A dos años de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia

El 24 de noviembre de 2018 se conmemora dos años de la firma del Acuerdo de Paz definitivo para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y el principal grupo insurgente de Colombia, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo- (FARC –EP), la guerrilla más longeva de América Latina.

El acuerdo fue producto de una larga y compleja negociación entre las partes que duró aproximadamente cuatro años desde que se instaló formalmente la mesa de diálogo en La Habana (Cuba). Este proceso no habría sido posible sin la voluntad política de los dos actores y sin el apoyo continuo de la comunidad internacional, en particular, los países garantes y acompañantes del proceso (Cuba, Venezuela, Chile y Noruega). Tanto la voluntad de las partes por llegar a un acuerdo definitivo como la participación de la comunidad internacional fueron claves para sortear los diferentes obstáculos que se presentaron a los largo de las conversaciones.

El proceso de diálogo se concreta en una agenda de cinco puntos, a saber: Reforma rural integral; Participación política: apertura democrática para construir la paz; Cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo y la dejación de las armas; Solución al problema de las drogas ilícitas; y el punto referido a las Víctimas del conflicto. Sin lugar a dudas el objetivo de la agenda de paz representa una oportunidad política para revertir las condiciones de desigualdad e inequidad social, política y económica que dieron lugar a más de cincuenta años de confrontación armada. No debemos olvidar que según los datos proporcionados por la Comisión Económica para América Latina para 2017, Colombia es el segundo país más desigual en la distribución del ingreso en la región y el primero en el porcentaje de tierra concentrada en el 1 por ciento de las fincas.

Esta situación se ve agravada por la profunda crisis humanitaria que supera en cifras las víctimas ocasionadas por las dictaduras del Cono Sur en el continente americano. En este sentido, el Centro de Memoria Histórica y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas señala que el conflicto se data en: 7.2 millones de víctimas aproximadamente, 6.7 millones de víctimas de desplazamiento forzado, al menos 220.000 víctimas de homicidios, 74.000 víctimas de ataques a poblaciones, 30.000 víctimas de secuestros, 13.000 víctimas de violencia sexual, 11.000 víctimas de minas antipersona, 10.000 víctimas de tortura, 9.000 víctimas de despojo o abandono forzado de tierras, 2.500 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, 2.000 masacres, entre otros hechos violentos.

En este contexto, la implementación integral de lo pactado se plantea como un imperativo para el desarrollo de políticas que lleven a la modernización del país en el ámbito social, político y económico, que conduzcan a unas condiciones de igualdad y sienten las bases de una paz estable y duradera.

A dos años de la firma del acuerdo el balance de la implementación es preocupante. El actual gobierno del presidente Iván Duque representa a las fuerzas políticas que se opusieron fuertemente al proceso de paz e hicieron campaña por el No en el plebiscito de refrendación del acuerdo en el año 2016. Aunque desde la llegada a la Casa de Nariño el gobierno ha tratado de matizar su posición y se ha comprometido retóricamente con la paz.

Sin embargo, los hechos políticos parecen indicar otro camino. Existen muchas maneras de hacer “trizas” el acuerdo. Al interior del gobierno existe una tensión entre los partidarios de desconocer lo pactado y aquellos que consideran que se debe hacer una reforma profunda de los puntos pero manteniendo el envoltorio de paz. Ahora bien, esta tensión se manifiesta en las diferentes estrategias utilizadas para intervenir el acuerdo que se sitúan desde la inacción para implementar las políticas ya acordadas hasta la falta de asignación presupuestaria para la paz, lo que significa un acuerdo sin “dientes” que quedaría en papel mojado, pasando por la radicación de diferentes iniciativas que modifican sustancialmente el acuerdo desvirtuando el espíritu del mismo. Al respecto, es importante señalar que durante el periodo del llamado “fast track” -mecanismo aprobado por reforma constitucional para reducir el tiempo de trámite de los proyectos- no se tramitaron todas las leyes y actos legislativos necesarios para hacer efectivo el acuerdo por lo que en el Congreso de la República se juega gran parte de la implementación.

En este contexto, es importante hacer un balance general del cumplimiento del acuerdo. El punto referido a la Reforma Rural Integral (RRI) es uno de los que se encuentran más atrasados en términos de implementación que, junto con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), se considera uno de los ejes centrales del acuerdo. En el fondo la RRI lo que plantea es una modernización del campo colombiano y la transformación de las condiciones de desigualdad referidas al uso y tenencia de la tierra. Aunque se han creado tres instituciones previstas en el acuerdo para abordar la problemática del campo (la Agencia Nacional de Tierras, Desarrollo Rural y Renovación del Territorio) las medidas de mayor calado aún siguen en un limbo legislativo, a saber: el diseño y ejecución de un catastro multipropósito, la delimitación de las tierras no susceptibles de utilización (baldíos, territorios de las comunidades indígenas y afrocolombianas, zonas de protección ambiental) y los planes de ordenamiento de propiedad por la metodología de barrido territorial.

Los mecanismos anteriormente señalados y, en particular, el catastro multipropósito representan un elemento fundamental en la modernización del sector rural ya que en Colombia no existe un registro de los propietarios, ocupantes y de la situación económica y jurídica de la tierra ni de sus dueños. Por tanto, la implementación del mismo permitirá mejorar la presión fiscal, diseñar políticas de ordenamiento del territorio, el aseguramiento jurídico de la propiedad así como la protección y gestión de áreas con alto valor ambiental. Sin embargo, las clases dominantes del país ligadas al sector agrícola y ganadero son reticentes a la implementación de dicho instrumento debido a que la tenencia de la tierra ha estado ligada a los diferentes procesos de despojo y de acumulación de manera fraudulenta.

En cuanto a la participación política, se ha cumplido parcialmente lo pactado. Las FARC se ha incorporado a la vida política democrática a través de la creación de un partido político que tiene presencia en el Congreso de la República, en virtud de lo acordado. El estatuto de oposición que era una de las deudas pendientes de la Constitución de 1991 fue aprobado durante el periodo del “fast track”. Sin embargo, quedan pendientes dos temas centrales: la reforma político-electoral y las circunscripciones de paz. Estas últimas destinadas a la representación de organizaciones sociales y víctimas del conflicto con el objetivo de reparar la exclusión política a la que se han visto sometidas históricamente y que se considera una de las causas del conflicto social y armado. Al respecto, los partidos tradicionales y los uribistas se han mostrado reacios a la aprobación de las circunscripciones en tanto temen que afecte a sus redes clientelares en las diferentes regiones.

Por otra parte, señalar que la participación política efectiva y real requiere medidas que permitan el ejercicio de la misma. En este sentido, se evidencia incumplimientos por parte del Estado en los procesos de reincorporación a la vida civil de los excombatientes. En particular es preocupante la falta de asignación de recursos para el desarrollo de proyectos de desarrollo e infraestructura en las zonas en donde se encuentran concentrados. La preocupación sobre la reincorporación económica ha sido expresada por el jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, Jean Arnault, en donde señala que "la mayoría de quienes están en el proceso de reincorporación no tienen más perspectiva económica que el estipendio mensual que reciben y que terminará en agosto del próximo año". En esta línea, es de señalar que la Comisión de Paz del Congreso ha manifestado su inquietud porque en el Presupuesto General de la Nación, presentado por el gobiernos para el año 2019, no se ciñe a lo estipulado en el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de La Habana, documento que recoge los lineamientos de políticas públicas para para darle sostenibilidad a lo pactado en el proceso de paz.

La inseguridad económica se une a la la ausencia de garantías de seguridad manifiesta en el homicidio de alrededor 80 exintegrantes de las FARC, entre noviembre del 2016 y agosto del presente año, según los datos del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

En lo que concierne a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), sistema que ha sido avalado y reconocido por expertos internacionales en resolución de conflictos, las modificaciones introducidas por los opositores al acuerdo lesionan los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. En tanto excluye la obligatoriedad de los terceros a comparecer ante la misma en caso de tener indicios sobre su participación en el conflicto armado, referida principalmente a la financiación de grupos paramilitares. En el caso de los miembros de las fuerzas militares es evidente la intención de partidos como el Centro Democrático de obstaculizar su comparecencia en la JEP. En este sentido, en la propuesta de reforma que cursa en el Congreso se incluye la iniciativa de crear una sala especial militar e inclusive la posibilidad de excluir a los militares de este proceso. Iniciativa que ha generado tensión dentro de las mismas fuerzas militares y objeto de un llamado de atención por parte de la Corte Penal Internacional.

Es importante señalar que de no cumplir con lo pactado el Estado se puede enfrentar a sanciones internacionales en tanto el acuerdo fue depositado en Suiza como un Acuerdo Especial en el marco del artículo tres común a los Convenios de Ginebra (suscritos por el Estado colombiano e integrados al bloque de constitucionalidad). Además de las tensiones diplomáticas derivadas de un manejo inadecuado de fondos de cooperación internacional destinados a la construcción de la paz como el Fondo Fiduciario Europeo para la Paz de Colombia. Por otra parte, el fracaso del acuerdo de paz representa un elemento de inestabilidad geopolítica en la región debido a la proliferación de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y, en general, a las diferentes actividades ligadas a la economía criminal que actúan no solo dentro de las fronteras nacionales sino que sus actividades son de tipo transnacional. En este punto es de destacar las relaciones con los diferentes carteles de la droga de México.

En este sentido es evidente la reconfiguración de estos actores armados ilegales en los territorios que ante la retirada de la FARC se disputan el control de los mismos, de la naturaleza, de los bienes comunes y de la captación de rentas ilegales. En esta disputa las comunidades se encuentran en una situación de absoluta vulnerabilidad manifiesta en el asesinato de aproximadamente 320 líderes y lideresas de organizaciones sociales populares y de derechos humanos. Asesinatos que tienen una sistematicidad por el perfil de las personas, de los territorios en los que se encuentran así como los métodos utilizados para su exterminio, elementos reconocidos por la Defensoría del Pueblo y de organizaciones internacionales más no por el Estado colombiano. De tal manera, cabe preguntarnos si el no cumplimiento integral del acuerdo de paz y la reconfiguración de los poderes territoriales pueden llevar al país a un nuevo ciclo de violencia que agudice aún más la crisis humanitaria y la desigualdad social, política y económica. Situación que puede desestabilizar aún más la región latinoamericana y generar una mayor conflictividad.