Cómo recuperar la dignidad en la condición laboral

La propuesta de los sindicatos CCOO y UGT de una Prestación de Ingresos Mínimos viene a ser una variante de las Rentas Mínimas de Inserción que vienen aplicándose bajo diferentes condiciones y con diversas cuantías a nivel autonómico y no supone diferencias conceptuales con respecto a algunas propuestas que desde diferentes organizaciones políticas hemos escuchado en periodo electoral.

Viniendo además del mundo sindical pudieran parecer lógicas algunas de las características que se recogen en la propuesta, como su temporalidad hasta que se concrete la recuperación del empleo y que este sea de calidad, pero sorprende que la propuesta no se realice a partir de un análisis más realista del contexto en el que nos encontramos. Porque de haberlo hecho así tal vez estaríamos hablando de una propuesta radicalmente distinta: La Renta Básica de Ciudadanía o Universal.

Desde el Observatorio de Renta Básica de Ciudadanía de Attac Madrid no vamos a oponernos a cualquier mejora y agilización de los llamados sistemas de protección social, pero creemos que estas medidas de carácter paliativo no hacen sino aplazar un debate mucho más profundo que, tarde o temprano, deberemos abordar: el de garantizar a las personas el primero de los derechos, el derecho a la existencia.

Y como esta Prestación de Ingresos Mínimos de una propuesta sindical se trata, bajo ese mismo prisma proponemos como alternativa la Renta Básica. La universal, individual e incondicional. En un contexto económico en el que la actividad productiva reduce su peso en favor de una economía financiera especulativa y el desempleo se convierte en un elemento estructural (el gran ‘ejercito de reserva’ del que habla Marx) en el que los sistemas de protección social diseñados tras la segunda guerra mundial resultan inadecuados e insuficientes y en el que incluso el empleo ya no significa un seguro contra la pobreza, la renta básica se configura como un instrumento imprescindible para conseguir el objetivo de reforzar la posición de los y las ciudadanas, dentro y fuera del ámbito laboral, y como un elemento que defienda a esta ciudadanía de los mercados y de los poderes financieros. Difícilmente, sin una renta básica, se logrará recuperar la dignidad en la condición laboral.

Porque la renta básica permite que las necesidades fundamentales, como es la de disponer de un ingreso con el que hacer frente a los costes de la vida diaria, no dependan necesariamente de un mercado laboral que persigue objetivos diferentes y distantes de lo que es la justicia social. Además, fortalece la posición de trabajadores y trabajadoras y los empodera a la hora de cualquier negociación ya que permite ‘decir no’ a condiciones laborales abusivas. Tal vez sea esta una de las razones por las que desde el mundo sindical se ha mirado siempre con recelo esta propuesta, pensando que restaría importancia a la acción sindical cuando sería justamente lo contrario pues no solamente reforzaría los derechos laborales sino que también permitiría o facilitaría el reparto del empleo existente y pondría en valor el trabajo que existe y que el mercado ni considera ni tiene en cuenta.

Hay más trabajo que empleo y en muchos casos ese trabajo aporta mucho más valor añadido a las comunidades donde se realiza. Pero además la renta básica permitirá la aparición de otro tipo de actividades económicas de carácter cooperativo y social. Una actividad económica de cercanía, sostenible y creadora de vínculos entre las personas en oposición a modelos económicos que nos han conducido a donde nos encontramos.

Estas son algunas de las previsibles consecuencias de la implantación de la renta básica centradas en el ámbito laboral y de empleo. Pero su potencial transformador afectaría a otros muchos ámbitos como la igualdad, la participación ciudadana, la educación o la sostenibilidad.

La renta básica también supone un gran punto de partida para refundar los sistemas de protección social y el propio Estado social hoy cuestionados, no como coartada para desmantelarlos como se pretende desde el neoliberalismo, sino para diseñar instituciones más eficaces y universales y que permitan el derecho a la existencia y a una vida buena de toda la ciudadanía. Y desde luego debe ir acompañada de la reivindicación y mantenimiento de derechos sociales y laborales como el salario mínimo interprofesional, los servicios públicos universales e incondicionales de la sanidad y educación y, en general, de políticas económicas y fiscales que controlen e impidan la acumulación de poder y riqueza en manos privadas.

La propuesta sindical de la Renta Mínima Garantizada cifra su coste en 11.000 millones de euros. La renta básica tendría coste cero. La Red Renta Básica ha elaborado una propuesta de reforma fiscal que, sin tocar ninguna partida de carácter social (sanidad, educación, pensiones) posibilitaría su implantación sin coste alguno, haciendo del IRPF una herramienta real de distribución y demostrando que su implantación no es una cuestión ni económica ni técnica, sino política. La renta básica es justa, es razonable y es posible.