Nicaragua, en horas tristes, exige solidaridad y reflexión
Cuando se analizan desde la izquierda los cambios que han tenido y tienen lugar en Latinoamérica a menudo se echan en falta reflexiones sobre el carácter más o menos democrático de las diferentes experiencias políticas bajo gobiernos “progresistas”, sobre el menosprecio del pluralismo por parte de algunos de sus dirigentes, las derivas autoritarias más o menos graves pero evidentes en el comportamiento de buena parte de los principales protagonistas y sobre las causas de todo ello.
Esa falta de sentido autocrítico por parte de actores políticos y de la intelectualidad ‘comprometida’ se debe, seguramente, a que el grado de respeto por las prácticas democráticas bajo los gobiernos de fuerzas izquierdistas es y ha sido casi siempre más alto que durante los regímenes precedentes, no sólo en comparación con las dictaduras militares implantadas durante los años 60 y 70 sino con las fuerzas de la derecha neoliberal que encabezan la actual involución, objeto del debate que nos ocupa.
Pero aunque así fuera, conviene reflexionar sobre la convicciones democráticas de los políticos “progresistas”, abanderados de la justicia social, porque entre las causas de las derrotas padecidas por la izquierda, entre las raíces de su desarme ideológico, se encuentran probablemente las devociones por los hiperliderazgos, que se hacen o se hicieron fuertes gracias a una mezcla de factores, entre los que cabría destacar la incultura, el miedo, la irracionalidad y las ambiciones de quienes fomentan el culto a la personalidad de determinados personajes.
Líderes que acumulan poder administrativo sin ton ni son, sin mesura ni control, que justifican esa concentración de funciones en nombre de la voluntad de la gente, y que por ello se proclaman demócratas, aunque tiendan a permanecer en sus cargos de forma ilimitada, intenten nombrar sucesores, utilicen privilegios arbitrariamente y restrinjan de una u otra forma el derecho de la población a tomar decisiones sobre su futuro entre diferentes opciones. Intelectualmente brillantes en algunos casos o mediocres en su inmensa mayoría, se consideran cualificados y autorizados para marcar el camino a seguir al común de los mortales de su país, a menudo con un lenguaje propio de los cuarteles, intentan acallar la voz de los adversarios con simple propaganda e identifican a cualquier disidente como enemigo del pueblo o como agente de conspiraciones inventadas.
De esta manera han justificado en demasiadas ocasiones el uso de la represión contra personas o colectivos que quisieron ejercer su derecho al sufragio, a la protesta, la reivindicación, la discrepancia y al uso en definitiva de las libertades formalmente reconocidas en declaraciones universales y textos constitucionales.
No se trata por desgracia de un fenómeno aislado. La historia de la izquierda está llena de dirigentes que se mantuvieron o se mantienen en el poder gracias a la represión, incluso la más sangrienta. Y uno de los ejemplos actuales más siniestros se encuentra en Nicaragua.
Fueron muchos los que en su día vieron o quisieron ver en la revolución sandinista los trazos de un proyecto radicalmente democrático.
Fue el producto de una insurrección popular en un país pequeño, de poco más de dos millones y medio de habitantes, que tuvo un impacto considerable en la conciencia de ciudadanos de numerosos países, particularmente de América y Europa occidental.
El socialismo parecía que recuperaba en Nicaragua su sentido original y al menos en aquel país esa palabra, ese concepto, dejaba de asociarse con los regímenes autoritarios del Este o con políticas posibilistas de la socialdemocracia occidental, respetuosas con la alternancia y resignadas ante las leyes del dinero y el mercado.
Una revolución, dirigida por el Frente Sandinista (FSLN), que acabó con la dictadura del último de la dinastía Somoza y que lo hizo con la ambición de hacer respetar los derechos elementales que tiene cualquier ser humano por el hecho de serlo.
Nicaragua era un país pequeño y pobre y los sandinistas de aquel momento buscaban la manera de conseguir una vida digna para toda su población. Eso exigía, además de poner fin al poder de una pequeña oligarquía, la puesta en pie de nuevos mecanismos de creación y reparto de la riqueza, de un sistema educativo que permitiera levantar el nivel cultural, de políticas de mejora las infraestructuras y los servicios, de canales de participación política y de defensa de lo que acababan de conquistar.
Todo aquel que se acercó a la vida de los nicaragüenses durante la primera mitad de los ochenta pudo constatar hasta qué punto aquella población se sintió libre y quiso tomar en sus manos las decisiones sobre su futuro. En las calles, en las plazas, en el puro campo y en las universidades, en las sedes de los partidos y en las iglesias, se discutía sobre la distribución de la riqueza, la reforma agraria, la organización del transporte, la economía mixta, el sindicalismo, la educación de los niños, la formación de los mayores, la defensa frente a la agresión exterior, las milicias populares, el ejército regular...
Organizaron cooperativas, expropiaron bienes de los somocistas, nacionalizaron la banca, desplegaron una gran campaña de alfabetización y formaron un nuevo ejército, porque los restos de la desmoronada Guardia Nacional somocista permanecían activos y la defensa frente a la agresión militar dirigida y financiada por Estados Unidos representaba una prioridad.
La victoria de los sandinistas resultaba ejemplar para otras fuerzas latinoamericanas, que batallaban con las armas para derrocar otros regímenes oligárquicos, particularmente los de El Salvador y Guatemala, y el gobierno de Estados Unidos no disimulaba su ánimo intervencionista en lo que siempre consideró como su patio trasero.
El FSLN, además de incorporar a miles de ciudadanos a las Milicias Populares, consideró imprescindible la creación urgente de “un Ejército regular, dotado de armamento pesado, fuerza aérea y naval, para hacer frente a la contrarrevolución” (1).
Para transformar su país necesitaban luchar a muerte y derrotar a otro ejército, mercenario, la Contra, que operaba sobre todo desde Honduras, con asesoría directa y financiación de Estados Unidos, que integró en sus filas a miles de nicaragüenses. En algunas ocasiones resultaba complicado trazar una línea divisoria entre opositores políticos y enemigos armados. Nadie ponía en cuestión públicamente la eficacia de la democracia en beneficio del bienestar general, pero en la política interna de los años 80 también los sandinistas tuvieron sus luces y sus sombras. Cerraron algún medio de comunicación y se produjo más de un ajuste de cuentas arbitrario con simpatizantes de la oposición armada, no necesariamente adictos al régimen somocista. Se extendió con excesiva frecuencia la confusión entre la actividad del Estado y la del Frente Sandinista (FSLN) que había conseguido hacer caer en el año 79 la dictadura. A ojos de los observadores extranjeros suficientemente imparciales, parecía que el sandinismo de los años 80 padecía pues bastantes contradicciones, y dependencias, sobre todo de orden militar, pero exigía y manifestaba respeto por las libertades de reunión, asociación y expresión y por el valor del sufragio universal.
Partidos políticos de cualquier ideología intervenían en la vida pública. En el año 84 tuvieron lugar las primeras elecciones, que ratificaron la hegemonía de los sandinistas, pero en las siguientes, las del 89, perdieron y pasaron a la oposición. Mucho tuvo que ver aquella derrota electoral con el chantaje armado de ‘la Contra’, financiada por Estados Unidos, pero quitó la razón a todos aquellos que pretendían equiparar la Nicaragua sandinista con los regímenes de partido único de los países del Pacto de Varsovia.
En ese momento, sin embargo, con la salida del Gobierno, se puso de manifiesto la falta de defensas del organismo sandinista ante la enfermedad de la corrupción.
Si hasta entonces el liderazgo compartido por nueve comandantes y numerosos cuadros del Frente había hecho imposible que una o dos personas se sintieran con suficiente poder para mandar sin escuchar, con la pérdida del poder político, pareció que un buen número de esos mismos dirigentes sandinistas empezaron a olvidar los principios que habían predicado y perdieron la vergüenza. Se difundieron noticias sobre su decisión de acaparar propiedades y poder económico.
Bajo el pretexto de que el partido no podía dejar el poder sin fortalecerse con recursos que serían necesarios para trabajar desde la oposición, lo que hicieron algunos fue transferir propiedades a si mismos. Comandantes significativos abandonaron la actividad política para dedicarse a los negocios y unos pocos, además de acumular fortuna se hicieron con los resortes de control del aparato partidario.
Hubo quien se hizo con la propiedad de bienes de todo tipo y uno de ellos, Daniel Ortega, consolidó junto a su esposa, Rosario Murillo, una cuota desmesurada de poder personal. Lo que hoy ocurre en Nicaragua es la consecuencia de la política de Ortega desde que volvió a la presidencia del país. El castigo sangriento aplicado contra la población es execrable, pero resulta también alarmante la voz de quienes, en estas condiciones, defienden el liderazgo del presidente y su esposa por encima de los anhelos, necesidades y libertades de la población.
Uno de los participantes en este debate, el economista Claudio Katz, explicaba con toda crudeza en un artículo (2), publicado el pasado verano, que “el orteguismo no guarda el menor parentesco con su origen sandinista”. “Ha establecido alianzas estratégicas con el empresariado, adoptó medidas exigidas por el FMI y afianzó los vínculos con la iglesia después de prohibir el aborto. Ha consolidado la privilegiada burocracia de los negocios que debutó con la apropiación de los bienes públicos. Bajo la conducción de Ortega rige un sistema clientelar asentado en maquinarias electorales. La persistencia de la vieja simbología sandinista oculta este cambio sustancial, que reproduce la involución padecida por otros procesos progresistas”.
Nadie desde la izquierda debería justificar desde ningún punto de vista la brutal represión ejercida contra ciudadanos indefensos que participaron recientemente en manifestaciones iniciadas el pasado mes de abril contra la reforma del sistema de pensiones y el aumento de cotizaciones a la seguridad social. Sobran testimonios que certifican la brutalidad de las fuerzas policiales y paramilitares responsables de la muerte de centenares de personas. Las acusaciones de “terrorismo” dirigidas contra los protagonistas de la protesta carecen de toda credibilidad.
El apoyo a Daniel Ortega en nombre de no se sabe qué causa justa o eficacia no tiene sentido alguno, pero las miradas hacia otro lado también expresan complicidad de alguna manera con ese régimen corrupto que usurpa el nombre del sandinismo.
Los actores políticos de la izquierda, individuales o colectivos, interesados en la defensa de un futuro en el que predomine la justicia social, lejos de pasar por alto o de hacer la vista gorda frente a desmanes tan dramáticos como el de Nicaragua, deben enfrentar esa realidad y mirar también hacia otros lugares, y hacia atrás. Hacia otros países y otras experiencias “revolucionarias” según se mire, en las que se han vulnerado y se vulneran derechos elementales y se ponen en cuestión libertades tan elementales como las de expresión, manifestación, reunión y asociación.
Algo le ocurre desde siempre a la izquierda que en cuanto toca poder degenera. Vale la pena preguntarse en este debate por las raíces de este fenómeno. Conviene reflexionar sobre lo que ha ocurrido en un país como Nicaragua, porque aquella experiencia despertó muchas ilusiones, y más allá de las acusaciones, habría que pensar en qué lugar se encuentra el virus de la corrupción que acaba destrozando el legado de las experiencias revolucionarias y de los intentos de cambio social.
La izquierda que pretenda dibujar un proyecto que entusiasme de nuevo a la población que sólo aspira a vivir dignamente tendrá que inventar alguna vacuna eficaz contra el autoritarismo y la corrupción.
(1) Viva Nicaragua libre! Miguel Romero. LCR 1979
(2) Nicaragua duele. Claudio Katz. Viento Sur 27.07.2018