¿Hacia dónde va Europa con la austeridad?

¿Tendremos austeridad durante mucho más tiempo? ¿Predominarán las fuerzas que intentan mantenerla a toda costa o las que pretenden humanizarla? ¿Hacia dónde nos conduce?

Debo reconocer que no sabría responder a esas preguntas, pero creo que tiene algún interés intentar respuestas precavidas y provisionales que contribuyan a señalar los complejos problemas que afronta la Unión Europea (UE) y lo que se juega la ciudadanía europea y española en este viaje.

La austeridad imperante en la Eurozona desde 2010 está cargada de ideología. Y por ello resulta tan difícil para sus partidarios (y para algunos de sus detractores) confrontar lo que se dice pretender con su aplicación y los resultados que se obtienen tras aplicarla. En la práctica, la austeridad se traduce hoy en una completa y elaborada panoplia de medidas de ajuste presupuestario, devaluación salarial y reformas denominadas estructurales que asfixian el crecimiento de la Eurozona y dinamitan los consensos sobre los que se construyeron los Estados de bienestar y el propio proyecto de unidad europea.

Algo sabemos de los impactos inmediatos que han provocado las medidas aplicadas: una desregulación del mercado laboral que presiona a la baja los salarios, elimina derechos laborales y debilita la negociación colectiva y la representación sindical; una mengua del Estado de bienestar que recorta y deteriora bienes públicos y extiende la vulnerabilidad y la exclusión entre los sectores sociales con menores recursos; una búsqueda ciega de la competitividad como suprema guía de las relaciones económicas y sociales que arrincona los principios de cohesión y solidaridad que eran considerados pilares básicos del proyecto de unidad europea y habían contribuido a matizar, equilibrar y regular la pulsión competitiva que provoca la lógica de acumulación de capital.

Se conocen también los resultados obtenidos con las políticas de austeridad aplicadas en los últimos 6 años: una segunda recesión de la UE entre 2011-2013 que no se contagió al resto de economías avanzadas ni al conjunto de la economía mundial y que afectó especialmente a los países del sur de la Eurozona que sufrieron extremistas recortes del gasto y la inversión del sector público para reducir el déficit de las Administraciones Públicas; tasas de paro que en España doblan las de la UE y que afectan especialmente a jóvenes, mayores de 55 años y personas de menor formación y cualificación laboral; y una fuerte presión sobre los costes laborales encaminada a contener la demanda doméstica y equilibrar las cuentas exteriores.

Los impactos sociopolíticos de la austeridad

La resistencia y la contestación ciudadana a las políticas de austeridad siguen creciendo en los países del sur de la Eurozona y poniendo en cuestión las bases sobre las que se sustenta su imposición y un control de la Comisión Europea sobre los presupuestos nacionales que no cuadra con ningún tipo de concepción democrática.

Los riesgos de inestabilidad política y crispación social aumentan a medida que la utilidad de la Eurozona se diluye, crece la heterogeneidad entre los Estados miembros y desaparece la movilidad del capital que la justificaba. Como, además, muchos gobiernos de la Eurozona siguen atrincherados en la defensa de unos esquemas de austeridad presupuestaria y reducción de costes laborales que impactan especialmente sobre los sectores sociales más vulnerables, la indignación ciudadana se extiende.

Especialmente en los países del sur de la Eurozona que han padecido los mayores ajustes y en los que se percibe un claro contraste entre los sacrificios que se exigen a la mayoría social y la manga ancha con la que se ha tratado la corrupción de las élites políticas y económicas hasta que despertó la ciudadanía.

Lo que en los países del sur de la Eurozona toma la forma de indignación y reivindicación de mejores políticas y mejores instituciones comunitarias, en buena parte de los países del centro de la Eurozona se presenta como reclamación soberanista, capitalizada fundamentalmente por una derecha xenófoba que presiona a favor de repatriar competencias cedidas a las instituciones europeas y, en último término, salir del euro y recuperar la plena soberanía sobre su moneda. Diversos hitos (el último, el de las elecciones presidenciales en Austria del pasado 22 de mayo) dan cuenta del penoso deslizamiento de las sociedades de varios países del centro de la Eurozona hacia la extrema derecha política y el nacionalismo excluyente y xenófobo, como respuesta a la deriva reglamentista y sancionadora de la UE.

Los líderes europeos y las fuerzas políticas que los sustentan no terminan de entender que la moneda única no puede sobrevivir sin una idea de pertenencia común de la ciudadanía que requeriría, para desarrollarse, del apoyo de unas instituciones comunes de carácter federalista capaces de alentar y sostener con medidas prácticas ese sentimiento y compensar la deriva hacia una creciente heterogeneidad de estructuras y especializaciones productivas que a medio plazo es incompatible con el mantenimiento del euro como moneda común.

Un funcionamiento más democrático de la Eurozona y la UE exigiría que las autoridades e instituciones comunes se responsabilizaran de sus decisiones y respondieran ante la ciudadanía y sus representantes políticos por los estragos que han ocasionado sus decisiones. Un poder legítimo europeo, asentado en una relación de confianza con la ciudadanía, tendría que justificarse mediante la creación de una red de protección social real, cuantificable, que conviviera y se complementara en una primera etapa con la menguante seguridad social que ofrecen los Estados miembros. De esta forma, se facilitaría el crecimiento de ese sentimiento de identidad o pertenencia común a un espacio político europeo, democrático, abierto, respetuoso con los derechos humanos y al servicio del conjunto de la ciudadanía.

El próximo 23 de junio, con el referéndum británico sobre el Brexit, sabremos hasta qué punto una sociedad con una larga y profunda tradición democrática se dejará arrastrar por la demagogia política de la extrema derecha nacionalista, pero también por la reivindicación de un soberanismo que sigue generando adhesiones entre buena parte de la población frente a una europeización que se entiende como un proceso de desposesión del Estado nacional y de pérdida continua de la protección que proporcionaba. Es bastante probable que la sangre no llegue al río y que el Brexit no se produzca, pero será muy interesante ver de nuevo en acción el proceso de deterioro de los viejos partidos y el tirón popular de las propuestas de fuerzas políticas emergentes que coquetean con las ideas de la extrema derecha y el nacionalismo xenófobo.

Por otro lado, la estrategia de austeridad que defiende el bloque de poder que lidera Merkel (asentado en partidos conservadores y liberales aliados con buena parte de la socialdemocracia de los países del norte de la Eurozona) no actúa en el vacío, sino en el contexto de una economía mundial que muestra una notable inestabilidad financiera, débil inversión productiva, baja inflación, mínimo crecimiento de la productividad y una muy baja rentabilidad marginal del capital. Características que afirman y dotan de credibilidad a la hipótesis de una nueva fase de desarrollo del capitalismo mundial caracterizada por la hipótesis del estancamiento secular.

¿Un recambio técnico o una estrategia alternativa progresista y europeísta?

No es extraño que la delicada situación de la UE y los nubarrones que se ciernen sobre la economía mundial promuevan cierto alivio en algunas de las exigencias más perniciosas de la austeridad y alienten la búsqueda de alternativas de carácter técnico o tecnocrático por parte de sectores de las propias instituciones europeas y diversos centros de análisis e investigación que intentan abrir una nueva senda o régimen de crecimiento y la paulatina atenuación de los factores de riesgo e inestabilidad que sufren la Eurozona y la UE. Búsqueda que, en lo que se ha concretado hasta ahora, pasa por reformas institucionales muy limitadas y la creación de herramientas orientadas a favorecer el surgimiento de nuevos campos de mejora de la productividad y rentabilidad empresarial que permitan atender o comenzar a hacer frente al desafío que supone el cambio climático.

Esa búsqueda de un recambio técnico pausado y muy moderado proporciona pistas sobre las grietas que han aparecido en la estrategia conservadora de austeridad y devaluación salarial que, de mantenerse tal cual está ahora, acabaría arruinando el proyecto de unidad europea. Las políticas de austeridad solo pueden conseguir parte de sus objetivos provocando altísimos costes económicos y sociales o, lo que es lo mismo, deteriorando el consenso social en torno a la necesidad del euro y la propia UE. Y, de paso, tensan el viejo sistema de representación política que permitió la creación y el desarrollo de un proyecto de unidad europea que en la actualidad hace aguas y se enfrenta a un cuestionamiento minoritario, pero creciente.

Las élites europeas necesitan ofrecer con cierta urgencia un recambio a la actual estrategia de austeridad, pero las propuestas que han puesto encima de la mesa las propias instituciones europeas son muy limitadas y se encuentran con la barrera infranqueable de las necesidades electorales de Merkel. Así se explica que la concreción de la reestructuración de la deuda soberana griega se haya pospuesto a 2018, tras las elecciones generales en Alemania. Pesan más los votos de la derecha conservadora alemana del CDU-CSU que puedan desviarse hacia la euroescéptica y crecientemente xenófoba “Alternativa para Alemania” que las perentorias necesidades de la mayoría social griega. Así está Europa y hasta ese punto han ocasionado destrozos las políticas de austeridad.

Frente a ese recambio liderado por las élites europeas, una alternativa progresista y europeísta requiere la emergencia de una ciudadanía crítica con la estrategia conservadora de austeridad y capacidad para rebasar los límites de los países del sur de la Eurozona y extenderse al conjunto de países de la UE. Y exige también la consolidación de nuevas fuerzas políticas capaces de tejer un amplio campo de alianzas con corrientes sindicales de izquierdas, socialdemócratas y verdes a favor de una estrategia alternativa que ponga en un primer plano las necesidades y aspiraciones del conjunto de la ciudadanía y un cambio profundo de las instituciones y las políticas europeas, que las ponga al servicio de la mayoría social.

Mientras tanto, los partidos progresistas y de izquierdas contrarios a la austeridad que conquisten posiciones institucionales en sus respectivos países tendrán que usar toda su inteligencia y todo el apoyo electoral que les otorgue la ciudadanía para intentar agrupar al máximo de fuerzas dispuestas a parar el empobrecimiento de la población, proteger de forma efectiva a los sectores en riesgo de exclusión y establecer como tareas prioritarias de su acción política la creación de empleos decentes, la redistribución del poder de compra a favor de los sectores con menores ingresos y la recuperación de los bienes públicos perdidos. No va a ser posible a corto plazo o en una primera etapa romper por completo con las políticas de austeridad actualmente imperantes.

Se trata, como ha hecho el nuevo Gobierno de izquierdas de Portugal, de abrir un nuevo ciclo político que permita desembarazar a las instituciones de la derecha y distanciarse tanto como sea posible de la estrategia de austeridad.

Situarse lo más lejos posible de la austeridad presupuestaria que destruye tejido productivo, reduce el crecimiento potencial e impide disminuir la tasa de desempleo no significa desdeñar el objetivo de la consolidación fiscal, sino que, por el contrario, lo facilita y acerca. Resulta imprescindible compatibilizar la consolidación fiscal y la necesaria reducción de la tasa de endeudamiento público respecto al PIB con un incremento de la inversión pública modernizadora de estructuras y especializaciones productivas. A la espera de un hipotético plan de inversiones en infraestructuras de envergadura diseñado y financiado por instituciones y fondos europeos, que sería la mejor de las soluciones posibles, la compatibilidad a corto plazo entre consolidación fiscal, incremento de la inversión pública y el imprescindible rescate de la ciudadanía empobrecida exige una reforma fiscal progresista.

Con el objetivo de incrementar los ingresos tributarios, hay que exigir un esfuerzo fiscal a los sujetos que, lejos de haber sufrido los impactos de la austeridad, han mejorado su situación: los beneficios de los grandes grupos empresariales (haciendo efectivos los tipos impositivos que ya existen); los grandes y muy grande patrimonios que son atesorados por un restringido club de alrededor de 300.000 personas; el 20% de la población que forma parte de los dos deciles con mayores ingresos que han incrementado sus rentas durante la crisis.

Las tareas y objetivos señalados son posibles y son necesarios para seguir avanzando y lograr una hegemonía cultural y política en Europa que permita completar las instituciones de la Eurozona, superar las debilidades e incoherencias con las que fueron concebidas y realizar un cambio de estrategia de salida de la crisis basado en la solidaridad, la cohesión y un reforzamiento de la democracia y la participación de la ciudadanía.