Hacia un plan integral de garantía de rentas

Vivimos una situación de emergencia social. La última oleada de la Encuesta de Condiciones de Vida, publicada hace unos días, confirma que la tasa de pobreza sube a pesar de que el umbral de pobreza baje. Los datos de pobreza anclada, de pobreza severa, y de carencia material son sencillamente espeluznantes.

Atender esta situación es una prioridad absoluta que no debe perderse en un brindis al sol ni en debates estériles. Se requiere una acción realista pero decidida, un programa de garantía de rentas ambicioso pero viable aquí y ahora.

Aunque se trata de un indudable avance respecto de la situación en la que estamos, la ILP presentada por CCOO y UGT, en su redacción actual, presenta aspectos mejorables e incluso problemáticos:

• No cubre a personas mayores de 65 años que puedan tener rentas inferiores al mínimo garantizado (situación que crecerá por el retraso en la edad de jubilación y el aumento de personas sin cotización suficiente para tener pensión contributiva).

• No aclara si la prestación complementa los ingresos existentes hasta la cuantía básica (como parece razonable), o se cobra íntegramente en caso de cumplir los requisitos (lo que generaría inconsistencias distributivas).

• La prestación es incompatible con prestaciones por desempleo, rentas activas de inserción o rentas mínimas de inserción; habría que garantizar entonces que dichas ayudas no queden nunca por debajo de la cuantía garantizada, o bien especificar que, en tal caso, las complementa hasta dicha cuantía.

• El requisito de encontrarse inscrito como demandante de empleo durante 12 meses anteriores a la solicitud introduce un período de espera innecesariamente dilatado.

• El límite de ingresos/año para tener acceso a la prestación es de 5.837,4€ (75% SMI/12 pagas), pero no se concretan escalas de equivalencia por persona adicional en el hogar, lo que, en apariencia y sin más concreciones, puede encarecer innecesariamente el programa: por ejemplo, haciendo un cálculo simple, una familia de 6 miembros con ingresos de 35.000€ podría tener derecho a la prestación.

• La cuantía básica es de 5.112,1€/año (80% IPREM. Esto implica que el límite de ingresos y la cuantía básica no son equivalentes ni se rigen por la misma referencia, lo que puede generar situaciones inconsistentes; por ejemplo, un individuo que vive solo con ingresos de 5.113€ ¿tiene derecho a la prestación? Si esta es complementaria a los ingresos existentes, parecería que no, a pesar de estar por debajo del límite de ingresos; pero si no lo es, y cobra la prestación íntegra, acabaría con ingresos superiores a 10.000€, cuando alguien con ingresos de 6.000€ no tendría, aparentemente, derecho a nada.

• Se dejan sin concretar (relegados a la Ley de Presupuestos) los complementos por persona adicional en el hogar.

• La prestación es incompatible con cualquier ingreso salarial; ello consolida la trampa de la pobreza: quien tenga ingresos salariales bajo el umbral de la pobreza tiene que renunciar a ellos para tener prestación, afrontando así, de forma discriminatoria, una tasa impositiva marginal igual o superior al 100%.

¿Hay alternativas? Se ha discutido mucho sobre una Renta Básica individual, incondicional y universal. Que se trate de una idea muy interesante no obsta para que no sea la mejor para enfrentarnos en el corto plazo al contexto de auténtica emergencia en el que estamos. Es imposible, con la inmediatez que se requiere, articular las enormes reformas del sistema fiscal y de prestaciones sociales que una RB genuina requeriría. Es muy improbable que fuese políticamente viable a corto plazo.

Y, por último, la propuesta no resulta financiable aquí y ahora sin una prohibitiva subida de tipos fiscales efectivos a los asalariados con rentas medias. Los estudios que se han realizado al respecto, por mucho que a veces se esgriman como talismanes, no hacen más que confirmar tales extremos cuando se tratan e interpretan los datos con rigor crítico y no con partisanismo. Las actitudes voluntariosas, y no digamos ya las agresivas y arrogantes, en ningún caso dan respuesta a estos problemas, sino que más bien los evidencian.

La buena noticia es que la mayoría de los efectos beneficiosos de una RB para la erradicación de la pobreza y la redistribución de la renta se pueden conseguir con mucho menos dinero y con reformas viables. Hay alternativa tanto a las medidas tímidas e incompletas como a la huida hacia adelante. Una renta garantizada que ponga a toda la población por encima del umbral de la pobreza monetaria es perfectamente viable y financiable, y se puede plantear de forma técnicamente más exigente que la propuesta sindical.

Se trataría de una renta complementaria de los ingresos existentes por unidad de convivencia hasta garantizar el umbral de la pobreza monetaria (por persona equivalente), aunque nada impide dividir la prestación total entre todos los miembros adultos del hogar. Cubriría automáticamente, por tanto, a todos los menores y personas dependientes que se encuentren en hogares por debajo de ese umbral. Se podría articular como un derecho subjetivo, suprimiendo los controles y seguimientos que dan lugar a estigma, eliminando los períodos de espera injustificados, y las lagunas de cobertura por razón de edad u otras.

La solicitud de la renta garantizada podría ser tan sencilla como la declaración fiscal que habría que hacer en caso de una RB universal o impuesto negativo sobre la renta, y los controles e inspecciones fiscales que habría que implementar para detectar rentas ocultas no variarían en absoluto. La (enorme) ventaja es que la masa monetaria que habría que movilizar sería únicamente de un 1% del PIB en vez de un 8-9%.

Para evitar la trampa de la pobreza, puede articularse una renta complementaria o bonificación al empleo como la del País Vasco, que a la vez combata la pobreza laboral y erradique dicha trampa. Se podría cobrar integrada con el paquete salarial y las retenciones del IRPF. El coste del programa completo estaría en torno al 1,5% del PIB calculado con la ECV de 2014 (1,2% según la de 2013). Un coste asumible en una legislatura incluso con las tasas de crecimiento anual que prevé el Programa de Estabilidad.

El objetivo alcanzado sería histórico: nada menos que la erradicación de la pobreza monetaria, sin estigma ni trampa de la pobreza, algo que situaría a nuestro país como referencia mundial. Podemos hacerlo, y, sobre todo, debemos.