Renta Mínima Garantizada: Acertar con el objetivo y con la estrategia para lograrlo

Quiero empezar señalando que, en mi opinión, el problema real, de fondo y relevante de este debate, es la falta de cobertura de necesidades básicas de una parte de la población. Mucho más relevante, en términos de personas afectadas, en una situación de crisis prolongada como la actual en la que las redes de protección social existentes, siendo importantes, son claramente insuficientes.

Ese problema central puede ser abordado de distintas formas, en este debate se ha partido de la propuesta sindical de crear una renta mínima garantizada, y han aparecido otras alternativas (trabajo garantizado, impuesto negativo sobre la renta, renta básica). Todas ellas intentan afrontar un problema real y evidente, con ventajas e inconvenientes, sin duda, cada una de ellas.

Esa es la cuestión y, brevemente y con claridad para no volver sobre ello creo que, en este debate, descalificar la propuesta sindical de renta mínima garantizada para las personas con rentas insuficientes, probablemente intentando aumentar el protagonismo de la posición propia, es mas vanidoso que útil.

La cuestión con la que hay que contrastar cualquier propuesta es la red de protección social existente, el mercado de trabajo existente, la falta de cobertura de necesidades de una parte importante de la población. El discurso dominante que se basa en la ausencia de recursos, la acusación de quienes no quieren aumentar el gasto en protección social, apelando al riesgo de caer en la trampa de la pobreza,... que encubre las distintas prioridades políticas entre quien gobierna y quienes demandamos soluciones justas, exigentes, pero posibles.

Por tanto, bienvenidas sean todas las propuestas, pero conviene contrastarlas con la realidad. Esta es tozuda, millones de personas sin empleo o cobertura de protección social y las prioridades de política económica de España y la Unión Europea situadas lejos de esa realidad.

He de reconocer cierto estupor cuando leo en alguno de los participantes de este foro que la principal crítica que cabe hacer a la Renta Mínima estatal que proponen los sindicatos, y por la que parece que hay que rechazarla, es porque no es suficiente: no resuelve todos los problemas de la pobreza, ni todos los problemas del mundo del trabajo. Pues vaya, claro que no. No es ese su objetivo.

No veo el problema en decir que la Renta Mínima es un ambicioso paso hacia delante y que la Renta Básica podría serlo aún más, siempre en función de como fuese construida. Hasta donde sé los viajes comienzan siempre con el primer paso, y el que proponemos no es pequeño.

Y ya puestos a caminar, seguro que todos compartiríamos que con la Renta Básica tampoco se resolverían todos los problemas de desigualdad y falta de equidad que afectan a las sociedades capitalistas y que, seguramente, habría que seguir dando otros muchos pasos en esta senda.

Pero en cualquier caso sí quiero señalar que la discusión entre Renta Mínima y Renta Básica es un debate que se da, fundamentalmente aunque no solo, en la izquierda; en el otro lado del espectro ideológico ya vemos que algunas propuestas no están en la agenda, ni se las espera. Y esto tiene su importancia.

Conviene recordar que el Estado de Bienestar, el Estado Social que dice la Constitución en su artículo 1º que tiene como objetivo “la justicia y la igualdad” y en el que hemos enmarcado instrumentos tan útiles para ello como los sistemas públicos de seguridad social, sanidad y educación, es en realidad un contrato social. Si nuestro Estado de Bienestar tiene un alto nivel de consenso social es en gran medida porque en su construcción, financiación y disfrute participa de común acuerdo un amplio espectro social y político. Son los ámbitos más extremos y puritanos de la ortodoxia de las distintas concepciones ideológicas las que suelen cuestionar el resultado.

Lo más difícil de un debate en materia de protección social es determinar con acierto cuál es el objetivo y establecer un plan de trabajo para lograrlo.

El objetivo de la Renta Mínima estatal que proponemos los sindicatos es claro: mejorar una laguna muy concreta, y muy amplia, que hoy tiene el sistema de protección social: no está diseñado para proteger a quienes nunca tuvieron un empleo y lo buscan (jóvenes sobre todo, pero también mujeres) y a los parados de larga duración (hoy ya de un perfil sociodemográfico amplísimo) que ven agotadas las prestaciones de desempleo, y que se encuentran en una situación de necesidad porque ni ellos ni sus entornos familiares tienen ingresos suficientes.

Hoy hay en esta situación 2 millones largos de personas, el 70 por ciento mujeres, que viven en 1,8 millones de hogares en los que residen un total de 6 millones de personas (de ellos 2 millones son niños y menores de edad). Es aquí donde se concentra el crecimiento del riesgo de pobreza y este es el objetivo de los sindicatos, claro y preciso. El objetivo no es cubrir esta laguna sólo en la crisis económica, sino hacerlo de manera permanente.

Hoy el efecto social de esta laguna se ha multiplicado y es urgente resolverlo, pero sin crisis la laguna sigue existiendo y aunque el número de afectados sea inferior también hay que mantener este nuevo ámbito de protección. Se trata de dar un paso más, y no pequeño.

Aumentar el gasto social en un mínimo de 11.000 millones de euros anuales, entre 15 y 20.000 si tenemos en cuenta la previsión de mejora de prestaciones para personas con cargas familiares, es decir, entre un 1 y un 1,5 por ciento del PIB, ni es fácil ni poca cosa. Se puede pedir más, sin duda, pero despreciar esto no parece muy útil (recordemos algún parámetro de comparación: la cuantía mínima prevista, 11.000 millones en 2015, equivale a multiplicar por cinco el coste anual de pensiones no contributivas, a la mitad del gasto anual en pensiones de viudedad de la seguridad social, a multiplicar por 10 el presupuesto para rentas mínimas de todas las comunidades autónomas juntas, por citar algunos ejemplos)

Conviene también que entre los objetivos señalemos que al proponer una medida concreta, ésta no entre en contradicción con el resto del sistema de protección social y procuremos no romper los equilibrios que ya guarda.

Por ello los sindicatos hemos propuesto enmarcarla como una prestación estatal (a la que accedan en igualdad todas las personas con independencia de su territorio de residencia) de seguridad social (derecho subjetivo reclamable ante los juzgados de lo social) en su ámbito no contributivo (financiada con imposición general), por un importe mínimo de 426 euros (no porque nos parezca suficiente, sino porque el objetivo más ambicioso ahora es extender mucho el número de personas cubiertas y ésta es la cuantía estándar de los subsidios equivalentes, por lo que la medida se insertaría en el sistema actual sin perjuicio de revisarlo íntegramente, como por cierto propone también la ILP, pero tras ampliarlo y muchom), por tiempo indefinido (que se percibe mensualmente coincidiendo con la situación de desempleo y carencia de ingresos, mientras se mantenga esta situación), y con el mandato explícito, imperativo en la propuesta, para incrementar la cuantía en caso de hijos o familiares a cargo y estableciendo el umbral de ingresos para acceder a ella en el 75 por ciento del SMI (también porque ese es el umbral estándar que se utiliza en otras prestaciones similares).

Somos conscientes de que en política siempre hay más de una solución a cualquier reto, y muy a menudo no hay una opción “óptima”, sino que todas ellas tienen pros y contras que hay que evaluar. Los sindicatos creemos no obstante que una prestación de seguridad social es la mejor opción, aunque no sea la única posible.

En este sentido se ha planteado también la posibilidad de instaurar un impuesto negativo sobre la renta (INR), que en esencia es una opción similar a algunas propuestas concretas de Renta Básica.

Algunos de los inconvenientes que nosotros percibimos de esta medida es que se aparta del esquema general con el que se ha construido el sistema de protección social y en tanto no se revise éste de forma integral podría interferir en el mismo (podría quebrar el orden lógico de acceso a las prestaciones, podría suponer duplicidades,… ); al estar ligado a la presentación de la Declaración de la Renta, la prestación económica no se reconocería hasta transcurrido el ejercicio fiscal, de modo que no se resolvería el problema inmediato de carencia de rentas, una situación, por cierto, felizmente superada en nuestro sistema de subsidios de desempleo; la medida propuesta de INR utiliza un criterio exclusivamente individual de determinación de ingresos y construir un criterio colectivo como el de hogar tendría ciertamente dificultad para compaginarse con el actual modelo fiscal (¿se obligaría a realizar la declaración conjunta a los matrimonios, cómo se computarían las rentas de padres e hijos mayores de 25 años...?)

Por otra parte, se dice en la propuesta de Impuesto Negativo sobre la Renta, que éste reduce los costes de gestión administrativa, puede ser, pero tendrá que admitirse que obliga a hacer declaración de la renta a muchas personas que hoy no tienen tal obligación, por tanto, más parece que sustituye unas cargas administrativas por otras.

Por último, abordemos una hoja de ruta para alcanzar el objetivo. Es necesario poner en la agenda el debate, y que las partes se avengan a abordarlo sin que ninguna de ellas lo deseche directamente por inviable.

Una vez puesto en la agenda política conviene igualmente que este proceso se produzca simultáneamente con otro de carácter social de movilización, por ejemplo, utilizando la recogida de firmas de una ILP para plantear la necesidad del debate mismo, la reflexión sobre las alternativas y la reivindicación en la calle.

No es casualidad que los sindicatos hayamos promovido una ILP coincidiendo con un proceso pre-electoral de unas elecciones generales y que la recogida de firmas se acompañe de actos públicos con partidos políticos para que pueda utilizarse este marco para buscar compromisos concretos de los partidos políticos (de la izquierda y la derecha, sujetos políticos tradicionales y los de nueva aparición) que aspiren a gobernar este país.

Para finalizar, conviene también dejar claro que el objetivo de esta propuesta no es alcanzar la emancipación de la clase trabajadora por la vía de una prestación económica. Ese objetivo está más relacionado, aunque no solo, con un empleo de calidad, digno y con derechos. Lo que aquí hacemos es ocuparnos de cómo nos protegemos cuando no lo tenemos y no estamos cubiertos por el sistema de protección social tradicional.

En lo que llevamos de crisis, los sindicatos no hemos dejado de reclamar unas veces y negociar otras instrumentos orientados a ambos objetivos (planes de empleo, re-industrialización, mejoras en convenios colectivos, prestaciones de desempleo como el PREPARA, Plan de Activación para el empleo, mejoras en las prestaciones de rentas mínimas en distintas comunidades autónomas, así como el propio compromiso incumplido por el Gobierno de completar la insuficiente red de rentas mínimas existente,...), en el que esta ILP es otra iniciativa más, ambiciosa, exigente, pero creemos que factible, además de no excluyente de otros debates y sobre otras necesidades (mayor presupuesto sanitario y para servicios sociales, dependencia,... en una población que envejece; inversión pública orientada a promover un modelo productivo más adecuado; reforzar estructuras educativas, de formación para el empleo, dual,...; entre otras muchas necesidades)

Es decir, atención a múltiples necesidades con un incremento de recursos, que por mucho que aumenten siempre son limitados, que han de salir de medidas normativas en materia fiscal, además de abordar de forma decidida y efectiva el control del fraude y la elusión fiscal, así como el fraude laboral.

En fin, ojalá encontrásemos el ungüento de fierabrás para necesidades sociales, pero de momento se lo leemos a Cervantes.