Reforma financiera versus Unión Bancaria en la UE

Este texto es un intento de responder al debate con una propuesta centrada exclusivamente en el sector financiero. Aun así, es claro que éste no se puede entender por aislado, sino que está enclavado en el resto de la economía –aunque con gran protagonismo. Por tanto esta separación explícita de la reforma financiera solo se entiende en términos espacio (no podemos hablar de todo) y exposición (centrarse en un sector permite incrementar el detalle).

Propuestas sobre la mesa

Las propuestas del texto de econoNuestra llevan implícitas la aceptación de una “salida europea”. Esta visión tiene en cuenta que una ruptura que implique renunciar a todo el esfuerzo de construcción institucional supondría un coste difícilmente soportable. Las posiciones “europeístas” hay que clasificarlas entorno a las posiciones continuistas o rupturistas, pues en caso contrario se corre el riesgo de amalgamar posiciones muy distintas y contradictorias. Desde la ortodoxia y el expertise de las instituciones europeas la propuesta continuista se basa en crear una Unión Bancaria (UB), alguna agencia estatal que vele por la seguridad financiera, respaldar un nuevo presupuesto con nuevos impuestos a nivel europeo, centralizar más el control de las finanzas públicas y mutualizar el riesgo mediante eurobonos, de forma que un nuevo policy mix pueda ser implementado por el BCE. Probablemente el cambio más profundo que se propone incluso desde las más altas instancias europeas (Lazslo Andor) es que el BCE actúe como prestamista de última instancia intentando convertir al euro en una moneda completa (Boyer, 2013). Esta es una de las propuestas tanto de José Antonio Nieto (primera batalla), como del texto propuesto por el grupo de trabajo “Otra Europa”. Mi percepción es que la modificación del BCE lleva implícita una modificación del sistema financiero en su conjunto.

Determinantes de la UE y sus alternativas

Se hace imperativo a la hora del análisis, contemplar no solo la política económica, sino la economía política, de forma que podamos apreciar los cambios que se han producido con la crisis. Los cambios producidos por la mala austeridad no solo afectan a las políticas que se implementan, también modelan el espacio de alternativas posibles. No tener en cuenta esto sería hablar del contexto metafísico, siempre importante y un caldo de cultivo para nuevas propuestas, pero de escaso valor para determinar el escenario de posibles políticas alternativas en la integración europea. Dos son los elementos cruciales a tener en cuenta, uno es que las instituciones europeas no están dirigidas por ingenieros que modelan la realidad a partir de teorías económicas, sino que son intermediarios políticos entre diferentes percepciones e intereses de los grupos sociales que componen la UE. El segundo elemento, señalado por José Antonio Nieto, es que la UE, con su obstinación en favor de la mala austeridad, ha erosionado –o como propone Boyer, ha destruido- su legitimación democrática frente a los europeos.

¿Es legítimo pensar en una salida Europeísta?

El peligro de no percibir estos dos elementos es la generalización de un justificado rechazo a la integración europea, y un retorno al marco del estado nación sin una coordinación a nivel supranacional. El texto de eN lleva implícita la premisa “es posible modificar la integración europea”, pero no les faltan argumentos a los que propugnan una salida del euro, y por tanto,

una ruptura de la presente integración. No obstante, la actual forma de financiación estatal –dependiente de los mercados financieros-; los movimientos de capital –en gran medida protagonizados por derivados intercambiados en mercados no regulados por los estados-; la revolución tecnológica –que permite nuevos procesos económicos que no necesitan espacios físicos para funcionar; y la globalización del comercio –cuyas sucesivas rondas en la OMC han liberalizado países y regiones al comercio internacional-, entre otros, hacen que cualquier solución –también las progresistas- necesiten componentes de coordinación supranacional capaces de responder a un sistema económico abierto. Dado que la UE no solo es un espacio geográfico, sino un interrelacionado sistema de valores culturales y políticos, no parece descabellado pensar también en una alternativa supranacional europea, por radicales que sean los cambios necesarios en su actual configuración. Y sin embargo, nos parece ineludible la premisa de que la integración diseñada por Jean Monnet ha llegado a sus límites, de forma que cualquier nueva delegación supranacional en favor de las instituciones europeas está en contra de la lógica de los intereses democráticos y de justicia social nacionales. Esta es la tensión latente entorno al debate.

Reforma financiera versus Unión Bancaria

El texto de econoNuestra habla de manera sucinta del sector financiero, y dada la génesis financiera de la presente crisis, es razonable observar la solución propuesta desde instancias europeas: la UB. Parecería razonable utilizar todo el potencial de las instituciones europeas para estabilizar el sector bancario europeo. Tres son los pilares de esta propuesta de UB: una supervisión europea (probablemente por el BCE), un mecanismo de compensación (clearing) y un fondo de solvencia (resolution fund). El sector financiero ha tomado proporciones gigantescas, y además se ha convertido en protagonista económico tanto en el auge como en la tremenda caída, por lo que incluso en el más tibio de los escenarios, requiere una profunda reforma.

El objetivo tradicional del sector financiero ha sido actuar de intermediario entre los ahorradores y la inversión productiva. La transformación que ha sufrido este sector durante los últimos treinta años ha supuesto un cambio en sus fuentes de beneficios. Con los bancos como protagonistas, anteriormente la fuente de beneficios principal provenía de la diferencia entre los tipos de interés del préstamo y de los depósitos. Ahora –con el protagonismo de más inversores institucionales- la fuente de beneficios de los bancos es de manera creciente la actuación por cuenta propia en los mercados financieros y las comisiones. Esto ha erosionado esa función específica que permitía a las inversiones productivas encontrar financiación, sesgando la actividad financiera hacia el cortoplacismo de la banca de inversión. No es una cuestión “heterodoxa”, o de “financiarización” en exclusiva, sino que para que la liquidez fluya desde la autoridad monetaria hasta la inversión, es necesario modificar la actual actividad del sector bancario. La presente no-regulación financiera es una construcción del propio mercado, basada en las necesidades de una actividad hipertrofiada. No veo que la posibilidad de revertir esta tendencia no esté en el corazón de las alternativas. No se trata de crear un sector financiero público, sino configurar un sector con una fuerte regulación marcada por objetivos sociales.

Además, las propuestas de reforma fiscal en el texto de eN, se basan en el supuesto de que un incremento impositivo implica necesariamente un incremento en la recaudación. No obstante hay que tener en cuenta la “liquidez” en términos de Bauman que caracteriza los capitales transnacionales, la irrelevancia de las fronteras para ellos, y la capacidad de utilizar un arbitraje fiscal cuasi instantáneo entre diferentes regiones geográficas. No se afirma aquí que

no haya margen para implementar una reforma fiscal radicalmente redistributiva, sino que se ha de acompañar de otras medidas que permitan asegurar la ingente cantidad de recursos que el sector público tiene que poner en marcha para revertir la tendencia austericida y sobre todo, para poner las bases que nos permitan superar sus efectos acumulados. El sector financiero y su reforma pueden ser una fuente de ingresos que permitan un “radical new deal” europeo, no contemplado por la UB.

1. Actuar sobre el objetivo y función del sector financiero. Durante las últimas décadas, la desregulación del sector financiero ha hecho que la actividad bancaria y financiera en general puedan tener efectos sistémicos del más alto calado. De forma exactamente contraria a cómo se modificó la constitución española en su art. 135 para dar prioridad al pago de la deuda, se deben introducir en sucesivos tratados artículos dónde se estipule el funcionamiento del sector financiero. Estos objetivos deberían incluir ayudar a la estabilidad de precios (también de los activos financieros), a la estabilidad del sistema financiero, mantener una liquidez suficiente en el sistema, impulsar inversión social y sostenible con el medio ambiente físico y ayudar las políticas públicas en la salida de la crisis. No veo razón alguna para sostener que el sector bancario pueda continuar libremente su actividad, o incluso desregularse más aún, dada las concluyentes pruebas empíricas en contra de esta política financiera. En cambio parece lógico regular el sector financiero para que la generación de beneficios en su seno pueda ser socialmente sostenible.

2. Estabilizar el sector financiero mediante la estabilización del sector bancario. Hay numerosas razones para acusar a la peligrosa fragilidad bancaria de la tenue recuperación económica y las tenebrosas perspectivas de la economía. El informe de Cárlos Sánchez Mato y el de Jakob Vestergaard and María Retana son un buen ejemplo de ello. Los actuales estudios oficiales aplicados por la UE para establecer criterios de “seguridad” y de “sostenibilidad” de los balances bancarios se basan en criterios basados en la ponderación de riesgo. No obstante, numerosos estudios empíricos como el de Trillo y Alonso, y diferentes escuelas de pensamiento económico (post-keynesiana, economía de las convenciones, institucionalista, austriaca, etc.) apuntan a las enormes dificultades en el cálculo del riesgo. Este enfoque en realidad ha servido para reducir (no aumentar, que es para lo que dicen que sirven) los requerimientos mínimos de capital al reducir los activos contra los que se calcula el ratio. El espejismo de una economía autoregulada y gestionada por la teoría de la gestión del riesgo (Risk Management) se ha mostrado claramente destructiva. Ha de pensarse en fondos de solvencia financiados por los propios bancos, de forma que se creen incentivos positivos a una mejor gestión del riesgo. Igualmente ha de pensarse en fórmulas para incrementar sustancialmente los requerimientos de capital progresivamente.

3. Creación de un sistema de finanzas público para los europeos, con un fondo común que puede ser financiado por el BEI como algunos propugnan desde Francia, al que poder acceder localmente para financiar proyectos que respondan a criterios de economía ecológica, y a criterios sociales. Este fondo financiaría empresas, particulares y/o otras figuras jurídicas (asociaciones vecinales, grupos legalmente conformados, etc.) y permitiría solventar al menos en parte la incapacidad del sector financiero privado para trasladar la liquidez pública a inversiones productivas. No es solo una cuestión de justicia social, sino de establecer soluciones que palíen la escasez de crédito provocada por la crisis de balances actual no contempladas en la UB.

4. Establecimiento de normas que permitan separar la actividad bancaria particular de la actividad bancaria de inversión. Uno de los factores que están en la base de la desconexión entre sector financiero y sector real es la transformación bancaria comercial en banca de inversión. Estas actividades tienen diferente naturaleza a pesar de tener lugar en el mismo mercado, dado que esta última está dominada por mercados no regulados y derivados financieros, frente a la primera que gira entorno a proyectos empresariales, préstamos hipotecarios y depósitos. Mientras, que de manera general, la banca comercial está centrada en plazos más largos, la banca de inversión está centrada en el corto plazo de actividades principalmente especulativas. Sesgar toda la actividad bancaria hacia la inversión, supone irremisiblemente detraer recursos de la actividad productiva. Pero además incrementa la volatilidad de la economía sesgándola hacia proyectos cortoplacistas de alto rendimiento, e introduce dentro del circuito financiero especulativo salarios, hipotecas y depósitos con el consiguiente incremento de la fragilidad económica. Esta regulación permitiría dotar de mayor solidez al sistema bancario y por ende facilitar la recuperación de sus cuentas.

5. Hacer visibles y transparentes las cuentas bancarias mediante auditorías públicas y democráticas. En Mato (2012) podemos observar un estudio sobre las ayudas recibidas por el sector financiero, el peligro que supone la escasa capitalización de los bancos españoles, y en Vastegaard y Renata (2013) podemos ver otro estudio sobre las necesidades de recapitalización del sector financiero. La actividad bancaria privada no puede resolver la situación de falta de transparencia por sus propios medios, debido a que el reconocimiento por parte de una entidad del verdadero estado de sus cuentas implicaría perder credibilidad frente a sus competidores, lo que le acercaría problemas de solvencia. Es necesario por tanto un impulso del sector público, mediante funcionariado del BCE y/o de diferentes ministerios (industria, economía, hacienda, etc.), transparente, pública y en la medida de lo posible participativa. ¿Acaso tiene más sentido contratar a consultoras externas con un coste desorbitado? Máxime cuando los balances bancarios están plagados de activos inmobiliarios con valores ficticios, muy difíciles de valorar sin un conocimiento del sector en cuestión. Stress tests, o consultoras externas son soluciones que pueden ayudar, pero nunca pueden ser la piedra angular para conocer el estado real de los balances bancarios. No solo es una medida de fundamentos democráticos, también es una medida encaminada a restablecer la confianza en el sector bancario y por tanto facilitar el restablecimiento del crédito.

6. Reducir la deuda y establecer impuestos sobre el patrimonio. La deuda no se puede pagar, lo han admitido ya diversas instancias internacionales (FMI) y europeas, e incluso se han implementado “quitas” de deuda en el caso griego aunque con el efecto total de incrementar la deuda griega. Estas quitas pueden llevarse a cabo bajo diferentes principios. Los “haircut debt” van a ir generalizándose a medida que se haga patente la incapacidad del sector privado (agravado por la mala “austeridad”) para hacer frente a sus deudas. Los actores como la Troika propondrán diversas formas de “quitas” que no resolverán el problema como en el caso griego. Las quitas tienen que ser precedidas de una auditoría en los términos anteriormente señalados, de forma que se identifique tanto la deuda generada por intereses espúreos (aeropuertos vacíos, tráfico de influencias, enriquecimiento personal), como los responsables. Es una medida muy difícil de contrargumentar democráticamente. En segundo lugar, ha de establecerse impuestos sobre el capital (patrimonio), que permitan atacar el problema de raíz. Esta es una combinación de la propuesta de Piketty y Graeber. Esta medida no solo es deseable socialmente, sino que el sector bancario en general se vería beneficiado pues al sanear realmente sus cuentas, podrá dedicar recursos a proyectos productivos, en lugar de retener liquidez para sanear sus balances por la puerta de atrás y transformando deuda pública en privada. Por tanto, mejorará la eficacia de la política monetaria y de los recursos públicos que gestiona el BCE. Además, reducciones faciales de las hipotecas o la generación de tasas moderadas de inflación podrían ayudar en el escenario post-auditoría (Álvarez, Uxó y Luengo 2013).