El ejercicio efectivo del derecho a la información exige una mirada a la periferia y la concurrencia de voluntades diversas
Marià de Delàs
Hubo un tiempo en el que se generalizó la idea según la cual Internet vino para democratizar la comunicación de masas. Supuestamente, los medios tradicionales entraban en crisis porque perdían la capacidad de decidir lo que se conocía y lo que no. “Quien no publica es porque no quiere”, dijeron algunos ingenuos “descubridores” de la red, porque en ella cabía todo. Es verdad. Hace ya mucho tiempo que cualquiera que disponga de un dispositivo con acceso a internet puede publicar. Otro problema es que lo publicado no quede automáticamente apagado en el fondo de la red y solo resulte visible para el propio autor y para un recortado círculo de “amigos” o “fans”.
Lo que se presentó como un proceso de liberalización de la información, a favor de millones de personas potencialmente interesadas en dar a conocer fragmentos significativos de la realidad, que los grandes medios silencian, trajo consigo, en la práctica, una concentración mucho mayor de poder mediático, que quedaba en manos de los ‘buscadores’ y de unas pocas redes sociales, condicionadas por el mundo de las finanzas, y absolutamente ajenas a cualquier mecanismo de control democrático.
Víctor Sampedro nos invita a reflexionar colectivamente sobre las oportunidades que tiene hoy en día el periodismo independiente para conseguir información útil, seleccionarla, procesarla profesionalmente y difundirla. Es una invitación al debate sobre la posibilidad de construir algo parecido a un “contrapoder mediático”, alternativo al mundo de la “pseudoinformación”.
Tarea nada fácil propone Sampedro, si se tiene en cuenta que el cultivo del periodismo se realiza en gran parte en régimen de minifundismo. Equipos pequeños trabajan sometidos a condiciones impuestas por un puñado de redes sociales y bajo los designios de un ente omnipotente, omnipresente y pretendidamente omnisciente, que no es el Dios del catecismo, sino una empresa privada que, tal como denunció Julian Assange(1) y evidenció Edward Snowden, trabaja en colaboración con el Departamento de Estado norteamericano, y nos vigila a todos, salvo a los ciudadanos chinos, aparentemente.
Julian Assange, Ignacio Ramonet (2) y otros intelectuales advierten desde hace tiempo sobre el poder de cuatro compañías tecnológicas, que cuentan con mayor influencia económica y política que potentes estados nación. “Somos ciudadanos del final de una sociedad industrial y del inicio de una sociedad digital”, en la cual se libran y se librarán batallas “para ver quién controla la información y de quién serán los datos”, explica Genís Roca en una entrevista publicada recientemente en el diario Públic. Topamos también aquí, como nunca hemos dejado de topar, con el “derecho a la propiedad”, que con tanta frecuencia esgrimen los enemigos de la democracia.
En el ámbito privado, siempre cuesta entrever de qué manera se puede exigir a los medios que sostiene el poder financiero que se comporten con respeto a los valores democráticos. Se diría que todo depende de las convicciones éticas que puedan tener sus propietarios o sus representantes y del nivel de autonomía que consigan los profesionales que trabajan en ellos, siempre y cuando se sientan comprometidos colectiva e individualmente con la obligación de proporcionar información fiable y contenidos respetuosos con toda la población.
La propiedad pública de los medios, por otra parte, no garantiza su independencia del poder económico ni su compromiso con la defensa de los intereses de la población frente a estructuras corruptas del Estado, pero su existencia permite eventualmente que algunas cadenas difundan contenidos de calidad, alejados de la basura que tan a menudo se suministra desde el sector privado. Alimentan además la esperanza de que un día u otro pueden empezar a tener que escuchar sistemáticamente a la población antes de “pretender representarla”.
Actualmente las radios, televisiones y webs de titularidad pública, si atendieran a criterios periodísticos y de servicio público, deberían, por ejemplo, dejar constancia de los “vientos de cambio” que soplan en contra de la institución monárquica a los que alude Sampedro en el arranque de este debate. Lejos de hacer tal cosa, RTVE no se cortaba ni se corta en la difusión de imágenes y palabras edulcoradas sobre la actividad del rey. Pocos indicios hay de que la renovación de su Consejo de Administración vaya a corregir esa enfermiza tendencia a deformar la realidad.
Habrá que poner más voluntad política de impugnación y, sobre todo, persistencia, porque la resignación no es una buena receta para soportar el progresivo deterioro del panorama mediático. Convendría que quienes aspiran a un cambio social favorable a la mayoría trabajaran sobre un escenario de garantías de ejercicio efectivo del derecho a difundir y obtener información útil y fiable.
La encuesta publicada por 16 medios independientes, agrupados en una plataforma, la PMI, el pasado 12 de octubre, reveló que gran parte de la población entiende que la monarquía no tiene sentido en una democracia. Fueron muchos los que intentaron ocultar la información que aportaba esa encuesta. Si significativo fue su silencio mucho más lo fue la vergonzosa campaña de exaltación de la corona que organizaron para contrarrestar la difusión de los datos que no pudieron impedir.
Ya más recientemente, el pasado 25 de febrero, los partidos nacionalistas españoles, unos ultras y otros liberal conservadores, impidieron que prosperara una iniciativa republicana destinada a poner punto final a la inviolabilidad de la figura del rey.
Dos días antes, solo partidos republicanos e independentistas, prácticamente todos ellos de la periferia, declinaron la invitación a acompañar al rey en el acto de conmemoración del 40 aniversario del golpe militar de 1981. Exigieron “luz y taquígrafos” sobre lo que ocurrió aquel 23 de febrero y sobre la operación de Estado organizada para reforzar y blindar los pilares del régimen del 78. No quisieron ser cómplices del maquillaje de una institución monárquica corrupta, dedicada a proteger a los privilegiados y que pasa sin pudor por encima de los derechos de la ciudadanía.
La defensa de uno de esos derechos elementales, el de la información, exigirá en el futuro la concurrencia de muchas voluntades y un esfuerzo descomunal, porque el problema al que hay que hacer frente es mucho mayor que el que representa la jefatura de un Estado. La crisis de los medios es internacional.
En el Estado español, la Plataforma de Medios Independientes (PMI) insinuó tan solo el inicio de uno de los posibles recorridos, que necesariamente serán largos. Con la publicación de la mencionada encuesta esos medios consiguieron dar un paso que asustó a los desinformadores. Luego se propusieron compartir más iniciativas. Para que la difusión de aquel estudio no quede tan solo como el recuerdo de una experiencia puntual ejemplar convendría que esas y otras cabeceras, de raíz y audiencia diversas, estabilizaran el trabajo en plataforma y miraran hacia la periferia, para crecer fuera de Madrid. Podrían además ponerse de nuevo en campaña para exigir conjuntamente algo que necesita la ciudadanía y que nos ahorraría el gesto hipócrita de los defensores de la corona cada vez que se publica una noticia escandalosa: la desclasificación de los secretos que guarda el Estado relacionados con las actividades de la casa real. Esa información, esos datos, nos pertenecen a todos.
Notas:
(1) Julian Assange. Cuando Google encontró a Wikileaks. Clave intelectual, 2014
(2) Ignacio Ramonet. El imperio de la vigilancia. Clave intelectual, 2015