Por una vida libre de violencias machistas

Mientras aumentan los asesinatos machistas, la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género cumple diez años de funcionamiento entre recortes presupuestarios y desmantelamiento de los recursos y dispositivos para prevenir y erradicar las violencias de género. Aunque insuficientes, las políticas y recursos que hoy corren serio peligro son fruto de décadas de trabajo, movilización e incidencia de las redes y organizaciones feministas, que vienen apoyando a las mujeres para salir de relaciones violentas desde la época en que no había protocolos o recursos de atención, y que ahora siguen amortiguando el impacto de las violencias machistas frente a la negligencia institucional, la tolerancia y la indiferencia social. Reconocer y aplicar los saberes y buenas prácticas de gestión feminista es clave para pensar y desplegar colectivamente estrategias de prevención, abordaje y erradicación de las diferentes expresiones de violencia de género desde el ámbito comunitario, social, mediático, legal e institucional.

Una ley con pocos recursos y despliegue limitado

Aunque no incluye expresiones importantes de violencia machista como la violencia sexual, económica e institucional, la trata con fines de explotación económica o sexual o la mutilación genital femenina, y sólo aborda la violenciahacia las mujeres en relaciones estables de parejas heterosexuales, la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género fue un logro histórico y supuso un despliegue importante de recursos al acompañamiento, protección y apoyo de las mujeres en situación de violencia. Desde 2010, la gestión gubernamental neoliberal de la crisis sistémica socava los avances en igualdad y equidad de género de las últimas décadas, incluidas las políticas contra las violencias de género, a golpe de ajustes, reformas y recortes: en los últimos tres años, el Ministerio de Sanidad ha reducido en un 30% los fondos para la lucha contra la violencia machista; desde 2011 el presupuesto de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género se ha recortado en 6,6 millones de euros, y las ayudas para programas de atención psicosocial a mujeres y menores que viven violencia machista en un millón. Ya sabemos que los recortes matan, y las violencias impactan especialmente en las mujeres: en lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por hombres maltratadores,( según el recuento del Ministerio de Sanidad, que no incluye a otras víctimas como hijas o hijos, familiares o terceras personas), y más de 80, según organizaciones feministas como Feminicidio.net. En Catalunya, la Comunidad Autónoma donde se denegan más órdenes de protección, 14 mujeres han sido asesinadas en 2014: a dos de las mujeres asesinadas en noviembre, sendos juzgados les habían denegado una orden de protección pese a estar acreditado que vivían en una situación de alto riesgo.

Circuitos de atención que revictimizan a las mujeres

Las organizaciones especializadas llevan una década reclamando que los circuitos de atención y apoyo a mujeres que viven violencia incorporen y desplieguen los recursos previstos en la Ley. El discurso institucional condiciona el apoyo a las mujeres que viven violencia a que denuncien (y más del 70% de las que soportan situaciones de violencia machista no lo hacen), pero las aboca a un circuito policial, judicial e institucional que las desampara y revictimiza: organizaciones como Amnistía Internacional (AI) vienen denunciando que abogadas y abogados de oficio no las acompañan en el proceso, porque los turnos de guardia están saturados por los recortes, no tienen tiempo o formación especializada; que los servicios sociales y circuitos municipales y autonómicos de atención viven un constante desbordamiento y psicólogas y trabajadoras sociales se dejan la piel para intentar responder a las demandas de las mujeres que viven violencia machista, impotentes ante de la falta de recursos y la falta de articulación entre ellos;

que los juzgados de violencia de género están saturados de denuncias y expedientes, con una judicatura sin suficiente formación, donde cala el discurso neomachista, que no aborda los procesos con perspectiva de género; que los procesos judiciales convierten la declaración de las mujeres que denuncian violencia en auténticos interrogatorios, donde se culpabiliza a las que están pidiendo justicia y acompañamiento y que, lejos de empoderar y reforzar a las mujeres, les suponen un calvario, tal como retrata el video La última gota del Colectivo Las Tejedoras. En los últimos siete años, los sobreseimientos de denuncias por violencia de género han aumentado un 158% (en 2011 hubo más absoluciones que condenas) y la concesión de órdenes de protección ha descendido un 12% en todo el Estado. Entre 2011 y 2012, 651 mujeres fueron condenadas en procesos por violencia de género en los que los acusados las contradenunciaron afirmando que mentían. Aunque el propio Consejo General del Poder Judicial corrobora que las denuncias falsas no llegan al 0,1% del total, el bulo que tilda de manipuladoras a las mujeres que viven violencia se amplifica a nivel social e institucional, y no por casualidad: la ofensiva neoliberal que vivimos conlleva la devaluación del estatus social de las mujeres, lo que requiere un discurso misógino que justifique la merma de nuestros derechos. Además, organizaciones como AI alertan de que el anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado en 2013, prevé introducir la mediación en casos de violencia machista, lo que podría llevar a suspender la ejecución de la condena del agresor, o sustituir por una multa la pena de cárcel por ejercer violencia de género, medidas que contravienen la Ley y las recomendaciones feministas para erradicar las violencias de género.

No basta una ley: por una cultura libre de violencias machistas

El 24 de noviembre, Marisa González, abogada de Dones Juristes, planteaba en el Parlament de Catalunya que “crear culturas paralelas para erradicar las violencias machistas hace que las leyes funcionen”, y que el mayor éxito es que la sensibilización y la prevención eviten recurrir a la vía penal. El movimiento feminista cimienta y extiende esas culturas en instancias sociales, comunitarias, económicas, políticas, al romper el silencio y la impunidad y desplegar redes formales e informales que acompañan a las mujeres de forma horizontal y no victimizadora, para que protagonicen su recuperación; al generar conciencia y movilización social y reclamar a las administraciones públicas que desplieguen políticas, leyes y recursos para erradicar esta pandemia. Hay evidencias de que la acción de los movimientos feministas independientes ha sido y es más decisiva en la lucha contra la violencia de género que “la riqueza de las naciones, la izquierda, los partidos políticos, o el número de mujeres políticas”. Con pocos recursos y desde la base, las redes feministas son el motor y pilar de la resiliencia que ayuda a miles, millones de mujeres a salir de relaciones violentas, sobrevivir y seguir sosteniendo vidas, comunidades y sociedades. Para afrontar la actual escalada de violencias machistas, debemos apoyar y multiplicar estos saberes y prácticas en el ámbito familiar, estudiantil, laboral, comunitario, sanitario, legal, institucional: sólo así lograremos el sueño común de construir vidas y relaciones libres de violencia.

Una ley con pocos recursos y despliegue limitado

Aunque no incluye expresiones importantes de violencia machista como la violencia sexual, económica e institucional, la trata con fines de explotación económica o sexual o la mutilación genital femenina, y sólo aborda la violenciahacia las mujeres en relaciones estables de parejas heterosexuales, la Ley de Medidas Integrales contra la Violencia de Género fue un logro histórico y supuso un despliegue importante de recursos al acompañamiento, protección y apoyo de las mujeres en situación de violencia. Desde 2010, la gestión gubernamental neoliberal de la crisis sistémica socava los avances en igualdad y equidad de género de las últimas décadas, incluidas las políticas contra las violencias de género, a golpe de ajustes, reformas y recortes: en los últimos tres años, el Ministerio de Sanidad ha reducido en un 30% los fondos para la lucha contra la violencia machista; desde 2011 el presupuesto de la Delegación de Gobierno contra la Violencia de Género se ha recortado en 6,6 millones de euros, y las ayudas para programas de atención psicosocial a mujeres y menores que viven violencia machista en un millón. Ya sabemos que los recortes matan, y las violencias impactan especialmente en las mujeres: en lo que va de año, 45 mujeres han sido asesinadas por hombres maltratadores,( según el recuento del Ministerio de Sanidad, que no incluye a otras víctimas como hijas o hijos, familiares o terceras personas), y más de 80, según organizaciones feministas como Feminicidio.net. En Catalunya, la Comunidad Autónoma donde se denegan más órdenes de protección, 14 mujeres han sido asesinadas en 2014: a dos de las mujeres asesinadas en noviembre, sendos juzgados les habían denegado una orden de protección pese a estar acreditado que vivían en una situación de alto riesgo.

Circuitos de atención que revictimizan a las mujeres

Las organizaciones especializadas llevan una década reclamando que los circuitos de atención y apoyo a mujeres que viven violencia incorporen y desplieguen los recursos previstos en la Ley. El discurso institucional condiciona el apoyo a las mujeres que viven violencia a que denuncien (y más del 70% de las que soportan situaciones de violencia machista no lo hacen), pero las aboca a un circuito policial, judicial e institucional que las desampara y revictimiza: organizaciones como Amnistía Internacional (AI) vienen denunciando que abogadas y abogados de oficio no las acompañan en el proceso, porque los turnos de guardia están saturados por los recortes, no tienen tiempo o formación especializada; que los servicios sociales y circuitos municipales y autonómicos de atención viven un constante desbordamiento y psicólogas y trabajadoras sociales se dejan la piel para intentar responder a las demandas de las mujeres que viven violencia machista, impotentes ante de la falta de recursos y la falta de articulación entre ellos;

que los juzgados de violencia de género están saturados de denuncias y expedientes, con una judicatura sin suficiente formación, donde cala el discurso neomachista, que no aborda los procesos con perspectiva de género; que los procesos judiciales convierten la declaración de las mujeres que denuncian violencia en auténticos interrogatorios, donde se culpabiliza a las que están pidiendo justicia y acompañamiento y que, lejos de empoderar y reforzar a las mujeres, les suponen un calvario, tal como retrata el video La última gota del Colectivo Las Tejedoras. En los últimos siete años, los sobreseimientos de denuncias por violencia de género han aumentado un 158% (en 2011 hubo más absoluciones que condenas) y la concesión de órdenes de protección ha descendido un 12% en todo el Estado. Entre 2011 y 2012, 651 mujeres fueron condenadas en procesos por violencia de género en los que los acusados las contradenunciaron afirmando que mentían. Aunque el propio Consejo General del Poder Judicial corrobora que las denuncias falsas no llegan al 0,1% del total, el bulo que tilda de manipuladoras a las mujeres que viven violencia se amplifica a nivel social e institucional, y no por casualidad: la ofensiva neoliberal que vivimos conlleva la devaluación del estatus social de las mujeres, lo que requiere un discurso misógino que justifique la merma de nuestros derechos. Además, organizaciones como AI alertan de que el anteproyecto de reforma del Código Penal, aprobado en 2013, prevé introducir la mediación en casos de violencia machista, lo que podría llevar a suspender la ejecución de la condena del agresor, o sustituir por una multa la pena de cárcel por ejercer violencia de género, medidas que contravienen la Ley y las recomendaciones feministas para erradicar las violencias de género.

No basta una ley: por una cultura libre de violencias machistas

El 24 de noviembre, Marisa González, abogada de Dones Juristes, planteaba en el Parlament de Catalunya que “crear culturas paralelas para erradicar las violencias machistas hace que las leyes funcionen”, y que el mayor éxito es que la sensibilización y la prevención eviten recurrir a la vía penal. El movimiento feminista cimienta y extiende esas culturas en instancias sociales, comunitarias, económicas, políticas, al romper el silencio y la impunidad y desplegar redes formales e informales que acompañan a las mujeres de forma horizontal y no victimizadora, para que protagonicen su recuperación; al generar conciencia y movilización social y reclamar a las administraciones públicas que desplieguen políticas, leyes y recursos para erradicar esta pandemia. Hay evidencias de que la acción de los movimientos feministas independientes ha sido y es más decisiva en la lucha contra la violencia de género que “la riqueza de las naciones, la izquierda, los partidos políticos, o el número de mujeres políticas”. Con pocos recursos y desde la base, las redes feministas son el motor y pilar de la resiliencia que ayuda a miles, millones de mujeres a salir de relaciones violentas, sobrevivir y seguir sosteniendo vidas, comunidades y sociedades. Para afrontar la actual escalada de violencias machistas, debemos apoyar y multiplicar estos saberes y prácticas en el ámbito familiar, estudiantil, laboral, comunitario, sanitario, legal, institucional: sólo así lograremos el sueño común de construir vidas y relaciones libres de violencia.