Ondas largas del capitalismo y revoluciones industriales: su impacto sobre las relaciones laborales

Retomando uno de los temas con los que comencé mi carrera académica, el papel de la industria en sociedades y economías que, como la española, están en algún punto de la periferia del capitalismo, el debate se está centrando ahora en si estamos ante una nueva revolución industrial, que sería la cuarta, iniciada a finales del siglo pasado, o estamos en una nueva onda larga del capitalismo, iniciada en el último cuarto del siglo pasado con el declinar del paradigma tecno-económico conocido como fordismo y la crisis de los años 90. Si bien me inclino por esta segunda interpretación, desde una concepción institucionalista-evolucionista de las ciencias sociales (dentro de ellas de la economía), lo relevante es que las relaciones de producción que se establecieron al término de la Segunda Guerra Mundial entraron en crisis a principios de los años 70 del siglo pasado, con una ruptura del pacto social acordado entre las clases trabajadoras, la creciente clase “media” y las clases dominantes; al tiempo que en el ámbito de la producción emerge la llamada revolución de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), la financiarización y un nuevo impulso a la globalización del capitalismo. En particular, las nuevas TIC van a permitir la hibridación entre el mundo físico y el mundo digital, borrando las fronteras entre ambos, gracias a lo que conoce como la revolución digital o digitalización.

Como ha señalado, entre otros, Giovani Dosi (2017), empieza a producirse un desajuste creciente entre el sistema tecnológico, la forma de producir y distribuir la renta, y el sistema de instituciones y de relaciones sociales, una de cuyas consecuencias es la ruptura del precario equilibrio logrado entre las rentas del trabajo y las del capital, en favor de estas últimas, con el 1 por 100 de la población acaparando un parte creciente de la tarta y amenazando la misma existencia de las clases medias (OCDE dixit, 2019). La aplicación de la digitalización a la industria da lugar a lo que se ha venido en llamar la Industria 4.0 (para muchos la cuarta revolución industrial). Si bien sus efectos van bastante más allá del sector industrial, puesto que las tres tecnologías clave, a saber, el internet de las cosas, la fabricación aditiva (impresión en 3D) y la automatización (la robótica avanzada más la inteligencia artificial), afectan a todos los sectores económicos (aunque hay quien cita hasta doce tecnologías emergentes: World Economic Forum, 2018).

Se argumenta que estas tecnologías son disruptivas y que su implantación ocurre de forma exponencial, de ahí que se considere que nos encontramos ante una nueva revolución industrial. Bien es cierto que esa nueva revolución industrial depende en gran parte de la implantación masiva de tecnologías como las redes de telefonía 5G, que no se espera hasta al menos una década (se prevé que para 2025 sólo represente el 15% de las conexiones móviles). Lo que si se está comprobando son dos efectos que está teniendo la digitalización: a) la polarización de los puestos de trabajo en función de la complejidad de las tareas desempeñadas y, b) la pérdida de puestos de trabajo o, al menos, la existencia de un número muy elevado de empleos en riesgo a causa de la automatización. Y lo que está por saber es cuál va ser el impacto de la digitalización y la automatización sobre las condiciones laborales.

La contribución de Miguel Martínez Lucio aboga por “una nueva visión real y concreta del papel de los trabajadores en la economía”, lo que no quiere decir que los trabajadores hayan regresado al centro de la política económica, como titula su contribución. Al menos no me lo parece cuando se leen los informes de la OCDE, del Foro Económico Mundial o de Eurofound (la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y trabajo, financiada por la Comisión Europea) que sólo tratan la cuestión de forma adyacente, pues se centran, una vez más, en la supuesta inadecuación entre el sistema educativo y las necesidades de las empresas.

El meollo de la cuestión lo expone, a mi juicio con meridiana claridad, Carlos Martín, responsable del Gabinete Económico del sindicato CCOO “La digitalización y automatización en España persigue convertir a los asalariados en proveedores, las nóminas en facturas y la protección social en una cuenta de capitalización. Porque las empresas ya no quieren tener empleados” (citado en “Automatización: así es la batalla entre trabajo y tecnología”, Revista Retina. El País, 25 de mayo de 2019). Pues los estudios disponibles nos dicen: que la automatización afecta mucho más a los trabajos de los jóvenes, y España es un país con un alto desempleo juvenil; que las oportunidades para el empleo futuro de los jóvenes se ven lastradas por el alto abandono escolar, en el que influye la repetición de cursos, siendo España campeona en abandono escolar temprano; que la digitalización contribuye al desajuste entre oferta y demanda de empleo, por lo que se requieren fuertes inversiones por parte de las empresas en formación en el empleo y, una vez más, España es de los países que menos proporcionan esta formación que, de darse, se proporciona a los que ya están mejor dotados; que aquellas personas que tienen trabajos en riesgo de perderse por la automatización tienen salarios más bajos y trabajan menos horas, con lo que la automatización las hará más vulnerables aún; y por último, pero no lo último, los mercados laborales con un alto porcentaje de empleo temporal, como España, destruyen las competencias y habilidades de los trabajadores, debido a la alta rotación en el empleo y a la falta de vínculos entre empleador y empleado, lo que afecta a los trabajadores más jóvenes y a los mayores atrapados en el desempleo de larga duración (por cierto, al escribir estas páginas, los medios de comunicación se hacen eco de una nueva oleada de despidos de mayores de 50 años por las grandes empresas de muy diversos sectores).

Lo que está ocurriendo con la llamada economía de las plataformas es una pista de a dónde vamos con la revolución digital, por supuesto si no se pone remedio, pues las tecnologías en sí mismas serán neutras, pero no lo son las políticas que permiten su desarrollo en una u otra dirección y que terminan decidiendo quiénes ganan y quiénes pierden con su implantación. El informe Colleem (2018) señala que la naturaleza real de la relación de empleo es nebulosa en muchos casos. Aunque, a la fecha del informe, el empleo en las plataformas es de tamaño modesto, tiene una importancia creciente. Pero advierte de que un escenario de generalización de las plataformas en los mercados laborales y en las condiciones de trabajo requerirá un profundo replanteamiento de las instituciones del mercado laboral y de los sistemas de bienestar social.

Aunque muchos de los afectados por la revolución digital, en particular los más jóvenes, opten por la abstención, ahí pueden encontrar votantes en abundancia los partidos de la Nueva Derecha y la extrema derecha, pues la socialdemocracia los ha ignorado o los ha abandonado, tras abrazar sin disimulo las prescripciones de política económica de esa variante del neo-liberalismo conocida como ordoliberalismo.

No parece descabellado pensar que los populismos y las derechas estén alimentándose, estén sacando votos, de aquellas personas que se sienten amenazadas por la revolución digital y han perdido el sentimiento de identidad y de seguridad ante los avances de la globalización, por lo que aplauden las políticas de guerra comercial del gobierno de Trump. Políticas que llevan camino sino de revertir la globalización, al menos de frenarla y eso que hay optimistas (el Foro Económico Mundial) que hablan de Globalización 4.0.

Puede que el viraje a la izquierda del Partido Laborista que describe Miguel Martínez Lucio, y las propuestas de política económica que lo acompañan, consigan revertir o frenar los aspectos más negativos de la revolución digital. Pero no parece que en España (y en el resto de Europa), esto esté ocurriendo o vaya a ocurrir con los partidos de la socialdemocracia, a juzgar por los programas presentados en las elecciones nacionales y en las europeas, al adherirse a los análisis y políticas más rancias preconizadas (e impuestas) por la Comisión Europea y los euro-grupos. Baste como muestra un botón: la ministra de economía, Nadia Calviño, considera que la deuda pública “no es progresista (sic), puesto que supone una carga para nuestros hijos y nietos” (declaraciones a El Confidencial, 14 de abril de 2019) y la considera un desequilibrio que pone al mismo nivel que la desigualdad y el desempleo.