No es solo indignación: es política

Respondo a la invitación al debate propuesta con el texto Partidos, militantes y ciudadanos en la crisis de representación, abordando tan solo alguna de las diversas cuestiones que plantea y colocando el foco en la, para mí, necesaria consideración de la ciudadanía (plural, diversa) como sujeto de la política.

Este es el primer punto que yo introduciría en el debate: el sujeto de la política democrática no son los partidos políticos, mucho menos sus líderes. Ambos son solo cauces para la participación política de la ciudadanía. El olvido de este principio está en el origen de la patrimonialización de los partidos por sus militantes (o, en el peor de los casos, por sus líderes) y a un ejercicio del poder de gobierno fundamentado en esa patrimonialización y en la gestión de recursos electorales en el ejecutivo y en el legislativo.

Tomo una frase de los últimos párrafos del texto propuesto para plantear mi argumento: “la responsabilidad de los ciudadanos para con las formaciones que votan o con las que se identifican debiera ir más allá del instante del paso por la urnas”. Discrepo: creo que si algo manifiestan las expresiones de indignación de la ciudadanía con el 15-M, las diversas mareas (verdes, blancas, violetas, etc.), las diversas marchas (por la dignidad, minera, etc.), la explosión de la política en la calle confluyendo en manifestaciones que intentan frenar la erosión de derechos de la ciudadanía, la infantilización de las mujeres a través de la usurpación del derecho a decidir sobre el aborto, o el cambio de un modelo de ciudadanía social basado en las prestaciones y servicios públicos que financiamos a través de impuestos por uno de prestaciones y servicios mercantilizado, si algo manifiestan, retomando el argumento, es el ejercicio de su responsabilidad como ciudadanas y ciudadanos.

La respuesta del gobierno, del partido mayoritario y de los medios afines (los más) ha sido la aplicación de etiquetas deslegitimadoras e insultantes: la acusación de alborotadores, violentos, neofascistas o radicales de izquierda, antisistema, etc. con la intención de reclamar para sí una única legitimidad política y como si la ostentación de una mayoría parlamentaria fuera razón suficiente para arrollar la discrepancia.

Comparto la pertinencia de las preguntas que formula el texto, pero me parece que se concentran en el análisis de las posibilidades de constituir mayorías parlamentarias distintas (lo cual, por cierto, me parece necesario). Sin embargo, no me parece cambio suficiente: quedaríamos al albur de que esas nuevas mayorías parlamentarias tengan la voluntad de concebir la política de otro modo (más deliberativa, más conciliadora, más plural). Yo tengo una pregunta que lleva tiempo ocupándome y preocupándome: ¿cómo hemos llegado a esta situación de blindaje de los poderes ejecutivo y legislativo respecto de la ciudadanía? Desde luego, “blindaje” me parece la palabra más adecuada para definir una situación como ésta en la que las mayorías parlamentarias se constituyen en coberturas que impermeabilizan a estos dos poderes para que las reivindicaciones, demandas, reacciones y cuestionamientos de la ciudadanía no calen, no les afecten. Esa membrana tan solo es permeable a las sentencias y resoluciones judiciales: el recurso necesario para frenar, al menos por ahora, el desmantelamiento continuado de lo público.

La pregunta sobre el cómo hemos llegado hasta aquí va acompañada por la pregunta sobre cómo salimos: cómo se recuperan los necesarios espacios de negociación, conciliación, reivindicación y encuentro entre ciudadanía y poderes ejecutivo y legislativo; cómo se establecen cauces para la canalización de la participación política de la ciudadanía que vayan más allá de los institucionalizados (el voto, las iniciativas ciudadanas, etc). Yo no tengo una respuesta, una receta que aplicar y resuelva la situación, porque no es tan fácil. Pero sí sé algunas cosas:

• La ciudadanía presencia con impotencia la extensión de las telarañas de la corrupción en el espacio público y la imposición por la mayoría absoluta de ste gobierno de retrocesos vergonzantes en los derechos

• El blindaje de los poderes y la impermeabilidad del sistema político rebotan amplificadas la desafección ciudadana, la desconfianza política, la irritación e indignación de una ciudadanía acusada de criminal en sus manifestaciones políticas

• Cuanto más fuerte se haga ese blindaje, mayores serán las probabilidades de que la desconfianza y la desafección políticas se expresen de modo más radical. Es posible que sea un efecto deseado: explosiones violentas que legitimen la restauración del orden.

La indignación no es solo un fenómeno reactivo, aunque sí cabría esperar que hubiera alguna reacción por parte de quienes la causan. Los síntomas de agotamiento que presenta nuestro sistema democrático no son coyunturales, permanecerían aunque pudiéramos hacer que los efectos de la crisis económica se borraran repentinamente: es posible que pudiéramos volver hacia nuestros intereses privados y se manifestara menos la indignación. Pero, sin la reforma de la representación política, de la financiación de los partidos, sin una mejor rendición de cuentas, sin una nítida transparencia en las actuaciones de toda persona que gestione lo público (incluido lo que, siendo privado, tiene contacto muy próximo con lo público), y, sí, sin la asunción de la responsabilidad por parte de la ciudadanía también en los buenos tiempos, poco podrá cambiar: la corrupción, la desafección, el blindaje y la impermeabilidad, como el dinosaurio de Monterroso todavía estarán ahí al despertarnos.

PS: En estos últimos días de marzo el PP ha vuelto a mostrar su vertiente autoritaria, con la reaparición de esa propuesta que de vez en cuando reactivan sobre la creación de un manifestódromo en Madrid que quite las manifestaciones y las marchas políticas de su vista. Si todo lo demás no fuese suficiente, las propuestas de anulación de los derechos de manifestación, reunión y asociación (artículos 20, 21, 22 y 23 de la Constitución Española) son la máxima expresión de su vocación autoritaria. ¿No hay otros acontecimientos que entorpezcan el derecho de circulación de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid? ¿Qué pensarán hacer con las procesiones religiosas, los desfiles militares, las cabalgatas y las marchas y concentraciones que celebran triunfos deportivos y cuya celebración no está amparada por ningún artículo de la Constitución?