La política de austeridad invierte el orden de prioridades

Toda estrategia de política económica empieza por establecer un orden de prioridades en los objetivos que se quieren alcanzar, para después seleccionar aquellos instrumentos que mejor pueden contribuir a alcanzarlos.

En un país con un 21% de desempleo y una elevada precariedad laboral, con un 28% de la población en situaciones de pobreza o de riesgo de exclusión social, y con un modelo productivo que no ha resuelto los problemas que le llevaron a la crisis (baja productividad, dependencia energética, especialización en sectores de bajo valor añadido), estas prioridades deberían estar claras. Si por algo debemos empezar es por reducir el déficit de empleo, el déficit social y el déficit tecnológico, y no condicionar toda la política económica a una reducción prestablecida y no fundamentada del déficit público.

Esto último es importante: las políticas de austeridad no consisten en garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, sino en una visión dogmática en la que el equilibrio presupuestario se convierte en un bien superior, en la mayoría de los casos junto al establecimiento de límites al gasto público (y, por tanto, a los servicios que se pueden prestar). Y su consecuencia es un calendario rígido de reducción del déficit impuesto a priori que conduce hacia el déficit estructural cero, al margen de lo que realmente necesite la economía. El enfoque contrapuesto es el de las finanzas funcionales, en el que el déficit público es un instrumento que los gobiernos deben utilizar cuando sea necesario para asegurar los niveles suficientes de demanda que requiere el pleno empleo. Aplicando este enfoque, por ejemplo, el déficit estructural medio de la UE entre 1995 y el 2007 fue del 2,7%, con un porcentaje de deuda estable y sostenible.

La política económica europea se ha impregnado de este “fetichismo del déficit cero”, con graves consecuencias económicas y sociales. Su máximo exponente es el Pacto Fiscal, y un buen ejemplo es la última recomendación de la Comisión Europea instando a España a adoptar nuevos ajustes, para asegurar que el déficit alcance el 2,5% en 2017. Y, lo peor, es que el gobierno actual se muestra dispuesto a aplicarlos (si los electores no lo remediamos).

Este compromiso con los recortes quedó claro ya cuando se desveló la carta de Mariano Rajoy al Presidente de la Comisión, pero unas recientes declaraciones de Luis de Guindos (aquí) han acabado por disipar cualquier duda sobre sus prioridades de política económica. Dice el ministro en funciones que, si la economía se desacelera, será imprescindible hacer recortes para compensar el efecto de los estabilizadores automáticos. ¡Justo lo contrario de lo que dicta el sentido común económico! Precisamente, cuando la economía se desacelera y aumenta el paro es cuando se hace más necesario dejar que la política fiscal cumpla su función estabilizadora, aunque el déficit público aumente transitoriamente. Eso, si la prioridad es el empleo, claro.

Sorprende, además, que el ministro en funciones no haya aprendido de sus propios errores: los recortes ni siquiera son eficaces para alcanzar las metas de déficit prefijadas. España tiene abierto un procedimiento de déficit excesivo desde 2009, y el objetivo que se estableció entonces fue reducirlo hasta el 3% en 2013. Desde 2010, los gobiernos españoles –primero el PSOE, luego el PP- aplicaron fuertes reducciones del gasto público (afectando a aspectos fundamentales del estado del bienestar, como la sanidad o la educación) y subidas de impuestos (fundamentalmente, sobre las rentas de los hogares y el IVA).

Esto se acompañó con una reforma laboral que desequilibró gravemente la negociación colectiva y favoreció una fuerte devaluación salarial. Sin embargo, los resultados fueron muy distintos a los esperados: España sufrió una segunda recesión (el PIB real se contrajo un 5,2% entre 2011 y 2013), el paro llegó al 26% en 2013 y se produjo un fuerte aumento de la desigualdad.

Pero es que, además, el déficit se redujo mucho menos que lo anunciado a pesar de la drástica política de recortes: aún era del 7% en 2013. La falsedad del mito de la austeridad expansiva resultó evidente, tanto como el fracaso de la estrategia de recuperación basada en la devaluación salarial, porque sus efectos depresivos sobre la demanda interna son mucho más fuertes que el supuesto impulso sobre las exportaciones.

En junio de 2013 se acordó un nuevo calendario de reducción del déficit para España, desplazando el objetivo del 3% hasta 2016. Esta decisión se justificó con el argumento de que, a pesar de que España había adoptado las "medidas necesarias", se habían producido “circunstancias económicas adversas” con un fuerte impacto sobre las finanzas públicas. Sin embargo, esto oculta la realidad: no se trata de que factores externos provocasen un menor crecimiento de lo previsto; más bien, lo que ocurrió es que la política de reducción de gastos y subida de impuestos tuvo un efecto mucho más contractivo de lo que se preveía inicialmente.

Pero si España está creciendo a una tasa cercana al 3%, ¿cómo es posible que digamos que la austeridad ha fracasado? Precisamente, porque el crecimiento se debe a lo contrario que Luis de Guindos y Rajoy están proponiendo. España se ha beneficiado del cambio en la política monetaria del BCE, de la bajada de los precios del petróleo, y de la depreciación del euro, pero además se ha producido en 2015 –año electoral- un abandono momentáneo de las políticas de austeridad, que ha hecho que, por ejemplo, la contribución del consumo público y la inversión pública al crecimiento del PIB haya sido del 1% (en la recesión anterior fue justo de -1%).

Es decir, que igual que los recortes fueron muy restrictivos, el aumento del gasto que se registró en 2015 sí impulsó el crecimiento económico. La consecuencia es evidente: volver a poner en marcha la máquina de recortar, con el fin de “cumplir con Bruselas”, tendría de nuevo costes importantes en términos de actividad, empleo, bienestar y deterioro de los servicios sociales. Supondría, otra vez, invertir el orden lógico de las prioridades.

Todo lo dicho tiene también su correlato a nivel europeo. Abandonar definitivamente el dogmatismo del déficit no sólo es necesario para que España pueda absorber su desempleo elevado, también es positivo para el conjunto de la Eurozona. Es evidente que la unión monetaria se enfrenta a una falta de demanda interna que la política monetaria no puede resolver por sí sola: necesita el concurso de la política fiscal, a la que hay que “rescatar” de sus propias normas. Contrariamente a lo que se dice, por tanto, no estamos ante un conflicto entre España y las autoridades europeas ('Europa'), sino ante la necesidad de que un nuevo gobierno en España fortalezca en el Consejo Europeo las posiciones más favorables a una reconsideración en profundidad de la actual política económica europea, y particularmente su marco fiscal.