Limitaciones de la izquierda latinoamericana

El artículo de Pedro Brieger: “América Latina en disputa”, además de ser de gran actualidad, deja poco espacio para el desacuerdo al describir hechos contrastables y al formular preguntas, más que aventurar respuestas. La fundamental, la última, con la que acaba el texto: “¿Cómo se resolverá la disputa entre las dos corrientes, la conservadora y la progresista, en la región latinoamericana?”

Antes de realizar algunos comentarios que buscan complementar el contenido del artículo de Brieger, me permito señalar la discrepancia que tengo con la afirmación de que América Latina es la única región donde se cuestionan las políticas neoliberales impuestas por los organismos financieros internacionales. En el Este y Sur de Asia, en países como China, Vietnam, Singapur, Taiwán, Indonesia…, se llevan décadas practicando, con gran éxito por cierto, políticas alternativas a las neoliberales dictadas por el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional. Políticas con las que el sector público ha intervenido activamente en la economía estableciendo aranceles para proteger el desarrollo industrial; subsidiando créditos a industrias seleccionadas por su interés estratégico; creando o manteniendo bancos de desarrollo bajo la propiedad del Estado; otorgando un fuerte apoyo público a la investigación (I+D); o estableciendo organismos públicos de apoyo a la exportación, entre muchas otras. Se trata de políticas poco difundidas en otras regiones, pues escaso ha sido el interés de las instituciones financieras internacionales en que se imiten. ¿Quién sabe, por ejemplo, que el 82% de las viviendas producidas en Singapur, un supuesto “modelo de libre mercado”, son producidas por el Estado? Políticas, por otra parte, que fueron aplicadas profusamente y sin excepción en otros tiempos, por los llamados países desarrollados, como bien ha analizado Ha-Joon Chang, profesor de la Universidad de Cambridge, en varias de sus obras, a pesar de que hoy tratan de impedirlas en los países en desarrollo.

En cualquier caso, en América Latina, como afirma Brieger, en los últimos años se ha constatado una fuerte ofensiva de la derecha para desplazar a los gobiernos no neoliberales de la región. Con gran éxito, por cierto: de los nueve que podían considerarse parte de este grupo -sin incluir a Cuba, por sus características especiales- nada menos que cinco han sido apartados: dos en las urnas, los de Néstor y Cristina Kirchner en Argentina -quienes gobernaron de 2003 a 2015- y los de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet en Chile -quienes lo hicieron de 2000 a 2018, con el paréntesis del conservador Piñera de 2010-14-; y otros tres a través de procedimientos constitucionales llevados al límite, forzando dimisiones en los parlamentos o en tribunales de justicia: los casos Brasil -donde Lula y Dilma Rousseff gobernaron de 2003 a 2016-; Paraguay -donde lo hizo Fernando Lugo de 2008 a 2012-; y Honduras -donde presidió Manuel Zelaya de 2006 a 2009-.

De aquellos nueve, sólo permanecen cuatro: los de Tabaré Vázquez y el “Pepe” Mujica en Uruguay, donde gobierna el Frente Amplio desde 2004; los de Rafael Correa y Lenin Moreno en Ecuador, en el poder desde 2007 -a pesar de las diferencias que tanto han distanciado a ambas figuras-; los de Evo Morales en Bolivia, que se prolongan desde 2006; y los de Chávez y Maduro, que rigen Venezuela desde 1998 -por cuestionado que esté Maduro en la actualidad-. A ellos es posible que se añada el de México, con López Obrador, aunque habrá que esperar a analizar las políticas que aplique; y cabría agregar el de El Salvador, si bien el FMLN no ganó las elecciones hasta 2014. Obsérvese que no he incluido el gobierno de Daniel Ortega, en el poder en Nicaragua desde 2006, ya que, a pesar de su retórica izquierdista, no ha dejado de aplicar el recetario neoliberal, por no hablar de las masacres recientes contra la población descontenta.

Así que, el peso de los gobiernos progresistas en la región fue claro en los tres primeros quinquenios del siglo XXI, un período que coincidió además con unos ventajosos precios internacionales de las exportaciones latinoamericanas -soja, café, cobre, oro, petróleo…-, con fuertes inversiones extranjeras y con unas nada desdeñables entradas de divisas por las remesas de emigrantes -que en 2007, por ejemplo, superaron los 60 mil millones de dólares-.

Estos gobiernos no neoliberales fueron bastante exitosos en la reducción de la pobreza y la desigualdad. Los datos son inequívocos: si la población por debajo de la línea de pobreza en América Latina se redujo desde el 44% en 1999 hasta el 28% en 2014 (cifras de CEPAL) y lo hizo también la desigualdad de acuerdo al descenso del índice de Gini, que pasó del 0.55 al 0.50 en esos años, los gobiernos progresistas contribuyeron más a estos resultados que los gobiernos conservadores. Ejemplos: Bolivia bajó la pobreza del 61% al 39% de la población; Brasil del 37% al 13%; Chile del 31 al 12%; mientras, en el lado conservador, encontramos países como México y Costa Rica que la vieron aumentar. Respecto a la igualdad: Brasil redujo su índice Gini en esos lustros en 13 centésimas; Bolivia y Argentina en 15; Chile en 11; Venezuela en 12… mientras México sólo lo rebajó en 4 y Colombia en 5.

Sin duda, los gobiernos progresistas aprovecharon mejor los factores favorables mencionados -el boom de los precios, las remesas y la inversión extranjera- para el bienestar de la población. Y aprovecharon mejor este “viento de cola” precisamente porque se distanciaron de las políticas neoliberales apostando por las mejoras laborales, como el salario mínimo y los acuerdos tripartitos entre el gobierno, sector privado y sindicatos; la inversión social, como en la educación; y los programas de transferencias monetarias para hogares en situación de pobreza -como “Hambre cero”- condicionadas a la asistencia escolar de los niños/as.

Ahora bien, aunque los gobiernos progresistas hayan mostrado mejores resultados que los conservadores y logrado algunos avances en derechos cívicos, no aprovecharon suficientemente los recursos de los que dispusieron, quedando así sujetos a cuestionamientos que, desde luego, la derecha no iba a desaprovechar. Ésta carece, como bien señala Brieger, de un proyecto seductor pero, por mucho que no tenga éxitos que mostrar -por no hablar de los resultados tan negativos de los actuales gobiernos de Brasil y Argentina-, cuenta con los grandes medios de comunicación y gozará siempre del apoyo de los organismos internacionales y los gobiernos conservadores de Occidente. Si las fuerzas progresistas no avanzan resueltamente en algunos asuntos clave, donde se encuentran sus principales limitaciones, aumentarán las posibilidades de que pierdan en su disputa con la derecha. Entre ellos están los siguientes:

Corrupción. Los votantes de izquierda no la perdonan. Y algo ha fallado en su control por parte de quienes estaban obligados a atajarla. Grandes escándalos, que no podemos repasar aquí, han sacudido a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador … y se conocerán también en Venezuela en su momento. Sólo Uruguay muestra casos aislados, como el que obligó a dimitir al vicepresidente Sendic. La derecha podrá exagerar su alcance, pero la responsabilidad por la corrupción en los países que nos ocupan, compete a los gobiernos progresistas que ejercieron el poder. Es preciso insistir también en las consecuencias económicas del mal manejo de recursos y en cómo afecta a la calidad del gasto público y al propio desarrollo sostenible el hecho de que parte de las partidas presupuestarias no lleguen a su destino.

Inseguridad. La bandera contra la inseguridad la enarbola la derecha, a pesar de que perjudica sobre todo a la población más desfavorecida. Las cifras en América Latina son excesivas no sólo en víctimas sino también en los costos económicos que la violencia conlleva: inversiones no realizadas, emigración de personas amenazadas, gastos en seguridad, juicios, atención a víctimas... La derecha con sus medios siempre trasmite una percepción de inseguridad mayor a la realmente existente cuando gobierna la izquierda, pero lo cierto es que los gobiernos progresistas de la región no han sabido o podido combinar la educación temprana en la no violencia con la necesaria represión del delincuente y con su rehabilitación. La candidatura de Bolsonaro debe mucho a esta percepción de inseguridad con los gobiernos de Lula y Dilma.

Política fiscal y presupuestaria. Aún con algunos avances, no se ha asistido en este terreno a los cambios requeridos para avanzar más resueltamente en la igualdad, mientras América Latina sigue siendo, con diferencia, la región más desigual del planeta. Si en la Unión Europea el índice de Gini, después de la intervención del Estado -a través del cobro de impuestos y el pago de transferencias- cae de 0.49 a 0.30, en América Latina sólo se reduce del 0.51 al 0.48. Este escaso papel redistributivo se explica por las tasas tributarias nada progresivas -con un gran predominio del IVA y un escaso pago de impuestos por parte del decil más rico de la población- y por la escasa calidad del gasto público. Sin duda este es otro terreno en el que los gobiernos progresistas pueden hacer mucho más.

Progreso tecnológico. Se cumple siempre: cuando los precios de las materias primas están altos, la economía de la región va bien; cuando bajan, todos los países, con independencia del signo de sus gobiernos, muestran problemas. En cuanto cayeron los precios alcanzados por las materias primas, en torno a 2015, la población por debajo de la línea de pobreza aumentó. La necesidad de diversificar la producción y las exportaciones hacia bienes con un mayor valor añadido a través de distintas políticas -industrial, tecnológica, científica, educativa, de apoyo a la pequeña y mediana empresa y de comercio exterior- es muy clara en la región. En 2010, más de la mitad de las exportaciones de América Latina la constituían bienes primarios; y, lo que es peor, durante el boom de precios, la región acentuó su especialización en bienes de bajo procesamiento basados en la abundancia de recursos naturales. Mientras China dedicó el 2,07% de su PIB a I+D, la Unión Europea (UE 28) el 2,03% y un país como Malasia el 1,3%, América Latina destinaba sólo el 0,7%. La necesidad de cambiar la estructura productiva y comercial de la región es evidente y constituye otro reto para las fuerzas progresistas.

Medioambiente. Tal vez sesgada por la ideología productivista predominante, tampoco la izquierda latinoamericana ha mostrado ser portadora en este ámbito de nuevos valores. La deforestación desbocada; la minería a cielo abierto; los conflictos con los pueblos indígenas sobre el uso del suelo, la gestión del agua y la extracción de petróleo y minerales, se han vivido con intensidad en los países que nos ocupan: en Chile en los territorios mapuches; en la Amazonía, tanto en Brasil como en Ecuador; en las provincias norteñas -Salta, Jujuy- argentinas, y también en Bolivia con revueltas indígenas por la extracción petrolera y la construcción de presas. Ni Evo Morales, quien ha luchado por la dignidad de los pobladores originarios de su país y ha conseguido redistribuir más equitativamente las ganancias que repatriaban las empresas trasnacionales, ha podido superar satisfactoriamente este desafío.

Igualdad de género. La igualdad como meta abarca no sólo a los distintos sectores sociales, sino también a las distintas etnias, territorios, generaciones y a la de derechos entre mujeres y hombres. Los indicadores referidos al porcentaje de participación de las mujeres en posiciones de poder -gobiernos, parlamentos, empresas…- muestran el camino que aún falta por recorrer. También destaca el elevado número de feminicidios, que apenas ha disminuido en los países gobernados por fuerzas progresistas (en Chile multiplica al de España por dos; en Venezuela y Ecuador, por cuatro; en Argentina, por cinco; en Uruguay, por seis; y en Bolivia por nueve). Otro dato: de los nueve países considerados con gobiernos progresistas -sin contar Cuba-, la interrupción voluntaria del embarazo sólo se permite en Uruguay. En los demás se admite sólo si hay violación, peligro para la madre o malformaciones del feto. La influencia de las iglesias, católica y evangelistas, también sobre las fuerzas progresistas, es desproporcionada.

No toda solución a estos problemas se encuentra en los gobiernos latinoamericanos. Los países ricos tienen una gran responsabilidad en numerosos asuntos, comenzando por la existencia de paraísos fiscales, que permiten la evasión de cifras elevadísimas de impuestos en la región. Las grandes empresas transnacionales, con mecanismos sobrados para eludir el pago de impuestos, tampoco facilitan las cosas, ni lo hacen las reglas del comercio internacional o los acuerdos de propiedad intelectual. Los países ricos suelen primar sus intereses comerciales e inversores a corto plazo, mientras, cegados por esos intereses, desconsideran los planetarios en el largo plazo, que son también los suyos. No se puede esperar por ello una gran colaboración de Occidente en el desarrollo sostenible de América Latina, el cual descansará principalmente en lo que hagan los países de la región y en sus procesos de integración y cooperación horizontal. Pero, en este camino, la región tiene que atender esas “trampas de países de renta media” relacionadas con la excesiva dependencia del sector primario y la escasa calidad de las políticas públicas e instituciones encargadas de aplicarlas, que dificultan los avances hacia un desarrollo humano sostenible y sostenido.

Una buena oportunidad para las fuerzas progresistas de la región la constituye la aprobación de la Agenda 2030 por 193 países en Naciones Unidas en 2015, la cual parece hecha a la medida de los retos de América Latina. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la Agenda incluye, llaman a la construcción de un modelo más equitativo y sostenible. Las fuerzas del progreso, conscientes de la capacidad transformadora de las políticas públicas, pueden encontrar una importante fuente de inspiración en esta Agenda, la que también, lamentablemente, pondrá en evidencia la incapacidad de la derecha para, con su fe ciega en el papel del mercado, avanzar en ella. Se resolvería así, ventajosamente y por un largo período de tiempo, la disputa entre el conservadurismo y el progresismo a la que Brieger se refiere.