Políticas para una transición postmeritocrática

En ocasiones, el debate sobre el sistema educativo plantea este como un ente aislado. Sin embargo, la igualdad de oportunidades y la equidad educativa también está en manos de los aciertos en las medidas contra la pobreza y la desigualdad.

Las democracias liberales, y específicamente sus sistemas educativos, se basan en una suerte de contractualismo. Un contrato social, en el que se asume que una vez facilitado el acceso al sistema educativo son las decisiones individuales, el talento y el propio esfuerzo lo que determina el resultado. Bajo esta premisa, la igualdad de oportunidades garantizada a través de políticas públicas equipararía las posibilidades de todos.

La creencia de que los derechos formales están asegurados, unido a la idealización de que las personas son capaces de sobreponerse a sus condicionantes de origen a través de respuestas individuales, llevan a que en ocasiones no se perciban o se minimicen las barreas que han de afrontar las personas que se encuentran en una situación desfavorecida. Incluso en ocasiones se deja de percibir la pobreza como una problemática real.

Si los resultados educativos dependieran únicamente de las características individuales tales como la capacidad o el esfuerzo, estos no diferirían notablemente entre los diferentes grupos sociales. Sin embargo, el propio acceso al sistema ya está condicionado por las características familiares. Las hijas e hijos de los hogares con más ingresos tienen un 28% más de probabilidades de estar escolarizados en Educación Infantil o bajo cuidados profesionales que los que viven en hogares con un menor nivel de renta. Si tenemos en cuenta el nivel de estudios, las diferencias en este sentido son incluso mayores. En cuanto a la intensidad del uso de este servicio, los últimos datos disponibles de la Encuesta de Condiciones de Vida muestran una diferencia de en torno a ocho horas semanales tanto si comparamos entre niveles de ingresos del hogar como de educación de la madre.

Posteriormente, las desigualdades de origen se acentúan como consecuencia de la segregación escolar. La segregación no se produce de manera azarosa ni como resultado exclusivo de la segregación residencial, sino que es consecuencia de determinadas políticas (planificación escolar, sistemas de asignación, etc.). La segregación escolar es en sí misma un problema puesto que dificulta la vida en común y limita la cohesión social. Hoy en día sabemos que el hecho de tener compañeros procedentes de diferentes grupos sociales contribuye a que los estudiantes valoren más la justicia social y la equidad.

España es el séptimo país de la OCDE con más centros privados subvencionados con fondos públicos lo que tiende a reforzar dinámicas de segregación escolar y estratificación social, ampliando las desigualdades educativas. La escuela pública acoge 2,2 veces más alumnado de bajo nivel socioeconómico (cuartil más pobre) y 1,6 veces más estudiantes de origen migrante que la red concertada. La nueva ley de educación, la LOMLOE, ha señalado por primera vez este problema y algunas comunidades están tratando de desarrollar iniciativas para paliar la segregación escolar.

Más de medio siglo de investigación relacionan el nivel socioeconómico, tanto de las familias como de los compañeros de pupitre, con los resultados académicos. El peso del capital económico, cultural y social se hace notar en todos los sistemas educativos, si bien con importantes diferencias. El sistema educativo español destaca por ser capaz de mitigar en gran medida el impacto del nivel socioeconómico sobre el potencial rendimiento en términos de nivel competencial. No obstante, los estudiantes de contextos más desfavorecidos tienen 5,6 veces más probabilidades de tener un bajo rendimiento en las pruebas PISA que sus compañeros procedentes de entornos socioeconómicos favorecidos.

El problema radica en que el nivel competencial demostrado en pruebas como PISA no se traduce de manera inmediata en promoción y desarrollo. Así los estudiantes españoles repiten con un nivel que en otros países les permitiría continuar sus estudios. En la mayoría de comunidades autónomas, cerca del 50% del alumnado repetidor posee un nivel competencial suficiente en al menos dos, de las tres competencias evaluadas. La repetición, que ha afectado al 29% del alumnado con 15 años (la cifra más alta de UE) es especialmente injusta puesto que, con el mismo nivel competencial y grados de motivación similares, los estudiantes con un nivel socioeconómico y cultural bajo tienen 3,9 veces más probabilidades de repetir (llegando en algunas comunidades a 6 veces). Estos datos permiten vislumbrar la idea de que se repite más por estar en situación de pobreza que por la falta de competencias.

La repetición, en muchas ocasiones, es la antesala del fracaso administrativo o del abandono educativo temprano. La tasa de abandono temprano es 12 veces superior cuando la madre solo tiene estudios primarios (31,8%) que cuando tiene estudios superiores (2,5%). El abandono no solo se relaciona con factores culturales y educativos sino también con la renta familiar. Las familias que encuentran mucha dificultad para llegar a fin de mes tienen una tasa media de abandono ocho veces más alta que las familias que llegan a fin de mes con mucha facilidad (36,6% frente al 4,9%). El indicador relativo al abandono educativo temprano se ha reducido drásticamente, y medidas como el PROA+, la mayor inversión en becas y ayudas al estudio o la reforma integral de la FP pueden generar avancen significativos. Sin embargo, sigue siendo preocupante que el 14% del alumnado no continúe su formación sin finalizar FP o Bachillerato, especialmente para los chicos que abandonan en mayor medida y en determinadas regiones. Recordemos que la diferencia entre comunidades es de 13 puntos porcentuales, con comunidades que han alcanzado los objetivos fijados por la EU para 2030 (9%) y otras que todavía no han superado la marca establecida para 2020 (15%).

En este contexto, la herencia de muchas niñas y niños es la desventaja educativa a través de la transmisión intergeneracional. El 45% del alumnado cuyos progenitores poseen un nivel formativo bajo, solo han alcanzado ese mismo nivel, frente al 10% y al 7% de los estudiantes cuyos progenitores tienen un nivel formativo medio o alto respectivamente. Lógicamente esta situación lleva a que hijas e hijos de hogares con ingresos altos tengan hasta el doble de probabilidades de cursar estudios superiores. El origen social no solo condiciona los recursos dispuestos en la educación, sino también el acceso a bienes culturales, el uso del tiempo libre o la posibilidad de participar en actividades extraescolares.

El sistema educativo no puede concebirse como un ente aislado puesto que influye en las trayectorias futuras del alumnado al mismo tiempo que se ve condicionado por toda una serie de factores sociales, demográficos e históricos. La educación es a su vez causa y consecuencia de la pobreza y la desigualdad. Al igual que la riqueza, la pobreza se hereda. Se hereda cuando las oportunidades vitales tienen más que ver con el origen social que con el mérito individual.

La evidencia nos muestra que España es uno de los países europeos en los que el peso del origen social es más elevado y que el sistema educativo, a pesar de su importante contribución, no funciona plenamente como un elemento igualador. España tiene niveles altos de inmovilidad y el origen social protege sobre todo a los que se encuentran en una posición social más alta de acabar en posiciones sociales más bajas. Según los últimos datos disponibles sobre movilidad intergeneracional, mientras que una de cada dos personas que crecieron en un hogar con una situación económica “muy mala” se encuentran en riesgo de pobreza en la adultez, solo algo más de uno de cada diez que crecieron en un hogar con una situación económica “muy buena” se encuentran en esta situación.

Ante estos datos, son necesarias medidas para evitar que las brechas sociales se transformen en brechas educativas. Romper el círculo de la pobreza es un reto complejo que desafortunadamente no depende del acierto en una política concreta, como por ejemplo la educativa, sino de varios aciertos en varias políticas al mismo tiempo y de forma persistente y prolongada en el tiempo. Si bien la evidencia nos muestra que la educación es el elemento más importante para romper el círculo de la pobreza, para que así sea y las políticas educativas sean efectivas estas deben formar parte de un conjunto más amplio de redes de protección. Dentro de este conjunto podemos distinguir al menos tres grupos de políticas clave: transferencia de rentas, mejora de las condiciones en el mercado laboral y acceso a servicios básicos de calidad.

En cuanto al primer grupo, encontramos medidas de transferencia de rentas a los hogares para, por ejemplo, revertir su situación de pobreza severa -como es el caso del Ingreso Mínimo Vital- o aliviar la carga económica que supone la crianza mediante prestaciones o ayudas fiscales. El segundo grupo incluye medidas como la adecuación del salario mínimo interprofesional a unos estándares de vida dignos o la regulación sobre tipos de contratos y condiciones laborales.

En cuanto a las medidas que garanticen el acceso en condiciones de igualdad a servicios básicos o derechos fundamentales, la reciente recomendación del consejo de la Unión Europea sobre la Garantía Infantil establece que, a parte de la educación formal, se garantice el acceso al primer ciclo de educación infantil (0-3 años), las actividades escolares y extraescolares -incluyendo el verano-, la sanidad, la vivienda y la nutrición saludable -destacando la importancia de ofrecer a los niños, niñas y adolescentes una comida saludable al día mediante una apuesta clara por el acceso a comedores escolares de calidad-.

La suerte de la igualdad educativa está por tanto en manos de los aciertos en el campo de juego más amplio de la pobreza y la desigualdad. Por muy buenas políticas educativas que pongamos en marcha, si los estudiantes van a clase sin desayunar o tienen problemas para ver la pizarra, presentan problemas psicosociales o emocionales, no tienen un entorno protector y estimulante al salir de clase o no viven en un hogar que pueda mantener una temperatura adecuada, para decir solo algunos de los factores que correlacionan claramente con la pobreza infantil, es mucho menos probable que tengan éxito educativo comparado con estudiantes con las mismas capacidades pero con condiciones más favorables.

En este punto cabe preguntase qué medidas deberíamos adoptar una vez asumidas las profundas limitaciones del paradigma meritocrático. Consideramos que, al menos, es necesario avanzar en cuatro líneas de acción complementarias y no excluyentes. Por una parte, mejorar la relación entre esfuerzo y resultados. Esto implica poner los medios para eliminar las barreras que impiden tanto el acceso como el progreso en el sistema educativo. Además de reforzar las políticas compensatorias, es necesario determinar factores de riesgo para apoyar a quienes más lo necesitan incluso antes de que surjan dificultades. En segundo lugar, son necesarias políticas de segunda oportunidad que permitan que ante las eventualidades exista una red de soporte para superarlas.

En tercer lugar, es necesario desarrollar políticas pensadas explícitamente para los que se quedan abajo en el ascensor social. Es decir, garantizar y expandir los derechos existentes y generar nuevos, de tal forma que las personas puedan desarrollar sus proyectos vitales independientemente de su posición social. Finalmente, urge asumir un nuevo paradigma dadas las limitaciones del mérito como principal herramienta para distribuir recompensas. Esto no supone renunciar al mérito, sino cuestionar la meritocracia como paradigma hegemónico sobre el que se articulan las instituciones. En el caso de la educación debe existir una clara significación de las etapas obligatorias (incluso las consideradas básicas) como comprensivas, donde se priorice desarrollar todas las potencialidades del individuo frente a las labores de certificación y ordenación social.

Seguiremos diciéndole a nuestras hijas e hijos, al alumnado, que se esfuerce. No porque el esfuerzo vaya a garantizarles el maná, sino justo por lo contrario, incluso con esfuerzo el futuro es incierto. Estudiar en España sigue siendo rentable en términos de empleo, salario y salud y tiene efectos importantes y persistentes a lo largo de la vida.