Poder, desigualdad y democracia económica

Una de las cuestiones habitualmente omitidas del análisis económico es la de las relaciones de poder. Muchos de los fenómenos más relevantes que ocurren en nuestra economía son imposibles de entender dentro del marco de la competencia perfecta en el que muchos economistas tienden a razonar. Esos fenómenos cubren muy distintas dimensiones. En primer lugar, la extensión del poder de mercado: oligopolización de múltiples sectores productivos (como la economía digital, controlada por parte de unas pocas grandes empresas tecnológicas); o desarrollo de relaciones monopsónicas en los mercados de trabajo. En segundo lugar, la puesta de las políticas públicas al servicio de los intereses privados: rescates bancarios e intervenciones (creación de nuevos tipos de sociedades de inversión o de bancos malos) para evitar la caída de los precios de la vivienda; privatización de las ganancias de nuevos productos (como los farmacéuticos) desarrollados después de años de investigación científica financiada públicamente; o subordinación de la política fiscal a las exigencias de los mercados financieros. Y, en último lugar, la cooptación directa de las instituciones públicas por parte de los poderes económicos: puertas giratorias de quienes ocupan el poder ejecutivo a distintos niveles; influencia directa de los lobbies sobre el proceso legislativo; o funcionamiento de los tribunales de arbitraje privados para dirimir las denuncias de las empresas transnacionales a estados soberanos.

No obstante, si hay una dimensión del análisis en la que la omisión de las relaciones de poder resulta especialmente grave esa es la de la desigualdad. En la economía ortodoxa la distribución de la renta se explica según las productividades marginales del trabajo y el capital, es decir, de la contribución que esos factores aparentemente realizan al proceso productivo. Sin embargo, esta explicación es pura tautología: esas productividades no se pueden calcular sin conocer antes cuáles han sido de facto las participaciones de los salarios y los beneficios en la renta nacional. Lo que trabajo y capital aportan al PIB se mide según lo que se han llevado de él y los ingresos que han obtenido se justifican porque se corresponden con lo que supuestamente han contribuido a la producción. Este razonamiento circular se ha convertido en el principal recurso retórico utilizado para hacer apología de la desigualdad (el mercado retribuye a cada quien según el pretendido valor que ha creado) y para esconder la relevancia que las políticas económicas (la devaluación salarial), la regulación del conflicto social (el debilitamiento de la negociación colectiva) y el reparto mismo del poder económico (el control sobre el aparato productivo) tienen sobre la distribución de los ingresos. En realidad, la tendencia a la concentración de la propiedad y el incremento de las rentas del capital son uno de los factores más importantes para dar cuenta del empeoramiento reciente del patrón distributivo, tal y como están empezando a constatar numerosas investigaciones.

Esto hace que los esfuerzos por reducir la desigualdad y la reivindicación de la democracia económica se encuentren completamente interrelacionados. Resulta ilusorio pensar en una mejora sostenida de la equidad sin un cuestionamiento paralelo de las relaciones de poder en las que se asienta la desigualdad; pero también es difícil hablar de democracia en contextos de intensa polarización social. Por ello, sería deseable que las políticas “pre-distributivas” se orientasen no sólo a reducir la desigualdad de mercado, sino también a desarrollar un control democrático sobre nuestro sistema económico, impulsando, en concreto, el empoderamiento de los/as trabajadores/as en el ámbito productivo. Es decir, no se trataría sólo de revertir el ajuste salarial (en marcha décadas antes del estallido de la crisis); sino también de impulsar medidas como las de los “fondos de asalariados” que, a pesar de sus límites, generen un creciente dominio de las empresas por parte de sus trabajadores/as. Esto permitiría, por un lado, comenzar a cerrar la brecha social abierta por el desigual reparto existente entre las rentas del capital y las del trabajo. Pero, por otro, también haría posible la toma de partido del trabajo en las decisiones productivas, las cuales son clave no sólo para los salarios y las condiciones laborales, sino también para otras dimensiones, como la medioambiental. Más aún, sería un primer paso para empezar a aplacar las tendencias plutocráticas (esa subordinación de las instituciones y políticas públicas a los intereses privados) que caracterizan a nuestras sociedades.