Confusión

En la actualidad nos encontramos con sistemas de rentas mínimas desiguales por CCAA y en general muy insuficientes (como destaca Miguel Laparra aquí, es encomiable el caso de El País Vasco). Por ello, tal como señala la ponencia de Carlos Bravo, el establecimiento de la Renta Mínima Garantizada como un derecho general es urgente, y más en la situación de emergencia social en la que nos encontramos.

Cabe destacar que, afortunadamente, esta no es ninguna idea nueva sino un mecanismo de último recurso que ya funciona en muchos países, en consonancia con los demás elementos de los sistemas de impuestos, prestaciones y servicios públicos que conforman los estados de bienestar más avanzados (aunque ninguno perfecto).

La experiencia internacional demuestra que esta medida, convenientemente gestionada, no crea trampas de pobreza ni otras catástrofes.

Naturalmente, tendríamos que seguir discutiendo sobre cómo perfilar este derecho y sobre qué otras medidas son igualmente importantes. Nuestro sistema de protección social está seriamente dañado; muchos derechos humanos básicos se han recortado y otros igualmente básicos ni siquiera habían entrado en el sistema antes de los recortes; muchas necesidades perentorias siguen desatendidas.

La tasa de pobreza infantil es escandalosamente alta…. Nuestro sistema impositivo contiene vergonzosas inequidades que se acentúan reforma tras reforma…

Podríamos hablar, por ejemplo, de la necesidad de establecer una prestación universal por criatura, que naturalmente sustituiría a las desgravaciones actuales por ese concepto en el IRPF, pues estas son insuficientes y, lo que es peor, no alcanzan a las rentas bajas que no tienen de dónde desgravarse.

Podríamos hablar de equiparar las pensiones no contributivas al mínimo de las contributivas, extendiendo así el derecho a una renta mínima digna a la población mayor y acabando con la histórica injusticia de unas pensiones no contributivas muy por debajo de la línea de pobreza.

Además, no se trata solo de garantizar rentas, sino derechos. Podríamos hablar, por ejemplo, de todas las personas dependientes que están muriendo antes de que ni siquiera se les reconozca el derecho a la atención.

¿No debería ser un derecho básico de las personas el de la autonomía funcional? ¿No deberían los servicios públicos garantizar esa autonomía en condiciones dignas? Esto no se arregla con prestaciones monetarias sino con un Sistema de Atención a la Dependencia público que funcione correctamente.

Este sistema no es factible de la noche a la mañana, pero es urgente construirlo, empezando por incluir medidas en los planes de rescate a corto plazo.

Tampoco se trata solo de servicios públicos. Por ejemplo, podríamos hablar de todos los hombres y mujeres que tienen criaturas con una madre biológica; estas personas (llamadas por el sistema “otro progenitor”), siguen discriminadas por la Seguridad Social y por el Estatuto de los Trabajadores, que les concede solo dos semanas de permiso para cuidar, la octava parte que a la madre biológica. ¿No nos dicen que debemos ser corresponsables? Esta es una situación urgente de atajar en un momento en que la infancia está desatendida, la fecundidad en caída libre, las mujeres marginadas en el empleo….

Necesitamos también medidas urgentes de mercado de trabajo, como la reducción de jornada a 35 horas semanales máximas, la anulación de la última reforma laboral y otras medidas para dignificar el empleo. Necesitamos ser conscientes de que en la actualidad hay categorías laborales que no están protegidas ni siquiera por el actual Estatuto de los Trabajadores, así como de otras muchas flagrantes injusticias.

Necesitamos, en definitiva, discutir a fondo los principios de la política social en democracia y cómo aplicarlos efectivamente. “A cada personas según sus necesidades y de cada persona según sus posibilidades”. ¿Estamos de acuerdo? Pues deberíamos ponernos manos a la obra. Trato de aportar elementos para avanzar en este terreno en varios trabajos entre los que citaré tres: este artículo en la revista Transversales; el documento sobre reorganización del sistema de cuidados elaborado a petición de la Ejecutiva de Podemos; y mi libro Desiguales Por Ley.

Sin embargo, estos debates no son los que estamos manteniendo. En cambio, nos enfrascamos en otros debates en los que, curiosamente, no salen a relucir esos principios en torno a los que se forjó un pacto social en la segunda mitad del siglo XX. Advirtamos que este desplazamiento del debate avanza conforme progresa la ofensiva neoliberal para destruir los sistemas de impuestos y prestaciones existentes (o en construcción). Es muy ilustrativo que el Banco Mundial les llame “Sistemas Ortodoxos”, dándolos por superados y apostando en su lugar por lo que llama “Nueva Política Social”.

La propuesta de Renta Básica Universal Incondicionada, igual para todas las personas y sustitutiva de otras prestaciones ya existentes (RB) tiene que ver con este fenómeno. Sus defensores actúan al unísono repitiendo argumentos en principio atractivos porque, ¿quién podría negarse a que cada persona recibiera una cantidad, máxime en el actual momento de necesidad extrema? Sería un pecado oponerse.

Este argumento es engañoso, pues realmente la RB no trata de conceder esta prestación a las personas que lo necesitan sino a todas. Por otro lado, sus defensores no hablan de cómo atender otras necesidades, pero si se les pregunta dirán que no es incompatible; solo si se les pregunta. Otro argumento engañoso, porque en realidad proponen explícitamente que la RB sustituya a otras prestaciones.

¿Y sobre el sistema de impuestos progresivos? ¿No deberíamos poner en primer plano el problema de la pérdida de progresividad? Me preocupa que se proponga la financiación de la RB a base de una reforma fiscal que implante el tipo único, propuesta neoliberal donde las haya.

Aún más preocupante: J. Antonio Herce dice aquí que “el Impuesto sobre la renta, proporcional a tipo único, o progresivo, lo mismo da”. Muy alarmante, y sin embargo no ha sido contestado por ninguna otra persona de las que siguen convencidas de que no da igual ni muchísimo menos.

El mayor problema de la RB no es si debe implantarse o no. En realidad nadie propone implantarla ahora tal y como está concebida (universal, incondicionada, etc.) sino empezar con las personas que no tienen ingresos (lo que aumenta la confusión, porque en la práctica resulta ser poco más o menos como la Renta Mínima).

Es curioso que los defensores de la RB, que tanto disparan contra las rentas mínimas con el argumento de que crearán trampas de pobreza, se olviden de su propio argumento cuando aceptan esa primera etapa, que además no se sabe hasta cuándo durará (detalle interesante: ¿cómo no se les ha ocurrido esta idea a países como Suecia, Islandia, etc?).

El mayor problema es que la propuesta de la RB actúa como un factor importante de confusión y obstáculo en el debate sobre política social. Discútase de lo que se discuta, la introducción del tema de la RB simplifica, banaliza, monopoliza y polariza el debate reduciéndolo todo a una discusión entre RB sí o RB no. La evolución de la presente discusión en este foro es un ejemplo elocuente, pero he presenciado muchos otros. ¿Cómo es posible?

En el centro de la respuesta está el hecho de que la propuesta de la RB es exterior a una política social basada en el principio “a cada cuál según sus necesidades y de cada cuál según sus posibilidades”, que es muy diferente de darle a cada persona una cantidad y que se las arregle como pueda.

Diferentes premisas que se confrontan sin explicitarse y convierten la conversación en un diálogo de sordas/os. Lo que es más triste, este escollo nos está haciendo perder un tiempo precioso para debatir las medidas urgentes de política social. Al final yo también he terminado hablando de la Renta Básica. ¡Qué pena!