Un sistema de garantía de rentas desde la perspectiva de la ciudadanía

Siete años de crisis. Millones de personas que han visto trastocados sus proyectos vitales y sus formas de responder a las necesidades cotidianas. En muchos casos, por suerte, solo ha sido un ajuste, pero en otros muchos ha sido un cambio radical.

El grupo de personas que se encuentran en el espacio de total integración se ha convertido en una estricta minoría. Aquellas que se encuentran en el espacio de la exclusión han aumentado un 45por ciento. Pero más grave aún, aquellos que se encuentran en la exclusión más severa, ya suponen 5 millones de conciudadanos.

Los Servicios Sociales públicos han incrementado en un 64por ciento entre 2008 y 2013 el número de personas que han acudido solicitando sus prestaciones básicas. El último año del que tenemos datos, más de ocho millones de personas. Organizaciones como Cruz Roja o Cáritas cuentan por millones las personas que acuden a sus programas de atención.

Quiero aportar a la reflexión una mirada que pone su centro en las personas que acuden al sistema de protección pidiendo ayuda, pidiendo soluciones. Nuestro papel como organización de acción social nos permite construir una mirada complementaria a la que se desarrolla desde el ámbito de la ciencia o del ámbito del desarrollo de las políticas públicas. Sin renunciar a poner sobre la mesa nuestras propias propuestas.

Uno de los grandes cambios que se han producido con esta crisis, desde el punto de vista de los dispositivos de atención social, ha sido la llegada de un gran número de personas que nunca había tenido contacto con estos servicios.

Se han sumado, en un período muy corto de tiempo, los que ya acudían con aquellos que, por sus circunstancias, ya los conocían pero que la época de bonanza les había permitido mantenerse dentro de una situación de “estable precariedad". Ahora hay que añadir también aquellas personas que nunca habían necesitado pedir ayuda a la estructura de atención social. Hoy ya somos capaces de sacar algunas conclusiones de esto.

Solo por citar algunas:

- La fragilidad de muchos colectivos sociales que han puesto en entredicho su situación de integración precaria y los programas de atención específica

- La falta de adecuación del sistema de protección para amparar a la familia con el aumento exponencial de la pobreza en las familias jóvenes y en sus hijos.

- La rigidez de los sistemas de prestaciones condicionadas para responder a las necesidades de supervivencia.

- La falta de articulación entre la lógica de los derechos y la lógica de las obligaciones y su concepción vinculada a un juicio contable.

- La inexistencia de unas políticas de atención que tengan en cuenta la necesidad de cubrir unos mínimos vitales antes de “pedir algo a cambio”; la desarticulación de los sistemas de atención de las necesidades…

Tener en cuenta estos cambios exige nuevos planteamientos que no pasan todos, evidentemente, por temas de renta. Y vamos con años de retraso.

Otra de las sorpresas que se han encontrado todas esas personas que acudían pidiendo ayuda es que las cantidades que se les ofrecían, una vez superados los requisitos para poder acceder, no superaban en muchos casos los umbrales de la pobreza a pesar que estos no han hecho más que bajar desde el comienzo de la crisis.

Ante esta situación muchos se han visto obligados a tomar decisiones que no solamente han cambiado sus vidas sino que les hará difícil volver al punto de origen (por poner solo uno de los miles de ejemplos, los cambios de residencia por no decir desahucios). No podemos seguir pretendiendo que el problema sea “solo” de incremento de las ayudas económicas, sino que debemos construir un sistema más flexible y más justo con el reparto, que se adecue a la situación de las personas y familias y no a la inversa.

También hemos descubierto, y aunque es evidente hay que decirlo, que las políticas activas de empleo clásicas no sirven en una situación de bloqueo de mercado o como mal menor, de creación de puestos precarios sin resultado real de empleo neto. Si ser trabajador no garantiza superar la pobreza en un número creciente de casos ¿qué le pedimos a la gente cuando se acerca a los dispositivos de atención? ¿Es definitiva para ellos la pérdida de poder integrador del empleo?

Si esto es así, tenemos mucho que cambiar en la atención directa a las personas. Las propuestas de compatibilidad de ingresos de mercado y protección social son más que evidentes. Algunos llevan años practicando este tipo de políticas y les va bastante mejor.

Además tenemos una obligación imprescindible. En un contexto de opinión, donde los españoles apoyan mayoritariamente que es el Estado el que debe tener la responsabilidad principal a la hora de asegurar que todos los ciudadanos puedan gozar de un nivel de vida digno… cada vez tenemos más una cultura fiscal alejada de criterios de protección mutua.

Y este es uno de los problemas previos que tenemos que resolver antes de plantear una propuesta de renta básica incondicionada. La discusión sobre esta última debe sumar y es necesaria, pero si la hacemos como único objeto de discusión y propuesta, probablemente seamos ignorados por gran parte de la sociedad. Y además, después de siete años necesitamos medidas urgentes y “aceptables” por una gran mayoría. Nuestra posición en este sentido es más posibilista.

También hay otras ideas contra las que debemos luchar en ese imaginario colectivo de los ciudadanos, y aunque se encuentran menos presentes que la anterior no podemos dejarlas de lado. Como, por ejemplo, el crecimiento en algunos lugares del discurso que sostiene que los inmigrantes se llevan las ayudas sociales. O el que plantea que las ayudas sociales desalientan el acceso al empleo. Discursos llenos de mitos y que no responden a la realidad de los datos ni al más mínimo escrutinio técnico. No todo es el tema de las rentas.

Dicho esto, pasemos a las propuestas.

En el año 2007, cuando la crisis era todavía algo ajeno a la mayoría de los ciudadanos, la Encuesta sobre Integración y necesidades sociales de la Fundación FOESSA estimaba en más de 2,7 millones las personas en España en exclusión social.

Dos años después la actualización de dicha encuesta mostraba el primer impacto de la crisis cifrando en más de 3,4 millones las personas en esa situación. Ante ese contexto Cáritas y FOESSA plantearon una revisión del sistema de garantía de rentas mínimas en España que fundamentalmente se basaba en una actuación a tres niveles y con tres ritmos distintos.

El primer nivel era la revisión y articulación del conjunto de dispositivos del Sistema de Garantía de Ingresos Mínimos. Un trabajo a largo plazo que parte de un diagnóstico que explica las disfuncionalidades del sistema.

Básicamente se plantea intervenir sobre:

- La garantía de unos ingresos mínimos para todos los ciudadanos.

- Los problemas de la cohesión territorial y la articulación entre los niveles de las tres administraciones.

- El establecimiento de escalas de equivalencia y homogeneización de ciertos aspectos de acceso y cuantías.

- El aumento de los niveles de protección

- La mejora de la articulación con el mercado de trabajo.

En esta visión del largo plazo se encuentra ahora la discusión sobre la renta básica.

El segundo nivel de actuaciones se planteaba la refundación de las rentas mínimas a partir del liderazgo de la Administración Central del Estado. Desde la perspectiva que nos da el largo plazo, se constataba que aquellas iniciativas de coordinación entre CC.AA, que surgieron en los años 90, habían resultado un rotundo fracaso como mecanismo de reducción de las diferencias entre unos y otros territorios, tanto desde el punto de vista de la cobertura de esta prestación como de los derechos de los ciudadanos más excluidos.

Se proponían tres opciones de desarrollo a medio plazo:

- La asunción por parte de la Seguridad Social de esta nueva “contingencia”, en la línea de lo expresado en la actual ILP presentada por los sindicatos.

- La aprobación de una ley de mínimos de carácter estatal.

- El lanzamiento de un nuevo “plan concertado” para las rentas mínimas. Estos tres caminos necesitaban de la colaboración de las CC.AA y para ello era necesario un compromiso financiero previo en los Presupuestos Generales del Estado.

El tercer nivel de actuaciones se centraba, en el corto plazo, en la reforma inmediata de la Renta Activa de Inserción. El objetivo era intervenir lo antes posible a través de una medida, relativamente sencilla, para responder de forma urgente al aumento de las necesidades de los ciudadanos.

Para ello se planteaban dos opciones de reforma, bien modificando una serie de aspectos de sus requerimientos generales (eliminado requisitos de edad, tiempo de inscripción en las oficinas de empleo, revisión de ingresos computables…), bien introduciendo un nuevo colectivo (vinculado a los umbrales de pobreza) con derecho a participar en un programa de estas características. En ambas opciones se planteaba la limitación de un máximo de perceptores por hogar.

El desarrollo de las anteriores propuestas se puede consultar en https://www.foessa.es/publicaciones_download.aspx?Id=3952

¿En qué punto nos encontramos en el 2015 en relación a este planteamiento del año 2009?

Tristemente, después de seis años no hemos avanzado demasiado en términos de cambios de políticas concretas. Desde un punto de vista del sistema general de protección, las prestaciones a los mayores y a los trabajadores (estos cada vez menos) continúan siendo la parte fuerte del sistema.

Seguimos teniendo un sistema excesivamente asimétrico. Un sistema que los jóvenes entienden claramente injusto hacia ellos. El volumen económico de nuestro sistema de prestaciones asistenciales, aún siendo cuantitativamente importante, es muy ineficaz en términos de reducción de la pobreza comparativamente con los países de nuestro entorno. Necesitamos con urgencia acometer el incremento de la renta por diversas vías.

Estamos consolidando una fractura social que no nos imaginamos las consecuencias que tendrá en el largo plazo. En el corto no se puede permitir que las discusiones de este espacio de reflexión se anulen entre sí. Todas deben sumar, desde distintas experiencias y formas de ver la realidad. Los ciudadanos llevan mucho tiempo esperando.