La Renta Básica es una medida tremendamente eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión

La primera vez que oí hablar de una renta básica universal incondicionada (en adelante RB) no daba crédito a lo estúpida que me pareció la idea. ¿Universal e incondicionada? O sea, ¿una renta para todo el mundo, con independencia de si necesitas dinero o nadas en la abundancia? ¿No es mucho más razonable dar dinero solo a los pobres? ¿Reformar o dotar mejor las rentas mínimas de inserción existentes? Afortunadamente, antes de lanzarme a ridiculizar la propuesta, me informé un poco mejor.

La RB no es un dinerillo extra para gastar en lo que uno quiera, la RB es una medida tremendamente eficaz en la lucha contra la pobreza y la exclusión.

Quizá la única verdaderamente eficaz. Naturalmente, la RB es una medida de redistribución de la riqueza que debe acompañarse de reformas en el sistema fiscal.

Así, al margen de cuál sea su principal fuente de financiación, para la mayoría de la población su funcionamiento se resumiría en que si tienes unos ingresos más o menos elevados, lo que recibes en concepto de RB te toca luego devolverlo en la declaración de la renta, mientras que si tus ingresos son escasos o inexistentes, la RB se convierte en una asignación libre de impuestos que te saca de la pobreza.

¿Cuál es su ventaja fundamental frente a otras formas –como la que proponen CCOO y UGT- de intentar garantizar un ingreso mínimo a quienes lo necesitan? Al ser incondicionada, desaparecen los trámites y papeleos, en ocasiones tan complejos que, según reconoce la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, sólo un 10% de los expedientes que reciben para tramitar la Renta Mínima de Inserción (RMI) llegan completos.

Su simplicidad hace que pueda llegar a todo el mundo, también a quienes nunca han trabajado en la economía formal ni tributado, lo que la convierte en una aportación verdadera y totalmente desgajada del ámbito contributivo, ese sector que nuestro sistema de bienestar privilegia en beneficio de las clases medias y en detrimento de los más pobres.

También hace que llegue a tiempo: en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, la demora desde que se solicita la RMI hasta que se obtiene suele ser de un año, y en ocasiones llega a los 18 meses.

Su papel es, pues, preventivo: a diferencia de las rentas mínimas condicionadas, no hace falta ser ya pobre para recibirla. Y, sobre todo, no hace falta serlo y, encima, tener que demostrarlo.

Otra de sus ventajas es la de ser individual, independiente, pues, de los ingresos del hogar en el que habita su perceptor: esto es importante desde la perspectiva de género, ya que ofrece la posibilidad real de independencia económica a muchas mujeres cuya existencia está hoy vinculada al mantenimiento de una relación de pareja de la que tal vez desean o necesitan escapar.

La RB también otorga seguridad económica a las personas –en su mayoría mujeres–que se dedican a cuidar, una opción vital seriamente penalizada en nuestro sistema. Además, su percepción es independiente de si se trabaja o no, a diferencia de la propuesta de las rentas mínimas al uso y, por lo que se ve, de la propuesta de CCOO y UGT, destinada a quienes “queriendo trabajar no puedan hacerlo”.

Logra así hacerse cargo de la realidad rampante de los working poors (la tasa de riesgo de pobreza entre las personas que tienen empleo llega ya al 14%), una realidad que, de nuevo, tiene una importante lectura de género y gran incidencia a la hora de entender las altísimas tasas de pobreza infantil en nuestro país: según la ECV de 2014, un increíble 42% de los hogares formados por un adulto con uno o más hijos dependientes está en riesgo de pobreza y, como es sabido, en la inmensa mayoría de estas familias monoparentales (el 82%) el adulto a cargo es una mujer.

La RB permitiría compaginar un trabajo a tiempo parcial con el cuidado de los hijos (la opción ideal para la inmensa mayoría de mujeres con hijos pequeños) sin que ello suponga caer en la indigencia.

Por lo demás, al ser independiente de la percepción de un salario, se evita también la llamada “trampa de la pobreza”: cuando estás recibiendo una renta condicionada a tu falta de ingresos y te ofrecen un trabajo precario y con un salario bajo (como los que, con suerte, se encuentran hoy en día), no merece la pena cogerlo y perder un subsidio que luego tendrás que volver a tramitar cuando pierdas el empleo. Lo más probable es que tampoco merezca la pena emprender, y quizá sí, en cambio, trabajar “en negro”…

Por supuesto, en la situación de verdadera emergencia social en la que se encuentra España, cualquier propuesta que pretenda mejorar la cobertura de rentas mínimas existentes es más que bienvenida (aunque la ciertamente miserable asignación de la propuesta sindical no es ni de lejos suficiente para que sus perceptores salgan de la pobreza).

Además, teniendo en cuenta la tremenda disparidad territorial de las rentas mínimas que manejan las Comunidades Autónomas (cuya cobertura oscila entre el 4,6% de las personas que viven en hogares sin ingresos en Castilla-La Mancha, hasta más del 100% en el País Vasco y Navarra; y cuya cuantía va de los miserables 300 € de Ceuta o Murcia hasta los 660 € del País Vasco), la idea de que el estado central tome cartas en el asunto como proponen CCOO y UGT parece más que razonable (aunque no me ha quedado nada claro cómo se articularía la intervención estatal con las de las CC AA ni cómo de compatibles serían las ayudas).

Sin embargo, su propuesta presenta (en acto o en potencia) los mismos problemas que las rentas mínimas condicionales que hemos ido repasando y de los que son buena muestra la mayoría de las rentas mínimas autonómicas (con la importante salvedad de las del País Vasco y Navarra).

Me imagino que la principal ventaja de la propuesta de CC OO y UGT es su coste moderado, frente al coste mayor de una auténtica herramienta para erradicar la pobreza y disminuir la desigualdad como es la RB.

De ser así, me parecen mucho más interesantes las propuestas de RB “sectoriales” que se ocupan de los colectivos más vulnerables, como las que proponen una asignación universal por niños, una asignación para mayores y otra para dependientes.

Estas propuestas, totalmente compatibles con el empleo u otras fuentes de ingresos de los adultos a cargo de hogares con niños o dependientes, o con otras fuentes de ingreso para los jubilados, no requieren de la vigilancia, los controles y los trámites complejos de las rentas condicionadas.

Dan respuesta al acuciante problema de la pobreza infantil, y se hacen cargo más adecuadamente de la compleja economía de los cuidados que es en gran parte responsable de la feminización de la pobreza.

Además, tienen la gran ventaja de poner en marcha por fin un tipo de subsidios totalmente desligados del mundo del empleo –algo que quizá no guste a los sindicatos mayoritarios, pero que es absolutamente imprescindible a día de hoy– y decididamente alejados de la perversa ideología del workfare que, poco a poco, parece haber ido permeando hasta las propuestas de lucha contra la pobreza supuestamente críticas.