¿Crecer, y repartir después? Más vale prevenir: el crecimiento inclusivo

Recientemente, Antón Costas escribía, con mucho acierto, que “la desigualdad es el rasgo más característico de la evolución de la economía desde la década de los ochenta del siglo pasado. Y, a la vez, es el factor más determinante de la crisis financiera de 2008, del débil crecimiento de las economías, del malestar social y del populismo político”. Esto ha generado que las cuestiones en torno a la desigualdad, sus causas y la posible contribución de las políticas económicas a su disminución hayan ganado peso en el debate público (aunque, lamentablemente, esta demanda social no se haya trasladado todavía de una forma suficiente a medidas de calado para atajarla).

Un aspecto interesante de este debate es el diferente énfasis que se establece en ocasiones entre dos posibles estrategias para lograr repartos más igualitarios de la renta. La primera se centra en la “predistribución”, o el reparto de los ingresos en el mismo momento en que estos se generan, es decir en el propio proceso productivo. Esto se conoce también como “renta de mercado”, porque es previa a la intervención distributiva del estado. La negociación colectiva juega aquí un papel determinante, por su influencia en el reparto de esta renta entre beneficios y salarios, que a su vez condiciona la distribución personal de la renta. La segunda estrategia utiliza las políticas de gastos e ingresos públicos para corregir la distribución de mercado, por lo que hablamos de “redistribución”. Para alcanzar el mismo objetivo distributivo, un reparto más desigual de la renta de mercado debería llevar a una actuación correctora más intensa del Estado.

En una medida importante, el distinto énfasis que se pone en las políticas predistributivas y redistributivas tiene que ver con la relación que se presupone que existe entre los cambios en la distribución y crecimiento, por un lado, y entre ese mismo crecimiento, creación de empleo y mejora de las condiciones de vida de las personas con rentas inicialmente más bajas y reducción de la desigualdad, por otro.

Por ejemplo, la teoría del “desbordamiento hacia abajo” establece que las políticas económicas deben priorizar aquellas medidas que generan incentivos para que las empresas acumulen capital -principalmente, favoreciendo la obtención de elevados beneficios y reduciendo sus cargas fiscales- puesto que esto promueve el crecimiento económico y la creación de empleo, y a la postre acaba beneficiando también a quienes se encuentran en los niveles más bajos de renta. Más aún, según este planteamiento, aunque esto pueda generar un conflicto entre eficacia –cómo aumentar el crecimiento- e igualdad –es posible que inicialmente la desigualdad crezca como consecuencia de estas medidas-, el estado cuenta con instrumentos para redistribuir después. La hipótesis es: primero crecer, aunque sea desigualmente, y después redistribuir.

Este planteamiento se puede criticar, sin embargo, desde distintos ángulos. En primer lugar, una extensa literatura empírica obtenida recientemente para los países de la OCDE, incluyendo España, ha aportado una evidencia sólida de que la idea de que el crecimiento económico responde positivamente a los aumentos del peso de los beneficios en la renta –o, lo contrario, de que se debilita si se refuerza en el peso de los salarios en la renta- no es cierta: la mayoría de países avanzados se caracteriza precisamente porque su crecimiento es del tipo “impulsado por los salarios”.

También se cuestiona la supuesta relación inversa entre mayor igualdad y eficacia económica: en realidad, un reparto más justo se traduce también en una economía más sana y sostenible.

En tercer lugar, la relación entre crecimiento, creación de empleo y reducción de la desigualdad también es conflictiva. Es cierto que el aumento del desempleo suele ser una de las causas principales del aumento de la desigualdad en periodos de recesión. Sin embargo, el vínculo entre tener un empleo y garantizarse con ello unos ingresos suficientes y estables (el empleo como “acceso a los derechos de ciudadanía”) se ha debilitado extraordinariamente por la precarización del empleo (solo un 49% de las personas afiliadas al régimen de la seguridad social en España tienen lo que la OIT define como “empleo estándar”: indefinido y a tiempo completo) y la devaluación salarial (entre 2010 y 2017, los salarios perdieron casi un 11% de poder adquisitivo, y solo desde mediados de 2018 han empezado a beneficiarse de una recuperación del empleo que se inició en 2014). La consecuencia ha sido la extensión del fenómeno de los trabajadores pobres (el 15% de asalariados que a pesar de tener un empleo no tienen ingresos por encima de la línea de la pobreza en España) y la pérdida de peso de las rentas del trabajo en la renta nacional (ajustando para tener en cuenta las rentas de los trabajadores por cuenta propia, en España se han perdido 2,5 puntos porcentuales desde 2007, reforzando una tendencia que ya se había iniciado mucho antes en la mayoría de países desarrollados).

Finalmente, la capacidad redistributiva “a posteriori” a través de los sistemas tributarios y las políticas de gastos se ha visto limitada por las políticas de austeridad y el recorte de los estados del bienestar en muchos países, o por la movilidad de capitales y la creciente competencia fiscal internacional, lo que dificulta en muchos casos gravar los beneficios de las empresas multinacionales. Esto ha provocado, como decíamos, un desplazamiento del interés hacia las políticas que, antes que corregirla, proponen prevenir la desigualdad desde su origen.

Un concepto relacionado con este debate que ilustra bien el cambio de marco político al que nos estamos refiriendo es el de “crecimiento inclusivo”. Este concepto lo utilizó inicialmente el Banco Mundial para destacar, precisamente, que el crecimiento de los países en vías de desarrollo no conducía de forma determinista a una reducción de la desigualdad y una mejora generalizada de la vida de todas las personas. Posteriormente, y especialmente a partir de las consecuencias de la Gran Recesión y de las políticas “austeritarias” sobre las condiciones de vida de una parte importante de la población, este concepto se aplica también en el contexto de las economías europeas (por ejemplo, en la “Estrategia 2020” de la Comisión Europea). La OCDE define el crecimiento inclusivo como aquel que “crea oportunidades para todos los segmentos de la población y distribuye los beneficios de la mayor prosperidad de una forma justa en el conjunto de la sociedad, tanto en términos monetarios como no-monetarios”. Es decir, que incluye dimensiones que van más allá del PIB per cápita, como la calidad del empleo, la formación y la educación o el acceso a servicios básicos.

La persecución de un crecimiento inclusivo puede entenderse como una enmienda al enfoque de la teoría del “desbordamiento hacia abajo”. Más que redistribuir (supuestamente) después de crecer desigualmente, lo que se propone es crecer ya con un reparto más justo de la renta. Y en esta estrategia, ha de jugar un papel fundamental la recuperación de un mayor equilibrio entre empresas y sindicatos en los procesos de negociación colectiva –deteriorado por los cambios regulatorios en los mercados de trabajo en muchos países, entre ellos España-.