Europeizar la democracia económica

En un mundo globalizado, compartir soberanía es una forma de recobrar soberanía, dijo Mario Draghi hace unos meses en su discurso de despedida.

Mancomunar capacidad democrática (y riesgos, especialmente económicos) debería ser uno de los grandes objetivos (que pueden llevar a otros) de la izquierda social y política en el siglo XXI. Desde el nivel territorial que lo pueda hacer mejor y sin olvidar ningún ámbito de actividad humana (en especial, el productivo). El título, como planteamiento para la acción, tiene dos componentes inseparables: democratizar la economía, y europeizar esa democratización. El primero no será posible sin el segundo, en una época en que la economía sí que se ha europeizado.

Vivimos en un disloque de áreas territoriales con capacidad democrática donde hay un capitalismo financiarizado y una oligarquía tecnológica globales, unas cadenas de valor también transnacionales; pero con un mercado interior y una unión monetaria continental; y unas políticas fiscales y de bienestar en el estado-nación. Y todo ello con una política y una legitimación democrática aún pensada en y desde los estados-nación principalmente. Unos estados que al final, desde la impotencia, no tienen capacidad para abordar los retos políticos fundamentales por sí solos y que su delimitación jurisdiccional acaba actuando como facilitador de la competencia a la baja en estándares, regulación, derechos y fiscalidad. Especialmente, cuando pensamos en la capacidad de movilidad del capital para desplazarse a entornos más ventajosos o amenazar con ello para obtener situaciones privilegiadas. Así, con el objetivo de alinear y hacer converger las áreas, habrá que repensar el principio de subsidiariedad, para que deje de caer instintivamente hacia lo local, y se proyecte hacia lo global, pasando en el horizonte pensable por la institucionalidad europea. Todo ello con el objetivo de poder cumplir la misión fundacional del liberalismo progresista, la contención del poder –ahora el económico-, frente a los apóstoles neoliberales del laissez faire al poder económico.

Como se apunta en la introducción de este foro de debate, la democracia económica tiene una primera aproximación que resulta de aumentar el peso de los trabajadores en el proceso decisorio de las empresas privadas. La forma más extendida, que se da en una mayoría de países de la UE, es los mecanismos de cogestión. Aunque sea por supuesto una línea de interés en la que avanzar, conviene tener presente sus límites -que quisiera señalar- para pensar juntos como superarlos. En primer lugar, su inherente vinculación a una empresa. Lo que impide intervenir en la conexión entre las empresas, que parece ser el hecho económico más relevante y emergente, cristalizado en las cadenas de valor (sean transnacionales o no). Asumo que situar la cogestión en las cadenas de valor es más fácil de decir que de hacer, pero ello no debe limitar la reflexión estratégica al respecto. Un segundo aspecto es el limitado rol en la decisión sobre las externalidades y el impacto social de su actividad, en especial en tres sectores críticos: El energético, el financiero, y el tecnológico de gestión de datos. Abordar la transición ecológica, la estabilización y domesticación financiera, y el control público del poder de la gestión algorítmica del big data desde la cogestión, puede ser necesario pero no suficiente para orientarlos hacia el interés general.

Lo que lleva a la necesidad de explorar también la segunda aproximación de la “democracia económica” por parte del sindicalismo, es decir la referida a la participación de los agentes sociales en la definición de la política económica. Lo primero a impulsar sería lo que podríamos denominar las misiones específicas, donde el sindicalismo debería tener y reclamar un mayor protagonismo, sean tanto en ámbito estatal como europeo. La primera misión sería una política industrial activa, desde un impulso público que la oriente, y que tenga capacidad para crear, conformar, ajustar y sustituir mercados, acorde al interés civilizatorio. Una segunda sería el esfuerzo organizado (éste mucho más de ámbito estatal) de aumentar el tamaño medio empresarial (lo que a parte de la mejora en productividad, innovación y calidad del empleo que significa, también es un factor facilitador de la entrada de la democracia en el interior de la empresa). Y una tercera misión sería el “Green New Deal”, éste sí mucho más de alcance europeo. Es importante señalar que debe ser especialmente de alcance europeo (sin limitar que los otros niveles territoriales también los adopten) ya que es el área y el tamaño apropiado, como potencia económica con “auctoritas normativo”, es el espacio donde ya están muy integrados los sectores económicos clave (financiero, agrícola, transporte, energético…). Y es la escala que puede evitar competencias regulatorias a la baja, oportunismo/parasitismo de algunos estados miembros, o dilaciones indebidas empobrecedoras del vecino, es decir evitar distorsiones democráticas.

En la pulsión de europeizar la democracia económica se requiere una alianza entre las fuerzas sociales (especialmente las sindicales) y las políticas. Hay unos primeros objetivos concretos en el sentido de europeizar el marco y el posible juego democrático en las relaciones laborales: facilitar la conformación de Comités de empresa europeos; capacitar a la Autoridad Laboral Europea; o avanzar en los triálogos. Tampoco deberían olvidarse los referidos a dar contenido y capacidad vinculante al pilar/contrato social europeo: impulsar un seguro de desempleo pan-europeo; disponer del número de seguridad social europeo; fijar un horizonte y rangos de convergencia y armonización de condiciones laborales y salariales entre países; dar centralidad al “social scoreboard”; y asegurar los Fondos europeos de adaptación a la globalización. Todos estos elementos seguramente deberían ser empujados por el sindicalismo y acompañados por las fuerzas políticas progresistas.

En cambio, el protagonismo debería invertirse y ser las fuerzas políticas quienes lleven el liderazgo (con el necesario empuje de las fuerzas sindicales en su vertiente sociopolítica) en impulsar la profundización democrática de una gobernanza económica europea que sea funcional, sostenible y que no deje a nadie atrás: capacidad fiscal suficiente para la eurozona tanto en inversión como en estabilización; tener plenos estabilizadores automáticos; buscar la legitimación democrática comunitaria y no intergubernamental en los asuntos económicos; y mientras los fiscales sean competencia estatal, avanzar hacia las mayorías cualificadas y superar las capacidades de veto en fiscalidad de la unanimidad. Resumidamente, completar la Unión Económica y Monetaria con unión bancaria (y seguro de depósitos), con unión fiscal, con capacidad contracíclica, con mandato pleno para el BCE enlazado a una mejor rendición de cuentas, y una unión política que lo legitime democráticamente. En definitiva, que mayorías políticas diferentes, puedan impulsar orientaciones político-económicas diferentes y superar el actual estrechamiento de alternativas, lo que sería uno de los fundamentos de la democracia.

Aún no hemos aprendido a domesticar a la oligarquía financiera, y en esta tercera década del siglo en la que entramos ya se intuye un poder aún más totalizante de la oligarquía tecnológica (GAFA y otras). Especialmente amenazante para cualquier proyecto democratizador es su poder creciente en la conformación de preferencias. Es en este sentido que para los esfuerzos democratizadores debería situarse como prioridad -para sindicatos y fuerzas políticas- la socialización del algoritmo y disponer de los mecanismos para que los datos respondan en última instancia al interés general. Se da la paradoja que si la capacidad de conocimiento (en preferencias del mercado) que genera el Big Data y la Inteligencia Artificial se pusieran al servicio público, se podría conformar una economía eficiente (la planificación pública estaría bien informada) y que a la vez respondiese al bien público y atendiese los principales retos civilizatorios. Dejar como hasta ahora el Algoritmo y los datos en manos privadas, es dejar la planificación en unas pocas manos privadas, lo que seguramente es lo más alejado de la democratización de la economía. Esto sólo es posible a escala europea, viendo la insuficiencia de los estados-nación, y viendo los caminos propios que EE.UU. y China (y sus compañías) están tomando de momento en Inteligencia Artificial.

Así pues, si queremos la reapropiación y democratización de la economía, una renovada alianza estratégica entre las fuerzas políticas progresistas y el sindicalismo debe ser a escala europea, entendiendo que Europa deber formar parte de la solución. La UE debe ser una ventana y palanca democrática a la globalización y al sistema-mundo, de manera que se disponga de un actor institucional con el tamaño, peso y área suficiente para abordar los principales retos económicos, sociales y humanos, que son transnacionales o globales (entre otros el cambio climático, la justicia fiscal, las disrupciones tecnológicas y los flujos humanos). Y todo ello con una legitimación democrática europea que deberá ser síntesis entre la complejidad, la interdependencia, la voluntad de controlar el futuro y la necesidad que la voz de cada uno cuente.