Un Pacto contra la pobreza. ¿Por qué es necesario?

Porque tras casi una década anclada en el 20%, entre las más altas de la UE, la tasa de pobreza relativa —personas con menos del 60% de la mediana de la renta de la población— escaló en 2013 al 22%, lo que suponen más de 10 millones de personas. La tasa de personas en riesgo de pobreza y exclusión, que mide también la privación material y la baja intensidad del empleo, llega casi al 30% (29,2%), siendo peor la situación de la infancia.

Estos datos de la ECV del INE, de mayo de 2015, por todos conocidos, indican que es necesaria y urgente la actuación.

Porque mientras los que no sufrimos las situaciones de pobreza y exclusión debatimos sobre los modelos más adecuados y que más respetan nuestros respectivos principios ideológicos, éticos y morales, hay mucha gente, millones de personas, que no se puede permitir esperar el fruto de nuestras reflexiones. Necesitan de una actuación inmediata, eficaz y realizable a muy corto plazo.

¿Cómo actuar? Mediante un Pacto contra la Pobreza.

Con cuatro metas principales a concretar durante una legislatura, en el Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales:

1) Erradicar la pobreza severa.

2) Reducir de una manera sensible el número de personas que actualmente se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en sus respectivas Comunidades Autónomas. Reduciendo, especialmente, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil de una forma significativa.

3) Aumentar la tasa de ocupación en, al menos, un 10%.

4) Reducir el abandono escolar al 10% de la población en edad escolar obligatoria.

El progreso en estos cuatro objetivos será evaluado de forma continuada, mediante los indicadores objetivos de EUROSTAT.

¿Por qué es necesario un nuevo sistema de Rentas Mínimas garantizadas?

• Porque un sistema de rentas mínimas garantizadas, portable, accesible, digno y comprensible es un instrumento extremadamente eficaz para incidir en la erradicación de la pobreza severa.

• Porque, en la actualidad, las rentas mínimas apenas llegan a un tercio de los hogares sin ingresos. Los subsidios de las comunidades autónomas para los 1,86 millones de desempleados pobres solo alcanzan al 35%.

• A diferencia de la mayoría de los países de la Unión Europea, el sistema español no es homogéneo, sino un mosaico de ayudas de muy diverso origen que ofrecen una protección también muy distinta a hogares y personas con necesidades similares.

• Los niveles de cobertura son muy desiguales y no están en sintonía con las necesidades sociales registradas (tasa de paro y de AROPE), en la mayoría de los casos.

¿Cómo es la propuesta, a grandes rasgos?

En línea con otras investigaciones realizadas por otros autores y organizaciones, a continuación, se desarrollan algunas ideas clave para abordar esta reforma:

• Los ciudadanos y ciudadanas deben tener los mismos derechos sin importar su lugar de residencia. Un Sistema de Garantía de Rentas Mínimas debe asegurarse de que este principio constitucional se observa en todo el país.

• Este proceso requiere un importante aumento del presupuesto actual, pero es importante destacar el carácter de estabilizador del mercado interno, de la economía local, que éstas tienen. Una parte de esas transferencias (entre el 4% y el 21%), de todos modos, regresa a las arcas públicas como recaudación de impuestos indirectos, como el IVA, que gravan a los bienes y servicios que consumirán las nuevas familias perceptoras. Por otra parte, este aumento del consumo estimulará la actividad económica y la creación de empleo local.

• Las pensiones por discapacidad y las pensiones de alimentos de los hijos/as no deberían descontarse del importe, como se hace actualmente.

• Este aumento en el nivel de protección debe servir para combatir eficazmente la pobreza infantil. Siguiendo la propuesta de UNICEF España, Un aumento de las cuantías de asignación por hijo/a (de los actuales 291 hasta 1.200 euros al año para los niños y niñas sin discapacidades; y desde 1.000 hasta 2.000 por año, para los/las que tienen una discapacidad).

• Sin embargo, en un sistema ineficiente como el actual, la mera inyección presupuestaria no generará los efectos esperados (ley de rendimientos decrecientes). Por lo tanto, no se trata solamente de una cuestión presupuestaria. El nuevo sistema implicaría una cohesión territorial real y una mejora de la coordinación entre los niveles de la administración central, regional y local. Un ejemplo sería la aplicación de la condición de "portabilidad" entre ambos sistemas y entre CCAA.

• También implica la articulación y homogeneización de los criterios de acceso, las cantidades y niveles de protección, con una atención más adecuada a las necesidades reales de las familias. Prioritariamente, el límite de edad se tiene que bajar de los 25 a los 18 años. El registro municipal debería ser un criterio flexible, para incorporar a las personas sin hogar y víctimas de violencia de género o doméstica.

• Los grupos con más dificultades en la solicitud y mayor tasa de rechazo (inmigrantes, víctimas de violencia de género y personas sin hogar) necesitan un asesoramiento y una asistencia específica a fin de presentar una solicitud correcta y completa, para lo cual deberían contar con la ayuda de organizaciones no gubernamentales. Sin embargo, la nueva normativa debería ser más flexible a fin de reflejar sus situaciones específicas.

• Con respecto al acceso, debe estar claramente simplificado en las leyes mediante la adopción del sistema “ONE STOP” (“oficina única”). También se propone que un/a funcionario/o concreto/a sea el gestor/a responsable y referente para una determinada persona que solicita o accede a un recursos y que toda la gestión se controle mediante auditoría externa de calidad de los servicios.

• Otro cambio fundamental debe ser la sustitución del concepto de "activación", como la búsqueda de empleo obligatorio, por el de "promoción" del empleo, mediante el reciclaje profesional y la formación continua.

• Coincidiendo con la política de Inclusión Activa, se propone que cualquier trabajo a tiempo parcial o temporal sea compatible si los ingresos percibidos representan hasta un 50% de la cuantía anual otorgada en el sistema de protección, a dicha persona perceptora.

Desde las Administraciones Locales y el Tercer Sector de Acción Social se debería trabajar más para ampliar el conocimiento de los mecanismos de Sistema de Rentas Mínimas y de sus características entre las personas en situación de pobreza y exclusión social, ya que aún falta desarrollar una mayor conciencia de sus derechos.

Un buen sistema de rentas mínimas, enmarcado en un pacto contra la pobreza que funcione, puede ser la mejor carta de presentación para una Renta Básica… y así sí se puede esperar su necesaria llegada.