El debate no es la renta básica, y menos en una situación de emergencia social

La crisis ha sido especialmente injusta y cruel en España con los más pobres, algo que es más una excepción que un tendencia general en la Europa más desarrollada. El 10% más rico ha visto reducidos sus ingresos en un 1,29% mientras que el 10% más pobre han experimentado una bajada de un 42,16% en sus rentas en términos reales entre 2007 y 2012.

Los ingresos de las personas en situaciones de pobreza extrema se encuentran cada vez más lejos de los de la media de la población. Si vamos más allá de los indicadores relativos de pobreza y establecemos un umbral estable para todo el periodo, podemos ver claramente que la pobreza severa (por debajo del 30% de la mediana equivalente) se ha duplicado en nuestro país. En un contexto general de aumento de las desigualdades, lo que más ha crecido es la pobreza y la exclusión social severa.

Unido a otros factores (intensidad y duración de la crisis, destrucción desproporcionada de empleo, precarización de las condiciones de trabajo,…) una parte importante de la explicación de los enormes costes sociales de la crisis en España es debida también a los límites del sistema de protección social y, muy especialmente, del conjunto de dispositivos dirigidos a garantizar unos mínimos ingresos a diferentes colectivos de población. Esta crisis le ha venido grande a nuestro sistema de protección social y sus defectos se han visto ampliados en estos años como si los mirásemos con lupa.

El conjunto de pensiones y prestaciones económicas dirigidos a los sectores de bajos ingresos y que prevén por ello una prueba de necesidad (establecen un límite de ingresos para percibirlas) es significativamente abultado en España: 4,7 millones de prestaciones, lo que viene a suponer un gasto de unos 20.000 millones de Euros. Y ha experimentado además un crecimiento del 34% durante el periodo de crisis económica, que es sin duda significativo, pero muy inferior al avance de las necesidades sociales de la población (la pobreza severa se duplica en España en este periodo, como hemos visto).

El resultado de los desequilibrios y problemas de articulación que presenta uno de los sistemas de asistencia social más amplios de Europa es una capacidad para reducir la pobreza severa muy limitada en términos comparativos. Mientras que en los países de mayor desarrollo social las transferencias sociales reducen la pobreza severa en más de un 80%, España no logra reducirla siquiera a la mitad . El principal problema de la protección social española para eliminar la pobreza severa no es tanto un problema de recursos, como de eficiencia en la distribución de los mismos.

La capacidad de este sistema se ha visto totalmente desbordada a la hora de enfrentarse a las nuevas necesidades sociales que generaba la crisis económica. Algunas de las causas de este fracaso relativo son bastante obvias: cuantías muy limitadas (426 € en el subsidio por desempleo, por ejemplo), sin complementos según el tamaño de la familia, de una duración determinada que acaba agotándose, con criterios, requisitos y baremos totalmente descoordinados, etc.

Pero sin duda uno de los déficits más importantes es la inexistencia de un sistema de última red de protección social a nivel estatal para los descolgados del resto de dispositivos, o como complemento en los casos en los que son manifiestamente insuficientes. Las rentas mínimas de las CCAA deberían haber cumplido esta función pero se encuentran infradesarrolladas en el 95% del país. No suponen más del 5,5% del total de las prestaciones de mínimos reseñadas y el 5,3% del gasto total: 1.040,6 millones de Euros en 2013, según las estimaciones del MSSSI.

Más allá de los muchos análisis comparativos realizados sobre la normativa, los requisitos o los baremos establecidos, lo que es necesario subrayar es que el principal problema de las rentas mínimas de inserción de las CCAA es su escasísima cobertura en la inmensa mayoría de los casos, con la honrosa excepción del País Vasco y, en menor medida, de Navarra o Asturias. Las diferencias entre CCAA son abismales (de 1 a 50 entre los extremos) y curiosamente la cobertura tiende a descender conforme aumentan las necesidades.

En este contexto de emergencia social y ante las limitaciones de los dispositivos existentes, existen razones de peso para considerar la erradicación de la pobreza severa como una cuestión de prioridad nacional: Es una cuestión de equidad, ya que es la parte de la población española que peor lo está pasando durante estos últimos años. Es una cuestión de oportunidad, ya que las situaciones de exclusión y pobreza más severas son las que más han estado creciendo en la crisis.

Es un objetivo viable tanto políticamente (no entra en contradicción ideológica con ninguna de las formaciones que aspiran a dirigir el país) como económicamente (cabe en cualquier programa económico, incluso en los más austeros, con un sistema de prioridades adecuado). Tiene una fuerte función preventiva, ya que los grupos más afectados son justamente los jóvenes y los niños y se evita así el deterioro definitivo de sus potencialidades futuras, del capital humano. Debe ser concebida así como una inversión social de futuro, que permita y vaya paralela a otras actuaciones orientadas a la promoción social de los sectores más desfavorecidos y a su futura reincorporación al mercado de trabajo. Pero sobre todo es una cuestión de derechos humanos, porque la pobreza en sus formas más severas, afecta a la dignidad de las personas, poniendo en cuestión los fundamentos más básicos de nuestro modelo de convivencia.

Y la forma más razonable de abordar este objetivo parece ser una revisión en profundidad del conjunto de dispositivos que configuran nuestro sistema de garantía de ingresos mínimos. Con su racionalización y un refuerzo presupuestario del orden de lo planteado en la Iniciativa Legislativa Popular para cubrir los huecos que deja, podría acabar de garantizarse unos ingresos mínimos suficientes para el conjunto de la población en España. Esta iniciativa puede suponer la confluencia de las demandas planteadas desde distintos sectores sociales: la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el Foro Propositivo para una Estrategia Inclusiva, El Círculo Cívico de Opinión, la Fundación Foessa o Cáritas Española, entre otras. Cabe esperar que dicha iniciativa tenga el éxito que merece.

Pero el debate no es entre una propuesta de renta mínima de inclusión o una renta básica universal. Más bien al contrario, el éxito de la implantación de una renta mínima garantizada será un avance significativo hacia un modelo de protección social más inspirado en derechos universales como la renta básica (aunque sea por diversas vías) y que seguramente deberá construirse progresivamente, extendiéndolo hacia determinados colectivos (una prestación universal para la infancia podría tener un especial interés, por ejemplo). Y para este éxito de la renta mínima de inclusión es preciso conseguir tres cosas:

a) Una cobertura plena de las situaciones de exclusión y de pobreza severa que consiga su erradicación.

b) Demostrar que estos dispositivos no implican una trampa de la pobreza, sino un trampolín hacia la integración social, como reiteradamente han demostrado las evaluaciones realizadas (País Vasco, Navarra, Madrid, Cataluña,…) en un contexto normalizado del mercado de trabajo. Para ello existen mecanismos complementarios, como los incentivos al empleo del País Vasco, que han demostrado efectos netamente positivos. Además, no habrá que olvidar la atención desde los servicios sociales y de empleo para superar los límites que determinados sectores tienen para acceder a un puesto de trabajo.

c) Racionalizar el funcionamiento del conjunto del sistema de garantía de ingresos mínimos, articulando todas las prestaciones y mejorando su eficiencia, lo que no tiene que implicar costes significativos de gestión (de la misma forma que no los tiene Hacienda o la Seguridad Social).