Inmovilismo constitucional, o de cómo los monárquicos traerán la III república

En España el rey es jurídicamente inviolable. Así lo impuso la dictadura, primero, y el artículo 56.3 de la Constitución, después. Sin embargo, a lo largo de muchas décadas, el rey Juan Carlos y su familia han demostrado ser inviolables no sólo desde el punto de vista jurídico, también política y mediáticamente. No cabe otra conclusión revisando los ominosos silencios de los medios de comunicación y el Congreso ante las muchas actividades empresariales del rey y su familia, dudosamente compatibles con la Constitución y con el ordenamiento fiscal y tributario.

Desde el Ferrari recibido de las manos de Javier de la Rosa en representación del grupo KIO o las batidas en Rusia organizadas por grandes oligarcas del petróleo para matar osos borrachos, hasta el marquesado otorgado a su amigo Villar Mir apenas dos años después de recibir 4.2M € en una fundación próxima, el tráfico de influencias, la cuenta Soleado, Arturo Fasana, el caso Noos, el pobre elefante, las tarjetas black de las peluquerías de la infanta y la reina Sofía, el AVE a la Meca, la máquina de contar billetes o Corina, mediáticamente presentada como bellísima amante del rey, en tanto que única descripción disponible para opacar su papel de principal comisionista en los negocios en los que el monarca hendía su mordida. Del machismo implícito a la fabulación hablaré otro día.

La inviolabilidad jurídica del rey y su familia bien podría denominarse impunidad, esa condición de la que han gozado y siguen gozando tantos corruptos en nuestro país. Pero a diferencia de los políticos corruptos, los miembros de la familia real corruptos gozan, también, de impunidad política y mediática. Quizá no esté demás recordar la condena en 1981 a un año de cárcel por injurias contra la corona al director de Punto y Hora en Euskal Herria, un año de cárcel para A. Otegui en 2005 por el mismo delito, el secuestro de la revista El Jueves en 2007 y posterior multa por su viñeta humorística sobre los actuales reyes, las condenas a un año de prisión a los raperos Valtonyc y Hasél y, con menos recorrido mediático pero no menos cierta, la condena de la Audiencia Nacional en 2018 a una multa de 900€ a un ciudadano anónimo por llamar al rey “corrupto malparido” en su muro de Facebook.

Hace unos meses, la Plataforma de Medios Independientes puso fin al apagón de información sociológica sobre la monarquía que el CIS impuso hace cinco años de forma total y hace décadas de manera parcial. En 2013 tuve la oportunidad de dirigir una encuesta en la que abordamos la cuestión monárquica también de forma abierta y metodológicamente rigurosa. Los datos que cosechamos entonces y los ofrecidos por la encuesta de 2020 son consistentes: la imagen y el prestigio de la monarquía están gravemente dañados, aunque esos daños no se transformen linealmente en apoyos republicanos. La monarquía no cuenta con el respaldo ni específico ni genérico de las generaciones más jóvenes y cada vez lo tiene más difícil entre los mayores. A pesar de que ningún partido político ni ningún medio de comunicación generalista está promoviendo explícitamente la forma republicana del Estado, en una eventual consulta, ambas mayorías estarían hoy empatadas. La monarquía no está hundida, pero sí tocada; muy tocada.

En las últimas semanas hemos presenciado un debate declarativo entre los principales líderes políticos y los principales periodistas del país sobre la naturaleza plena -o no- de la democracia española. Escuchando las declaraciones de unos y otras no he podido evitar recordar el texto de J. Pérez Royo, La reforma constitucional inviable. En él, esta cabeza privilegiada del constitucionalismo español, afirma: “Un Estado no puede vivir indefinidamente de la legitimidad constituyente originaria, por muy fuerte que esta sea. El paso del tiempo inevitablemente debilita dicha legitimidad y puede llegar a hacerla desaparecer. Esta es la razón por la que las constituciones tienen cláusulas de reforma. (…). En España no se ha hecho uso de la reforma constitucional prácticamente nunca a lo largo de toda su historia constitucional. Es la asignatura de la historia constitucional de la que la sociedad española no se ha examinado todavía. Y se resiste a hacerlo. Y cuanto más se resista, mayor es el riesgo de descomposición de su sistema político y de su ordenamiento constitucional. No porque los problemas con los que tiene que enfrentarse la sociedad española sean inmanejables, sino porque acabarán siéndolo si no se les hace frente”.

Y concluyo citando ahora a Manuel Azaña. En 1939, el presidente de la república escribía en su ensayo Las causas de la Guerra de España: “La instalación de la República en abril de 1931 sorprendió no solamente a la corona y los valedores del régimen monárquico, sino a un buen número de republicanos. El régimen monárquico se hundió por sus propias faltas, más que por el empuje de sus enemigos.” Quién sabe. Quizá a las y los republicanos de la III nos pasará lo mismo que a los republicanos de la II y la instauración de la república nos pille a todas por sorpresa. Ojalá.