El largo camino oculto de la ley de la violencia

La campaña continuada de promoción y elogios que el PSOE ha dedicado a publicitar la Ley Orgánica de Medidas Integrales de Violencia de Género –y el nombre ya no es inocente puesto que quien no sea entendido no puede descifrar a que tema se refiere- como el mejor instrumento para proteger a las mujeres maltratadas, ha logrado el efecto deseado: que se considere una legislación perfecta, primera en su género (este sí) y que podría ser perfectamente eficaz si el gobierno comandado por el Partido Popular y una serie de funcionarios machistas no la sabotearan.

Esta argumentación se repite desde hace tres años, sin que las organizaciones mujeres vinculadas al PSOE tengan la honradez de reconocer que después de que la Ley cumpla éste diez años la violencia no ha descendido un ápice desde su implementación. El resto de los partidos de izquierda sienten la más inalterable indiferencia por el tema. Y solamente sectores del Movimiento Feminista que no hemos sido nunca adeptas a la mencionada ley pedimos, insistentemente y sin ningún éxito, una reforma fundamental para hacerla realmente útil en la prevención y punición del delito.

En la defensa de la ley coinciden sospechosamente tanto el PSOE como el PP. El primero porque se atribuye el mérito de haberla redactado y de haberla consensuado con tanto éxito que consiguió hacerla aprobar por unanimidad de todos los partidos. El segundo porque teniendo poca o ninguna voluntad de luchar contra la masacre de las mujeres, ya le va bien una legislación incompleta, mal redactada y de objetivos ambiguos como esta.

Pero el currículum oculto de la norma, que va a tener el dudoso mérito de ser la más inútil de todas las que se han aprobado en el periodo democrático, es mucho más largo y complejo de lo que publicitan sus adeptas y supuestas autoras.

En 1983 regresé de EEUU con un proyecto de ley de violencia, inspirado entonces en la que regía en el Estado de Nueva York, con el propósito de hacerla aprobar en España. Diez años tardamos desde el Partido Feminista que llegara el proyecto a la mesa del Consejo de Ministros, porque los sucesivos gobiernos del PSOE, recién triunfante en las elecciones, ni siquiera quisieron mirarlo. Solo cuando Cristina Alberdi fue Ministra de Asuntos Sociales ella se atrevió a presentar el texto que habíamos elaborado, sin éxito tampoco porque los ilustres ministros socialistas consideraron que con aquellas normas se estaba perjudicando a los hombres. Y se acabó la legislatura.

A partir de ese momento, la indiferencia y el desinterés que por el tema habían mostrado las notables dirigentes del PSOE, se tornó en activismo e impaciencia para impulsar la aprobación de la ley, como uno de los motivos importantes con los que hacer oposición. El proyecto de ley que habíamos elaborado concienzudamente entre el Partido Feminista de Euskadi, el Partit Feminista de Catalunya, el Partit Feminista de Valencia y diversos colectivos feministas con los que nos reunimos y con las aportaciones de abogadas y fiscalas a las que pedimos su consejo, fue tratado por las diputadas del Grupo socialista con el desdén y la displicencia que utilizan contra nosotras. Fueron inútiles nuestros argumentos, el proyecto de ley que se presentó en la Cámara de Diputados adolecía ya de los defectos que padece la que se aprobó en 2004, cuando habiendo ganado las elecciones Rodríguez Zapatero, en un alarde de feminismo, la asumió y la defendió.

El resultado lo padecemos ahora. La ley aprobada posee una larga, farragosa y flatulenta Exposición de Motivos en la que se describe la llamada violencia de género que da lugar a que el artículo 1 considere que esa violencia es especial y única cuando la ejerce el hombre casado o ajuntado permanentemente con la víctima, por la actitud de preeminencia y opresión que, históricamente, los hombres han adoptado frente a las mujeres. El resultado ha sido que los jueces, con doctrina del Tribunal Supremo incluso, pueden pedirle –y de hecho lo hacen a menudo- a la denunciante que demuestre que el maltrato se ha producido por el desprecio que el marido siente contra ella. Tan difícil prueba de una actitud más que de una conducta, negada por supuesto por el maltratador, lleva a la absolución a la mayoría de los casos. Cómo la Ley no exige que la mujer tenga el asesoramiento legal desde el momento de la denuncia, sino que es el denunciado el que lo debe disfrutar, en la policía y en las declaraciones subsiguientes en los juzgados como a los juicios rápidos la víctima suele ir sola.

El resultado es que el 55% de las denuncias se archiva en el juzgado sin más trámite. Del 45% restante se condena al 70%, mediante una componenda entre el fiscal y el abogado del maltratador. Con lo que únicamente el 38% de los denunciados son condenados, y a penas que no exceden de 2 años, con lo que no se cumplen, sustituidas por una ficción llamada “trabajos en beneficio de la comunidad” que nadie sabe en qué consisten. En un estudio realizado por unas profesoras de la Universidad de Barcelona se sacó la conclusión de que una mujer maltratada solo tiene un 6% de posibilidades de ver a su verdugo en la cárcel.

Añadamos aquí el pecado capital de la Ley: Sólo ampara, como he dicho a la mujer que tenga un vínculo sentimental con el maltratador. Ninguna otra: madre, hermana, cuñada, suegra, hija, vecina, desconocida o prostituta es digna de ser tenida en cuenta para aplicarle los beneficios de la Ley.

En este año, que aún no acaba, 30 mujeres han sido asesinadas por sus hijos, una de ellas lo fue por el marido y el hijo, pero no entraron en el catálogo de víctimas de violencia de género porque la Ley no las incluye. Al ser la madre, y no tener ninguna relación sentimental con el asesino no merecen la protección legal.

Un tío estuvo acosando sexualmente a su sobrina de 13 años hasta que, ante su rechazo, la asesinó. Esa niña no es víctima de violencia de género al no ser ni la esposa ni la pareja estable del criminal.

Los niños asesinados por su padre, como los de José Bretón, las niñas Andrea, Amets y Sara, por mencionar únicamente los más recientes, cuyas madres pidieron repetidas veces protección judicial, sin obtenerla, no eran merecedores del amparo de la Ley, ya que no constituían la pareja del verdugo.

Decenas de mujeres prostituidas son asesinadas cada año por su proxeneta, chulo, macarra o cliente, sin que entren en la fúnebre lista de víctimas de violencia de género, porque ninguna relación sentimental las unía a su asesino.

Cientos de miles de mujeres, adolescentes y niñas son traficadas para la prostitución en España. Los cálculos conservadores dicen que 500.000 cada año entran por todas las fronteras para ser vendidas y esclavizadas en nuestro país y en el resto de Europa. Pero tales delitos no constituyen violencia de género, sino el más específico de trata con fines de explotación sexual, porque al parecer esas mujeres no pueden ser consideradas igual que las demás víctimas de violencia de género.

Una muchacha era víctima del acoso sexual de un vecino que la perseguía en la escalera, en el vestíbulo de la finca y en el ascensor. Después de denunciarlo, únicamente se le condenó a una multa en un juicio de faltas y siguió viviendo en el mismo rellano de la finca donde la joven lo veía cada día. No se dictó orden de alejamiento porque no era víctima de violencia de género.

UGT publica cada año un informe en el que afirma que el 75% de las trabajadoras sufre acoso sexual en el trabajo. Pero estas no son víctimas de violencia de género, por tanto no merecen protección especial.

Por supuesto la violencia económica, la laboral y la institucional no tienen cabida en el texto legal. Así, los jueces y fiscales, los policías y Guardias Civiles que no atienden las denuncias, que se niegan a tramitar los procesos, que archivan las causas de maltrato, que absuelven al acusado por falta de pruebas sin realizar una investigación profunda de la situación de la maltratada, no tienen ninguna responsabilidad en el asesinato de la víctima después de que esta haya acudido en repetidas ocasiones a solicitar el amparo judicial.

Cientos de policías no atienden las denuncias de maltrato interpuestas por las víctimas, a las que aconsejan que no inicien un proceso que destrozará a la familia, llevará a su marido a la cárcel y dejará a los hijos sin padre. Pero esos funcionarios no son responsables de causar violencia alguna a las que acuden en busca de amparo institucional.

Miles de honrados ciudadanos y ciudadanas escuchan desde su casa los golpes y gritos de alguna vecina que es brutalmente apaleada por su marido sin que intervengan para detener la agresión, ni aún telefoneen a la policía escudándose en el anonimato. Cuando la víctima es asesinada se atreven a declarar en la televisión que el crimen “se veía venir dadas las palizas que recibía la mujer”, sin que puedan ser denunciados por denegación de auxilio, delito que sí existe para quien no ayuda a un accidentado en carretera.

Porque ninguna de estas violencias está recogida en la que, con todo descaro, llaman “Ley Integral de Violencia de Género”. Y por tanto no pasan a engrosar el número de víctimas que conmemoramos cada 25 de noviembre.

Miles de esposas son despojadas de su casa y de toda ayuda económica y miles de madres están sufriendo la retirada de la custodia de sus hijos, en procesos de divorcio sentenciados por jueces y juezas machistas, a los que esa espúrea invención del SAP (Síndrome de Alienación Parental) ha convencido de la maldad intrínseca de las mujeres, después de que forenses, psicólogos y asistentes sociales hayan emitido dictámenes aprobando la conducta del marido y repudiado la de la esposa. Pero nadie puede acusar de violencia institucional a tales funcionarios de la Administración de Justicia, simplemente porque tal delito no existe en el articulado de la ley.

Cientos de miles de trabajadoras son despedidas por el empresario cuando quedan embarazadas, cuando no atienden los requerimientos sexuales de su jefe o de otro trabajador con influencia en la empresa o cuando interesa amortizar un puesto de trabajo, y millones de empleadas de todas las clases perciben hasta un 30 y 40% menos de sueldo que sus compañeros varones en el mismo puesto de trabajo. Pero tal discriminación no puede catalogarse como violencia de género.

Pero el defecto más grave que puede atribuirse a la dichosa Ley es que mantiene la exigencia de la carga de la prueba sobre la víctima, del mismo modo que la Ley de Trata con Fines de explotación sexual. Y con tales mimbres es imposible construir el cesto. La ONU ha declarado que “la violencia contra la mujer es el crimen encubierto más numeroso del mundo”. Y como tal, como crimen encubierto que se produce en la intimidad del domicilio común o del prostíbulo es el más difícil de probar. Mientras los sabihondos juristas de este país no cambien el mantra de la presunción de inocencia en estos delitos como han hecho con la ley laboral y, sorprendentemente, con la Ley de Igualdad, no será posible avanzar en la protección de las mujeres.

Al mismo tiempo las estadísticas son engañosas. El número de las que se dicen asesinadas es falso. Las que mueren después de meses de haber sufrido diversas heridas por la mano de su verdugo no se cuentan en esa macabra lista. Las que se suicidan en la desesperación de no encontrar salida a su angustiosa situación no se inscriben en la cuenta. Las que mueren por enfermedades producidas por el maltrato no existen como víctimas de violencia de “género”.

Por supuesto, a los imperativos legales se añaden las carencias económicas y estructurales. En una Administración de Justicia en la que muchos juzgados no tienen fotocopiadora, en los que se amontonan los expedientes en las estanterías, en el suelo, en el váter, en los pasillos, doblados por la humedad y corroídos por las ratas. Donde el agente judicial a veces no puede salir a entregar las citaciones porque no tiene dinero para el autobús. Donde faltan jueces, fiscales, oficiales, trabajadoras sociales, forenses y hasta policías. Donde, debido, a esta timorata distribución territorial de las competencias judiciales se han instalado SEIS sistemas informáticos diferentes en las diferentes Comunidades, que son incompatibles entre sí, es imposible pensar que se va a proteger a las mujeres maltratadas ni aún a administrar justicia.

En comisarías donde el minúsculo vestíbulo impide separar a la víctima del verdugo, donde el agente o el número de la Guardia Civil apenas saber escribir, ni en el ordenador ni a mano, y en unas instituciones donde apenas se dan cursos de preparación al tema, obviado el feminismo como un peligro, es imposible esperar protección para las más indefensas e ignorantes.

En tales condiciones, la realidad siempre es más tozuda que la ideología y los intereses partidarios y electorales, resulta imposible asegurar que la Ley de Violencia de Género es buena y que su recorrido en estos diez años, con 775 asesinadas, ha sido un éxito.