Ecuador: transitocracia y neoliberalismo

El Ecuador es una clara muestra de los retrocesos que se viven y experimentan en América Latina y de la “restauración conservadora” que lideran, desde hace algunos años, las derechas del Continente. Varias son las formas en las que podemos describir los retrocesos en la Región, desde vergonzosas candidaturas fascistoides con ganas de ponerse “las botas” para gobernar, hasta la persecución mediática, política y judicial instaurada contra líderes, lideresas y figuras políticas progresistas. Para describir el caso ecuatoriano me centraré solamente en tres hechos: (1) el regreso de la economía neoliberal; (2) la instalación de un “Estado de revancha”, en lugar de un “Estado de derechos”; (3) el bloqueo y la proscripción de adversarios y opositores políticos.

(1) De vuelta al Consenso de Washington

El fracasado modelo económico que el Ecuador utilizó entre 1981 y 2006 ha vuelto de la mano de antiguos y nuevos discípulos del neoliberalismo. Los rostros y el discurso se han renovado pero los dogmas de la austeridad, de la apertura comercial, de la ineficiencia estatal, de la desregulación financiera y de la flexibilidad laboral se mantienen intactos.

El actual gobierno del Ecuador no solo que ha permitido, sino que ha utilizado como soportes políticos el corporativismo y el rentismo de las élites económicas. El manejo de la economía y las finanzas públicas volvió a las cámaras y al Comité Empresarial; la política comercial se sobrepuso a la industrial y abrió de par en par las puertas a la importación; la atracción de inversiones extranjeras se apoya ciegamente en los nefastos tratados bilaterales de inversión; la política fiscal amplió generosamente los “incentivos” para los ricos y empezó a revisar y disminuir los “subsidios” para los pobres (cabe resaltar que la transferencia de recursos públicos para los de arriba la llaman incentivo y la misma transferencia para los de abajo la llaman subsidio); y en lo social se deslegitimó la inversión pública y se han desmontado algunas políticas de Estado.

A esto se suma una buena parte del sector privado que es muy calculador y reticente de asumir corresponsabilidad en el desarrollo nacional, que no se compromete con metas de generación de empleo, que invierte poco o no invierte en productividad, que no entrega créditos suficientes para la producción, que saca sus recursos de la economía nacional para depositarlos en paraísos fiscales y que cree que la única forma de ganar competitividad es reduciendo salarios y derechos laborales.

Lo más frustrante del caso ecuatoriano es que esta forma de entender la economía no ganó las últimas elecciones nacionales de 2017; por el contrario, sus representantes fueron los más duros críticos del entonces candidato Lenin Moreno, quien presentó un programa de gobierno progresista y totalmente distinto al que hoy ejecuta.

Desde el inicio del gobierno las malas bromas del Presidente Moreno empezaron a marcar su dirección programática, pues señaló, en una reunión con banqueros, que “empezaba a odiar a los que votaron por él” y privilegió las reuniones con el gran capital a aquellas con trabajadores o emprendedores de la economía popular y solidaria.

Este esquema económico ha quedado consumado también en el marco legal. Las leyes económicas enviadas por el gobierno han consagrado renuncias fiscales a favor de las grandes inversiones hasta por 20 años, han bajado las defensas frente a la salida de divisas, han condonado intereses, multas y recargos tributarios por más de 2.000 millones de dólares, han permitido evadir el pago de utilidades a trabajadores de empresas petroleras transnacionales y han recuperado, de una manera grosera, los lesivos tratados bilaterales de inversión.

(2) Un engaño llamado Consulta Popular

De iguales o peores proporciones que en el campo económico son los retrocesos en materia legal-institucional. Los sectores opositores al expresidente Rafael Correa posicionaron, al final de su período, la idea de “descorreizar” el país. Para ello construyeron un discurso, difundido masivamente por todos los medios de comunicación, donde la “corrupción, la libertad de expresión, la independencia de las funciones del Estado y la recuperación de los entes de control” fueron sus principales dispositivos. La tesis de la “descorreización” ha sido acompañada de un papel orgánico y disciplinado de prácticamente todos los medios de comunicación. Su rol ha sido construir la imagen de un Estado tan deteriorado que ha permitido y legitimado violaciones a la Constitución y al marco legal con tal de lograr su propósito. Todo ello sin que los otrora guardianes de la institucionalidad democrática digan una sola palabra.

Lenín Moreno (vicepresidente de Rafael Correa por 6 años, de los 10 que gobernó) se abanderó de la tesis de la “descorreización” y la canalizó con el llamamiento a una Consulta Popular, la misma que ni siquiera cumplió con el imperativo dictamen de constitucionalidad.

La Consulta Popular incorporó, en 7 preguntas, las principales propuestas de los más duros adversarios de la Revolución Ciudadana. Sin embargo, su verdadero objetivo siempre fue impedir cualquier opción electoral de Rafael Correa y asegurarse el control de entidades como la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, las superintendencias o la Corte Constitucional.

Si ya las preguntas de la Consulta Popular contenían inconstitucionalidades, más grave ha sido el funcionamiento del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Esta entidad es la llamada a conformar comisiones ciudadanas para que organicen los procesos de concurso, oposición y méritos que permiten seleccionar a las principales autoridades de control; sin embargo, el Consejo transitorio solo se ha dedicado a cesar a toda autoridad que se cruce por su camino, a tal punto que hoy casi todas las autoridades importantes de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, como es el ecuatoriano, son encargadas y transitorias. Nos referimos a los jueces de la Corte Constitucional, a los miembros del Consejo de la Judicatura, al Fiscal General de la Nación, al Contralor, al Defensor del Pueblo, al Defensor Público, a los integrantes del Consejo Nacional Electoral, a los principales de las distintas superintendencias, entre otras.

Ecuador vive una “transitocracia”, en la que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio dice públicamente tener carácter constitucional y, por lo tanto, sus resoluciones tienen la misma o mayor jerarquía que las disposiciones constitucionales.

(3) Proscripción política de críticos y adversarios

“Se respira libertad”. Esta fue la frase con la cual el Presidente de la República daba cuenta del “respeto a la libertad de expresión” y de una posición de “tolerancia frente a las diferencias políticas”. Pero los hechos han demostrado todo lo contrario. Así por ejemplo, cuando su bloque legislativo propuso preguntas distintas para la Consulta Popular, los voceros del Presidente iniciaron una operación política para alinear las posiciones y fracturar en dos su propia bancada. Algunas voces críticas han sido censuradas en medios de comunicación. Un profesor universitario fue cesado de sus cátedras por cuestionar la política oficial en un programa de opinión y debate. El responsable del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos fue separado de su cargo luego de publicar las cifras de la encuesta de empleo y pobreza que mostraban algunas caídas significativas, y funcionarios públicos que trabajaban para el gobierno anterior o que expresaban simpatía por sus posiciones se han quedado sin trabajo.

El Vicepresidente de la República, que fue electo en fórmula para este período, cumple una orden de detención producto de un proceso de investigación por asociación ilícita, que dejó varios vacíos legales y que se aceleró luego de que él hiciera públicas algunas críticas a la gestión gubernamental.

También se ha desplegado un sistema de persecución y de disciplinamiento en el que las acciones de control de la Contraloría y las investigaciones de Fiscalía cumplen un rol central. Como muestra de ello podemos señalar los 8 procesos penales que se han iniciado en contra del expresidente Correa o las cerca de 200 acciones de control que suman los 29 asambleístas que se han mantenido de lado de la Revolución Ciudadana.

Ya se han señalado los procesos de evaluación expedita que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio desplegó sobre casi todas las autoridades de control, en algunos casos extralimitándose, y que terminaron con su cesación. En este marco, un hecho realmente insólito fue declarar en el país una “vacancia constitucional” por dos meses, luego de cesar a los jueces de la Corte Constitucional.

Sin embargo, el escenario solo se completa con la proscripción política, por parte de la autoridad electoral, de la fuerza en la que milita Correa: la Revolución Ciudadana.

Varios líderes de esta posición política dirigían el Movimiento Alianza PAIS (otrora movimiento de Correa y Moreno) y fueron expulsados, el momento de la ruptura, con mañas y jugarretas que el órgano contencioso electoral nunca revisó a cabalidad.

Una vez fuera de Alianza PAIS (sea por expulsión o desafiliación), los militantes de la Revolución Ciudadana iniciaron su proceso legal de inscripción y formación de una nueva agrupación política, pero el camino ha sido cerrado en 3 ocasiones por el Consejo Nacional Electoral.

La primera de ellas, impidiéndole usar el nombre de Revolución Ciudadana por ser similar al ideario de Alianza PAIS; la segunda, rechazando el nombre de Revolución Alfarista, por ser Eloy Alfaro líder de la Revolución Liberal de 1895 y, por lo tanto, se objetó “pretender utilizar una figura liberal para un movimiento de izquierda” (argumento oficial del Consejo Nacional Electoral); y la tercera ocasión, incidentando la representación legal de un movimiento en vías de formalización por el cual la Revolución Ciudadana levantó medio millón de firmas para su inscripción (más del doble del número legal estipulado).

Estos hechos han llamado poderosamente la atención de la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pues no solo se quiere acallar un sector de oposición sino, sobre todo, proscribir a una fuerza política con claras opciones de triunfo electoral.

Esta descripción no agota los problemas, pero sí da una idea de los retrocesos políticos, económicos y sociales que experimenta Ecuador, un país en el que, a diferencia de Argentina donde la derecha ganó las elecciones presidenciales de 2015 o Brasil donde se consumó un golpe de Estado en 2016, una opción progresista ganó las elecciones de 2017. Lo hizo con un margen apretado, pero fue la cuarta elección presidencial consecutiva (de las 14 victorias electorales entre 2007 – 2017) en la que la mayoría de ecuatorianos apostaron por seguir construyendo equidad y justicia social, en lugar de gobernar para unos pocos y de poner al capital por encima de las necesidades y las demandas ciudadanas.