Un recorte de 77.000 millones de euros

El negacionismo también está presente en el análisis económico porque por difícil que resulte asimilarlo, hay quien niega los recortes en el gasto público en España. Utilizando torticeramente las dificultades para controlar el déficit y el imparable crecimiento de la deuda, los negacionistas niegan lo evidente: que en 2014 nos gastamos 31.000 millones menos que en 2009 pero, como se han destinado 25.000 millones más a pensiones, 18.000 millones más al pago de intereses de la deuda y 5.000 millones más en gasto energético, en el resto de partidas el gasto se ha reducido en 77.000 millones.

Hace unas semanas CCOO presentó una pormenorizada cartografía de los recortes en la que se analiza la evolución del gasto público consolidado del conjunto de las administraciones públicas entre 2009 y 2014. En ese detallado análisis se concluye que el proceso de consolidación fiscal que se inició en España en 2009 —y que todavía no ha terminado— ha supuesto una intensa caída del gasto público pero también su redistribución.

En 2014 el conjunto de las administraciones públicas gestionaron 30.824 millones de euros menos que en 2009. Esta sería, por lo tanto, la primera cuantificación de los recortes: el gasto consolidado total cayó en tres puntos del PIB. Sin embargo, esta cifra infravalora la dureza del ajuste —y por lo tanto sus efectos reales sobre el bienestar— porque hay un número muy reducido de partidas de gasto que crecieron de una forma muy importante provocando una distorsión de la realidad.

En concreto, las pensiones, el pago de intereses de la deuda y el gasto energético aumentaron en 47.824 millones entre 2009 y 2014. Si dejamos al margen estas tres partidas, en el resto del gasto público el recorte fue de 78.164 millones de euros. Y esta es la cifra que mejor refleja el retroceso que han sufrido en nuestro país los servicios públicos, la protección social o la dotación de infraestructuras físicas, sociales o tecnológicas.

Es un enorme tijeretazo que equivale a casi 8 puntos del PIB y, lo que es todavía peor, es una cifra recurrente, porque si no hay cambios en la política de gasto, este recorte se repetiría en cada ejercicio. Expresado en cifras relativas, esta reducción fue del 21 % en términos nominales y del 30 % en términos reales, al tener en cuenta la inflación acumulada en ese período. Esto es, se ha dejado de gastar casi 1 euro de cada 3 en los últimos cinco años.

Los capítulos que soportan los mayores ajustes son la inversión y la remuneración de los empleados públicos.En los denominados gastos de capital —formados por la inversión directa de las administraciones públicas y por las transferencias de capital que cofinancian inversiones de otros agentes— se produce una caída de 40.569 millones de euros, una reducción equivalente 70 % en términos reales.

Por su parte, el gasto en Investigación y Desarrollo cae en 971 millones de euros en la I+D básica, una cifra a la que hay que añadir la I+D sectorializada que en conjunto elevan el recorte en el gasto en I+D hasta un total de 2.294 millones de euros. Recortar en la inversión es una decisión fácil de aplicar pero con unos costes enormes en el medio y largo plazo porque afecta a la competitividad del país ya que limita su dotación de infraestructuras físicas, sociales y de conocimiento.

Los empleados públicos también pagan una buena parte de la factura, porque el gasto de personal retrocede en 10.626 millones de euros, un 8,5 % nominal y en 17 % en términos reales. Esta caída de la masa salarial se debe a dos factores: la devaluación salarial y al menor número de personas trabajando en el sector público.

La devaluación salarial ha tenido fórmulas diferentes como la reducción del 5 % en los salarios nominales impuesto en 2010, seguida de su congelación a partir de 2011 hasta 2014. Por otro lado, entre julio de 2009 y julio de 2014 el personal empleado por las diferentes administraciones públicas se redujo en 136.183 personas, esto es, el 5,1 % de los que había en 2009. Se recortan los salarios y se reduce el número de personas trabajando y obviamente baja el gasto de personal, pero pagando el elevado precio del deterioro de la calidad de los servicios públicos.

Si pasamos del análisis por naturaleza del gasto al que estudia a que función se destina, se puede determinar cómo han afectado los recortes a los tres grandes grupos que conforman el estado del bienestar: los servicios públicos básicos, las prestaciones de la protección social y las políticas sociales.

En el primer grupo se produce un grave retroceso en la dotación de los dos grandes servicios públicos: en salud y en educación sumados en 2014 se han gastado 18.400 millones de euros menos que en 2009.

En concreto el gasto sanitario se ha reducido en 9.600 millones de euros, una cifra equivalente al –22 % en términos reales: se han dejado de gastar más de uno de cada cinco euros de los disponibles en 2009. Un recorte que afecta de forma especial al personal sanitario porque su remuneración se reduce en 3.244 millones de euros —menos salarios y menos plantilla— y la inversión, que cae en 2.144 millones de euros.

De forma complementaria hay un menor gasto en los servicios prestados por el sector privado, esto es el gasto en medicamentos en farmacias y en conciertos con hospitales privados, que se reducen en conjunto en 3.402 millones de euros.

Por su parte, el gasto educativo sufre un recorte de 7.394 millones de euros, equivalente al 23,7 % en valores reales: se ha dejado de gastar casi 1 de cada 4 euros desde que empezó el ajuste.Aquí también son los empleados públicos los que sufren con mayor dureza las restricciones de gasto porque la remuneración de los asalariados pierde 3.705 millones de euros. En educación se sigue el patrón general del ajuste y después de los salarios es la inversión la segunda variable con mayor retroceso, 2.235 millones de euros menos, lo que equivale a un desplome del 70 % en términos reales.

La especificad más relevantes del ajuste en el gasto educativo es que apenas ha afectado al sector privado: los conciertos con los colegios privados apenas han caído el –1,2 % en este período en el que la enseñanza pública ha sufrido intensos recortes.

En la categoría de la protección social hay una evolución muy diferente entre las diferentes prestaciones, hasta el punto de que la cifra global esconde una buena parte de los recortes. La razón es que las pensiones de jubilación y las de supervivientes se incrementan en más de 23.500 millones de euros. Este incremento se debe a la lógica del sistema de protección y a la evolución demográfica: cada vez hay más pensionistas porque se alarga la esperanza da vida y la cuantía de la pensión aumenta porque la de los que entran son superiores a la de los que salen.

Hay más pensionistas cobrando una pensión media más alta y por lo tanto aumentan el gasto a pesar de las decisiones de los gobiernos que en los últimos años actúan en el sentido contrario aplicando medidas tendentes primero a reducir el importe inicial de la pensión y después con revalorizaciones anuales mínimas.

Este incremento del gasto en pensiones se contrapone al recorte del mismo en el resto de prestaciones que componen el grupo de la protección social. En cifras absolutas la prestación que más se reduce es la protección por desempleo: de 2009 a 2014 el gasto se ha reducido en 7.231 millones de euros, una cifra equivalente a una caída del 30 % en términos reales.

Hay menos desempleados con protección —tal y como refleja la tasa de cobertura— y además cada vez cobran prestaciones más bajas, lo que se traduce en esa caída tan intensa de los recursos.

Cae también el gasto en enfermedad e incapacidad laboral en algo más de 1.000 millones de euros, una reducción del 13 % en términos reales que en buena medida se corresponde en la reducción del empleo.

Más preocupante si cabe es el retroceso del gasto en apoyo a las familias y a la infancia. En un país que tiene un grave problema demográfico, con un riesgo creciente de caer en una regresión poblacional, los recursos destinados a la política familiar se desploman: caen en 2.692 millones de euros, un 40 % de la cifra de 2009 en términos reales.

Y todavía es peor lo que sucede con la política social de vivienda, la destinada a apoyar a las familias con problemas para pagar su vivienda, tanto en alquiler como en hipotecas. En un país en el que los desahucios han crecido de forma exponencial, convirtiéndose en un gravísimo problema social, los recursos públicos del conjunto de los tres niveles de la administración se han reducido en 633 millones de euros, el 70 % de la cifra disponible en 2009 de tal forma que en 2014 solo se destinaron 415 millones de euros a esta prestación social tan relevante.

Pero los recortes no acaban aquí sino que se extienden por el conjunto de las partidas de gasto con escasas excepciones. En apretada síntesis los más destacados son: el gasto en proteger el medio ambiente pierde 2.817 millones de euros, el 37% de la cifra de 2009; la cultura y el deporte se desploman el 40%, equivalente a 5.656 millones; la cooperación internacional pierde el 70% de sus recursos con 2.060 millones menos; las políticas sectoriales ––desde el apoyo del sector primario a la política industrial–– se reducen en 6.261 millones de euros hasta quedar reducida a algo testimonial en la práctica; el gasto en vivienda y desarrollo comunitario se desploma al perder 8.805 millones de euros.

Delante de estos recortes generalizados y de enorme dureza no deja de sorprender el brutal incremento de gasto en algunas partidas. En estos años se ha producido una redistribución del gasto público en beneficio del oligopolio eléctrico y del bancario. Así, las subvenciones y los pagos compensatorios al sector energético se dispararon el 469 %, esto es, se multiplicó casi por cinco veces hasta alcanzar casi los 6.000 millones de euros. Por su parte, el pago por intereses a los acreedores ––básicamente la gran banca y los fondos de inversión–– aumentó en 18.206 millones en 2014 en comparación con 2009, más del 100 % en términos reales lo que eleva hasta casi el 4 % del PIB la cuantía del servicio de la deuda soberana.

Esta es una aproximación a la cartografía de los recortes al servicio de la consolidación fiscal aun inacabada: la combinación de una menor cifra global de gasto y su intensa redistribución a favor de intereses minoritarios y en contra de los servicios y las prestaciones públicas que ha deteriorado gravemente nuestro ya débil estado del bienestar.

De este análisis se puede sacar una conclusión más que evidente: la política de la austeridad compulsiva y de los recortes generalizados ya no tiene más recorrido. Ya se está tocando el hueso del estado del bienestar y no se puede seguir reduciendo el gasto sin debilitarlo de forma extrema, algo que ya se reconoce no solo desde organizaciones como el FMI sino por miembros del mismo gobierno en funciones del PP.

Por lo tanto hay que cambiar ya la estrategia de la consolidación fiscal, acordando nuevos plazos y ritmos para hacerla compatible con el crecimiento y, sobre todo, haciéndola pivotar sobre el aumento de los ingresos. Necesitamos una verdadera reforma fiscal que tenga como objetivo explicita incrementar los ingresos públicos que se necesitan por un lado para corregir el déficit y por otro para empezar a reconstruir los niveles perdidos en los servicios públicos y en las prelaciones sociales.

Para concluir, España no tiene un problema de exceso de gasto público sino de falta de ingresos lo que debilita la capacidad del estado para actuar sobre la economía. El fracaso constatado del modelo de gestión neoliberal de la crisis hace necesario un cambio radical en las políticas publicas que deberían incluir, al menos, los siguientes ejes: la derogación de las dos últimas reformas laborales; el incremento de los salarios, empezando por el salario mínimo interprofesional; un reforzamiento del Estado del Bienestar; una reforma fiscal progresiva que refiscalice las rentas del capital; una moderna política industrial que impulse un cambio de modelo productivo basado en la sostenibilidad medioambiental y en la competencia por creación de valor añadido, no en la reducción de costes laborales; la recuperación del poder adquisitivo perdido por las pensiones y una Prestación de Ingresos mínimos, son las bases de una nueva política económica que permitiría recomponer los niveles de renta quienes más han sufrido la crisis y afianzar la frágil recuperación.