Las personas en el centro

Desde la Comisión Cerremos los CIE queremos hacer hincapié en lo peligroso que resulta hacer la distinción entre las personas refugiadas y las migrantes. Este tipo de clasificaciones se van asumiendo en el discurso hegemónico y frecuentemente interesado de los representantes políticos de la Unión Europea, y generan una jerarquía de migrantes, a partir de la cual nuestros gobernantes y nuestras sociedades convierten en justificadas o injustificadas las razones por las cuales las personas se desplazan.

Nuestra posición al respecto es clara. Creemos que los movimientos de población son siempre legítimos, independientemente de las causas que los motivan, así como de los intereses o necesidades de los países receptores. La libertad de circulación debería ser la misma para una persona que se desplaza de un país a otro por motivos económicos o por motivos familiares, que huyendo de la guerra.

Otra cosa es que algunas de las causas que subyacen a la migración impliquen la obligación de los Estados receptores para articular sistemas de protección de las personas que son susceptibles de acogerse a las leyes de asilo y refugio.

La exportación del modelo capitalista a nivel planetario ha provocado, de un lado, desigualdades estructurales entre países, abocando a muchos de ellos a convertirse en “siervos” de los Estados centrales hacia los que exportan población y materias primas… Por otro lado, el capitalismo también ha construido un orden hegemónico que dicta cómo debemos ser, pensar y actuar. Ese orden se difunde gracias a un robusto aparato de propaganda global que acaba modelando nuestros gustos, deseos y aspiraciones, nuestra cotidianeidad.

Muchas personas migran atraídas por este supuesto modelo de desarrollo y crecimiento económico que tan exitosamente ha sido inculcado y, de esa forma, pasan a jugar su papel de peones al albur de los intereses y necesidades económicos de la fortaleza europea.

Y este modelo capitalista, antihumanista, se sirve cada día de los movimientos migratorios haciendo negocio de ellos, porque no olvidemos que la rentabilidad, el beneficio y el dinero son su modo de ser, por encima de las personas. Aparte del negocio ilegal del transporte de personas, están los negocios legales que han desarrollado: el negocio de los vuelos de deportación, el de la vigilancia de fronteras, el de la construcción de vallas o el de la externalización de servicios en los CIE.

¿Qué pasaría si todo este dinero, dedicado a la represión, se dedicara a cubrir las necesidades de las personas?

Siendo así, la redistribución de recursos a escala mundial -que produce un asimétrico acceso y reparto de riquezas y que modela maneras concretas de ser, pensar y actuar- se rige bajo la misma lógica que la redistribución de las personas cuando ya no cumplen una función deseable en el sistema socioeconómico. Cuando de una u otra forma se quiebra ese equilibrio económico que hace que esta maquinaria perversa funcione, llegan las llamadas “crisis económicas” y el “paraíso europeo” pasa a contener, reprimir, segregar y criminalizar a aquellos que en algún momento sirvieron para mantener la estructura engranada y funcionando.

En el marco de la política migratoria europea, el Estado español ha desplegado diversas medidas que vulneran los derechos humanos de las personas que migran: la frontera sur, las redadas racistas (identificaciones raciales), la exclusión sanitaria, social y política, los CIE, los vuelos de deportación… Estos son algunos ejemplos que demuestran que el derecho a marcharse y el derecho a quedarse únicamente se ha regido a través de la lógica eurocéntrica y excluyente.

Desde el trabajo de la Comisión Cerremos los CIE hemos visto las consecuencias que estas prácticas tienen en las vidas de las personas, convertidas en objeto de persecución y a las que se les vulneran los derechos con políticas del miedo represivas e injustas. En nuestras visitas a los CIE hemos sido testigos de cómo personas con fuerte arraigo en España eran expulsadas a países de los que únicamente conocían el nombre; cómo otras veían destruido sus vínculos familiares y no se les permitía mantenerse en el mismo entorno que sus hijos e hijas; a algunas otras les despojaron de sus vidas porque el derecho a la salud se convirtió en algo exclusivo para un grupo de ciudadanos…

Frente a este modelo económico y político destructor de vidas y vulnerador de los más básicos derechos humanos, lo único que podemos hacer es lanzar un órdago. No valen solo las actuaciones a corto plazo, que no obstante es necesario poner en marcha cuando la urgencia manda, sino que es imprescindible trabajar por un cambio de modelo que ponga la sostenibilidad de la vida humana en el centro del debate, en línea con las propuestas que vienen tiempo haciéndose desde las economías feministas. Un modelo que sitúe a las personas y la satisfacción de sus necesidades como prioridad frente a los intereses gubernamentales y económicos, que dé valor al cuidado y que rebaje el peso del mercado, imposible de reproducir sin la existencia del primero... Un modelo que, en definitiva, trate a las personas de una forma equitativa protegiendo sus derechos humanos básicos independientemente de quiénes sean y de dónde procedan….