a menudo en retomar ciertas regulaciones y prácticas. Después de un periodo de desregulación continuada en relación al alcance de los sindicatos y su influencia en la negociación colectiva, ahora se vuelve a poner el foco en revertir estos desarrollos y reconstituir las regulaciones laborales en términos colectivos. El debate a menudo se centra en la necesidad de subrayar los impactos sociales negativos de estas reformas en lo que se refiere a la igualdad y las condiciones de vida. También se centra en la necesidad de que tanto intelectuales progresistas como observadores en general recuerden a las élites sobre el papel positivo que tienen tanto los sindicatos como la negociación colectiva en la economía. Este argumento está presente en numerosa literatura e informes de centros de estudios locales y organizaciones transnacionales clave como es la Organización Internacional del Trabajo. Todos estos actores y documentos enfatizan las virtudes del ‘diálogo social’ como elemento pacificador en las relaciones laborales y como factor contribuyente al progreso económico. Otro ejemplo es el énfasis puesto por la Unión Europea en conectar los fondos de investigación a este concepto de diálogo social y los beneficios que esto tiene en la economía.

El efecto perverso de esta orientación –a pesar de lo positiva que pueda ser en otros aspectos– consiste en que es principalmente defensiva. El debate gira sobre la obsesión con la necesidad de ‘reequilibrar’ y corregir las recientes aberraciones en el orden colectivo de las democracias liberales. A pesar de esto, esta perspectiva no ha conseguido reflexionar de forma crítica en los límites del modelo desde, si nos atrevemos a decirlo, un enfoque radicalmente progresista. El problema es que volvemos de algún modo a un sistema de negociación colectiva y representación que estaba altamente restringido y limitado en su alcance.

De todos modos, estamos viendo un debate emergente sobre la participación en el lugar de trabajo que, a pesar de no tener avances políticos importantes, está comenzando a abrir el debate sobre cómo se puede controlar y regular el poder corporativo a través de agendas sociales alternativas. Estos debates se asemejan en algunos aspectos a la percepción de muchas personas del mundo de la academia y el sindicalismo orientado a las políticas públicas de los 70’s. Uno de estos ejemplos fue la contribución del Instituto para el Control de los Trabajadores del Reino Unido. Esta iniciativa tuvo su origen en varias redes sindicalistas y de grupos académicos socialistas. El Instituto debatía sobre temas relacionados con la propiedad pública, pero también creía que se debía ir más allá de la obsesión con el papel del estado y prestar más atención a la cuestión de la voz política de los trabajadores y trabajadoras en el lugar de trabajo en sí mismo. Defendían que la izquierda del capitalismo organizado o social se centraba sobre todo en el nivel de participación de los trabajadores y trabajadoras en estructuras jerárquicas y orientadas al estado. En lugar de esto, las personas y redes relacionadas con el Instituto para el Control de los Trabajadores querían que la atención se centrase en el desarrollo de cooperativas, planes sociales de producción alternativa para las empresas centradas en la producción armamentística y nuevos foros y servicios de consulta para aumentar el control de los trabajadores y trabajadoras. Estas intervenciones crearon un espacio intelectual que iba más allá de la administración de la negociación colectiva o el uso del conflicto de un modo puramente simbólico, que no buscaba realmente debilitar y cambiar la naturaleza de los procesos de dirección. El trabajo de personas como David Coates es un punto de referencia importante para estos debates que buscaban una visión más profunda y radical de la participación de los trabajadores y trabajadoras en la economía de la empresa.

Debe notarse que el foco actual en una versión más emprendedora de la involucración de los trabajadores y trabajadoras traducida en empresas sociales y gemicro-empresas propiedad de los trabajadores y trabajadoras no es el resultado de estos debates. Este enfoque representa una orientación diferente en cuanto a cómo la ciudadanía puede participar en la economía que es mucho más gerencial. No tiene relación con estos debates anteriores que interpretaban que una forma más sistemática de voz del proletariado dentro de las organizaciones estaba basada en la decisión colectiva y una visión alternativa del tipo de economía que se necesitaba.

La cuestión es, por lo tanto, cómo puede el Estado crear un marco de financiación y consulta, no solamente regulativo, que sea capaz de poner estos debates en la agenda y mantenga el interés en un tipo de democracia en el lugar de trabajo y en los temas de empleo que combine con otras formas de democracia directa. También es necesario debatir cómo las organizaciones y redes laborales –en un sentido amplio– pueden comenzar a crear marcos de apoyo informativo y financiero para aquellos trabajadores y trabajadoras que quieran reforzar su voz en el centro de sus organizaciones, más allá de debatir unas condiciones y términos de trabajo mínimos. La pregunta es tanto estratégica como operativa, ya que requiere que se repiense el papel de formas de activismo establecidas dentro de los sindicatos y el movimiento obrero más ampliamente.

El último tema está por lo tanto relacionado con lo político. No se trata solamente de ver el reto desde los espacios industriales y económicos. Es necesario intervenir a nivel político. Se tienen que ampliar las lógicas de participación y ciudadanía. Como dijo el politólogo canadiense C.B. Macpherson, la democracia tiene varios significados y no está relacionada simplemente a las esferas de la política institucional. El lenguaje democrático puede relacionarse tanto a las esferas social y económica como se hace a lo político. La renovación y extensión del proyecto democrático liberal necesita una expansión radical en la esfera económica que ha tendido a dejarse fuera de los debates formales sobre los derechos ciudadanos. Por lo tanto, la lógica democrática debe extenderse más allá de los mecanismos relacionados con el Estado. Esto es particularmente importante si se quiere que el debate dentro de la esfera económica sea más sensible a un rango de ‘nuevos temas’ como, por ejemplo, la cuestión de la igualdad y la ecología. Hace falta ampliar y politizar, de una forma más sistemática, la discusión de la responsabilidad social dentro de la empresa, que en manos de la dirección tiende a trivializar y cerrar temas tan importantes como estos. Por lo tanto, si queremos engendrar una visión de la participación laboral y ciudadana en la economía que no esté restringida a términos y condiciones de empleo básicas o mínimas (sin dejar de lado lo importantes y fundamentales que son), cualquier debate sobre la participación ciudadana y laboral necesita surgir y ser coordinada en diferentes niveles y polos de discusión (lo social, lo político y lo económico).

(Traducido del inglés por Felipe G. Santos)