La alternativa a la austeridad no es la expansión del gasto público

El debate que propone y acoge Espacio Público sobre la austeridad tiene componentes muy diferentes que no son fáciles de deslindar ni pueden ser abordados en todos sus aspectos en aportaciones que deben ser razonablemente breves.

Creo, no obstante, que en aras de una mayor claridad en el debate convendría entrar en las diferencias que existen entre los que hemos planteado nuestra oposición al marco ideológico y a los contenidos de la estrategia de austeridad y devaluación salarial impuesta a partir de mayo de 2010 y que han sufrido con especial virulencia los países del sur de la Eurozona.

Diferencias de carácter general a las que hace referencia alguno de los intervinientes en este debate, que reclama algo más que propuestas socialdemócratas para salir de la austeridad. O diferencias más concretas, como pretendo hacer en este nuevo comentario. Porque en la mayoría de las aportaciones que se han realizado se han expuesto muchas críticas de muy diferente naturaleza a las políticas de austeridad, al gran fracaso cosechado en la consecución de las metas que justificaban sus propuestas de recortes en el gasto público y presión sobre los costes laborales y a sus negativos impactos económicos, sociales o productivos, pero hemos dibujado de forma demasiado impresionista las diferencias que pudieran existir entre las alternativas o vías de solución que proponemos.

Me detendré en esta ocasión en un aspecto de esa estrategia alternativa aún por construir que me parece de especial importancia. Parece evidente que no hay nada más opuesto a los duros recortes del gasto presupuestario que se han aplicado en España y el resto de los países periféricos de la Eurozona que la expansión del gasto público, pero no siempre las alternativas se basan en lo contrario de lo que se critica. El problema es algo más arduo y la solución, un poco más sutil o menos burda.

La alternativa a las políticas de austeridad, tanto por razones económicas como políticas, no puede sostenerse exclusiva ni principalmente en la defensa de un mayor gasto público. Hay que entrar en los detalles de ese incremento del gasto público que se pretende y en los detalles de su justificación e inserción en una panoplia de medidas económicas más extensa, tanto en los objetivos que se pretenden, en un sentido similar al que propone Braña (cómo abordar al tiempo los desafíos e impactos del cambio demográfico, la nueva revolución tecnológica y el cambio climático), como en las medidas concretas a aplicar y su articulación temporal.

Y entrando brevemente en esos detalles, no es lo mismo el gasto público corriente que la inversión pública encaminada a modernizar estructuras y especializaciones productivas que elevan el crecimiento potencial y favorecen el aumento de la productividad global de los factores. Y convendría precisar a continuación que resulta obligado seguir un rumbo orientado a lograr un necesario proceso de consolidación fiscal. Un rumbo que no presupone ni exige nuevos recortes del presupuesto público; por el contrario, es perfectamente compatible con una mayor y creciente aproximación al peso que tienen los presupuestos de las Administraciones Públicas en el PIB de nuestros socios de la Eurozona. Siempre, claro está, que esa aproximación vaya en paralelo con una convergencia en el peso de los ingresos fiscales y, tanto o más importante, un mayor control del fraude y la elusión fiscal y una buena selección y gestión en los objetivos que se pretenden con la aplicación de esos mayores ingresos tributarios.

En el terreno de la teoría o la política económica soy bastante escéptico sobre las bondades que pudiera tener para el crecimiento de la economía española un incremento del gasto público. Más bien me inclino a pensar que lo que se pudiera ganar en crecimiento a muy corto plazo, se perdería en un plazo no demasiado grande en estabilidad macroeconómica, tanto en lo que se refiere a las cuentas públicas como a las cuentas exteriores. Los desequilibrios que muestran los niveles de deuda pública y deuda externa neta respecto al PIB son ya demasiado altos (en ambos casos, alrededor del 100% del PIB) y solo pueden ser gestionados, hasta que una reforma institucional bien diseñada no acabe con el carácter incompleto e incoherente de las instituciones de la Eurozona, gracias a una política monetaria ultraexpansiva del BCE que permite minimizar la prima de riesgo a costa de incrementar la dependencia de la precaria estabilidad de la economía española de su Quantitative Easing (QE) y, al tiempo, generar problemas financieros de gran intensidad en un futuro impreciso, pero que podría estar relativamente próximo.

Por otro lado no es la falta de crecimiento el gran problema de la economía española desde hace un año y medio. Ni, previsiblemente, en este año 2016. En 2017 y más allá hay tal carga de incertidumbre y tantos factores de riesgo que resulta aventurado pronosticar el curso de la economía española o europea, aunque la mayoría de las previsiones apuntan a una continuidad, con ligera desaceleración del actual ritmo de crecimiento del PIB en los próximos años en el caso de la economía española.

Desde finales de 2014 hasta ahora, la economía española crece por encima de su potencial y de la media de la Eurozona. Casi el doble que las otras tres grandes economías que comparten el euro. En tales circunstancias parece extraño presentar como determinante una debilidad de la demanda interna que no se corresponde con la realidad (según datos del INE del primer trimestre de 2016, el consumo de los hogares creció un 3,7% en tasa interanual, por encima del 3,4% del PIB, y encadena nueve trimestres seguidos al alza) ni está teniendo efectos restrictivos en el último año sobre la inversión productiva o la productividad del trabajo. Tampoco afecta a la senda de recuperación de las tasas de beneficios de las empresas que, en proporción al PIB, llevan años ganando posiciones y ya han alcanzan niveles superiores a los que muestran Alemania y la mayoría de los Estados miembros de la Eurozona.

No están, por tanto, en ningunos de esos factores (débil crecimiento del producto, escasa productividad o insuficientes beneficios empresariales) los problemas principales de nuestra economía. Sino más bien, en un modelo de crecimiento que se sostiene en la presión permanente sobre los costes laborales y en una especialización productiva basada en la competitividad vía costes y precios que solo marginalmente genera y requiere empleos decentes con salarios dignos. Y que mantiene unas tasas de paro e inactividad exageradamente altas que afectan especialmente a los extremos de la población en edad de trabajar, a las mujeres y a los colectivos con menores niveles de estudio y cualificación laboral.

Es necesario, por consiguiente, impulsar la inversión pública y favorecer la inversión privada productiva con el objetivo de modernizar estructuras y especializaciones productivas que puedan generar y sostener empleos decentes con salarios dignos. No hay otra vía ni políticas monetarias o de sostén de la demanda interna que puedan solucionar espontáneamente los problemas estructurales de la oferta productiva. Naturalmente, esas medidas modernizadoras requieren aumentar los fondos y la financiación de carácter público, pero su justificación social y los problemas que se pretenden solucionar por esta vía son muy distintos de los que van asociados a un indiscriminado aumento del gasto público para generar más crecimiento.

Por otro lado, la atención de un nuevo poder político de carácter progresista debe centrarse en paliar la auténtica emergencia social que vive una parte sustancial de la ciudadanía, que se puede cuantificar en cerca de un 30% de la población total o 13,5 millones de personas que rozan la pobreza y la exclusión social, cuando no viven ya en tales situaciones. Las políticas de austeridad y devaluación salarial aplicadas en los últimos 6 años tienen por objetivo y han logrado romper los instrumentos que canalizaban parte del crecimiento hacia las rentas salariales y las transferencias públicas que sostienen las condiciones de vida de la mayoría social. Y ahora se trata de revertir esa pérdida de rentas, empleos, derechos y bienes públicos y reconstruir los canales que permiten que el crecimiento del producto y de las rentas del capital no se haga a costa del empleo decente, las rentas salariales y el Estado de bienestar.

Naturalmente, la reversión de esos recortes que han beneficiado especialmente a las grandes rentas y patrimonios y a un reducido sector de asalariados vinculados a actividades abiertas a la competencia internacional y de alto valor añadido requiere más presupuestos públicos, pero la justificación social y los objetivos, al igual que cuando nos referíamos en el párrafo anterior de la inversión pública, no se encuentran en las bondades de aumentar el gasto público ni en su justificación teórica a través del multiplicador fiscal o el carácter expansivo del gasto público. En este asunto del rescate ciudadano no estamos hablando esencialmente de eficiencia económica, sino de justicia social y de los dos pilares o principios éticos, solidaridad y cohesión, que la sustentan.

Antes mencionaba la importancia en esta discusión de los detalles y de la atención a los detalles. Pero el problema no reside exclusivamente en los detalles. Tras el 26-J, podemos entrar en una nueva situación de ruptura con el ciclo de austeridad que ha dominado las decisiones de política económica en nuestro país en los últimos 6 años. Y ese cambio o nueva situación debería estar marcado por la devolución de derechos, rentas, empleos y bienes públicos perdidos que solo serán posibles si existe un acuerdo y concesiones mutuas entre PSOE y Unidos Podemos.

Sería conveniente que no obstaculizáramos en demasía las escasas, aunque no insignificantes, posibilidades de ese cambio de ciclo, con una excesiva carga o densidad teórica o ideológica. Los problemas técnicos y políticos y los obstáculos de todo tipo que deberá afrontar, en su caso, tal acuerdo ya son de suficiente envergadura. Se trata de hacer compatibles el mantenimiento del objetivo de consolidación fiscal (que no supone reducción del gasto público de protección social ni de la inversión pública) con la aplicación de medidas que favorecen a la mayoría social sin ahogar el crecimiento ni la modernización productiva. En Portugal podemos encontrar un buen ejemplo de cómo un Gobierno de unidad de las izquierdas lo ha conseguido. Está en nuestras manos aprender de las buenas prácticas que se han llevado a cabo en nuestro entorno y favorecerlas.