Coordenadas de las luchas sociales en la crisis argentina

El fin de las políticas progresistas en Argentina (bajo los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner) y el triunfo electoral de Mauricio Macri en diciembre de 2015 abrió un ciclo de protestas y movilización social de carácter defensivo en toda la extensión del territorio nacional, que ya acumula cuatro huelgas nacionales e involucra un amplio espectro de sectores, identidades y corrientes políticas. En numerosas oportunidades las manifestaciones han contabilizado cientos de miles de personas. Los motivos más convocantes han sido la defensa de los salarios, los puestos de trabajo, la legislación laboral y previsional, el desmantelamiento de políticas públicas, sociales, educativas, científicas, culturales y de derechos humanos; el repudio a la represión y violencia de las fuerzas de seguridad.

Las vacilaciones permanentes del gobierno más que delatar debilidad de carácter o falta de determinación, pusieron rápidamente en evidencia que la ciudadanía no acepta pasivamente pagar los costos del nuevo proyecto económico de la derecha. Como señaló Pedro Brieger, la restauración conservadora tiene serias dificultades para consolidarse. Este escrito ensaya una interpretación posible: actualmente se está conformando un amplio y masivo movimiento de oposición a la nueva ofensiva neoliberal en Argentina, que hasta el momento se muestra huérfano de representación partidaria, y cuya capacidad de consolidación plantea muchas preguntas de cara al proceso electoral en ciernes.

Desacople

Paradójicamente, la fuerte oposición a las políticas del actual gobierno no se tradujeron en una disminución de su desempeño electoral. La Alianza Cambiemos venció en dos elecciones nacionales consecutivas, en las presidenciales de 2015 y las legislativas de 2017, que posicionaron al oficialismo como primera minoría parlamentaria en ambas Cámaras.

En diciembre 2017 el amplio rechazo social contra una reforma parcial del sistema previsional marcó un punto de inflexión, el fin de la etapa del consenso amarillo (color que identifica a la coalición electoral de Cambiemos).

En 2018, la legitimidad se encuentra severamente resquebrajada por la agudización de la crisis económica y social, producto de la creciente inflación, el aumento de las tarifas de los servicios públicos, el crecimiento del desempleo y la caída de los salarios reales. Los medios de comunicación se debaten por estas semanas entre pronósticos de default o hiperinflación, frente a una inminente crisis de endeudamiento y la imposibilidad de cumplir con las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Pero en Argentina la oposición política se encuentra fragmentada y no está logrando superar las diferencias que permitirían construir una alternativa electoral competitiva, una coalición lo suficientemente ancha como para vencer en las próximas elecciones nacionales de 2019.

Para decirlo rápidamente, coexisten dos lecturas de la coyuntura política. La primera abreva la idea de un campo político saturado por el antagonismo entre macrismo y kirchnerismo, que no admite proyectos alternativos. Esta visión se sostiene en estimaciones de intención de voto para 2019 recabadas en encuestas y exhorta enfáticamente al resto de la oposición a encolumnarse en una opción unitaria para evitar la reelección de Macri. La candidata natural es Cristina Fernández de Kirchner. La segunda lectura observa un campo político dividido en tres tercios, y por tanto un espacio significativo y favorable para el crecimiento de una tercera figura, que logre desmarcarse de las crisis que afectan tanto al progresismo como al neoliberalismo. Varios hombres del peronismo tradicional entre los que se encuentran Sergio Massa, Felipe Solá, Miguel Picheto y Juan Manuel Urtubey ya están compitiendo por ocupar ese espacio, sin lograr ninguno de ellos instalarse con éxito hasta el momento. Mientras tanto, el gobierno usufructúa las tensiones de la oposición y se impone cómodamente en el Congreso.

En notorio contraste, las protestas traducen la vigencia de la “unidad en la acción” tradición de lucha contra las políticas neoliberales que los movimientos populares vienen forjando desde hace al menos cuatro décadas en el país. Se evidencia entonces un desacople entre la dinámica de la movilización social y la construcción de una alternativa político-electoral. Se ganan las calles, pero se pierde en el Congreso. Se articulan los sectores en el plano de la sociedad civil, pero se dividen en el campo político.

Tradiciones y emergentes

Los sindicatos (aunque no todos) son tal vez en la actualidad los principales reservorios de las memorias de las luchas populares. Cuentan además con fuertes estructuras que facilitan un masivo despliegue de imágenes, idearios y consignas heredadas de la generación que enfrentó en las calles a la dictadura militar bajo la consigna Paz, Pan y Trabajo (1982), e inauguraron un periodo de resistencias al neoliberalismo en la histórica Marcha Federal (1994).

Con ciertas dificultades para concertar la unidad en las cúpulas, entremezclado y desbordante en los conflictos laborales, y disputado por la irrupción de nuevos cuadros dirigentes intermedios que desafían los viejos liderazgos, el movimiento sindical argentino –factor de poder en el país, y uno de los más poderosos en América Latina– está experimentando una profunda reconfiguración. La conducción de las dos confederaciones nacionales, la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), se encuentran divididas y practican reagrupamientos cambiantes e inestables.

La caída de la producción industrial, las políticas de precarización laboral, la intervención de sindicatos y la persecución judicial de sus dirigentes, golpean duramente a las organizaciones de la clase trabajadora. El sindicalismo del sector privado de la economía, hegemónico entre 2003 y 2015 gracias a su articulación orgánica con los gobiernos progresistas, está perdiendo de forma acelerada su poder de negociación. Mientras que las políticas de ajuste del gasto público impactan en los trabajadores del estado, y merman su capacidad de interlocución con los poderes públicos. Sin embargo, el movimiento sindical cumple un papel central en la articulación y dinamización de un movimiento de oposición a actuales las políticas liberales, aportando cuantiosos contingentes de activismo.

Asimismo, si intentamos trazar una cartografía sociopolítica post-gobiernos progresistas, una primera aproximación nos permitirá constatar que la trama de lo popular irrumpe con varias novedades en su fisonomía, densidad y clivajes identitarios. Estas novedades dan cuenta de un proceso de acumulación de activos organizativos que reconoce varias vertientes (corriente nacional popular, autonomismo o izquierda trostkista), pero que se encuentra polarizado en su interior en torno a la dicotomía kirchnerismo /antikirchnerismo. No obstante, los principales diques que mantenían físicamente divididos a las izquierdas del kirchnerismo y las corrientes nacional-populares se han ido erosionando en los últimos tres años. Las convocatorias conjuntas en la protesta tanto social como laboral, y el feminismo han tendido puentes de comunicación entre corrientes políticas que hasta 2015 habían permanecido fuertemente enfrentadas.

Pero además dejan ver con nitidez la emergencia de dos novedosos movimientos de masas. En primer lugar el feminismo, de centenaria trayectoria en Argentina, estalla en 2016 con Ni Una Menos en repudio a la ola de femicidios y violencia machista, se consolida en los paros internacionales de mujeres del 8 de marzo de 2017 y 2018, y alcanza su punto más álgido en los meses de julio y agosto de este año con el fallido intento de legalización del aborto. Se caracteriza por una fuerte participación de mujeres jóvenes y adolescentes, su radicalidad sintetizada en la consigna “Abajo el patriarcado”, su apuesta la reivindicación de la diversidad sexual y el pluralismo, un funcionamiento asambleario, inorgánico y multisectorial, y finalmente por su inscripción en un movimiento global.

En segundo lugar las organizaciones de la economía popular, que se inscriben en la tradición del movimiento piquetero, sin duda gran protagonista de las luchas de fines de los años noventa y de las jornadas de diciembre de 2001. Estas organizaciones han experimentado un crecimiento geométrico desde 2015 hasta la actualidad. Se han ido consolidando y articulando en sucesivos planes de lucha que incluyen grandes movilizaciones, cortes de calles, accesos urbanos y puentes, con ollas populares y acampes. Si bien tienen un fuerte anclaje territorial y se han insertado principalmente las barriadas populares que rodean los principales centros urbanos, buscan organizar y representar al diverso espectro de trabajadores informales y a cuenta propia. Se autoperciben como parte del movimiento obrero, y por este motivo han ido confluyendo en estructuras federativas como Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa (CCC), Frente Popular Darío Santillán o Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), algunos pujan por hacerse un lugar en las mesas de las centrales sindicales nacionales o se identifican con la figura del Papa Francisco. Al tiempo que los sindicatos decrecen por la agudización de la crisis, las organizaciones de la economía popular, receptoras de aquellos que ven degradadas sus condiciones de vida y trabajo, se ensanchan.

Crónica breve y déjà vu

Buenos Aires, 24 de octubre de 2018, Congreso Nacional. Se debate en el recinto el proyecto de presupuesto nacional 2019. Prevé un brutal ajuste en el gasto público y un exponencial aumento del pago de servicios de deuda externa, conforme las condiciones del FMI.

La sesión parlamentaria se interrumpe dos veces. Primero por incidentes entre legisladores oficialistas y opositores. Más tarde, debido a la brutal represión que se desató puertas afuera, en las inmediaciones del parlamento. Las fuerzas de seguridad, con pertrechos relucientes, dispersan a los miles de manifestantes con carros hidrantes, balas de goma y gases lacrimógenos. Policías infiltrados y encapuchados cometen desmanes y arrojan piedras. Horas más tarde trasciende que varias decenas de manifestantes han sido detenidos, entre ellos dirigentes sociales y sindicales. Finalmente, en la madrugada del 25 de octubre, el oficialismo logra aprobar en la Cámara Baja el Presupuesto del FMI.

No es la primera vez que una sesión parlamentaria debe interrumpirse. Tampoco es la primera vez que una manifestación popular es reprimida con métodos poco legales. En diciembre de 2017 se vivieron en el mismo escenario dos fatídicas jornadas cuando se debatía una reforma parcial al sistema de jubilaciones. Al igual que con la Ley de Presupuesto, la oposición política no logró vencer al oficialismo en la votación, quedando en evidencia su fragmentación y desarticulación. La escalada represiva y la indiferencia de los legisladores que aprobaron la reforma a pesar del fuerte rechazo social que concitaba, fue ampliamente repudiada por la ciudadanía. Esa noche se realizaron cacerolazos espontáneos en todo el país. Lejos del “que se vayan todos” de los cacerolazos del 2001, la consigna más escuchada esta vez fue, curiosamente, “unidad de los trabajadores”.

Una alternativa política capaz de revertir la restauración conservadora en curso en Argentina será posible en la medida que funcione como catalizadora de las tradiciones y emergentes que desde 2015 configuran el campo popular y logre conjurar su polarización interna. No alcanza con invocar al pueblo, e incorporarlo como masa contemplativa, convidado de piedra. La tarea reclama una sincera democratización que garantice la participación efectiva de los viejos y nuevos sujetos colectivos en la elaboración programática y en la arena política.