Tres propuestas para la economía de Otra Europa

El término Otra Europa alude a una forma de entender la realidad europea distinta a como la presentan las instituciones de la UE y sugiere también un modo diferente de construir Europa. Esa idea ayuda a definir un escenario para encajar propuestas específicas, aunque a algunos no les parezcan realistas. Después habrá que valorarlas, concretarlas e intentar aplicarlas, si existe un respaldo sólido que motive un cambio radical en la acción política. El reto no es fácil, como tampoco lo es el diseño de escenarios alternativos. Pero se necesitan propuestas tendentes a reducir las desigualdades y evitar que los ciudadanos se alejen aún más de la construcción europea.

En la situación actual, las instituciones comunitarias no proporcionan una base suficiente para avanzar en la integración, porque su apoyo y credibilidad se han reducido, y porque están colaborando en una distribución no equitativa de los costes y beneficios de la integración. Si Europa necesita soluciones estructurales será necesario también un “cambio radical en las instituciones”, o buscar caminos alternativos, o conformarse (quien quiera) con lo que ya hay. Desde esta perspectiva, a continuación se plantean tres aspectos que han de ser abordados de manera prioritaria para avanzar hacia Otra Europa. Son “batallas” interrelacionadas y cruciales para el futuro.

Sin embargo, estas tres propuestas preliminares solo adquieren sentido si el Parlamento Europeo va a disponer de capacidad para transformar la situación de la UE y sus instituciones. En pocos meses sabremos si la nueva Eurocámara ayudará a evitar que los beneficiarios fundamentales de la integración sigan siendo las grandes empresas y el poder financiero. Si los cambios no empiezan a ser visibles en el Parlamento, será difícil avanzar hacia Otra Europa desde los fundamentos que ofrece la actual UE, y habrá que buscar otras vías o dejarse llevar por el lento devenir comunitario.

1) Primera batalla: cambiar el funcionamiento del BCE. Si buscamos Otra Europa, el BCE no puede funcionar con el objetivo explícito de controlar la inflación y con el objetivo implícito de ayudar al sector financiero privado. El Tratado de la UE recuerda que el BCE tiene que contribuir al cumplimiento de los objetivos generales de la UE, entre ellos la mejora de los niveles generales de empleo y bienestar, además de la estabilidad fiscal y financiera de los países. Si es difícil cambiar los estatutos, el Parlamento Europeo tendrá que buscar medios para lograr con urgencia que el BCE modifique sus procedimientos e instrumentos de intervención en los mercados y pueda contribuir a los objetivos de política económica (no solo controlar la inflación y regular la estabilidad del sector financiero, sin reparar en costes ni alternativas). No se trata de cuestionar la “independencia” del BCE ni de quitarle importancia a los objetivos de la política monetaria actual. Tampoco se trata de ignorar el peso de Alemania: el euro nació de un pacto político entre los Estados miembros, con Alemania a la cabeza. Se trata de actuar de otro modo y con objetivos públicos más amplios y equitativos, establecidos y controlados con mayor legitimidad democrática, y orientados a apoyar a los gobiernos para mejorar el bienestar general (y no el de una minoría).

Para ello se requiere un Parlamento con capacidad de participar en la gobernanza económica de la UE. El objetivo no es interferir en decisiones técnicas de carácter monetario, cuando estén justificadas y el BCE responda de ellas ante la Eurocámara. Se trata de que el Parlamento apruebe las prioridades y estrategias para la unión económica y monetaria, incluyendo entre ellas instrumentos comunes para sanear las finanzas públicas (déficits y deuda pública). Una mayor integración tiene sentido si los beneficios se reparten equitativamente, y eso no sucede ahora: lamentablemente, el BCE y el euro no se identifican con la defensa de los intereses de la mayoría.

Involucrar al Parlamento en la unión económica y monetaria no será fácil: los intereses creados son muchos, algunos países se muestran contrarios a cambiar la situación actual, y las instituciones prefieren la continuidad, con pequeños cambios funcionales y estéticos. Pero esa transformación es necesaria porque muchos europeos ven el BCE y el euro como instrumentos al servicio de las desigualdades y de unas instituciones que han contribuido a agravar el endeudamiento público en muchos países, forzando la estabilidad fiscal solo por la vía de la reducción del gasto público (ver epígrafe siguiente). Si el Parlamento aspira a mejorar sus niveles de credibilidad debe encontrar, lo antes posible, fórmulas para que el BCE modifique de facto sus pautas de actuación, mientras se busca el modo de cambiar también sus fundamentos jurídicos. El Parlamento no puede seguir quedando relegado de la definición y gestión de los objetivos y medios de acción tanto del BCE como de la unión económica y monetaria.

2) Segunda batalla: la convergencia fiscal en la UE. Se ha hablado mucho de aproximación, armonización, e incluso convergencia de los sistemas fiscales europeos, pero los avances son mínimos. La exigencia de unanimidad bloquea casi todas las iniciativas. En la UE sigue habiendo paraísos fiscales. Las estructuras impositivas apenas convergen, y si lo hacen es en el aumento de la presión fiscal indirecta. Ni siquiera existe consenso para poner en funcionamiento el Impuesto sobre Transacciones Financieras. Para colmo, la mayor aproximación se ha producido por la vía del gasto público, forzando a los países, especialmente a los más débiles, a recortar gastos en aras de una austeridad mal entendida, que en lugar de corregir los problemas de Europa está agravando y ampliando la crisis. Y también está agravando la situación de endeudamiento de muchos países, lo que obliga a plantear una auditoría sobre la deuda, como paso necesario para no introducir aún más desequilibrios estructurales en la UE. En España la deuda exterior se ha disparado tras las ayudas al sector financiero y la insistencia en corregir el déficit público recortando solo gastos, sin buscar nuevas fuentes de ingresos públicos, basadas en una profunda reforma fiscal que evite el fraude y corrija las inequidades actuales, además de crear empleo, lo que ayudaría a resolver los problemas reales de los ciudadanos. Sin duda, una reforma fiscal distinta a la que promueve el gobierno español.

Es cierto que Europa no puede existir al margen de la globalización, y que la actual fase de globalización financiera se ha consolidado (hasta ahora) sobre la hegemonía del neoliberalismo, lo que conlleva privatizaciones, como si no existieran alternativas, y las encubre de forzadas desregulaciones y falsas liberalizaciones. Aunque esos procesos van acompañados de supuestas mejoras de eficiencia y reducción de costes, solo ayudan a una minoría, a costa de recortar políticas públicas que, paradójicamente, sí han demostrado tener efectos positivos en el bienestar colectivo. Pero no es una paradoja, sino una decisión funcional a un modo de entender las políticas públicas como instrumentos al servicio de la acumulación de capital, en lugar de cómo instrumentos para mejorar los niveles de legitimidad de quienes intervienen en las decisiones políticas, incluidas las de ámbito europeo.

La cuestión, de nuevo, es si el Parlamento Europeo tendrá capacidad de actuar sobre la fiscalidad en Europa, más allá de los compromisos actuales, y más allá del temor de los Estados a perder parcialmente “una parcela más” de su soberanía nacional. La pregunta clave es si el nuevo Parlamento contribuirá a una organización federal de Europa, que se pueda fundamentar sobre la base del federalismo fiscal, lo que permitiría ejercer la soberanía compartida según los principios de subsidiariedad y articulación de acciones comunes, reforzando también los criterios de eficacia, equidad y estabilidad. La mayoría de los gobiernos argumentarán que la fiscalidad es una cuestión nacional y no de la UE, pero si el nuevo Parlamento se deja llevar por los compromisos vigentes será imposible hablar de Otra Europa.

Si el Parlamento Europeo es incapaz de abordar los temas fiscales se habrá perdido una batalla decisiva para su credibilidad y para el futuro. En ese caso, tal vez haya que buscar opciones al margen de la actual UE, porque si no se avanza hacia una fiscalidad común en Europa seguirán aumentando las desigualdades, los recelos entre países, la competencia desleal entre gobiernos y empresas de distintos países, los desequilibrios estructurales, la fractura entre sociedad y gobiernos, incluido el comunitario, y la debilidad financiera de la UE (ver epígrafe siguiente). Al Parlamento le corresponde decidir por dónde empezar y con qué ritmo de cambios, porque la idea de la integración no será creíble mientras haya privilegios fiscales y el grueso de la carga impositiva siga recayendo sobre las rentas del trabajo. El Parlamento no lo tiene fácil en estos temas tan alejados de la mecánica comunitaria, pero si las políticas fiscales solo convergen hacia la reducción del gasto público se perderá algo más que una batalla en el ámbito europeo.

3) Tercera batalla: transformar el Presupuesto europeo. Si se habla del presupuesto de la UE parece que se desea abrir la caja de los truenos. Sabemos lo difícil que resulta lograr compromisos presupuestarios, lidiando con países que quieren contribuir menos, otros que aspiran a recibir más, y muchos que hacen demagogia con los temas de financiación y fiscalidad en la UE. Entre otras razones porque prefieren ignorar los reducidos efectos del presupuesto europeo frente al enorme impacto que genera la creación de un espacio común cada vez más abierto, aunque ese proceso no beneficie por igual a todos los sectores económicos y sociales ni a todos los territorios. Pero ningún presupuesto puede eludir su misión redistributiva, y esa es una de las funciones que ahora apenas cumple el presupuesto de la UE.

Una vez más, conviene precisar los términos del debate y las propuestas. No se trata solo de aumentar el presupuesto común, aunque eso sea necesario, ni de corregir algunos de sus gastos, sino de modificar sustancialmente la forma de elaborar el presupuesto, su mecánica de ingresos y gastos, y su incidencia sobre la economía europea. Si el Parlamento asume como inamovible el actual marco presupuestario plurianual habrá que esperar muchos años para transformar la principal herramienta financiera de la UE. El nuevo Parlamento no puede aceptar que el presupuesto se elabore para un horizonte de siete años y a continuación otros siete más, porque en ese caso serán necesarias varias legislaturas para cambiar lo que ahora existe. Y lo que ahora hay es un compromiso contrario a la idea de una UE próxima a sus ciudadanos. Lo que ahora hay no sirve ni para esta ni para Otra Europa.

Tampoco en este caso la batalla es sencilla, porque están presentes los fantasmas de modificar el derecho primario de la UE y cambiar numerosos procedimientos enraizados en la burocracia institucional, tanto en materia de recursos propios como en la estructura de los gastos. La cuestión es si el presupuesto puede considerarse un tema vital para el futuro de la UE, la supervivencia de sus instituciones y la posibilidad de avanzar hacia de Otra Europa. Pero esta es una pregunta que, a su vez, se puede descomponer en varias: ¿Es creíble para los ciudadanos hablar de favorecer la igualdad de oportunidades, si no hay fondos consistentes que apoyen esos programas? ¿Se puede hablar de movilidad, sin un apoyo real a iniciativas que la hagan posible, como los programas Erasmus? ¿Por qué no reforzar proyectos comunes en I+D+i? ¿Es posible avanzar hacia la construcción de una ciudadanía europea y de una política de inmigración común, si cada país sigue estrategias distintas? ¿Tiene sentido hablar de cohesión, sin apoyarla con proyectos establecidos con criterios comunes y cofinanciados con el apoyo del presupuesto europeo? ¿Cómo mejorar la imagen de una política exterior común basada en ampliar mercados, en lugar de en profundizar la integración europea y colaborar en una gobernanza global más equitativa?

Pueden formularse muchas más cuestiones, pero si se desea avanzar en la construcción europea será necesario más y mejor apoyo presupuestario. Sin embargo, ni el presupuesto se ha diseñado pensando en los ciudadanos ni el Parlamento tiene margen real para intervenir, salvo en los procedimientos establecidos (que parecen decisivos pero dependen en la práctica del criterio de “justo retorno”, de los ajustes y “cheques”, y del limitadísimo alcance de los presupuestos rectificativos). Además, el presupuesto está condicionado por la escasez de recursos, y por techos de gasto y compromisos que solo permiten su revisión en el horizonte de varios años. No se trata de que el Parlamento pida un nuevo presupuesto cada año, pero sería muy mala señal que los nuevos eurodiputados se contentasen con el actual marco presupuestario y se conformaran con la idea de posponer al menos una década cualquier reforma financiera de la UE. Así no se puede construir Otra Europa. Así solo tendrá continuidad la triste e injusta situación actual.

Además de lo señalado en el documento de eN, y de las tres notas anteriores, hay muchos temas decisivos para avanzar en la construcción europea por la senda marcada por la actual UE o por un camino más solidario y democrático que inicie Otra Europa. Seguro que habrá más aportaciones para completar estas líneas: aunque algunos las consideren poco realistas, habrá que debatirlas, valorarlas, evaluarlas y quizá aplicarlas. La pregunta final es si con el nuevo Parlamento se podrá avanzar hacia Otra Europa o si los eurodiputados se perderán en la “lenta capacidad de acción de la UE”, justificándose en que “sus atribuciones son muy limitadas” frente a las demás instituciones y gobiernos.