Esa monarquía y ese periodismo de los que usted me habla

¿Tiene el periodismo una misión especial para consolidar la institución monárquica? No debería. ¿Y para erosionar su credibilidad? En mi opinión, tampoco. El compromiso del periodismo es en primer lugar con los lectores, pero se extiende inmediatamente al conjunto de la ciudadanía y a la democracia, porque el periodismo ofrece bienes públicos esenciales, al permitir que fluyan la libertad de expresión y el derecho a una información veraz. Incluso constitucionalmente (art. 20 CE), la faena esencial del periodismo es elaborar y proporcionar información veraz, contrastada y contextualizada para que sea interpretable y sirva a la ciudadanía para dotarse de criterios y opiniones lo más fundamentados posible sobre los asuntos públicos que se dirimen y sustancian en el debate político. Veraz también, por supuesto, en todo lo que se refiere a la institución monárquica y, por tanto, a las actuaciones irregulares del rey y la familia real. ¿Son esas las funciones que desarrolla el periodismo realmente existente en nuestro país? No o, si se prefiere una respuesta menos rotunda, no en todos los casos ni en muchos temas.

La monarquía fue restaurada por la dictadura franquista en sucesivos pasos que culminaron con la proclamación en 1975 de Juan Carlos I como Rey por unas Cortes franquistas que respetaron escrupulosamente la legalidad franquista y la voluntad del dictador. En 1978, el rey Juan Carlos añadió una nueva apoyatura legal y democrática a su currículum, tras la ratificación de la Constitución en referéndum por la mayoría de la ciudadanía. Y en 1981 se graduó como rey constitucional al ayudar a desbaratar un chapucero golpe de estado, después de haber contribuido por activa y por pasiva a la desestabilización del gobierno Suárez y dejar hacer a tramas militares golpistas. Tales episodios proporcionaron a la monarquía y a su titular una protección extendida que supera con mucho el lógico amparo legal que les otorga el articulado constitucional, tanto por parte del poder judicial como de los sucesivos gobiernos democráticos y los medios de comunicación. Que tal protección extra tuviera algún tipo de justificación en su momento no significa que su persistencia hasta el día de hoy pueda considerarse un rasgo democrático o que ayuda a la consolidación del sistema democrático; más bien, lo contrario.

Ese fenómeno de rara continuidad entre el régimen dictatorial y el nuevo orden democrático convirtió a nuestro país en una excepción entre los países del sur de Europa (Portugal, Grecia y España) que siguieron diferentes trayectorias en sus transiciones de la dictadura a la democracia en los años setenta del pasado siglo. Y permite vislumbrar parte de las insuficiencias o zonas oscuras (no sometidas a suficientes controles por parte de las instituciones democráticas ni de la opinión pública) que han acompañado el discurrir de nuestro sistema democrático durante las últimas cuatro décadas. Insuficiencias que han vuelto a mostrarse con especial crudeza a lo largo del último año, con el tratamiento informativo tan peculiar recibido por el rey Juan Carlos en la huida de sus responsabilidades con Hacienda y la ciudadanía, en sus cuitas con el rey Felipe VI y el resto de la familia real o en las sucesivas operaciones de salvamento mediático de la figura y trayectoria del rey Juan Carlos.

Identificar las insuficiencias democráticas es un paso imprescindible para definir qué medidas permitirían superarlas y contribuirían a que la democracia eche raíces nuevas en la sociedad actual y sea considerada por las generaciones que no tuvieron la oportunidad de pronunciarse en 1978 como una herramienta útil para resolver los nuevos problemas y atender las nuevas necesidades de la ciudadanía. Pero, en lugar de esa acción regeneracionista y democrática, se sigue presentando a la monarquía y la Constitución de 1978 como antiguallas intocables o productos facturados por una transición modélica que no pueden cuestionarse sin debilitar el propio sistema democrático. La mayoría de los medios de comunicación sigue instalada en la propaganda y el blindaje de la institución monárquica frente a toda crítica. El periodismo no ha ejercido su imprescindible función de control externo y transparencia a través de la información. O no siempre ni en todos los casos.

Insuficiencias democráticas y periodísticas forman un matrimonio bien avenido que facilita la pervivencia de zonas de impunidad y el blindaje de temas y personajes frente a la información. Así, se ha logrado evitar durante años que el periodismo diera cuenta de las andanzas del rey o de las muy diferentes opiniones que muestra la ciudadanía sobre la monarquía, como si la Corona pudiera perdurar al margen del debate democrático, convertida en una institución incuestionable e indiscutible. Dicho matrimonio explica también parte de las grandes dificultades para reconocer las deficiencias de nuestro sistema democrático. Y parte de los obstáculos para afrontarlas. Tal situación obliga a prestar atención no sólo a los déficits particulares que presenta la monarquía en términos de transparencia, funcionamiento o reputación, sino también a las carencias del periodismo: desde la revisión de los saberes y valores que se adquieren en las facultades y escuelas universitarias de Periodismo a las estructuras empresariales que sustentan y producen la información, pasando por los tertulianos que, aunque se identifican como periodistas, son profesionales de la intoxicación o la profusión en las redacciones de la temporalidad, la precariedad o el uso irregular de becarios, trabajadores en prácticas y autónomos. Carencias que suponen obstáculos añadidos a la autonomía de la labor periodística y facilitan la subordinación de las tareas informativas a intereses privados empresariales o de otro tipo.

Hay periodistas que realizan muy bien su trabajo en casi todos los medios y hay periodistas y periódicos infames que se diferencian poco de mafias dispuestas a hacer caja con su capacidad de presionar, propagar bulos y mentiras o crear sospechas infundadas. El buen periodismo no se reduce a los componentes de la Plataforma de Medios Independientes (PMI), su composición e incidencia son mucho más amplios y diversos. Tampoco me parece una buena idea apuntalar la creencia de que el desarrollo de iniciativas por parte de la PMI es la vía principal para desarrollar el periodismo que pugna por ofrecer una información veraz. Por mucho que sea obligado reconocer que la iniciativa de la encuesta sobre la monarquía emprendida por los 16 medios que comparten dicha Plataforma haya tenido una incidencia notable y sea un buen ejemplo de experiencias de cooperación que merecen continuidad.

Mi impresión es que para impulsar el periodismo veraz y de calidad y pueda cumplir sus funciones esenciales (proporcionar una información veraz y servir de control externo sobre las instituciones y la acción política) y contribuir a superar las insuficiencias de nuestro sistema democrático, sería necesario ampliar los focos de atención inicialmente planteados (República y PMI) en este debate de Espacio Público e incorporar la reflexión sobre las reformas que atañen a los múltiples aspectos que relacionan información, derechos democráticos y libertades: las estructuras empresariales del sector periodístico, para introducir la democracia en su gestión y preservar la autonomía de la profesión periodística; los planes de estudio de los grados de Periodismo, para reforzar los valores éticos en el tratamiento de la información; las funciones de los colegios profesionales de periodistas, para evitar las malas prácticas; los derechos laborales en un sector en el que la concentración de la oferta informativa se combina con la proliferación del minifundismo empresarial, la informalidad y las nuevas ofertas informativas sin ningún tipo de control que permiten las nuevas tecnologías. En todos estos aspectos, la regulación pública puede establecer incentivos y restricciones que contribuyan a preservar el derecho de la opinión pública a una información veraz.

Numerosas encuestas revelan la mucha desconfianza que generan en la ciudadanía pilares democráticos tan esenciales como el Parlamento, los partidos políticos o los medios de comunicación, que son peor valorados que la propia institución monárquica. Sería conveniente, por ello, no tener una mirada excesivamente sesgada hacia la monarquía cuando intentemos identificar las limitaciones de nuestro sistema democrático. Ni creer que todo avance en la superación de las insuficiencias democráticas pasa por la sustitución de la monarquía por un régimen republicano.