Respuesta a Gabriel Flores
Carlos Javier Bugallo Salomón
Doctor por la Universitat de València
Marx distinguía (en sus ‘Teorías de la Plusvalía’) dos tipos de economistas: por un lado, las personas serias y rigurosas, es decir los buenos profesionales; por otro lado, «los retóricos de largos discursos» y «los vulgarizadores». Entre los primeros yo sitúo a Gabriel Flores, economista al que leo siempre con mucho interés; y entre los segundos, a Luis Garicano por hacer esa defensa a ultranza del liberalismo económico que ninguno de los economistas clásicos, empezando por Adam Smith, se atrevió nunca a realizar.
Entrando en materia, me gustaría puntualizar y también ampliar algunas de las ideas vertidas por Gabriel Flores en su última intervención. Por ejemplo, cuando afirma que «La alternativa a las políticas de austeridad, tanto por razones económicas como políticas, no puede sostenerse exclusiva ni principalmente en la defensa de un mayor gasto público». Si con este comentario está intentando señalar las insuficiencias de la política económica keynesiana, creo que incurre en un malentendido. Pues no se puede equiparar el keynesianismo con una simple política presupuestaria expansiva, que es poco más o menos en lo que quedó el «keynesianismo bastardo» que denunció Joan Robinson. Keynes, en efecto, cuestionó de forma amplia y contundente la mayoría de los postulados del «laissez-faire, laissez-passer», lo que le llevó a defender cierto tipo de inversiones públicas, un cierto grado de proteccionismo económico y, para mayor insulto a los banqueros, «la eutanasia del rentier».
En lo que sí estoy completamente de acuerdo con Flores es en la necesidad de concretar más qué tipo de intervención pública deseamos. A las típicas medida redistributivas, encaminadas a expandir el consumo popular, habría que añadir, como bien apunta Flores, unas políticas contundentes de inversión pública. Pero ¿qué es, desde el punto de vista económico, una inversión? Algunos dirán que las infraestructuras; pero también hay razones para opinar que la educación, la sanidad o el medio ambiente constituyen un capítulo muy importante del capital público. Sobre ello habría mucho que hablar.
Añadiré otra cuestión de no menor importancia. Si queremos ampliar la provisión de bienes públicos, ¿bajo qué cobertura legal se hará? Es decir, ¿se darán subvenciones a las empresas privadas establecidas?, ¿se fomentará la creación de cooperativas?, ¿se ampliará el número de empresas públicas?
Estas dos son las cuestiones que me surgen reflexionando a bote pronto, pero que en el curso de este estupendo Debate podrán ampliarse, pues de seguro que no son las únicas que hay que considerar.